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La Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades administrativas y educativas de Caquetá, al igual que al Ministerio del ramo, dar claridad sobre la situación en la que se encuentra un colegio construido en la vereda El Triunfo, sector Diamante, en San Vicente del Caguán, y que actualmente lleva el nombre de un comandante de un grupo armado ilegal.

Según Carlos Camargo Assis, jefe de esta entidad, no se puede hacer apología al conflicto y, de paso, solicitó que sea aclarado de dónde salió el nombre del lugar y los recursos para su construcción.

“Rechazamos de manera contundente el uso de nombres e identidades de integrantes de estructuras al margen de la ley que han causado graves violaciones a los derechos humanos. Los actores armados ilegales continúan siendo uno de los principales vulneradores de manera sistemática de los derechos de la infancia y la adolescencia con hechos como el reclutamiento, especialmente en el departamento del Caquetá”.

El funcionario recordó que algunas versiones señalan que la obra fue construida con recursos de la comunidad y otras dicen que fue construida por el Estado Mayor Central de las Farc.

“Aseguran que sería entregada en el marco de una mesa de diálogo. En todo caso, se debe dar claridad sobre la situación, evitar desarrollar acciones que promuevan el conflicto armado en relación con el nombre del supuesto colegio, establecer quién manejaría la obra, si entraría o no en funcionamiento y bajo qué parámetros”.

Agregó que situaciones de tal naturaleza contribuyen a normalizar el conflicto armado en entornos protectores, como lo son las instituciones educativas.

“Hacemos un llamado para evitar este tipo de hechos, que adicionalmente pone en riesgo a la comunidad educativa en general”, puntualizó Camargo Assis.

 

El trabajo articulado de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, y la Fiscalía General de la Nación, hizo posible el retorno del cuerpo de César* al lecho de su familia en la ciudad de Florencia, Caquetá.

La directora seccional de la UBPD, Yolima Jurado, sostuvo que algunos de los familiares afirman que lo vieron por última vez en el 2001 cuando salió de su residencia, en el municipio de Curillo, para trabajar en el arreglo de unas mesas de billar.

“Al parecer, César* viajó hasta Florencia para hacer algunas compras. Habría tomado la carretera de regreso, pero hizo una parada en Belén de los Andaquíes. Otra versión afirma que más tarde lo vieron esperar el bus en el centro de San José de Fragua. Su hijo lo buscó en Belén, donde recibió información por parte de los habitantes que afirmaron que miembros de un grupo armado ilegal que tenía presencia en la zona se lo habrían llevado”.

Después de tocar puertas sin recibir respuesta y con el temor natural de vivir en una zona en medio del conflicto armado, en el 2004 su esposa interpuso una primera denuncia penal. En ese momento, la Fiscalía inició trabajos para encontrarlo. 

“La desaparición ocurrió durante un contexto álgido de violencia en el Caquetá. Para entonces, uno de los ocho brazos paramilitares del Bloque Central Bolívar, el denominado Frente Sur Andaquíes, ya se había extendido por 12 de los 16 municipios del departamento e instalado una de sus bases de mando en la vía que conecta a Albania con Curillo”. 

Las versiones libres de Carlos Mario Jimenez, alias ‘Macaco’, máximo comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar, y de comandantes del Frente Sur Andaquíes ante los tribunales aportaron la información inicial que le permitió a la Fiscalía General definir que el cuerpo de César* habría sido dispuesto en una vereda de Albania. Hasta el momento de su desaparición, él nunca había tenido amenazas de ningún tipo.

La recuperación del cuerpo ocurrió en el 2008, un par de años después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y la comparecencia de sus miembros ante la justicia, en el marco de la entonces Ley de Justicia y Paz del 2005. 

Sin embargo, hasta el 2021, ninguno de los familiares había recibido información de César*, pues no había sido posible la identificación genética. Fue así que una de las hijas escuchó por radio la existencia de la Unidad de Búsqueda y decidió presentar su solicitud. Tras la plena identificación, la UBPD y la Fiscalía aunaron esfuerzos para llevar a cabo la entrega digna del cuerpo de César a sus familiares.

“El proceso de entrega digna se llevó a cabo en Florencia. Allí, además de recibir el cuerpo de su ser querido, las hijas y la esposa escucharon la historia de lo acaecido narrada por los expertos forenses que participaron en el proceso de búsqueda. Las explicaciones incluyeron la forma de inhumación, las posibles causas de la muerte y el proceso que se llevó a cabo para prospectar la tierra y recuperar el cuerpo, así como la cronología de la investigación.

La familia tuvo la oportunidad de velar el cuerpo de César* en su residencia. Al día siguiente, se llevó a cabo una misa y un acto fúnebre.


*El nombre fue cambiado por petición de la familia.

Una grave denuncia hizo la directora general encargada del Invías, María Constanza García, quien aseguró que personas inescrupulosas, a través de medios de comunicación del departamento de Caquetá, están convocando a la ciudadanía a presentar hojas de vida para vincularlos laboralmente en contratos que la entidad pudiera adelantar en la región.

Al respecto, la funcionaria precisó que actualmente el Instituto no tiene previsto el inicio de nuevos contratos de obra pública para atender la red vial a cargo en la región.

“Por lo tanto, no se requiere la contratación de personal. Al atender estas convocatorias, los ciudadanos podrían verse incursos en una estafa. Así mismo, hacemos un llamado especial a las personas que tengan documentos relacionados con pautas comerciales que involucren el nombre del Invías para que los hagan llegar a la dirección Territorial de la entidad y, de esta manera, iniciar las acciones legales pertinentes”.

García reiteró que desde el Invías no se realizan llamadas ni se envían correos electrónicos con este tipo de convocatorias; razón por la cual, rechaza todo presunto acto delictivo o de corrupción que intente cualquier persona utilizando el nombre del Instituto.

“En cumplimiento con las normas de transparencia, los procesos de contratación y cualquier información relacionada con el Invías se realiza únicamente a través del canal oficial como la página web www.invias.gov.co”.

 

Cristian Camilo Sánchez Bermeo fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el delito de homicidio agravado del que fue víctima un hombre el pasado 25 de febrero en la ciudad de Florencia.

La directora de la Fiscalía General en Caquetá, Nohora Quiroga Bohorquez, explicó que el procesado fue detenido por integrantes de la Policía Nacional en cumplimiento a la orden de captura que pesaba en su contra por el homicidio con arma blanca de Rulber Calderón Calderón en zona rural de la ciudad.

“Los hechos ocurrieron cuando la víctima, su esposa y otros dos parientes fueron a un balneario de paseo y ella reconoció una motocicleta en la que presuntamente, ocho días atrás, al parecer, se desplazaba la persona que la había despojado de la pañalera donde llevaba las cosas de su hija, además de su billetera con dos millones de pesos”.

Así mismo, reconoció el bolso que llevaba una mujer que iba en la misma moto conducida por un hombre a quien también identificó como el supuesto ladrón.

“Fue así como la víctima del hurto con su esposo, su cuñado y la esposa de éste, empezaron a seguir a los sospechosos logrando cerrarles el paso hasta que los detuvieron. El hoy occiso le reclamó por lo sucedido, ante lo cual la mujer que llevaba la pañalera, manifestó que el artículo era de su hija y que lo había comprado hacía varios años, lo que generó una discusión en medio de la cual

Sánchez Bermeo, quien sería el que manejaba la moto sospechosa, habría sacado un cuchillo que llevaba en el tanque y le causaría tres heridas de muerte a Calderón Calderón”.

El hombre falleció rumbo a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el sospechoso huyó. Gracias a labores propias de policía judicial, así como interceptaciones telefónicas se logró localizar y judicializar al hoy privado de la libertad.

Durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados por el fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá que adelanta la investigación en su contra y permanecerá detenido en centro carcelario mientras avanza la investigación.

En el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, dos supuestos integrantes del grupo armado organizado Armando Ríos se presentaron de manera voluntaria ante los soldados de la Brigada 27 de Selva del Ejército Nacional para someterse de manera voluntaria a la justicia y, de esta manera, regresar al camino de la legalidad.

Según el brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de esta unidad militar, explicó que la decisión de estas personas se dio como producto del desarrollo de operaciones con la presencia de los uniformados en el sector.

“Estos presuntos integrantes relataron de habían vivido y presenciado graves violaciones a los derechos humanos por parte de este grupo armado que delinque principalmente en el Guaviare y tiene injerencia en Putumayo”.

Los sometidos a la justicia tendrían los alias de ‘Caliche’ y ‘Esteban’. Al parecer, uno de ellos sería de nacionalidad extranjera.

“Según informes de inteligencia, el Estado Mayor Central Estructura Carolina Ramírez estaría siendo apoyado por estructuras que delinquen en otras partes del país como la Estructura Armando Ríos, la cual ha enviado a algunos de sus integrantes a fortalecer su estructura armada y, de esta manera, seguir con la disputa del territorio que tienen con los Comandos de Frontera”.

El alto oficial enfatizó en que estas personas fueron extraídas de la zona con el fin de brindarles protección, esto en cumplimiento de los procedimientos legales y las políticas institucionales de respeto de los derechos humanos.

“En la acción militar se incautaron dos fusiles, 10 proveedores, más de 1000 cartuchos y material de intendencia que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización”.

Una serie de donaciones realizó Prosperidad Social en el municipio de San Vicente del Caguán a 250 hogares, 25 unidades productivas y la Alcaldía local. Las familias recibieron 250 kits consistentes en ropa, calzado, suéteres y otros elementos para el uso personal.

Alrededor de 55.000 unidades de vasos y bolsas plásticas se entregaron como insumos de apoyo a la generación de ingresos de 25 unidades productivas del sector de alimentos y, de paso, la Secretaría de Infraestructura Municipal recibió materiales de construcción con destino a obras locales como 200 unidades de piso de laminado y 181 varillas de hierro corrugadas.

La directora regional de la entidad, Nadia Parra, explicó que todos estos elementos fueron gestionados ante la DIAN y su valor se estima en más de 243 millones de pesos.

“Para la actividad, que se realizó en el Polideportivo del barrio La Victoria, la entidad tuvo como operador aliado a la Diócesis de San Vicente del Caguán, entidad que se encargó del embalaje, bodegaje, y montaje del evento para la entrega de los elementos”.

De acuerdo con la funcionaria, Prosperidad Social gestiona donaciones ante entidades públicas y privadas para complementar los planes, programas y proyectos que ejecuta en función de la superación de la pobreza.

“El objetivo es aprovechar, en favor de la población más vulnerable, elementos provenientes de alijos confiscados por la DIAN. De esta manera, se evita que terminen inutilizados por el deterioro y generando costos de almacenamiento onerosos para el Estado”.

Gracias a información ciudadana, las autoridades de Caquetá llegaron hasta un reconocido lugar recreativo del municipio de El Doncello para, en diligencia de allanamiento y registro, capturar a un hombre que retenía de manera ilegal a 26 especies de fauna silvestre en condiciones deplorables.

El comandante del Departamento de Policía en Caquetá, coronel Julio Guerrero, explicó que luego de recaudar y entregar suficiente material probatorio y evidencia física, se logró establecer la posible comisión de los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y maltrato animal.

“Las autoridades judiciales emitieron la orden de allanamiento y registro a un inmueble que era utilizado para actividades recreativas y también para ocultar y retener varios animales silvestres que, posiblemente, estarían siendo comercializados. De esta manera, se afectan los ecosistemas, la propia vida de las especies e, inclusive, factores originadores de riesgo para la salud humana”.

Durante la diligencia judicial, se encontraron 10 charapas podocnemis expansa, nueve guaras dasyprocta fuliginosa y siete morrocoy chelonoidis en condiciones de cautiverio; en algunos casos, con lesiones en su cuerpo.

“Inmediatamente es capturada la persona y los animales fueron incautados y dejados a disposición de la autoridad competente. El llamado a la comunidad a evitar estos comportamientos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la vida y salud tanto de la fauna, la flora e incluso de los seres humanos”, puntualizó el alto oficial.

A través del programa ‘Ruta del Consumidor’ de la Red Nacional de Protección al Consumidor, se viene realizando una serie de orientaciones gratuitas a los ciudadanos en temas relacionados con la protección de sus derechos como consumidores.

Por esta razón, la Red visitará los municipios de El Doncello y El Paujil para contarle a sus habitantes sobre protección al consumidor, darles a conocer sus derechos y las instancias a las que deben acudir para hacerlos valer.

El anuncio lo hizo Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio, quien explicó la agenda que tendrá la entidad en la región.

“Para el caso de El Doncello, el programa estará los días 4 y 5 de marzo en el Parque Principal Simón Bolívar de 8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 4:00 de la tarde. En El Paujil, estarán los días 6, 7 y 8 de marzo en la plaza Los Paujiles en el mismo horario antes mencionado”.

Según la funcionaria, desde ya, la Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios de la Red Nacional de Protección al Consumidor tiene las puertas abiertas con un equipo de profesionales capacitados para orientar de manera gratuita a todos los consumidores, especialmente a los caqueteños.

Mediante labores de patrullaje, registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos en el barrio la Esperanza de Florencia, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que se encontraba comercializando más de seis millones de pesos en efectivo, suma representada en billetes de 50 y 100 mil pesos con el mismo número de serie.

El comandante del Departamento de Policía en Caquetá, coronel Julio Guerrero, aseguró que el sujeto quiso aprovechar la madrugada para distribuir el dinero en algunos locales comerciales nocturnos en el sur de la ciudad.

“Gracias a la acción de los policías del cuadrante, se logró evitar que varios comerciantes fueran afectados por este comportamiento tipificado por el Código Penal como tráfico de moneda falsa. El capturado, junto con el dinero, fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito antes mencionado”.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que informen oportunamente cualquier situación o persona sospechosa que deambule por el sector e intente generar afectaciones a los derechos de las familias de la capital de Caquetá.

Gracias a los controles de la Seccional de Tránsito y Transporte, en el sector del Caraño, en la vía que conduce desde la ciudad de Florencia a Neiva, un hombre y una mujer que se movilizan en una motocicleta de alto cilindraje fueron capturados portando un arma de fuego ilegal tipo revolver, dos armas traumáticas modificadas, cargadores, munición, material de intendencia, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y panfletos citatorios alusivos al Bloque Sur Columna Móvil Alfonso Cano de las Farc, Ejército Bolivariano.

El coronel Julio Guerrero, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, explicó que estas personas ingresaban a la capital caqueteña por la antigua vía que conduce al vecino departamento del Huila para evadir los controles de las autoridades.

“Allí fueron sorprendidas por uniformados de la Policía de Tránsito y del Ejército Nacional. Al registrar a la pareja, les hallaron las armas y demás elementos que serían usados para generar extorsiones y delitos que afectan la libertad, vida, honra y bienes de las comunidades”.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Al finalizar las audiencias, un Juez de la República les dictó medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario”.

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