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Más de 1.400 dosis se aplicaron en la Cuarta Jornada Nacional de Vacunación ‘Día de Ponerse al Día’ que se realiza por estos días en el departamento de Caquetá, especialmente durante su lanzamiento en la inspección de Río Negro del municipio de Puerto Rico.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud Departamental, Tito Méndez Madrid, quien explicó que a este lugar llegó el equipo interinstitucional de su oficina junto con la ESE Sor Teresa Adelante y la Alcaldía Municipal para brindar atención a las comunidades de este sector.

“Efectivamente se aplicaron 1.476 dosis y se logró iniciar y/o completar el esquema de vacunación a los menores de seis años, mujeres en edad fértil, mujeres gestantes, niñas entre los nueve y 17 años y personas mayores de 60 en cada uno de los municipios del departamento”.

De acuerdo con el funcionario, en Rio Negro se realizaron además consultas de medicina general, odontología, crecimiento y desarrollo, citologías, tamizaje visual para detección de traquiasis tracomatosa, desparasitación y vacunación.

“La Administración Departamental trabaja en articulación con las instituciones, actores y sectores relacionados con el programa para llegar a todos los rincones del Caquetá con el único fin de garantizar el derecho a la vacunación a toda la población”.

De paso, Méndez Madrid recordó que en cada jornada se realiza la estrategia del barrido casa a casa con especial énfasis en las zonas rurales dispersas para lograr la cobertura que exige el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Material de guerra y explosivos ocultos en un lugar boscoso del corregimiento Lusitania, vereda Miravalle en el municipio de Puerto Rico, halló la Fuerza Pública en las últimas horas.
El coronel Andrés Becerra, comandante encargado del Departamento de Policía en Caquetá, sostuvo que la información llegó a las autoridades gracias a la comunidad.
“Gracias al servicio profesional y cercano al ciudadano que ejecutamos a diario nos permitió mitigar el accionar terrorista de los grupos al margen de la ley. En un trabajo coordinado con la Brigada Móvil N 27 del Ejército Nacional, se logró ubicar e incautar un material de guerra y explosivos, los cuales se encontraban en un lugar boscoso del área rural de Puerto Rico, asegurando así que ningún uniformado o civil fuera víctima de estos elementos”.
 
 
Agregó que una vez se recibieron estos datos, la Sijín adelantó las acciones necesarias, junto con el Ejército, con el fin de verificarlos. Al llegar al sitio indicado, se despliega el operativo cumpliendo los protocolos de seguridad y, tras una inspección, se logra el hallazgo.
“Había seis recipientes plásticos que contenían en su interior 18 kilos de anfo, 10 granadas de fragmentación M16, 365 cartuchos calibre 5.56 milímetros, 121 cartuchos eslabonados calibre 7.62 milímetros, cuatro proveedores para fusil AK 47, un proveedor para fusil 5.56, una pistola Prieto Beretta y un proveedor para la misma, tres radios de comunicación con sus respectivas baterías y antenas y dos radios escáner sin serie ni marca con sus respectivas baterías y antenas”.
De acuerdo con el oficial, con todo este arsenal y según las investigaciones se quería atentar contra de la Fuerza Pública y causar terror en la comunidad.
 
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El pasado 29 de junio la Alcaldía de Puerto Rico firmó un contrato de suministros por un valor de 1.086 millones de pesos que, según la denuncia hecha por el Personero Municipal, tendría supuestos sobrecostos; razón por la cual, denunció el hecho ante la Contraloría de Caquetá.
De esta manera, el jefe del ente de control fiscal, Eduardo Moya Contreras, se puso a la tarea de investigar y, al parecer, sí hay tales sobrecostos.
“Enviamos la solicitud al alcalde Hernán Bravo para que haga una renegociación de los ítems que se presentaron con sobrecosto en estos dos meses de investigación del contrato realizada por la Contraloría, el cual asciende a los 133 millones 740 mil pesos, reconociendo que no se pudo auditar todo el contrato porque los comerciantes no cotizaron todos los elementos respectivos”.
Al ser consultado sobre qué presuntas irregularidades se encontraron, Moya Contreras dijo que en una revisión que se hizo a los 144 ítems se estableció que muchos de ellos, a simple vista, tenían un costo muy alto.
“Es el caso de una libra de arroz que en Puerto Rico cuesta 1.500 pesos y se factura a 2.560 pesos, el bulto de cemento de 27 mil en ese municipio fue facturado a 37 mil, pero el proceso inició mal desde la parte precontractual porque no se hizo un estudio del sector ni del mercado”.
Así mismo explicó que las cotizaciones de vehículos y motocicletas no eran de concesionarios sino de personas particulares y que el proveedor contrató esta suma por una subasta inversa, lo cual no dio pluralidad de oferentes.
En la notificación enviada al mandatario se le pide que renegocie el contrato y se recuperen los 133 millones de pesos. 
“Para tales gestiones se concede un plazo improrrogable de ocho días hábiles. Si vencido tal término persiste el contrato de suministro en los términos iniciales, se entenderá tácitamente que no se ha aceptado lo solicitado por la Contraloría y, por tanto, ésta procederá de acuerdo a lo señalado por la Constitución y la ley”.
 
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Labores de inteligencia junto con la información aportada por la comunidad permitieron que la Policía Nacional destruyera cuatro laboratorios rústicos para el procesamiento de estupefacientes e incautara cerca de seis mil gramos de base de coca.
El coronel Jairo Merchán, comandante encargado del Departamento de Policía en Caquetá, explicó que los hechos se presentaron en el municipio de Puerto Rico.
“Al área rural de la vereda La Estrella, en Puerto Rico, llegaron los funcionarios de la Compañía Antinarcóticos de la Policía con el apoyo del Ejército Nacional para, mediante orden de registro y allanamiento a los inmuebles de este sector, ubicar y destruir cuatro laboratorios rústicos para el procesamiento de estupefacientes, los cuales estaban fabricados en estructuras de madera con techos de zinc”.
Allí, según el oficial, se encontraron 5.951 gramos de base de coca en solución, 335 galones de gasolina corriente, cinco galones de ácido sulfúrico, seis kilos de soda caustica, 35 kilos de cal, 50 kilos de cemento, 140 kilos de hoja de coca, una fumigadora de espalda y una pesa, elementos avaluados en 16 millones de pesos.
Y aunque en el lugar no se presentaron capturas, el coronel Merchán recordó que los elementos encontrados fueron destruidos y las diligencias judiciales quedaron a disposición la Fiscalía 16 seccional de esta localidad por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles y tráfico de sustancia para el procedimiento de narcóticos.
 
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Dos personas que estaban extorsionando por 1.500 millones de pesos a un ganadero de Puerto Rico, fueron capturadas en las últimas horas por las autoridades de Caquetá.

Según el brigadier general César Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército, en un trabajo conjunto con la Policía y el CTI, se detuvieron a estas personas que, además, portaban una pistola 9 mm.

“La víctima es un ganadero que posee una finca grande en la vereda Caimancito del municipio de Puerto Rico. Gracias a fuentes de la Red de Aliados para la Prosperidad y el trabajo de inteligencia del Gaula de la Policía, se logró conocer cómo se iba a hacer, aparentemente, la entrega de estos recursos y es ahí cuando llega el Gaula Élite del Ejército con la Policía para hacer las capturas”.

Según el alto oficial, los hoy detenidos no hacen parte de un parte de una organización al margen de la ley sino de delincuencia común que tienen injerencia en las poblaciones de San Vicente del Caguán y Puerto Rico.

“Puede ser que haya más víctimas de estos sujetos pero a la gente le da miedo denunciar. Pensamos que con estos resultados, la población civil empieza a tener más confianza y pone en conocimiento de las autoridades este flagelo”.

Al ser consultado sobre si la presencia de bandas delincuenciales ha aumentado en Caquetá luego del anuncio de las Farc sobre cesar la extorsión el Brigadier General explicó que no, aunque no se descarta que algunos hayan llegado a la región a ‘pescar en río revuelto’, como se dice coloquialmente.

“Ese es uno de nuestros objetivos: la caracterización, mirar quiénes están haciendo eso y por ellos trabajamos con todas las entidades del Estado, especialmente de inteligencia”. 

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Una grave denuncia hizo un empresario del Huila al diario La Nación de la ciudad de Neiva. Se trata de las extorsiones que aún deben pagarle a las Farc en el municipio de Puerto Rico, norte del Caquetá.
La víctima, quien prefirió omitir su verdadera identidad, le dijo a este diario que es falso que la guerrilla haya cesado con este flagelo.
“No es cierto que por los diálogos de La Habana, ellos hayan dejado de extorsionarnos a muchos aquí en el departamento”, explicó Santiago* al tiempo que dio a conocer su deseo de abandonar la región porque teme no sólo por su vida sino también por la de su familia y que sólo contesta llamadas en su celular de números conocidos.
Así mismo, Santiago* dijo que conoce casos de muchas personas del vecino departamento que se dedican a diferentes actividades y que le están pagando extorsiones a las Farc en área limítrofe de Caquetá y Huila.
En su caso, debe hacer en Puerto Rico, lugar hasta donde se desplaza un familiar de su confianza para hacer el respectivo pago. Esta situación, según el diario La Nación se presenta desde el año 2006 cuando el denunciante inició un negocio y empleaba a 12 personas.
Fue ahí cuando recibió una llamada de un hombre que dijo pertenecer al frente Joselo Losada de las Farc. 
“Le dije que si quería que mandaran a alguien a la oficina porque yo era solo un administrador de un negocio cuyos dueños eran varios. Denuncié el hecho en el Gaula del Ejército, ellos interceptaron las llamadas e hicieron seguimiento. La primera entrega de dinero falló porque se dieron cuenta y no se volvieron a comunicar. A los pocos días, cuando iba para un centro comercial aquí en Neiva, me abalearon el carro pero no pasó nada”.
Luego apareció alguien llamado Enrique, quien sostenía que era integrante de la columna móvil Teófilo Forero Castro y, de una vez, le pidió la cuota.
“Me iban a secuestrar. Descubrimos que ahí mismo en el edificio, una de las celadoras y otros empleados estaban planeando todo para secuestrarme”.
Y así, Santiago* le cuenta a este reconocido medio de comunicación lo que ha sido su vida desde hace 10 años para acá, tiempo en el que ha tenido que enviar un emisario a Puerto Rico para que cancele la cuota que la guerrilla le impone desde el 2012 cada vez que así lo deciden los insurgentes.
“Esta persona viaja corriendo peligro, llega allá, ya sabe lo que tiene que hacer, se contacta con la gente y paga. Una vez, hace tres años casi cae en un operativo del Ejército”.
 
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Cerca de 177 cartas de indemnización a víctimas del conflicto, representadas en 1.300 millones de pesos, se entregaron en Florencia en días pasados.
María Dolores Sanabria, coordinadora en Caquetá de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, aseguró que estas jornadas se vienen haciendo cada mes.
“La gran mayoría son de Florencia porque es el municipio que ha sido mayor receptor de población víctima, pero de todos los 15 restantes municipios también hay víctimas a las que se les está entregando su carta de indemnización”.
Según la funcionaria, los hechos más victimizantes reparados son la violencia sexual, el homicidio, la desaparición y, por su supuesto, el desplazamiento forzado.
“Este es un derecho primero que todo de las víctimas y es uno de los cinco elementos que componen la reparación integral y es, de paso, un cumplimiento también del Estado para con la población víctima. También tenemos otros elementos como son la rehabilitación y para ello, como prueba piloto en Caquetá, se ha adelantado la estrategia de recuperación emocional grupal con 70 mujeres de la cárcel El Cunduy que son víctimas”. 
Sanabria recordó que su entidad realizó también en San José del Fragua una jornada masiva de atención, evento al que asistieron 500 personas y, en los próximos días, la harán en Puerto Rico.
 
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Este jueves y viernes se realizarán en Caquetá unas mesas de trabajo referentes a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El alcalde de Puerto Rico, Hernán bravo Molina, aseguró que hace cuatro meses aproximadamente se inició este proceso, el cual ha tenido aceptación entre los campesinos.
“Vamos a socializar y evaluar los avances que hemos tenido. Hemos involucrado a la Fuerza Pública, a los campesinos cultivadores de coca, a la empresa privada, a todos los estamentos porque creemos y consideramos que con la articulación de la institucionalidad y la sociedad civil podemos enfrentar esta problemática tan grave”.
Agregó que lo más importante ha sido el inventario voluntario que se hizo de estas plantaciones, el cual arrojó un total de 1.744 hectáreas, situación que ha merecido un análisis exhaustivo.
“No sólo es conocer qué cantidades existen sino también cuáles son las alternativas de solución que se les dará a las comunidades para que, de verdad, se genere una sustitución voluntaria porque ellos lo tienen como un medio de subsistencia para poder subsanar temas de alimentación, educación y demás”.
Bravo Molina enfatizó en que la misma población quiere acceder a un acuerdo pero también hay que presentarles unas alternativas donde ellos puedan tener cultivos lícitos como de cacao, café, plátano y otros para su subsistencia.
“Estamos trabajando en unas iniciativas importantes para decirle a los campesinos que erradiquen y sustituyan por economías lícitas para el desarrollo agropecuario de Puerto Rico”.
Finalmente dijo que esas 1.744 hectáreas de cultivos de coca también son 1.744 hectáreas de deforestación y de daño ambiental.
 
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Una motocicleta marca Bajaj línea Bóxer CT 100, modelo 2016, color negro y avaluada en dos millones 500 mil pesos, fue recuperada por la Policía en las últimas horas debido a que había sido hurtada el pasado 10 de junio en el municipio de El Paujíl y era requerida por las autoridades judiciales.
Así lo dio a conocer el coronel Miguel Ángel Botía Murillo, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, al entregar un balance de los últimos resultados obtenidos por la institución.
El alto oficial recordó además que en la ciudad de Florencia, exactamente en el barrio La Consolata, mediante información suministrada por la comunidad a través de la línea de emergencia 123, se logró la captura de un hombre de 23 años de edad que se movilizaba en una motocicleta y fue sorprendido hurtando, a través del raponazo, un bolso color café que en su interior contenía dos billeteras con documentos personales y un celular marca LG, elementos avaluados en 465 mil pesos.
“Así mismo en Puerto Rico, en la vía que conduce a San Vicente del Caguán, personal del Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo detuvieron a un hombre de 78 años de edad que era requerido por las autoridades por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y que ya fue dejado a disposición de la Fiscalía 17 Seccional”.
De otro lado, en flagrancia fue aprehendido Arley Gutiérrez Camargo, de 35 años de edad, quien fue sorprendido cuando se encontraba en una vivienda, aprovechando que estaba sola, y se disponía a robar algunos enseres, los cuales tienen un valor cercano al millón y medio.
“Personal de la Estación de Policía de San Vicente del Caguán aprehendieron a este sujeto que ingresó al lugar para, de manera arbitraria, cometer el ilícito. Tanto el hombre como los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 16 local por el delito de hurto. Allí, tras las audiencias de rigor, le dictaron medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario”.
 
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Esta semana Ecopetrol reiniciará las operaciones de adquisición de datos geofísicos del proyecto Cardón 2D que se realiza en los municipios de Puerto Rico, El Doncello, La Montañita y El Paujil.

Así lo dio a conocer la entidad a través de un comunicado de prensa en el que, de paso, hace un llamado para que se privilegien los canales de diálogo y la concertación.

“Se hace necesario que se respete el derecho a ejercer las actividades contempladas en el proyecto que busca establecer la existencia de hidrocarburos en el territorio. Para adelantar sus operaciones, la Empresa ha sostenido desde el inicio del proyecto relacionamiento con autoridades locales y regionales, a quienes se les ha pedido que sean garantes y veedores de la actividad y del relacionamiento con la comunidad”.

Igualmente en el documento se explica que ha habido encuentros, en los últimos días, con la Gobernación de Caquetá, la Secretaría de Gobierno Departamental y las Alcaldía de los municipios antes mencionados.

“De igual manera se han realizado reuniones con las Personerías de los cuatro municipios, quienes han propuesto la creación de veedurías locales que ejerzan como mecanismo de control social y participación ciudadana.

“Estas reuniones también buscan un común acuerdo entre autoridades y población para concretar el Programa de Beneficio a las Comunidades de acuerdo con los Planes de Desarrollo Municipal. Ecopetrol reitera su disposición para asistir a los escenarios que se sean necesarios para atender los requerimientos de información y demás solicitudes que surjan por parte de las autoridades locales y las comunidades con el fin de resolver las inquietudes que surjan sobre la ejecución del proyecto”.

El estudio Cardón 2D se ejecuta con altos estándares ambientales y sociales, hace parte de un convenio firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y responde a la misión que la entidad tiene como empresa nacional de petróleos de identificar los recursos de petróleo y gas para la sostenibilidad energética y el bienestar de los colombianos.

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