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La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó en todo el país la primera Jornada Nacional de Devolución de Celulares Recuperados, la cual está enmarcada dentro de la línea estratégica de recuperación de confianza y percepción de seguridad.
Esta actividad permitió la devolución de 668 equipos móviles de comunicación en 26 departamentos que fueron recuperados en los diferentes operativos realizados a nivel nacional en lo corrido del año por parte de las autoridades competentes.
Para el caso de Caquetá, se devolvieron a sus dueños cinco teléfonos que habían sido hurtados a sus propietarios bajo las diferentes modalidades que existen para sustraerlos de los 17.086 equipos que se han recuperado durante el 2017. 
De hecho, la estrategia contra el hurto de celulares ha permitido entre otros resultados la desarticulación de 39 bandas en Colombia, 15.850 capturas, 998 establecimientos cerrados, 2.235 intervenciones a establecimientos donde se comercializan teléfonos celulares y la ocupación con fines de extinción de dominio de cuatro bienes inmuebles, entre otros.
 
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación llevan a cabo en el cementerio de Florencia, por estos días, la exhumación de los cuerpos sepultados en fosas comunes como no identificados.

En la primera etapa, se exhumaron por parte del CTI 57 cuerpos que fueron entregados a los funcionarios de Medicina Legal para ser analizados y, de esta manera, establecer el sexo, edad, causa de la muerte y tomar muestras de ADN.

“Se espera que al realizar el cruce con las muestras del banco de perfiles genéticos, se termine la incertidumbre de familias que por años han esperado noticias de sus seres queridos”, explicó el ente acusador en un comunicado de prensa.

La primera etapa de esta intervención al campo santo se inició hace dos años y medio, donde las entidades como la Fiscalía y Medicina Legal, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional y la Diócesis de Florencia, comenzaron a reunir documentación sobre las personas que eran sepultadas en el cementerio, en su mayoría víctimas del conflicto armado en el departamento de Caquetá.

El documento sostiene además que 17 funcionarios de Medicina Legal, entre ellos médicos, odontólogos, antropólogos, técnicos en rayos X y asistentes, iniciaron la labor de análisis de los cuerpos e identificación de los cuerpos para entregarlos a los familiares de personas reportadas como desaparecidas desde hace un mes.

“Según la información que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Diócesis de Florencia y el Gobierno local, así como el Nacional, se espera encontrar en la primera etapa 660 cuerpos que están en fosas comunes del campo santo”.

Las autoridades, de paso, invitan a los familiares de personas desaparecidas que se acerquen a las sedes de las dos entidades, así como a las Personerías Municipales para entregar una muestra de sangre para establecer si hay coincidencias con las muestras de ADN aportadas por los familiares de las personas reportadas como desaparecidas.

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Una red, integrada por nueve personas, señalada de engañar a jóvenes que aspiraban a estudiar en el Fuerte Militar de Tolemaida fue desvertebrada por las autoridades en las últimas horas.  
Ánderson Oviedo Sabogal, Floria Mercedes Gaitán González, Óscar Oviedo Sabogal, Orlando Yara, un hombre conocido con el alias de ‘Hanson’ y cuatro mujeres más, presuntos integrantes de la red, se dedicaban a ofrecer cupos falsos para ingresar a la institución castrense ayudados por colaboradores que Tolemaida, quienes al parecer dieron los datos personales de los aspirantes que no pasaban el proceso de incorporación. 
Herbert Romero, director del CTI en Cundinamarca, explicó que en seis meses la Fiscalía y la Décima Tercera Brigada del Ejército pusieron al descubierto el andamiaje criminal de esta estructura delincuencial.
“Es así como nueve presuntos integrantes de ‘Los Yara’ fueron capturados en diligencias realizadas simultáneamente en los municipios de Corinto, Cauca; Aguachica, Cesar; Girardot y Anapoima, Cundinamarca; además, en las ciudades de Cali, Neiva, Quibdó, Medellín y Bogotá. El cabecilla, identificado como Ánderson Oviedo Sabogal, fue notificado del proceso en su contra en la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumple una condena de 12 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.
Agregó que el modus operandi consistía en contactar telefónicamente a los jóvenes que no alcanzaban el proceso de incorporación y se hacían pasar como oficiales o suboficiales del Ejército para solucionar cualquier dificultad o restricción para ingresar a la escuela.
“Muchas de las víctimas fueron obligadas a viajar y hospedarse en Bogotá. Eran citadas cerca a instalaciones militares y ‘Los Yara’ les exigían pagos de 600 mil a seis millones de pesos para supuestamente entregarles certificados médicos, físicos y de selección que les garantizarían un cupo en Tolemaida. La cifra variaba según el trámite ofrecido”.
Romero enfatizó en que, en algunos casos, las personas afectadas realizaron giros o transacciones bancarias desde distintas ciudades del país con la esperanza de acceder a la academia; pero, en todos los casos, las promesas fueron incumplidas. 
“A quienes viajaron a Bogotá los confundieron con diversas diligencias, les arrebataron el dinero y los dejaron con documentos falsos. A los que consignaron, nunca les volvieron a contestar el teléfono”.
Igualmente se pudo establecer que la red de estafadores habría manipulado la página de internet de la Escuela Militar de Suboficiales, accedieron ilegalmente al sistema, cambiaron el número telefónico de contacto del oficial de incorporación y pusieron el de una de las sindicadas integrantes de la estructura. 
“Hasta la fecha, la Fiscalía General ha recibido 12 denuncias formales contra ‘Los Yara’ por estafas que sumarían 200 millones de pesos, pero los investigadores tienen detectadas más de 200 víctimas en los departamentos de Caquetá, Cundinamarca, Tolima, Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó, Putumayo, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Meta y Atlántico, por lo que el monto del engaño masivo sería muy superior”.
Finalmente el Director del CTI en Cundinamarca dijo que los capturados fueron judicializados por el delito de estafa en masa, concierto para delinquir, falsedad personal y suplantación de sitios web para capturar datos; sin embargo, el juez de garantías otorgó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra ocho procesados y una mujer quedó provisionalmente en libertad. Todos continuarán vinculados a la investigación.
 
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La Fiscalía General de la Nación adelanta seis investigaciones por los homicidios de nueve familiares de desmovilizados de las Farc en hechos registrados en Caquetá, Antioquia, Putumayo, Cauca, Tolima y Valle del Cauca.

En el caso de nuestro departamento, se encuentra en averiguación el homicidio de Yovani Meneses Zambrano, primo de Nicolás Andrés Jaramillo Reyes, alias ‘Wilson Zapata’, quien fue asesinado el 23 de mayo de este año en San Vicente del Caguán.

Así mismo, en Putumayo el ente acusador investiga la muerte de Diomar Valverde Ordoñez, madre del ex integrante de las Farc Andrés Ordóñez, alias ‘Fabián García’, quien se encuentra concentrado en la zona veredal de La Pradera en Puerto Asís.

Un tercer caso es el de Dalmiro y Anselmo Cárdenas Victoria, hermanos del ex guerrillero Robinson Cárdenas Victoria. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril cuando sus cuerpos fueron encontrados atados por sus brazos entre sí y con señales de violencia, además con múltiples heridas en sus cuerpos producidas por impactos de proyectil de arma de fuego.

“La investigación se encuentra en etapa preliminar en averiguación de responsables, toda vez ambos eran agricultores y no tenían problemas personales de ninguna índole ni amenazas en su contra”, explicó una fuente oficial.

Así mismo, hay un proceso que se encuentra en indagación preliminar y que tiene que ver con la investigación por el homicidio de Jeison Rosero Muñoz, hijo de quien fuera el comandante de finanzas del Frente 60 de las Farc, ocurrido el pasado 8 de mayo en Argelia, Cauca.

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Ayer en las instalaciones de la Gobernación, se llevó a cabo un consejo de seguridad ampliado en el que las autoridades civiles, policiales y militares mostraron su preocupación por el aumento en las cifras de homicidios, atracos y hurtos en algunos municipios.

El mandatario de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, sostuvo que la reunión se desarrolló con la presencia de los Alcaldes de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Fragua y Milán.

“Hemos llegado a varias conclusiones. La primera de ellas es mover los puestos de mando de manera inmediata a los sitios donde se ha presentado esta problemática. La segunda es que vamos a hacer un plan de comunicaciones en estos sitios porque la gente está pidiendo a gritos un medio de estos, ya sea vía celular o radio, para poder tener comunicación con la institucionalidad y hoy se tomó esa decisión”.

Así mismo se fortalecerá la inteligencia en estas poblaciones para contrarrestar dichos flagelos y, como tercera conclusión, se determinó pedir nuevos fiscales y el fortalecimiento de la policía judicial, lo cual ya se hizo en San Vicente, Puerto Rico y, hoy por hoy, en Cartagena del Chairá.

“La idea es tener gente nueva para no desvertebrar lo que hemos ido avanzando. Vamos a acercarnos a los comerciantes con las instituciones para generarles confianza y, de esta manera, denuncien cualquier hecho. Además, mantenemos el plan de las recompensas para obtener información y poder contrarrestar el delito en Caquetá, especialmente en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Fragua y Milán”.

Para el caso de Florencia, ciudad que genera el 70% de la criminalidad en las estadísticas, Pacheco Álvarez dijo que mantiene el mismo plan antes descrito para así contrarrestarlo.

“Hay varias hipótesis sobre los autores de estos homicidios. El director de Fiscalías, Alexander Bermeo, ha manifestado que las hipótesis, casi en un 70%, han avanzado para ser resueltas y para mí eso es muy importante. Hay varias circunstancias que rodean estos casos y que no puedo informar porque las investigaciones aún siguen en firme, pero lo cierto es que van por buen camino y se van a obtener resultados muy pronto”. 

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Mediante operativos efectuados en 13 departamentos del país, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 30 personas como presuntos responsables de delitos sexuales.
Entre los departamentos donde se realizó el mayor número de capturas se encuentra Cundinamarca, específicamente Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia mientras que La Guajira, Casanare, Chocó, Risaralda, Nariño, Tolima, Santander, Huila, Magdalena y Caquetá registraron cifras menores.
“Los delitos por los que se acusan a las personas detenidas son: acceso carnal violento, acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años, actos sexuales con incapaz de resistir agravado y abuso sexual con menor de 14 años”, explicó una fuente del ente acusador.
De estos, el delito más común es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el cual registró 12 aprehendidos, seguido de acceso carnal violento con seis detenciones y abuso sexual con menor de 14 años con cuatro capturas.
“De acuerdo con los casos, se pudo evidenciar que la mayoría de las víctimas son menores de 14 años, quienes además son agredidas por personas cercanas como los mismos padres biológicos, padrastros, abuelos, tíos, entre otros”.
La Fiscalía General de la Nación hace un llamado para que las víctimas denuncien y se pueda continuar con una gran ofensiva en contra de estos delitos en el país.
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Tras varios meses de labores investigativas, de recolección de elementos probatorios y de lograr que se expidieran las órdenes de captura, el Gaula Militar del Huila desarticuló una banda delincuencial denominada ‘Los Contratistas’ y que operaba en Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Guajira, Norte de Santander, Arauca, Chocó, Huila y Valle del Cauca.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, coronel Marino Valencia, aseguró que las detenciones se registraron en tres departamentos del país.

“En coordinación con el CTI se logró desarticular a las temidas bandas de ‘Los Contratistas’ y ‘Las Difíciles’ gracias a la captura de cinco personas que responden a los nombres de Jhon Mauricio Rodríguez Rivera, José Camilo Corzo Calderón, Fernando Ipuz Ceballos y Marina Mejía Loaiza de ‘Los Contratistas’ mientras que Daysi Raquel Navarreto pertenecería a ‘Las Difíciles’”.

Según el oficial, los antes mencionados deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir; dado que, según las investigaciones, las acciones delictivas de la banda iniciaron a principios del año 2016 cuando mediante llamadas telefónicas sus integrantes contactaban a sus víctimas, en especial propietarios de maquinaria pesada para la construcción de vías.

“En la comunicación, el sujeto que se identificaba como ingeniero contratista de obras civiles y solicitaban el servicio. Posteriormente concretaban el lugar en el que se haría efectivo el pago anticipado, no sin antes solicitar el número celular del conductor para suministrarles las indicaciones y ya cuando la persona se encontraba en la zona, por lo general distante, despoblada y sin flujo vehicular, la contactaban para identificarse como integrantes de las Farc o el ELN, dependiendo de la región, y le exigían apagar el vehículo y los equipos celulares porque desde ese momento se encontraba secuestrado”.

Acto seguido, la banda tomaba contacto con el propietario y tras identificarse como integrantes de una organización armada al margen de la Ley, aseguraba que el conductor se encontraba secuestrado, amarrado y vigilado para así exigir sumas de dinero que oscilaban entre los 30 y 50 millones de pesos para dejarlo en libertad, no quemar el vehículo y respetarle la vida.

“El dinero debía ser consignado a través de empresas de giros, siendo retirados en distintas partes del país para no despertar sospecha y de esta manera evadir el accionar de las autoridades”.

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Doce personas, entre ellos un miembro de la Armada Nacional y el alcalde de Puerto Leguízamo, Puyumayo, fueron capturadas en Bogotá, Cali y varios municipios de Putumayo en una operación que vinculó a la Policía Nacional, la Armada Nacional y el CTI. La acción, liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una estructura de minería ilegal en el país y detener el accionar del denominado capo de las dragas, alias ‘Barbas’, un hombre que desplegó una red criminal para instalar indiscriminadamente y poner en funcionamientos gigantescas máquinas de extracción de oro en los ríos Caquetá y Putumayo.
Entre los detenidos está el cabecilla principal de la organización, alias ‘Barbas’ o ‘El Capo’, sindicado de constituir la Asociación de Mineros de los Ríos Caquetá y Putumayo, Asomicuap, una agremiación con sede en Bogotá que presuntamente servía de fachada para esconder las agresivas labores de minería y que, desde la capital del país, fabricaba y ensamblaba las piezas para construir las dragas.
La industria de metalmecánica de alias ‘Barbas’ fue allanada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Allí, los investigadores encontraron taladros, bombas, motores diesel, tornos y otros elementos, además de importante información sobre los clientes y las maniobras que utilizaban para llevar los repuestos a Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Chocó y Buenaventura.
La esposa de este hombre, conocida en la red con el alias de ‘Pati’, fue detenida en un sector residencial del centro de Bogotá y, al parecer, se encargaba de administrar la fábrica de fundición y de coordinar el transporte del mineral extraído.
En octubre del año pasado, la Policía interceptó a alias ‘Pati’ en el aeropuerto El Dorado cuando llegaba de Putumayo. 
“Ese día, ingresaba a la ciudad con 367 gramos de oro moldeados en pequeñas láminas que escondía en los zapatos. Así, al parecer, se hizo evidente el uso de correos humanos para traer el oro desde esas zonas del país”, explicó una fuente de la Fiscalía General.
Juan Carlos Paya Torrijos, actual alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo, también estaría vinculado al proceso y fue aprehendido en el Palacio Municipal. 
“En su contra existen elementos materiales probatorios que lo incriminarían en la recepción de 25 millones de pesos para emitir actos administrativos que al parecer favorecerían el ingreso de maquinaria a la región y permitiría el dragado sobre el rio Putumayo”.
Otros supuestos integrantes de la estructura capturados están identificados como alias ‘Yeyo’, sindicado de ser el socio de alias Barbas, quien compraba el material extraído y realizaba los contactos con algunos funcionarios que podían emitir permisos para ingresar maquinaria a la región; alias ‘Japonés’, alias ‘Andrea’ y alias ‘El Palomo’, dueños de dragas y complejos de extracción ilegal, y alias ‘Juaco’ y ‘Sebastián’ de la Armada, quienes presuntamente entregaban información sobre los movimientos de la Fuerza Pública y la planeación de operativos a los yacimientos de la organización.
En dos años de investigaciones, la Policía Nacional y la Armada Nacional adelantaron tres operaciones contra la red de alias Barbas, en las que destruyeron 17 dragas entre los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo y constataron que para producir mensualmente 87.5 kilogramos de oro, vertían 140 kilos de mercurio a las aguas.
Los 12 capturados fueron trasladados a Bogotá donde son judicializados por explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, receptación, prevaricato por acción y omisión y cohecho por dar u ofrecer.
 
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Más de cincuenta bienes fueron incautados en Valle de Cauca, Cundinamarca, Bogotá y Caquetá por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio, DEFNEXT, con el objetivo de afectar las finanzas ilegales.
Según las autoridades, estos bienes están avaluados en más de 399 mil millones de pesos y presuntamente pertenecen a organizaciones dedicadas a diferentes actividades ilícitas como el narcotráfico, captación masiva e ilegal de dineros del público, microtráfico y rebelión, extorsión, financiación del terrorismo y conservación de plantaciones de coca.
Para el caso de Caquetá, el operativo se desarrolló en el municipio de Cartagena del Chairá con la colaboración del Ejército Nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro. 
“Allí fueron incautadas con fines de extinción de dominio 216 hectáreas representadas en dos inmuebles que fueron adjudicados por el Incoder, según evidencias que obran en la Fiscalía, al parecer por órdenes de las Farc. Los predios ya contaban con folio de matrícula inmobiliaria a nombre de personas vinculadas a esta organización ilegal y su avalúo estaba rondando los 432 millones de pesos”, explicó una fuente consultada por esta casa editorial.
Allí mismo, la Fiscalía logró identificar 186.336 hectáreas que supuestamente estaban en manos del Bloque Sur de las Farc, donde hay presencia de cultivos ilícitos. 
“La Fiscalía General de la Nación logró establecer que corresponden a terrenos baldíos que hoy fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras. El valor comercial de dichos terrenos asciende a los 373 mil millones”.
Como resultado de esta actuación se compulsaron copias para investigar y judicializar a los funcionarios del Incoder que participaron en los hechos delictivos.
 
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Hace diez días fue capturado Jairo Velásquez Marín cuando transportaba cocaína por la vía La Montañita – Florencia. Por esta razón y por solicitud de la Fiscalía Seccional, el hoy aprehendido fue cobijado con detención intramural.
Así lo dio a conocer el ente acusador a través de un comunicado de prensa en el que, además, asegura que el indiciado conducía un camión cuando se presentaron los hechos.
“El hombre conducía un camión y cuando fue requerido en un puesto de control por militares del Batallón Liborio Mejía del Ejército Nacional, estos hallaron 130 kilos del alcaloide en un compartimiento oculto del vehículo”.
De paso, explicó que ante el Juzgado 3º Penal Municipal con función de control de garantías, se realizaron las audiencias concentradas donde la Fiscalía imputó cargos al detenido por el delito de tráfico, fabricación y /o porte  de estupefacientes.
Velásquez Marín no se allanó a los cargos endilgados.
 
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