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Más de 15 mil millones de pesos están siendo revisados con lupa por la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República en Caquetá durante el período 2016 – 2017.

Uno de esos procesos “emblemáticos” que adelanta la entidad tiene que ver con el Instituto Departamental de Salud, el cual tiene una cuantía que asciende a los 7.433 millones de pesos, seguido por Corpoamazonia con 1.790 millones y el Ejército Nacional con 1.100 millones de pesos.

Así mismo, en la clasificación de “emblemáticos” está el Municipio de Florencia con un presunto detrimento patrimonial de 234 millones y el Departamento de Caquetá con uno de 1.020 millones.

De otro lado, la Gerencia de la Contraloría General en la región está realizando cinco auditorías al periodo comprendido entre agosto de 2016 a agosto de 2017 y, como resultado de éstas, ha encontrado 21 posibles hallazgos con incidencia fiscal por valor de 3.100 millones de pesos en entidades como Comfaca, el Departamento de Caquetá, la Electrificadora del Caquetá y el Municipio de Florencia.

Igualmente, durante el periodo en mención, se adelantó una Actuación Especial relacionada con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, la cual permitió establecer un hallazgo cercano a los 102 mil millones en las localidades de Florencia y El Paujil.

En cuanto a la promoción de la partición ciudadana y futuras actividades de control participativo, se realizaron 15 actividades de capacitación a las cuales asistieron 272 ciudadanos y 41 servidores públicos; además, se constituyeron 13 Veedurías Ciudadanas de las cuales ocho se encuentran activas.

 

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La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales que presuntamente involucran al suspendido gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, a su secretaria de Educación, Betsy Mireya Londoño, y a la contratista Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, por un contrato de alimentación para estudiantes de internados de Leticia y Puerto Nariño donde se detectaron sobrecostos superiores a los 297 millones de pesos y que incluyen el pago de 900 pesos por unidad de huevo de gallina.

El ente fiscalizador también encontró sobrecostos del 200% en la compra de pasta para sopa, por 500 gramos, que se consigue en 1.460 pesos en el mercado y se pagó a 5.050 pesos.

“Continúan así las graves irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República en contratos de alimentación escolar. En esta oportunidad los hallazgos señalados se evidenciaron en Leticia, Amazonas, confirmando que se trata de una problemática que afecta a todo el país. Gracias a las denuncias ciudadanas recibidas, la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Amazonas auditó el Contrato No. 0216 de 2016, suscrito por el suspendido Gobernador del departamento con la contratista en mención para el suministro de víveres a los estudiantes internados en las Instituciones Educativas ubicadas en los sectores de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá”, explicó el contralor general de Colombia, Edgardo Maya.

Según el funcionario, Cuéllar Cuéllar habría sido seleccionada bajo la modalidad de Único Oferente para un contrato suscrito por un plazo inicial de seis meses, sujeto al calendario escolar, y por una cuantía de más de 3 mil 340 millones de pesos de la vigencia fiscal 2016.

“El contrato tenía por objeto el suministro de víveres para los internados de los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, a cargo de la Secretaría de Educación Departamental, instituciones educativas que funcionan bajo la modalidad de internado, por lo que la Contraloría General de la República le dio prioridad a la verificación de la correcta inversión de estos recursos”.

Tras las investigaciones respectivas, se estableció la existencia de graves irregularidades en la estructuración de los estudios y documentos previos que sirvieron de base para el cálculo del valor del contrato y que dieron lugar al pago de sobrecostos en varios de los ítems contratados.

“Para el suministro del internado de Tarapacá, por ejemplo, se pactó el pago de 900 pesos por unidad de huevo de gallina rojo, cuando en los supermercados de la región se consigue la unidad en 425 pesos y hasta en 350 pesos si se tiene en cuenta que el distribuidor no compra por unidad sino al por mayor. Los sobrecostos, en sólo huevos, fueron de más del 55%”.

Pero no sólo el costo de los huevos fue analizado. También lo fue la panela, ya que en caja por 40 unidades fue adquirida por 65.200 pesos cuando su valor real es de 38 mil pesos; así mismo, el kilo de zanahoria, que en los mercados del Amazonas se consigue en 4.400 pesos, se compró a 7.525 mientras que la media libra de avena molida fue comprada por 4.425 pesos cuando tiene un costo de 1.930.

“El monto total de los recursos perdidos por los mencionados sobrecostos ascendió a 297 millones 833 mil pesos. La Gerencia Departamental de la Contraloría ha dado traslado de los hallazgos detectados para que se inicien los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal contra quienes posiblemente hayan intervenido en el proceso como el suspendido Gobernador Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, la contratista y la Secretaria de Educación Departamental para la fecha de los hechos, quienes en cumplimiento del debido proceso tendrán la oportunidad de aclarar su participación en el mencionado contrato”.

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La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío y en los que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, UAF, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.

Esta decisión se toma luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015 sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados cinco departamentos del país, incluido Caquetá.

Precisamente esta acción ilícita, según el ente fiscalizador, se desarrolló en el municipio de San Vicente del Caguán, población en la que se hallaron 61 predios baldíos que, en total, suman 18.977 hectáreas.

Así mismo estableció que dichas propiedades fueron vendidas a varios ciudadanos así:

Víctor Manuel Ávila Ramos, 942 hectáreas en siete predios

Jhon Jairo Araujo Perdomo, 1.017 hectáreas en ocho predios

Alexander Buitrago Agudelo, 391 en cuatro predios

Félix Trujillo Penagos, 14.644 hectáreas en nueve predios

Francisco Jaime Parrado Parrado, 1.866 hectáreas en 19 predios

Luis Vallejo Capera y Elizabeth Herrera Rendón, 117 hectáreas en 14 predios

“Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que dentro del marco de sus competencias determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria por parte de funcionarios y/o particulares, según el caso. No obstante, la Contraloría General considera que, si bien no fue posible establecer un detrimento patrimonial respecto de particulares, sí es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley como son las 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994 y que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma”, explicó la entidad.

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Un informe sobre los aspectos higiénicos y sanitarios de los restaurantes de las instituciones educativas y Centros de Desarrollo Infantil, CDI, de Caquetá que atienden población vulnerable presentará la Contraloría Departamental hoy jueves en una mesa deliberativa a la que asistirán las autoridades del ramo.

Eduardo Moya Contreras, jefe de la oficina de control fiscal, sostuvo que dicho informe fue realizado en conjunto con la Secretaría de Salud y con la Universidad de la Amazonia.

“Este trabajo lo viene haciendo la Contraloría desde el año 2012. Se ha hecho ya un seguimiento y ya está consolidado en la última vigencia para presentarlo precisamente en esta mesa, donde tendremos los grupos de interés como las Secretarías de Salud y de Educación, los rectores de las instituciones y la Diócesis de Florencia”.

Agregó que la idea es que, de allí, se tomen algunas acciones en las que ya se han venido trabajando, dado que los resultados se hacen conjuntamente con las autoridades intervinientes.

“Se quiere además que en esta mesa deliberativa las Administraciones Municipales o los responsables del mantenimiento puedan tomar acciones inmediatas porque, de continuar con ello, habría problemas de salud pública en esta población vulnerable. Lo que más se ha encontrado en estas muestras, tanto de alimentos como de agua, es que el 25% de lo inicialmente rastreado de este líquido, cuando estaba el laboratorio de salud pública, no era apta para el consumo humano”.

Moya Contreras enfatizó en que también se evalúan las condiciones locativas de los centros educativos y que aún tienen problemas de aguas que corren a cielo abierto y contaminadas, problemas por vectores y personal que no estaba capacitado para manipulación de alimentos.

“Hay una normatividad en la cual se ciñen tanto los ingenieros de alimentos como los que hacen seguimiento en la Secretaría de Salud. Nosotros lo que queremos es que el documento sirva de soporte para que no haya disculpa de parte de un Alcalde de un administrador público al no asumir responsabilidades y esto se da cuando dicen que no les corresponde hacerlo”.

Finalmente le recordó a los mandatarios que aquí están primando derechos fundamentales como la educación y la alimentación saludable; razón por la cual, no pueden ser excusa las limitaciones legales para no intervenir en este tipo de situaciones.

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La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por más de siete mil millones de pesos en la ejecución de las obras de recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal de los años 2010 – 2011.
Como resultado de una actuación especial de fiscalización al Fondo de Adaptación, el organismo de control consideró que la gestión de la entidad es “desfavorable” debido a que no se han cumplido las metas para atender la población e infraestructura afectada de acuerdo a los recursos asignados durante las vigencias 2011 al 2015.
Para el caso de Caquetá, se tienen evidencias de incumplimientos en el sector transporte.
“La distribución de recursos y proyectos realizados por departamentos en el sector transporte muestra que los departamentos más afectados por la ola invernal son los menos atendidos como Atlántico con un solo proyecto por 79 mil millones mientras que Córdoba, Huila, Nariño, Caquetá, Tolima, Casanare y Chocó registran un solo proyecto donde los recursos invertidos suman 50 mil millones y no alcanzan el 1% del total de los dineros del sector, contrariando los fines esenciales para lo cual fue creado el Fondo”.
Cabe recordar que el Fondo de Adaptación tenía como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de los diferentes sectores afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Niña” y debía intervenir las partidas presupuestales para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos.
Los resultados no son satisfactorios toda vez que se evidenciaron deficiencias en la planeación, formulación, priorización, estructuración y ejecución de las iniciativas, así como debilidades en el seguimiento y monitoreo de los mismos.
 
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El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, planteó la necesidad de aplicar una serie y definitiva revisión de las funciones de control fiscal en las regiones del país que permita a la entidad asumir las funciones de las contralorías territoriales, contando con la experiencia y conocimiento de quienes hacen parte de sus plantas de personal.
“Llegó la hora de hacer esta reforma. Es necesario que las comunidades de departamentos y municipios cuenten con garantías de vigilancia sobre los recursos públicos que les transfiere la Nación para atender las necesidades más básicas en materia de salud, educación, vivienda y agua potable”.
Según el funcionario, este viraje serviría para fortalecer el seguimiento técnico a los recursos públicos a cargo de las entidades territoriales; además, recalcó que sería una forma de garantizar a las comunidades regionales mecanismos de vigilancia totalmente ajenos a las vicisitudes políticas y partidistas de las regiones.
“No es un posible que en un país serio del mundo existan 63 Contralorías, haciendo cada una lo que considere de acuerdo con su leal entender y saber. La actual coyuntura fiscal no permite que un país pobre como Colombia despilfarre recursos y, una medida como la que se propone, sería propicia en este momento”.
Actualmente, según Maya Villazón, hay una Contraloría General de la República, 32 contralorías departamentales y 30 municipales, lo cual “no puede continuar en esa forma”.
 
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Tras el anuncio de Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, respecto a la orden impartida a las Farc de cesar las extorsiones a nivel país, el contralor de Caquetá, Eduardo Moya Contreras, no sólo recibió con júbilo el anuncio sino que también propuso crear un observatorio que vigile el compromiso hecho por el grupo alzado en armas.
Según el ex Presidente de la Cámara de Comercio de Florencia, desde ese cargo, siempre reclamó ese anuncio máxime cuando el sector que él lideraba estaba siendo afectado grandemente por las denominadas ‘vacunas’.
“Este anuncio permitirá que la guerra no reciba 16 mil millones de pesos que estaba pidiendo cada año como producto de la extorsión a ganaderos, comerciantes y en los dos últimos años a contratistas del Estado”.   
Igualmente recordó que la terminación de este flagelo ayudará realmente a la paz, proceso que se viene adelantando hace cerca de cuatro años y que, supuestamente, está cerca de volverse realidad tras el anuncio de las zonas veredales y campamentarias para la ubicación de guerrilleros.
“Yo creo que en este momento lo que se debe crear, por parte de los gremios privados y todas las organizaciones de orden civil, es un observatorio para que se cumpla este tipo de anuncios que están haciendo las Farc. Así como oportunamente se propuso desde la Cámara de Comercio un observatorio para que se vigilen las inversiones del posconflicto, debe haber un observatorio de la sociedad civil para que los compromisos de las Farc del no reclutamiento de menores, de no extorsión, de no narcotráfico y terrorismo, se cumplan y sea también un aporte al proceso de paz”.
 
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La semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Popayán un encuentro de Contralores Departamentales que sirvió para que los jefes de los entes de control fiscal establecieran la hoja de ruta que permita que su trabajo sea más ágil.

El contralor de Caquetá, Eduardo Moya Contreras, sostuvo que durante la reunión tanto él como sus compañeros hicieron un “acto de contrición” por las demoras en algunos procesos y, de paso, acordaron trabajar en una reforma a la ley que les permita modernizar el proceso de responsabilidad fiscal, el cual hoy es mixto.

“Por eso se crearon unas comisiones especiales por parte de las Contralorías, las cuales abordarán temas como el de la legalidad y el presupuestal y financiero para hacer una propuesta que modernice el sistema fiscal en Colombia”.

Al ser consultado sobre cómo sería dicha idea, Moya Contreras dijo que el objetivo es presentar en la próxima legislatura del Congreso de la República un proyecto de Ley que reforme varias cosas.

“En primera medida, el sistema de transferencias para que las Contralorías se puedan fortalecer y puedan tener a todos los profesionales que necesitan en sus áreas respectivas; la segunda medida, es cómo sería el proceso verbal sobre todo para hacerlo más ágil y tener mayor celeridad en las investigaciones”.

Así mismo, el objetivo de esta reforma a la ley es dar una mejor respuesta a toda la ciudadanía a través de un trabajo efectivo por parte de los órganos de control y modernizar el sistema interno de designación de todo el personal de carrera.

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El alcalde electo de Solano, Alejandro Quintero Rentería, podrá posesionarse pese a fallo fiscal en su contra. El anuncio lo hizo el contralor de Caquetá, Gustavo Espinosa Ferla, quien explicó que el mandatario puede ejercer sus funciones debido a que la decisión fue tomada en primera instancia.

“La Contraloría ha hecho los trámites que corresponden; de hecho, nosotros tememos un proceso fallado en primera instancia, pero naturalmente todavía no podemos hablar de un proceso ejecutoriado en razón de que falta todavía la segunda instancia”.

Para el jefe del ente fiscalizador, su oficina ha analizado con mucho cuidado la situación y se espera que se interpongan los recursos que a bien considere el afectado.

“Hay que aclarar que la decisión no ha llegado todavía a mi despacho en segunda instancia. Una vez llegue, si va en grado de consulta, tenemos treinta días para resolverlo y, si es en apelación, es natural que tenga un plazo prudencial para tomar la decisión”.

Espinosa Ferla, al ser consultado sobre la supuesta inhabilidad en la que estaría inmersoQuintero Rentería por este fallo, dijo que al ser en primera instancia no está inhabilitado para ejercer sus funciones de Alcalde.

“Hasta que no se resuelva la segunda instancia, ya en grado de consulta o en apelación, y solo cuando la Contraloría haga el reporte a la Contraloría General y se incluya en el boletín de responsables fiscales, ahí es que queda inhabilitado; por eso, se puede posesionar y trabajar sin inconvenientes hasta que la decisión no esté en firme”.

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La Contraloría Departamental de Caquetá, a través del fallo 042 emitido el 19 de octubre de 2015, halló fiscalmente responsable al candidato a la Alcaldía de Solano, Alejandro Quintero Rentería, por las presuntas irregularidades cometidas con la contratación efectuada por él en su condición de mandatario local en los años 2006 y 2007.

La decisión cobija además a Luis Hernando Sarria y César Augusto Silva Leonel, quienes para la época de la comisión de los estos aparentes hechos se desempeñaban como Tesorero Municipal y Técnico Administrativo, respectivamente.

Según el ente de control, el hoy aspirante junto con las dos personas antes mencionadas, habrían cometido supuestas irregularidades al entregar presuntamente donación y auxilios a la comunidad representados en motobombas y motosierras, además de otros elementos, a las diferentes Juntas Administradoras Locales.

Por esta razón, la Contraloría determinó “un daño al erario público, toda vez, que realizaron compras de diferentes elementos sin que mediara solicitud por parte de la comunidad”.

La entidad enmarcó la conducta de ellos tres en el rango de dolo y culpa grave, dado que con su gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica, al ostentar la calidad de gestor fiscal y consecuentemente responsable, no realizaron un adecuado manejo de los recursos del municipio de Solano.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Colegiada en Caquetá, también falló el pasado 4 de febrero de 2015 contra Quintero Rentería y Silva Leonel por este mismo caso.

En esa oportunidad, el ente fiscalizador ordenó el pago de una suma cercana a un millón 500 mil pesos. 

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