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Por irregularidades en cuatro contratos, envían a la cárcel al Alcalde de Curillo

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La Fiscalía General de la Nación, dentro del plan Bolsillos de Cristal, capturó al alcalde de Curillo, José Ferrín Realpe Orobio, y dos de sus funcionarios por la presunta comisión de diversas irregularidades en la celebración de cuatro contratos por un valor aproximado a los 50 millones de pesos.

Junto con el mandatario fueron aprehendidos Daniel Trujillo Vera, inspector de obra, y Manuel Gómez García, coordinador de Juntas, quienes fueron los encargados de hacerle el seguimiento a las obras que, según la investigación de la Dirección Seccional de Fiscalías de Caquetá, no fueron ejecutadas.

“Los tres funcionarios fueron imputados por cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos”, explicó el ente acusador en un comunicado de prensa.

La investigación permitió establecer que en septiembre de 2016 la Alcaldía de Curillo suscribió un contrato para el suministro de 640 bultos de cemento que serían utilizados en la construcción de una placa del polideportivo de la vereda el Conquistador por $19’200.000

“En este caso, la Fiscalía descubrió que no hubo la debida planeación puesto que el cemento comprado fue mayor al invertido; es decir, de los 640 bultos de cemento, solo se habrían utilizado 513 que equivalen a un faltante de 127 bultos avaluados en la suma de $3’810.000”.

Un segundo contrato fue realizado en noviembre de 2016 para el apoyo de mano de obra calificada en la mencionada construcción de la placa deportiva por $3’500.000 y que, al parecer sería ficticio puesto que fue suscrito por Orlando Gómez Carvajal, pero quien ejecutó el contrato fue Hernando Trujillo Mora, padre del inspector de la obra.

“El tercer contrato cuestionado por la Fiscalía se realizó en diciembre de 2016 para la compra e instalación de los arcos de la mencionada placa deportiva. En este caso, se estableció que el contratista fue seleccionado antes de iniciarse el proceso de contratación y, al igual que el anterior, lo firmó una persona y lo ejecutó un tercero”.

El último contrato fue realizado en diciembre de 2016 con el objeto de comprar ACPM para la maquinaria que se utilizaría en la construcción y adecuación de los lagos para la cría de pescado por un valor cercano a los 19 millones de.

“La Fiscalía evidenció ante el juez de control de garantías que el combustible, aunque se compró, nunca se entregó; que no hubo ninguna adecuación o construcción de lagos y que, además, cuando ya se había liquidado el contrato, buscaron a los supuestos beneficiarios para que firmaran las actas de entrega del ACPM”.

Por estos hechos el juez de control de garantías impuso al Alcalde y a sus funcionarios medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

Modificado por última vez en Jueves, 26 Octubre 2017 18:19

 

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