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Una grave denuncia hizo el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en el Congreso de la República. El funcionario dijo que en zonas donde las disidencias de las Farc hacen presencia persiste el reclutamiento de niños y jóvenes, datos que la oposición había revelado en días pasados.

De hecho, según Caracol Radio, en el Salón Elíptico se revelaron cifras que se pensaron habían quedado en el pasado y, de paso, se confirmaron las denuncias hechas por el Centro Democrático sobre esta práctica en algunas regiones del país.

“Hoy subsiste el reclutamiento de niños y adolescentes, subsiste en las disidencias de las Farc y lo hacen en el Meta, Caquetá y Guaviare. Le he pedido al ELN que sin ninguna dilación entreguen a los niños ya, sería una actitud que la sociedad colombiana y el país lo entenderían como un buen gesto”, explicó Negret.

Así mismo, sostuvo que dicho reclutamiento se está haciendo en los colegios de algunos municipios de esos departamentos y por eso pidió apoyo a la Fuerza Pública.

Caracol Radio también dio a conocer que la representante a la Cámara, Margarita Restrepo, mostró su inconformismo porque aún no hay claridad sobre las cifras de reclutamiento.

“Los reclutadores siguen en contacto con los menores que han sido liberados y eso es una revictimización porque siguen bajo el yugo de sus reclutadores. Hay 40 condenas proferidas contra las Farc y ahí hay quienes quieren llegar al Congreso, la JEP no puede pasar por encima de los crímenes de lesa humanidad”.

Cabe recordar que según datos revelados en el debate durante la negociación en Cuba, se reclutaron 1.458 menores, mientras que el ICBF reportó que esa organización entregó 122 por el acuerdo que se hizo con el Gobierno.

 

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Luego de conocerse el comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo en el que aseguran que en San Vicente del Caguán sí hay presencia de grupos delincuenciales en ese sector, los cuales tienen hombres vestidos de negro y armados, el alcalde de esta localidad, Humberto Sánchez Cedeño, dio a conocer que este sábado en horas de la mañana se realizará un consejo de seguridad para tratar el tema.
“El Defensor del Pueblo manifiesta que hay riesgo inminente y prevé que puede haber más homicidios. Como autoridad convocamos a un nuevo consejo de seguridad donde discutiremos ese documento porque se han presentado unos asesinatos desde comienzo de año y no se han esclarecido, lo cual nos preocupa”.
Agregó que lo que se quiere es evitar más hechos lamentables y, por esta razón, se convoca a esta reunión para tomar las medidas necesarias y se indague sobre las supuestas apariciones de nuevos grupos al margen de la ley.
“Aquí hay que aclarar que puede haber especulación al respecto, se quiere crear zozobra y generar una oportunidad política para aquellos grupos políticos que, de una u otra manera, hacen presencia en el municipio y no hacen parte de nuestra administración”.
Sánchez Cedeño enfatizó en que con estas actuaciones sus rivales políticos lo que buscan es empañar su gestión a través de mentiras.
“Una vez la Fiscalía y los entes de control certifiquen eso podremos hacer una manifestación contundente y rechazar de tajo este tipo de situaciones. No tenemos conocimiento de que eso sea cierto, esperamos que esas personas que lo han dicho lo pongan en conocimiento de la Fiscalía”.
 
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Tras la polémica generada por la no contratación de defensores públicos en Caquetá, el defensor del Pueblo en el departamento, Gerney Calderón Perdomo, explicó que a estos funcionarios se les prorrogó su vinculación.
“Los defensores en el Caquetá y en el país vienen siendo vinculados a la Defensoría a través de contrato de prestación de servicios, los cuales fenecían el pasado 15 de octubre, pero la entidad nos ha enviado una comunicación en la que nos dice que prorrogaron los contratos relacionados con el área penal hasta el próximo 31 de octubre”.
Agregó que en esta situación están 30 defensores de los 37 que hay en Caquetá, los siete restantes se espera que la entidad consiga rápidamente los recursos para que sigan vinculados, dado que el tema es presupuestal.
“En el Caquetá tenemos 37 defensores públicos y hay 30 que tienen relación con el área penal, el resto son defensores del área no penal que atienden otras situaciones y apoyan la actividad administrativa de la Defensoría; luego entonces, están en ‘stand by’ para que definan la vinculación con la entidad”.
Calderón Perdomo aseguró que no tiene el dato preciso de a cuánto asciende ésta nomina porque es una nómina nacional de la entidad y, lo que le han manifestado las directivas, es que están haciendo los esfuerzos y trámites necesarios ante el Ministerio de Hacienda para que se giren los rubros y, de esta manera, realizar la contratación.
Finalmente dijo que es natural que por esta problemática se afecte la prestación del servicio a quienes así lo requieren.
“Los procesos que llevamos en el área no penal son varios y este servicio se presta a las personas más vulnerables, quienes no tienen cómo prodigar un abogado para que los represente y, en ese orden de ideas, materializar un poco el acceso a la administración de justicia que tiene todos los colombianos especialmente el grupo poblacional vulnerable”. 
 
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Preocupado se encuentra el defensor del Pueblo en Caquetá, Gerney Calderón Perdomo, tras conocer los desmanes que protagonizaron soldados del Batallón de Infantería N 34 Juanambú en la vereda Lusitania del municipio de Valparaíso.
“Es delicada la situación que se presenta y que a diario vive la comunidad de esta localidad porque desde allí se ha adelantado un proceso de resistencia a la exploración y explotación petrolera. Muchas veces nosotros hemos acompañado de cerca a la comunidad, en otras por situaciones de logística no se nos permite estar como quisiéramos allá con los campesinos y con los líderes, pero en términos generales la Defensoría les ha brindado las garantías y ha hecho los seguimientos para propender por los derechos humanos de esta población”.
Agregó que su oficina se encuentra a la espera de que esta situación se resuelva de la mejor manera; de hecho, en días pasados el Defensor del Pueblo visitó la región para conocer de cerca esta protesta y tratar de encontrar una solución.
“Vamos a hacer las indagaciones respectivas para sopesar cuál fue la dimensión de los hechos y si hay lugar a interponer quejas o denuncias sobre el particular y si son necesarias las sanciones penales y disciplinarias”.
De  otro lado, el funcionario se refirió a la renuncia de los defensores de oficio que se presentó en días pasados. Según Calderón Perdomo, ya se abordó el tema y se han designado varios defensores que, en el transcurso de esta semana, estarán haciendo los trámites respectivos de contratación.
“Ahora renunció sólo uno. En diciembre fueron varios porque muchas veces las situaciones en la Defensoría son dificultosas, es mucha la carga laboral que han tenido, entonces deciden dedicarse a otros menesteres”.
 
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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los Alcaldes y Gobernadores para que como gestores de los planes de agua, orienten las inversiones necesarias y garanticen la prestación del servicio en condiciones aptas para el consumo.

La solicitud fue hecha a los entes territoriales de siete departamentos, incluido Caquetá, tras evaluar los resultados de los informes que sobre calidad del agua en Colombia realizan las Secretarías de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

Para el caso de Caquetá, el municipio de Solita está catalogado como “población en alto riesgo” de ser declarado sanitariamente inviable.

“Esta clasificación indica que en dicho municipio el agua no es apta para la ingesta, lo cual pone en riesgo la salud de los pobladores, particularmente de aquellos grupos vulnerables como ocurre con los niños, niñas y adolescentes, además de las mujeres en estado de embarazo”.

De acuerdo con la entidad, como resultado de ello, los habitantes ven restringido el uso doméstico del líquido vital y deben incurrir en alternativas como la adquisición de elementos para potabilizar el agua o, en su defecto, la compra de agua embotellada.

“Sin embargo, cuando se trata de regiones apartadas, donde el recurso hídrico es escaso y donde la pobreza es un agravante más del panorama, las posibilidades de abastecerse con agua en mal estado son altísimas”.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo requirió a los mandatarios para que, como gestores de los planes de agua, orienten las inversiones necesarias y garanticen la prestación del servicio en condiciones óptimas para el consumo humano. 

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Al cumplirse el quinto mes del cese unilateral al fuego y las hostilidades ofrecido por las Farc, la Defensoría del Pueblo pidió aclarar algunos episodios puntuales que involucraron a niños, niñas y adolescentes, cuya situación en medio del conflicto ha sido señalada reiteradamente por la Entidad.

Los hechos conocidos por el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la entidad reportó varias situaciones preocupantes, una de ellas en Caquetá.

“Noviembre 25 de 2015, vereda Las Damas, San Vicente del Caguán (Caquetá). Junto al secuestro del soldado regular del Ejército Nacional, Jesús Ángel Rojas Delgado, quien fue entregado a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja el 9 de Diciembre de 2015, miembros del frente 62 Combatientes del Yarí de las Farc, retuvieron arbitraria y temporalmente a una adolescente que se encontraba en el mismo lugar donde fue interceptado el uniformado. La menor fue liberada ese mismo día, según confirmaron las autoridades”.

Así mismo, se reportaron tres casos más sucedidos en los departamentos de Vaupés, Putumayo y La Guajira en límites con Venezuela.

“Se habría producido el reclutamiento de un indígena Kankuamo de tan sólo 15 años de edad, por una estructura perteneciente al frente 19 José Prudencio Padilla de las Farc, a quien los familiares del joven solicitan la desvinculación del grupo guerrillero”.

Aunque la Defensoría del Pueblo confirma nuevamente el cumplimiento del cese al fuego unilateral y las bondades que éste ha traído para aliviar la violencia en las regiones de Colombia, la entidad además de solicitar explicaciones frente a los hechos que involucraron a menores de edad, tuvo conocimiento que durante el último mes la guerrilla de las Farc ha realizado actividades de control social en zonas de Meta y Guaviare, a través de charlas obligatorias sobre el grupo ilegal y su visión respecto al proceso de paz, extorsiones al comercio y restricciones a la movilidad de la población en algunos sectores específicos.

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El Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo identificó 11 situaciones de vulneración en zonas con influencia de las Farc, dos de ellas ocurridas en Caquetá durante este nuevo mes en el que la guerrilla ha cesado, supuestamente, sus hostilidades.
 
Aunque no se registraron ataques armados ni hostigamientos contra la Fuerza Pública ni la infraestructura, aparecen otros hechos frente a los cuales la entidad pide claridad.
 
Se trata de hechos cuya autoría no ha sido plenamente establecida ni reivindicada, pero la Defensoría considera importante que los voceros de la organización guerrillera aclaren si hubo participación o no de sus estructuras, dada la presencia de frentes de las Farc en los lugares donde se presentaron estos episodios.
 
Por ejemplo, el 21 de agosto en el corregimiento San Pedro del municipio de Florencia, 23 familias que habían llegado al predio Santa Bárbara fueron amenazados por presuntos miembros del frente 3 de las Farc, quienes luego de hurtar una motocicleta e identificar a los líderes de la comunidad, les advirtieron sobre un plazo perentorio para abandonar el sitio, so pena de acciones contra su vida.
 
Tres días después, en la vereda Holanda Baja de la inspección de La Unión Peneya, jurisdicción del municipio de La Montañita, un niño de 13 años de edad resultó afectado por la explosión de una mina antipersonal, la cual se activó en momentos en que el menor realizaba labores de corte de caña en una finca de la región. Como consecuencia del estallido, al adolescente le fue amputada una de sus extremidades inferiores.
 
Entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre, el SAT registró dos enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las Farc, los cuales ocurrieron en San Vicente del Caguán y Vistahermosa, Meta, que dejaron cinco guerrilleros muertos.
 
En todo caso, la institución reconoce y valora la significativa reducción de la violencia y confía en que avances de esta naturaleza conduzcan pronto a un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto, especialmente para garantizar la protección de la población civil.
 
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A través de su Sistema de Alertas Tempranas, SAT, la Defensoría del Pueblo estableció que un total de 268 municipios del país registran algún tipo de riesgo de cara a las elecciones territoriales que se realizarán el próximo mes de octubre por cuenta de la incidencia del conflicto armado en 29 departamentos de la geografía nacional.

La entidad destaca que los principales actores armados, fuente de riesgo electoral, son los grupos postdesmovilizados de las Autodefensas con incidencia en 156 municipios, mientras las Farc fue identificada como factor de riesgo en 128 poblaciones y el ELN en 79.

Al respecto, cabe destacar que el cese unilateral del fuego y las hostilidades ofrecido por las Farc, el cual fue prolongado el pasado 20 de agosto, ha incidido en la disminución de la intensidad del conflicto y las acciones bélicas con efectos indiscriminados, que eran frecuentes en desarrollo del proceso electoral como forma de enfrentar a la institucionalidad.

Sin embargo, la Defensoría conoció que en algunas regiones del país se han registrado presiones e intimidaciones a la población civil por cuenta de la guerrilla, así como limitaciones a la movilidad de ciertos candidatos para direccionar el voto de los ciudadanos, como estaría sucediendo en El Doncello.

El monitoreo ha permitido establecer 106 hechos de violencia en el marco del actual proceso electoral en 87 municipios de 27 departamentos de Colombia, siendo las amenazas de muerte contra candidatos a cargos de elección y servidores públicos del orden departamental y municipal la variable con mayor repetición.

Entre el 1 de enero y el 26 de agosto se han registrado seis homicidios contra candidatos o familiares cercanos y seis homicidios contra funcionarios públicos en Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Boyacá, Chocó y Quindío.

A diferencia de lo acontecido en los años 2007 y 2011, cuando la variable de riesgo de más alto impacto estaba relacionada con los atentados y ataques armados y con los actos de perturbación democrática por parte de las guerrillas de las Farc y ELN, en el actual proceso electoral los factores de riesgo con mayor incidencia son las amenazas, el constreñimiento al sufragante y las restricciones a la movilidad.

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