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Con el fin de fortalecer las acciones de promoción de la salud en las comunidades vulnerables de Caquetá, la Gobernación implementa por estos días la estrategia ‘Entornos Saludables’, la cual está inmersa en la Dimensión de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Departamental y que busca cambiar los hábitos actuales para generar nuevos y, de paso, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la región.
Yamileth Páez Pulido, encargada de esta estrategia, explicó que para lograr dicho objetivo se han focalizado diez municipios en los que se crearán Redes de Entornos Saludables. 
“Con las redes de entornos saludables se busca involucrar a las instituciones gubernamentales que trabajan en las poblaciones para actuar en pro de la salud y así ‘montarlos en el bus de la salud’. Tenemos focalizados entornos específicos como la vivienda, el entorno escolar, el entorno comunitario e institucional”.
Igualmente sostuvo que se creó la línea de ‘Escuelas Saludables’, la cual busca educar a los docentes en salud para que éstos hagan lo mismo con sus alumnos y, a su vez, los menores repliquen lo aprendido con sus padres, idea que se adelanta desde hace meses en varias instituciones educativas rurales.
“Lo que queremos, básicamente, es la sensibilización de las comunidades sobre la importancia de tener hábitos de alimentación saludable, manipulación de alimentos, lavado de manos, actividad física, no al alcohol y al tabaco, saneamiento básico, agua potable y residuos sólidos”.
Finalmente dijo que, aunque los resultados con la aplicación de dicha estrategia no son cuantitativos sino cualitativos, se pretende que una vez se avance en la sensibilización de la población se disminuyan las enfermedades crónicas no trasmisibles como la diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso y algunos cánceres, así como patologías de tipo parasitarias.
 
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En el marco de la Operación Neptuno, tropas de la Brigada Móvil 9 del Comando Específico del Caguán, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y en coordinación con el Gaula Militar en Caquetá, el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial, ocuparon cinco fincas ubicadas en San Vicente del Caguán con fines de extinción de dominio debido a que pertenecerían a la disidencia del frente 62 o Yarí de las Farc, el cuales de alto valor estratégico para la guerrilla debido a que es el articulador de los llamados Bloques Sur y Oriental, además de ser el encargado de aterrorizar a la población civil en la convergencia de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.

Fuentes castrenses consultadas por www.caquetaaldia.con aseguraron que dichos predios tienen un valor total de 2.230 millones de pesos

 “Se trata de las fincas La Báscula, ubicada en área rural de San Vicente del Caguán y la finca La Porcelana, la cual tiene un área cercana a las 50 hectáreas y, en conjunto, un valor aproximado a los 1.500 millones de pesos”.

Así mismo, esta casa editorial pudo establecer que se decomisó una casa ubicada en un terreno baldío, otra finca pequeña y una más llamada La Avioneta.

“Para el caso del predio denominado La Avioneta, está ubicada en área rural de San Vicente del Caguán y éstas tres propiedades suman 227 hectáreas, las cuales ascienden a los 730 millones de pesos”.

La misma fuente recordó que con este resultado operacional se logra afectar ostensiblemente las finanzas de las disidencias del frente 62 de las Farc.

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Hoy jueves, a las 10 de la mañana, el gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, le entregará a la Fuerza Pública local 29 motocicletas para reforzar la seguridad en la región.

La secretaria de Gobierno Departamental, Marta Rocío Ruiz Arenas, sostuvo que 14 de ellas son para la Policía y las 15 restantes para el Ejército, elementos en los que se invirtieron cerca de 252 millones de pesos.

“Dando cumplimiento al plan de gobierno y en apoyo a la Fuerza Pública, se van a entregar 29 motocicletas de alto cilindraje con el fin de ayudar a contrarrestar algunos delitos que se presentan en Caquetá”.

Agregó que, además, se lanzará un plan de seguridad que será implementado con este nuevo parque automotor.

“Se invirtieron 524 millones en las 29 motos y esperamos que tanto la Policía como el Ejército estén atentos para que estos elementos sean de verdad una herramienta efectiva para fortalecer y dar seguridad a la población del departamento”.

Ruiz Arenas recordó que la dirección territorial de Fiscalías también recibirá, en los próximos días, dos carros para apoyar las áreas de investigación de los casos que se presentan en el Caquetá.

“Por estos días estamos también consiguiendo los recursos necesarios para entregar un número significativo de cámaras de seguridad que serán instaladas en Florencia y algunos municipios de la región”.

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En días pasados, un grupo de 14 profesionales de la salud pertenecientes a la ESE Fabio Jaramillo Londoño fueron retenidos por cerca de cinco días en área rural de Solano cuando se disponían a cumplir con las labores propias de su oficio.
Así lo dio a conocer el médico Willibaldo Rodríguez Figueroa, gerente de entidad prestadora de salud en mención, quien aseguró que las denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades competentes.
“Desafortunadamente para nuestro trabajo y para las comunidades que iban a ser beneficiarias de estos servicios, en una acción desatinada, se tomó la decisión de retener a 14 funcionarios junto con los equipos médicos y la ambulancia de Solano. Aunque esta situación ya se subsanó, es preocupante que este tipo de hechos se presenten”.
La idea era llegar hasta el Araracuara para cumplir con una jornada de salud que se había programado, pero ésta fue pospuesta por la retención.
“Ya las actividades se hicieron, las comunidades que iban a ser beneficiadas con estas acciones en salud ya recibieron la atención, los medicamentos y las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC”.
Rodríguez Figueroa, al ser consultado sobre los autores de este suceso, dijo que está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades con base a unos vídeos y audios recolectados.
“Ya se colocaron las denuncias. No hubo lesiones físicas, pero sí hubo lesiones verbales, amenazas, retención de equipos y, además, la psicóloga decidió no acompañarnos más por temor. La información que tengo por parte de la directora de la IPS de Solano era que, dentro del grupo de victimarios, había población civil y algunos funcionarios públicos, lo cual es producto de la desinformación que hay sobre lo que se pretende hacer”.
Finalmente recordó que hay un desconocimiento por parte de un grupo de habitantes de Solano que no han entendido que es el PIC, que es POS, qué hacen los funcionarios de ETV y la misión real de la ESE Fabio Jaramillo con la sociedad.  
 
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Con el objetivo de formar a los vacunadores del departamento en la técnica de aplicación de la vacuna inactiva de polio fraccionada para menores de un año, la Gobernación de Caquetá inició un ciclo de formación con el apoyo del Ministerio de Salud y la Protección Social.  

James Galeano Martínez, director de Salud Pública regional, aseguró que con esta iniciativa se pretende dar los conocimientos necesarios para, posteriormente, llegar a unos 8.000 menores de la región.

“En el taller participan Edgar Adrián Hitscherich, gerente de la ESE Rafael Tovar Poveda, y 42 coordinadores y vacunadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, de los municipios de Curillo, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Solita y Valparaíso. Iniciamos la formación en la implementación del uso de esta dosis en el esquema nacional en la localidad de San José del Fragua y, en esta oportunidad, contamos con la dirección de Marta Eugenia Marín, consultora PAI del Ministerio de Salud”.

El funcionario enfatizó en que la idea es lograr que el personal de salud de las IPS públicas y privadas de la región conozcan el nuevo esquema para la aplicación de la dosis fraccionada de polio.

“Este ejercicio lo realiza el Ministerio de Salud en todo el país y en el Caquetá culmina este 2 de noviembre con la formación a los vacunadores y coordinadores de las ESE Hospital María Inmaculada, Hospital Comunal Malvinas y las IPS públicas y privadas de Florencia, La Montañita, Morelia, Milán y Solano”.

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Tras ser escuchado en el Concejo de Florencia en el marco de un debate de control político, cursa contra el secretario de Educación Municipal, Jhon Schneider Vargas, una moción de censura por las recurrentes imprecisiones y mentiras presentadas durante el informe.

El concejal Diego Mauricio Arias Murcia aseguró que ayer inició el proceso para, si es preciso. apartarlo del cargo.

“Las preguntas que se le hicieron en el cuestionario fueron muy precisas. Once Concejales votamos positivo a la moción porque no estamos satisfechos con las respuestas. Nos preocupan varios temas como el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en lo que respecta al Plan Mundial de Alimentos porque se viene haciendo lo que se quiere”.

Agregó que a la Administración, desde la Corporación, se le había advertido que no se podía contratar la alimentación con el Plan Mundial de Alimentos porque tienen inmunidad diplomática y, por eso, no se les puede pedir información.

“Aunado a esto, está la contratación con las señoras que reparten la alimentación, lo cual es grave porque son personas que les pagan 6.000 pesos el día. El Secretario dice que no son responsables, pero sí lo son porque tienen una responsabilidad compartida al ser recursos públicos del Estado y deben ser supervisados, en este caso, por la Secretaría”.

Así mismo, hay supuestos inconvenientes con el transporte escolar, ya que las comunidades se han quejado de la prestación del servicio.

“La gente nos cuenta que los niños no están siendo transportados en las mejores condiciones, van con sobre cupo, va mucho niño de pie y a veces no los recogen en el horario que debe ser”.

Arias Murcia enfatizó en que el jefe de la cartera educativa de Florencia fue al recinto a “mentir”; razón por la cual, se adelantó el proceso de la moción de censura.

“El Secretario ha venido a mentirle a la Corporación. Él tiene derecho a su debido proceso y así se aplicará. Después de haber radicado la moción, tiene 10 días para hacer los descargos y, dependiendo de las respuestas, aplicará la moción positiva o negativamente para ser retirado del cargo o no”.

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A través de la Directiva 037 de 2017, el Ministerio de Defensa impartió las directrices necesarias al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de la Policía para atacar las disidencias de las Farc en Caquetá, Meta y Guaviare, departamentos en lo que tiene su jurisdicción la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional.

En el documento, firmado el pasado 26 de octubre por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se caracterizan aquellos grupos integrados por sujetos antes pertenecientes a las desaparecidas Farc como Grupo Armado Organizado, GAO, residual y le brinda a la Fuerza Pública el marco jurídico para hacer uso de todos los instrumentos legales en la lucha contra éstos en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

Igualmente establece conceptos claros y conforme a los estándares internacionales e imparte directrices al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de la Policía, de denominación de las amenazas y el uso de la fuerza, los cuales garantizan la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones.

“El documento fortalece el trabajo conjunto, coordinado e inteligencial que le permitirá a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional actuar de manera contundente frente a las nuevas estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y que afectan la seguridad de los colombianos constituyéndose en una amenaza a la estabilidad”, explicó el Ministerio a través de un comunicado de prensa.

De hecho, la Directiva asigna como Objetivos de Alto Valor Estratégico a los cabecillas de GAO residual a Miguel Santillana Botache, alias ‘Gentil Duarte’; Gener García Molina, alias ‘John 40’; y Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

Dentro de la caracterización de Grupo Armado Organizado actualmente se encuentran el Clan del Golfo, Los Puntilleros, Los Pelusos y ahora el GAO residual.

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Luego de varios meses de labores en el Caquetá, la Unidad de Restitución de Tierras, URT, ha comenzado una serie de acciones que permitirán implementar la política de restitución en zona montañosa de los municipios de Puerto Rico, Doncello, Paujil, Florencia, La Montañita, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.

Estas acciones permitirán que en el 2018 la URT realice dos jornadas móviles de atención al usuario, ya que los sitios antes mencionados no cuentan con un número significativo de solicitudes, jornadas que contarán con el apoyo del Ejército Nacional y las Alcaldías locales en los corregimientos de Ciudad Yarí, San Juan de Lozada, Remolinos del Caguán y Peñas Coloradas.

La primera jornada será llevada a cabo los días 17 y 18 de noviembre en Cartagena del Chairá. Durante estos dos días, funcionarios de la URT en Caquetá se desplazarán hasta el lugar para recibir las solicitudes de las personas victimizadas desde 1991 en adelante y quienes fueron obligados a vender o a abandonar sus tierras a causa del conflicto armado en Remolinos del Caguán y Peñas Coloradas.

La segunda jornada será ejecutada en San Vicente del Caguán los días 24 y 25 de noviembre para recibir solicitudes de las víctimas de Ciudad Yarí y San Juan de Lozada.

Cabe recordar que para presentar la solicitud no hay un requisito específico, más allá de la cédula de ciudadanía original. Sin embargo, se recomienda que alleguen todos los documentos que las personas tengan en su poder como, por ejemplo, el documento con el que adquirió el predio o con el que lo vendió.

Si no cuentan con esos documentos, es bueno llevar una certificación de vecindad expedida por la Junta de Acción Comunal, el registro del predio en el ICA o algún documento que nos permita establecer cómo se vinculó con el predio.

Así mismo, es importante llevar el registro civil de nacimiento de los hijos y el documento de identificación de la pareja. 

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Luego de una reunión que duró cinco horas, la Administración de Florencia llegó a un acuerdo con los líderes del paro de transportadores que se desarrollaba desde ayer en la capital de Caquetá.

El alcalde encargado, Franklin Benavides, explicó que desde las 7:00 de la mañana se concentraron las negociaciones en el despacho, las cuales contaron con la intercesión del comandante del Departamento de Policía, coronel Javier Navarro Ortiz, y delegados de la Cámara de Comercio de Florencia.

“Finalmente llegamos a un acuerdo que permitió levantar el paro y desbloquear las vías. Uno de los compromisos es retomar el decreto que prohíbe el parrillero en algunos sectores de la ciudad y estudiar la implementación del taxímetro”.

Agregó que dicha restricción está supeditada a la firma del convenio con la Policía para que los uniformados puedan proceder como es, aunque reconoció que el mandatario titular, Andrés Mauricio Perdomo, está en Bogotá aligerando el trámite.

“En cuanto al taxímetro se harán los estudios pertinentes porque esta medida no es algo que se vaya a implementar a la ligera. El 10 de noviembre es el plazo para para cumplir los compromisos establecidos en la mesa de diálogo”.

De otro lado, Isaías Galindo, vocero de los taxistas, enfatizó en que el sector que él lidera se hizo sentir ante el abandono en el que la Administración los tiene y, de paso, reconoció estar satisfecho con los acuerdos.

“Queremos que esto le sirva de experiencia a la Alcaldía para que sepa que el gremio existe. Estamos satisfechos con los acuerdos, pero les haremos seguimiento y esperamos que sigamos trabajando en equipo”.

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Inconformes se encuentran las 2.000 familias campesinas de San José del Fragua que sembraron cultivos de uso ilícito porque, pese a que firmaron la sustitución, el Gobierno Nacional ha incumplido lo pactado.

El personero municipal, Hervi Abello Horta, aseguró que dicha firma se hizo el pasado 8 de julio entre la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, en cabeza de Eduardo Díaz Uribe, y los labriegos, pero hoy la desazón es total.

“En este momento los habitantes que son cultivadores de hoja de coca, y ante el proyecto de ley que hay radicado en el Congreso para disminuir las penas en lo que tiene que ver con las 3.8 hectáreas de cultivos ilícitos, están inconformes porque ellos son los más interesados en cumplir con el acuerdo de sustitución, pero el incumplimiento ha generado una desconfianza total”.

Al ser consultado sobre las formas de obtener recursos por los campesinos ahora que no tienen los cultivos ilícitos, Abello Horta recordó que en este momento todavía no se ha erradicado de forma voluntaria ni un metro cuadrado.

“No se ha erradicado precisamente por el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional a través de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas. Se espera que haya un cumplimiento para empezar esas erradicaciones. La misma comunidad que siembra estos cultivos son los más interesados en ejecutar los acuerdos, pero no se ha podido”.

 

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