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Ayer domingo, la Asamblea Departamental del Caquetá instaló el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del 2017 con el objetivo de citar a debate de control político a los gerentes de las ESE del departamento y otros funcionarios del Estado.

El presidente de la Corporación, William Sánchez Amaya, aseguró que dichas citaciones se harán para conocer cómo avanzan los Planes de Intervenciones Colectivas, PIC, ya que existen muchas quejas por parte de la comunidad.

“Estas quejas tienen que ver con las demoras en la ejecución de esos planes, supuestas contrataciones paralelas y el exceso de gastos en capacitación y no en lo que está centrado el objetivo de tales intervenciones. La primera gerente que será citada será la de la ESE Sor Teresa Adele de El Doncello”.

Agregó que también será llamado por la Corporación, Gerardo Cadena Silva, gerente de la Electrificadora del Caquetá, toda vez que en la pasada citación envió delegados que no dieron claridad a los cuestionamientos hechos por los presentes; y, además, se ampliará el cuestionario que la Asamblea le envíe para incluir las denuncias que hizo el sindicato de la entidad con respecto a presuntos actos de corrupción.

“Así mismo, la Duma visitará los municipios que han enviado invitación debido a que tienen problemas limítrofes que quieren solucionar. En ese sentido, se busca contar con el apoyo del director del IGAG en el departamento, del Secretario de Planeación de Caquetá y del Ministerio de Hacienda, cuyos conceptos son valiosos”.

Sánchez Amaya finalmente invitó a la ciudadanía en general para que participe en estos debates, dado que sus aportes enriquecen las discusiones en las plenarias.

 

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En el auditorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, territorial Caquetá se desarrolló ayer una importante reunión entre la entidad y los Diputados para socializar el avance en la revisión técnica que el Instituto está realizando sobre siete diferendos limítrofes que actualmente tienen los municipios del departamento.

Carlos Augusto Ramírez Gil, director del IGAC en la región, sostuvo que, además, se miraron los actos administrativos que han definido dichos límites para así establecer cuáles son los casos más críticos.

“La idea de este ejercicio es vislumbrar cuál es el estado actual de los límites, cuáles ameritan revisión y generar una ruta de trabajo con la Asamblea Departamental, la Gobernación y el Instituto que nos permita calificar y organizar los límites municipales de Caquetá”.

De paso, insistió en que el ejercicio realizado ayer martes con todo su equipo de trabajo, incluyendo pasantes de la Universidad de la Amazonia, fue denominado como ‘de arqueología’ al analizar todos los actos administrativos que han definido los límites en mención y plasmarlos en una parte gráfica para mirar qué situaciones se presentan y las solicitudes que han presentado los entes territoriales y algunas comunidades para la incorporación de veredas en uno u otro municipio.

“Lo que hicimos fue mostrar gráficamente esta situación, cuáles son los puntos que consideramos críticos y que ameritan una revisión un poco más detallada para, posteriormente, hacer una revisión en campo que nos permita seguir el proceso de identificación de estos límites de acuerdo a la norma”.

Finalmente Ramírez Gil dijo que en los próximos días, conjuntamente con la Asamblea, se establecerá el cronograma de visitas a campo y, de paso, priorizarlas según sea el caso.

 

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Desde el pasado 18 de agosto y hasta el próximo 28 de agosto, los Diputados de Caquetá fueron llamados a sesiones extraordinarias para estudiar y aprobar un proyecto de Ordenanza que el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez presentó a consideración y que tiene que ver con la creación de una empresa de servicios públicos que manejen el agua y alcantarillado, aseo, energía y gas.

William Sánchez Amaya, presidente de la Duma, aseguró que debido a la complejidad de la iniciativa llevan cuatro días analizándola y hasta ayer martes se le dio el primer debate en cuanto a su legalidad y para que continúe el trámite; sin embargo, son muchas las dudas y las inquietudes.

“Hay mucha discusión sobre la conveniencia de este proyecto, por eso se remitió a la Comisión de Presupuesto y su ponente es el diputado Richard Gutiérrez. Los Diputados hemos propuesto que se convoquen a los 16 Alcaldes, a los gerentes de las Empresas de Servicios Públicos, a los Concejales y Veedores para que manifiesten su intención o no de participar en esta nueva empresa y nos den su punto de vista, ya que lo que se pretende es crear una empresa 100% pública”.

Agregó que la mayor preocupación de los Corporados es que, si bien es cierto que se quiere en el proyecto crear con un 51% de acciones del departamento y un 49% de los municipios, eventualmente se hagan “alianzas estratégicas” y entren particulares a manejar algunos servicios públicos.

“Por ello hemos manifestado que tenemos meridiana claridad y aceptación frente al tema del agua y alcantarillado, pero en lo que respecta a gas, energía y basuras todavía tenemos muchas dudas; por esta razón, es incierto si se aprueba o no la iniciativa, máxime cuando revisando los archivos de la Asamblea vemos que ya existen dos proyectos de facultades de seis meses que le han dado a Gobernadores anteriores y no crearon la empresa”.     

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La Asamblea de Caquetá dio ya el primer debate al proyecto de Ordenanza con el cual se establece el incremento salarial para los trabajadores de la Gobernación, del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, ICDT; la Contraloría, la Secretaría regional de Educación y la misma Corporación.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Duma, William Sánchez Amaya, quien aseguró que es hora de retribuirle a los funcionarios su entrega y dedicación a las labores de empujar el departamento al desarrollo.

“La Administración seccional presentó una propuesta de incremento del 6.75%, la cual fue acogida por el ICDT y la Contraloría, pero mi propuesta es que se aumente un punto más de lo propuesto”.

Es decir, que se reconozca una mejora del 7.75, al igual que el año pasado, teniendo en cuenta que la Gobernación goza, según el mandatario local, de un superávit importante y, además, está saliendo de la Ley 550.

“La verdad es que los trabajadores están mal remunerados. Hay que aprovechar que la Gobernación está teniendo superávit y está saliendo de la Ley 550 para compensar a los funcionarios que siempre han estado ahí y que, incluso, reciben menor sueldo que sus similares en la Alcaldía”.

Finalmente dijo que dicho incremento no afecta las finanzas del Caquetá.

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Una grave denuncia hizo el diputado William Sánchez Amaya. Se trata de la posible incursión en Caquetá de otra empresa que realizaría labores de extracción de oro.

“Ante los resultados del plebiscito el pasado 2 de octubre, se ganó la oportunidad de que el Gobierno Nacional reconociera los errores que se habían planteado y que se incluyera nuevas personalidades y nuevos temas en el debate frente a los acuerdos de La Habana”.

Agregó que, por esta razón, la Asamblea por unanimidad le exigió al Gobierno Nacional que incluyera el tema de exploración y explotación petrolera que tanto viene defendiendo la Mesa Departamental del Agua y el Territorio y los Diputados locales.

“Queremos decirle al Presidente que estamos ansiosos y anhelamos la paz, como todos los colombianos, pero nos preocupa mucho la explotación que en dos años realizarán en Caquetá. Por ahora, se están terminando los trabajos de exploración y viene un receso; por eso, le pedimos al Gobierno que en la discusión nueva que van a tener se suspendan por unos 30 o 50 años las licencias de exploración y explotación petrolera y minero energética, ya que tengo conocimiento que la Golden viene con mercurio y dragas a sacar el oro del río Caquetá y del Orteguaza, con lo cual se terminaría de contaminar todo el departamento”, puntualizó.  

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Con 10 votos a favor y uno en contra, el del diputado Arturo Mayorga, el proyecto de Ordenanza con el que el gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, pretende adicionar 24 mil millones de pesos al presupuesto, fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Departamental.

Richard Gutiérrez Cruz explicó que, tras una larga discusión, la iniciativa tuvo el visto bueno de los Corporados y, de paso, se le dieron al mandatario unas facultades especiales.

“Luego de un largo debate, fue aprobado el proyecto de Ordenanza con el que se adicionarán unos recursos al presupuesto de la actual vigencia y se dan unas facultades al Gobernador para que sean utilizadas de manera específica en el mes de mayo, tiempo en el que la Asamblea no está sesionando”.

Agregó que la decisión se tomó porque Pacheco Álvarez, desde el año pasado, está ejecutando unos rubros y, si llegase a hacer cualquier movimiento que deba ser autorizado por los Diputados, no sería posible.

“En el mes de mayo no sesionamos; por eso, se determinó darle al Gobernador facultades precisas y pro tempore para que tenga las herramientas necesarias por si le llegan los recursos en ese tiempo y pueda, automáticamente, adicionarlas”.

Igualmente explicó que el 1 de junio volverán a retomar el trabajo en la Asamblea, época en la que el mandatario deberá explicar qué hizo con este tipo de facultades.

“Sólo en los meses en los que la Asamblea no está sesionando, pero a nuestro regreso el Gobernador debe ir al recinto y dar un informe sustentado sobre las adiciones y/o modificaciones que haya hecho durante el periodo en que los Diputados estuvimos cesantes”.

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Una adición presupuestal de casi 24 mil millones de pesos quedó consignada en el proyecto de Ordenanza que la Gobernación de Caquetá presentó a los Diputados.

William Sánchez Amaya, presidente de la Corporación, aseguró que si bien la iniciativa cuando se está terminando el periodo de sesiones su importancia radica en que el mandatario está cumpliendo.

“Este proyecto de Ordenanza se resalta toda vez que de ese rubro solamente 10 millones van para gastos de funcionamiento y el resto son, forzosamente, para invertir. Esto es una buena noticia porque estamos concatenando lo que dijo el Gobernador en su informe de gestión el pasado 4 de abril respecto a que tiene recursos y aquí lo está demostrando”.

Agregó que con este dinero se podrán cofinanciar obras de envergadura, las cuales fueron ofrecidas en campaña y que estarán contenidas en el Sistema General de Regalías.

“Aunque en el proyecto no están especificadas las obras, sí se tiene el título de inversión, lo que nos hace presumir que no va para ‘obritas’. Generalmente los Alcaldes y Gobernadores se caracterizan por coger cada adición y convertirla en 30 o 40 obras pequeñas; pero, en este caso, hay 23 mil millones que entran en masa para la Administración y que, asumimos, son para cofinanciar iniciativas de este tipo”.

Sánchez Amaya recordó que el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez espera finalizar su gobierno contando con los 280 mil millones que ha dicho quiere gestioanr para tres obras primordiales como lo son las pavimentaciones de La Y – Milán, Paujil – Cartagena y Valparaíso – Solita.

“Esperamos que esos deseos se puedan cumplir, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores que, desde hace años, reclaman unas mejores vías de acceso”.

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Un total de 1.678 contratos que suman cerca de 42 mil millones de pesos, fueron suscritos por los entes territoriales y entidades vigiladas por la Contraloría del Caquetá durante el primer bimestre del 2017.
El jefe de la oficina de control fiscal, Eduardo Moya Contreras, explicó que el 38% del total fue contratado por 15 de municipios con 15.962 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en 569 contratos.
“Se destaca, por ejemplo, Florencia con 5.452 millones de pesos, La Montañita con 1.387 millones, Morelia con 1.175 millones, San Vicente del Caguán con 1.186 millones y Puerto Rico con 1.056 millones de pesos”.
De hecho, en las seis Empresas Sociales del Estado la contratación del primer bimestre llegó al 26% por ciento del total con 11.173 millones en 771 contratos. Las más representativas fueron el Hospital María Inmaculada con 6.561 millones de pesos, el Hospital Comunal Las Malvinas con 1.998 millones y la Sor Teresa Adele de El Doncello con 1.534 millones de pesos.
“En la Gobernación del Caquetá el monto contratado representa el 25 por ciento del total con 10.848 millones en 131 contratos, uno de los cuales corresponde a la licitación pública para el programa de alimentación escolar por 7.098 millones de pesos con la empresa Construyamos Colombia”.
Finalmente las entidades descentralizadas suman el 1,24 por ciento con 519 millones de pesos en 44 contratos. En este grupo se relacionan el Icdt, la Terminal de Transporte y Amdelca.
“Bimestralmente estaré publicando este tipo de informes con datos completos y concretos de la contratación pública para consulta directa de las veedurías y ciudadanía, lo cual facilitará la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos y la creación de alertas tempranas”.
 
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Ante el Juez 2 Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva, Huila, un fiscal formuló cargos al ex diputado Pablo Andrés Álvarez Vega, a Dumar Alirio Urrego Beltrán y a John Alejandro Restrepo Marín, sus escoltas, por el delito de fraude procesal en concurso heterogéneo con falsa denuncia.
De acuerdo con información entregada por la Fiscalía General, presuntamente los tres indiciados habrían materializado un autoatentado para denunciar posteriormente los hechos.
“La fiscal del caso descartó en la investigación que los hechos hubieran sido cometidos por algún grupo delincuencial o armado al margen de la ley; por el contrario, estableció que no se trató de ningún atentado en contra de la integridad del ex Diputado sino que fue un falso atentado planeado por ellos mismos. Con ello, probablemente, se pretendía mejorar las condiciones del esquema de seguridad del ex dignatario, otorgado por la Unidad Nacional de Protección”.
Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del año 2016 cuando, en compañía de Urrego Beltrán y Restrepo Marín, Álvarez Vega se movilizaba por la vereda El Pórtico, jurisdicción del municipio de Suaza, Huila, y en varias ocasiones impactaron con arma de fuego su camioneta blindada. Y aunque no aceptaron cargos, siguen en libertad pero inmersos en la investigación.
Frente al tema, el político envió un mensaje en el que se explicó que su proceder no es ese y que, con este tipo de acusaciones, se está enlodando su buen nombre.
“Ustedes me conocen. Han visto cómo recorro el camino del ejercicio público con decoro, conocen la verdad dentro del liberalismo, saben de mis dificultades con los líderes regionales que ostentan el poder y saben también que represento una posibilidad de ese poder por ser el segundo a la Cámara de Representantes, condición que sólo me ha traído problemas y enemistades”.
Agregó que no es un hombre ambicioso, que respeta lo ajeno y lo público y que, además, está evaluando las acciones judiciales a tomar.
“Para sostener un esquema de seguridad se debe ejercer una oposición seria ante el Gobierno y eso yo lo sé hacer; sin embargo, el año pasado decidí tener un alto en el camino para cumplir metas personales, temas de la casa, chequeos médicos, tener mayor tiempo con mi familia y mayor tiempo para Dios en lo que se conoce como año sabático”.
Por esa razón, tenía claro que su esquema iría hasta noviembre del año 2016, tal cual establece una resolución emitida para tal fin.
 
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Tras la polémica suscitada en los círculos políticos de la región por la aprobación que hizo la Asamblea de Caquetá al proyecto de Ordenanza que la Administración Departamental presentó para que el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez tenga facultades por todo el 2017, el presidente de la Duma, Richard Gutiérrez Cruz, se refirió al tema y dijo que si bien se le dio el trámite a la iniciativa, por ley, el mandatario no necesita de este consentimiento.
“El Gobernador ha tenido a bien presentar el proyecto de Ordenanza por el cual solicita facultades por el año 2017 teniendo en cuenta que la ley le da las atribuciones y no requiere de ellas. Lo hemos dicho siempre: este proyecto es un saludo a la bandera pero la Asamblea le ha dado el trámite respectivo y las ha aprobado”.
 
 
Según el dirigente político, hay un fallo del Consejo de Estado que explica que las facultades las fortalece la ley 80; por eso, ni los Alcaldes ni Gobernadores deben presentar este tipo de solicitudes para firmar contratos y/o convenios.
“Sólo lo deben hacer cuando van a hacer empréstitos, cuando van a enajenar, vender o conceder bienes porque son facultades expresas que deben tener por parte de las Corporaciones porque, para el resto, los Gobiernos ya tienen por esta ley las facultades necesarias”.
Gutiérrez Cruz reconoció que, por esta razón, los Concejos y Asambleas tienden a desaparecer porque los gobernantes ya tienen, por naturaleza, competencias.
 
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