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Un alentador anuncio hizo el contralor de Caquetá, Eduardo Moya Contreras, en el sentido de una reducción considerable de la deuda pública del departamento.

El jefe del ente de control fiscal sostuvo que el saldo de dicha deuda de los entes territoriales bajó a 16.147 millones de pesos a 30 de septiembre, lo que significa un 30,87 por ciento menos en lo corrido del año.

“Así quedó demostrado en el informe consolidado trimestral que la Contraloría emite. Las entidades con mayor endeudamiento son el municipio de Florencia con 10.502 millones, cifra que corresponde al 65 por ciento del total; seguido por el Departamento con 2.805 millones, que equivalen al 17 por ciento; y, en el tercer lugar está Cartagena del Chairá con 1.466 millones, que corresponde al 9 por ciento”.

Seguido están las poblaciones de Valparaíso, Curillo y Milán con una deuda conjunta de 1.371 millones, que corresponden al 8 por ciento de la deuda mientras que los otros once municipios de la región no tienen deuda pública vigente.

“En el mismo informe se revela que el total de intereses pagados en los nueve meses fue de 1.960 millones de pesos, de los cuales 1.354 millones, el 69 por ciento, corresponden a Florencia”.

Moya Contreras recordó que para diciembre, cuando se emita nuevamente este informe, se espera que las cifras cambien ostensiblemente y los entes territoriales vayan saneando sus finanzas.

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Diez obras públicas abandonadas o no terminadas, ubicadas en cinco municipios del Caquetá, fueron reportadas por la Contraloría Departamental como ‘elefantes blancos’. El escalafón lo hizo el jefe de esta entidad, Eduardo Moya Contreras, quien aseguró que le detrimento patrimonial es millonario y, de paso, conminó a los mandatarios locales a terminarlas.

“El escalafón lo encabeza la construcción del alcantarillado de la Comuna Oriental de Florencia. Fue contratado con Chamat Ingenieros por un valor de 11.200 millones de pesos en el 2010. Hoy la obra está inconclusa y le contrato está en liquidación”.

En segundo lugar, aparece el Centro Nutricional Frey Fidel Mont Clark, también de Florencia, iniciado mediante el convenio de la Gobernación del Caquetá y la ONG Capuchinos en 2009 con inversiones de 575 millones de pesos. Pese a que la obra fue terminada no está en uso y el convenio se encuentra en proceso jurídico.

Le sigue, en el tercer lugar, la ampliación de aulas educativas en el antiguo Centro Auxiliar de Servicios Docentes, Casd, proyecto iniciado por la Gobernación en el 2000 sin reporte del total de inversiones realizadas y la estructura está abandonada.

Agregó que en San Vicente del Caguán se encuentra inconcluso el coliseo cubierto El Campin sin reporte del valor del contrato inicial en el 2006 pero, un año después, hubo una adición de 168 millones.

“Igualmente está el relleno sanitario El Diviso, terminado en 2015 pero está sin entrar en funcionamiento con un costo inicial de 527 millones de pesos. En Curillo tenemos sin terminar la Ciudadela Educativa Universitaria, la cual tuvo una inversión de 561 millones de pesos y su construcción inició en el 2002; además, en el 2009 se construyó el Hogar Grupal para Bienestar Familiar con una inversión de 128 millones de pesos. Ambas obras presentan deterioro avanzado porque nunca funcionaron”.

Moya Contreras sostuvo que la Contraloría también clasificó como ‘elefante blanco’ la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI de la ciudad Florencia, la cual contó con rubros que ascendieron a los 215 millones y que fue elaborada por el desaparecido Instituto Municipal de Obras Civiles, IMOC, mientras que en el municipio de Puerto Rico se encontró el centro de salud de la inspección de Rio Negro.

“Hubo una inversión de 414 millones de parte del Ministerio de Salud y hoy hay un deterioro considerable debido a que la obra no fue terminada y, de paso, en Albania se hizo una inversión de 177 millones provenientes de la Alcaldía Municipal para instalar el circuito cerrado de TV de vigilancia y hoy no funciona”.

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La contratación pública de los entes territoriales y entidades vigiladas por la Contraloría del Caquetá ascendió a 49 mil millones de pesos en los meses de mayo y junio de este año.

El jefe de la oficina de control fiscal, Eduardo Moya Contreras, explicó que con esta cifra se llega a un acumulado, para el primer semestre del 2017, de 16 mil millones de pesos en 3.993 contratos.

“Los 16 municipios suscribieron en el tercer bimestre 434 contratos por un total de 28.110 millones, los cual corresponde al 57,68% de la contratación, destacándose Florencia con 61 contratos por 8.271 millones, San Vicente del Caguán con 25 contratos por 3.401 millones, El Paujil con 30 contratos por 2.534 millones y Milán con 40 contratos por valor de 2,524 millones”.

Agregó que las poblaciones de más baja contratación fueron Curillo con 93 millones y Solita con 10 millones; así mismo, el 24% de la contratación del bimestre lo realizó la Gobernación de Caquetá con 149 contratos por un total de 12.038 millones de pesos.

“Las seis Empresas Sociales del Estado comprometieron en el mismo periodo 5.966 millones en 409 contratos, lo que equivale al 12% por ciento del total, siendo las más representativas el Hospital María Inmaculada con 3.216 millones de pesos y la ESE Rafael Tovar Poveda con 711 millones de pesos”.

De otro lado, Moya Contreras se refirió a las Empresas de Servicios Públicos se realizaron contratos en los meses de mayo y junio, las cuales suscribieron 73 documentos de este tipo con un valor total de 2.067 millones de pesos.

“Las contrataciones más altas se registraron en la empresa Servaf de Florencia con 1.009 millones de pesos y Aguas del Caguán de San Vicente con 629 millones de pesos”.

Finalmente el Contralor de Caquetá dijo que este informe de contratación pública se remite a los 16 Personeros del departamento para permitir la consulta directa y oportuna de las veedurías y ciudadanía para apoyo en la vigilancia de los recursos públicos.

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Con el propósito de fortalecer los procesos misionales la Contraloría Departamental, será incluido dentro de su nómina un profesional de la Ingeniería Civil con el objetivo de fortalecer el control fiscal con auditorías a obras civiles en Caquetá.

El jefe de esta oficina en la región, Eduardo Moya Contreras, aseguró que para tal fin apertura una convocatoria pública, la cual está publicada en la página web institucional de la entidad.

“El cronograma del proceso de selección y vinculación se inició el pasado viernes 28 de julio con la recepción de las hojas de vida y culminará con el nombramiento en provisionalidad el próximo 8 de agosto, supliendo de esta manera las reiteradas solicitudes que al respecto venían formulando la Auditoría General de la República, la Asamblea Departamental, las veedurías ciudadanos y funcionarios de la entidad”.

Igualmente explicó que la persona escogida para estas labores deberá tener disponibilidad de tiempo completo, dado que lo que se busca es darle celeridad a los procesos que se adelantan en esta área.

“La disponibilidad debe ser de tiempo completo porque eso permitirá darle mayor celeridad a los procesos de responsabilidad fiscal, a la ampliación de las auditorías a obras públicas y a cualificar las investigaciones solicitadas por las veedurías y los ciudadanos”, puntualizó.

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Un llamado a realizar mayores aportes en la vigilancia de la contratación pública hizo el contralor departamental del Caquetá, Eduardo Moya Contreras, a los Jefes de Control Interno de las Alcaldías Municipales y la Gobernación ante las quejas reiteradas de contratistas y proveedores en los organismos de control.

El anuncio fue hecho en el marco de la capacitación para funcionarios de esta área de las entidades públicas de la región, el cual se realizó la semana anterior y contó con la participación de los entes territoriales, empresas de servicios públicos, Empresas Sociales del Estado y Personerías.

“En los hallazgos de las auditorías de la presente vigencia se siguen detectando errores administrativos en la contratación pública como, por ejemplo, falta de publicación electrónica de contratos suscritos, bajo reporte de contratación ante la Cámara de Comercio e inapropiada supervisión de los mismos”.

Igualmente el jefe del ente fiscalizador explicó que la mayoría de estos hallazgos afectan los principios constitucionales de publicidad, selección objetiva y transparencia que, precisamente, deben vigilar los Jefes de Control Interno.

“Para el caso de los entes territoriales, los jefes de estas dependencias terminarán su periodo de cuatro años el próximo 31 de diciembre; razón por la cual, se les pide celeridad en los procesos”.

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Varias denuncias ha recibido el contralor de Caquetá, Eduardo Moya Contreras, sobre las obras de construcción o infraestructura que son denominadas ‘elefantes blancos’.

“Han llegado aportes de algunos municipios. Estamos verificando la información correspondiente a la inversión y a la fuente de los recursos, pero le pudo hablar por ejemplo de San Vicente del Caguán, en donde desde hace varios años se está construyendo un coliseo y ningún Alcalde ha querido terminarlo. Dicha obra es considerada como emblemática de ‘elefantes blancos’ en esa localidad”.

Así mismo, en el caso de Florencia, hay construcciones que no han finalizado pero tampoco les han inyectado recursos para, por fin, poderlas dar al servicio.

“En nuestra capital hablamos de lo que iba a ser un laboratorio de la Secretaría de Salud Departamental en el antiguo Bostezo y frente al Hospital Comunal Las Malvinas hay una construcción totalmente abandonada. Tenemos igualmente en el Colegio Ricaurte, antiguo Casd, una estructura abandonada en la cual se pretendían hacer unas nuevas aulas”.

El jefe del ente fiscalizador sostuvo que también estudia qué pasó en Albania con un contrato de cámaras de vigilancia que no han funcionado porque requieren permanentemente recursos para su mantenimiento.

“En eso hay que tener mucho cuidado porque se está hablando en el momento de varios contratos de sistemas de vigilancia, pero los Alcaldes olvidan dejar cada año el respecto presupuesto para el mantenimiento. Además, en Curillo se empezó a construir una universidad y luego de tres Alcaldes, o más, no se ha solucionado nada”.

Moya Contreras sostuvo que en los demás municipios hay obras de este tipo; razón por la cual, viajará hasta estos lugares para tomar las fotografías necesarias y adjuntarlas en el primer informe que hará a finales de mayo.

“No tenemos un valor aproximado de cuánto dinero fue invertido en estos ‘elefantes blancos’ pero hay que decirle a la gente que estén atentos a cualquier obra inconclusa o que no se pone en funcionamiento”.   

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Un total de 1.678 contratos que suman cerca de 42 mil millones de pesos, fueron suscritos por los entes territoriales y entidades vigiladas por la Contraloría del Caquetá durante el primer bimestre del 2017.
El jefe de la oficina de control fiscal, Eduardo Moya Contreras, explicó que el 38% del total fue contratado por 15 de municipios con 15.962 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en 569 contratos.
“Se destaca, por ejemplo, Florencia con 5.452 millones de pesos, La Montañita con 1.387 millones, Morelia con 1.175 millones, San Vicente del Caguán con 1.186 millones y Puerto Rico con 1.056 millones de pesos”.
De hecho, en las seis Empresas Sociales del Estado la contratación del primer bimestre llegó al 26% por ciento del total con 11.173 millones en 771 contratos. Las más representativas fueron el Hospital María Inmaculada con 6.561 millones de pesos, el Hospital Comunal Las Malvinas con 1.998 millones y la Sor Teresa Adele de El Doncello con 1.534 millones de pesos.
“En la Gobernación del Caquetá el monto contratado representa el 25 por ciento del total con 10.848 millones en 131 contratos, uno de los cuales corresponde a la licitación pública para el programa de alimentación escolar por 7.098 millones de pesos con la empresa Construyamos Colombia”.
Finalmente las entidades descentralizadas suman el 1,24 por ciento con 519 millones de pesos en 44 contratos. En este grupo se relacionan el Icdt, la Terminal de Transporte y Amdelca.
“Bimestralmente estaré publicando este tipo de informes con datos completos y concretos de la contratación pública para consulta directa de las veedurías y ciudadanía, lo cual facilitará la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos y la creación de alertas tempranas”.
 
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Analizando todos los componentes que tienen que tenerse en cuenta en la matriz de riesgo para definir cuál va a ser el Plan General de Auditoría, cuáles van a ser los sujetos de control que este año van a hacer auditados y cómo se va a desplegar esos lineamientos sobre algunos aspectos administrativos y otros de carácter netamente fiscal, se encuentran por estos días los funcionarios de la Contraloría de Caquetá.
El jefe de entidad, Eduardo Moya Contreras, sostuvo que nuevamente arrancarán las investigaciones a los contratos de obras públicas, los de suministros que se hacen por convenios interadministrativos y los contratos de apoyo a la gestión.
“En esta matriz de riesgos se tienen perfiladas aquellas entidades que han sido objeto de denuncia por parte de la comunidad o de otras entidades; de hecho, está el caso de uno de suministros de Puerto Rico que quedó en espera a que se culminara la ejecución total para, una vez tener toda la información, poderlo incluir dentro del Plan General de Auditorías y verificar si el hallazgo que tuvimos el año anterior por más de 113 millones de pesos se sostiene o se podría aumentar”.
El funcionario insistió en que el tema de la corrupción está muy en boga y el mismo contralor general de la República, Edgardo Maya, está hablando de cerrar las Contralorías territoriales por ser nido de corrupción.
“Se le olvida al Contralor que nosotros hacemos los mismos lineamientos. Tanto él como nosotros somos elegidos por una Corporación netamente como el Congreso en su caso y, en el mío, por la Asamblea; razón por la cual, tenemos el mismo riesgo de ser permeables políticamente”.
Moya Contreras dijo además que el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, recordó que el 96% de la contratación es con un sólo proponente, ley que se creó en el Congreso y que aprobó el Presidente de la República y en nada tienen que ver la Contralorías.
“Hemos perdido, como Contralorías, una capacidad de crear alertas al quitársenos el control de advertencia que teníamos y, en el caso de la territorial Caquetá, no ha sido bien vista al aplicación del artículo 125 del Estatuto Anticorrupción porque las quejas ante la Auditoría General señalan que estamos tratando de coadministrar a las entidades territoriales, que estamos excediéndonos en nuestras funciones o que estamos haciendo un control de advertencia que ya se cayó en la corte Constitucional”.  
 
 
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Una auditoria al Instituto de Cultura, Deporte y Turismo, Icdt, realizó la Contraloría de Caquetá para estudiar el convenio firmado entre la Gobernación y Comfaca para la realización del Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico del 2015.
El jefe del ente fiscalizador, Eduardo Moya Contreras, dio a conocer que resultaron algunos hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y por supuesto fiscal.
“Este convenio se suscribió entre el Icdt y Comfaca por más de 700 millones de pesos. En los soportes allegados en el respectivo proceso auditor, no se encontraron todos los que se necesitan para justificar esa inversión; por lo tanto, quedó ya un hallazgo de más de 50 millones de pesos que posteriormente se procederá a trasladar a la parte de responsabilidad fiscal”.
De paso recordó que, cuando hay un convenio, todos los recursos deben girarse al ente ejecutor, el cual no puede facturar sino administrar los dineros.
“Esto es contratar los artistas, el sonido, la logística, todo lo que tiene que ver con los debidos soportes, las facturas legalmente soportadas y lo que no pueda justificar en esos términos se debe hacer devolución de recursos pero no se hizo”.
Moya Contreras enfatizó en que no se ejecutó la totalidad del convenio, hubo una menor ejecución de 26 millones pero en los soportes por el excedente faltaron más de 50 millones para soportar.
“Declarar culpables ya corresponde a responsabilidad fiscal; pero, en estos momentos, lo que podría hacer el Icdt es tratar de recuperar esos dineros para evitar que se abra un proceso de responsabilidad o, dentro de éste, poder allegarlos y evitar una condena resarcitoria para el patrimonio público”.  
 
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El pasado 29 de junio la Alcaldía de Puerto Rico firmó un contrato de suministros por un valor de 1.086 millones de pesos que, según la denuncia hecha por el Personero Municipal, tendría supuestos sobrecostos; razón por la cual, denunció el hecho ante la Contraloría de Caquetá.
De esta manera, el jefe del ente de control fiscal, Eduardo Moya Contreras, se puso a la tarea de investigar y, al parecer, sí hay tales sobrecostos.
“Enviamos la solicitud al alcalde Hernán Bravo para que haga una renegociación de los ítems que se presentaron con sobrecosto en estos dos meses de investigación del contrato realizada por la Contraloría, el cual asciende a los 133 millones 740 mil pesos, reconociendo que no se pudo auditar todo el contrato porque los comerciantes no cotizaron todos los elementos respectivos”.
Al ser consultado sobre qué presuntas irregularidades se encontraron, Moya Contreras dijo que en una revisión que se hizo a los 144 ítems se estableció que muchos de ellos, a simple vista, tenían un costo muy alto.
“Es el caso de una libra de arroz que en Puerto Rico cuesta 1.500 pesos y se factura a 2.560 pesos, el bulto de cemento de 27 mil en ese municipio fue facturado a 37 mil, pero el proceso inició mal desde la parte precontractual porque no se hizo un estudio del sector ni del mercado”.
Así mismo explicó que las cotizaciones de vehículos y motocicletas no eran de concesionarios sino de personas particulares y que el proveedor contrató esta suma por una subasta inversa, lo cual no dio pluralidad de oferentes.
En la notificación enviada al mandatario se le pide que renegocie el contrato y se recuperen los 133 millones de pesos. 
“Para tales gestiones se concede un plazo improrrogable de ocho días hábiles. Si vencido tal término persiste el contrato de suministro en los términos iniciales, se entenderá tácitamente que no se ha aceptado lo solicitado por la Contraloría y, por tanto, ésta procederá de acuerdo a lo señalado por la Constitución y la ley”.
 
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