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El Juzgado Tercero Civil Municipal le ordenó al alcalde de Florencia,Andrés Mauricio Perdomo, pagar seis meses de cárcel y seis salarios mínimos legales vigentes por el desacato a un fallo emitido por la Corte Constitucional en el 2014 respecto al desalojo de unos predios ubicados en la Ciudadela Habitacional Siglo XXI, lugar en donde se iban a construir unas viviendas de interés social y que fue invadido en la administración de Gloria Patricia Farfán.

Aunque es en primera instancia la decisión, el juez consideró que el mandatario, como representante legal del Municipio, no amparaba los derechos fundamentales a Ana Milena Reina Caicedo, quien instauró inicialmente la tutela.

www.caquetaaldia.comconoció que el Alcalde apelará este fallo para evitar ir a la cárcel mediante los recursos que la misma ley le otorga, dado que esta problemática se presenta desde el gobierno de María Susana Portela.

“El señor Alcalde podrá solicitar una revisión en grado de consulta ante el superior del Juez, ya que las entidades públicas tienen esa seguridad jurídica”, explicó un abogado consultado para tal fin.

El Juzgado Tercero Civil Municipal solicitó además a la Procuraduría General de la Nación investigar si Perdomo Lara incurrió en faltas disciplinarias y pidió al gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, la suspensión provisional del burgomaestre con la finalidad de hacer efectivo el fallo.

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En segunda instancia fue ratificada la medida de aseguramiento proferida en contra de la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela Lozada, su esposo, dos de sus Secretarios de Despecho y diez Concejales de la ciudad, quienes fueron capturados el pasado 30 de julio por supuestos actos de corrupción cometidos contra la función pública.

En su momento, el fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción les imputó la presunta comisión de los delitos de cohecho por dar y ofrecer, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito por la polémica aprobación de un empréstito por un valor superior al permitido; razón por la cual, fueron enviados a la cárcel, decisión que fue apelada y confirmada en las últimas horas.

Frente a esta situación, será la gobernadora del Caquetá, Marta Liliana Agudelo Valencia, cuando sea notificada de esta determinación, quien designe a un Alcalde mientras que el Partido de La U le envía una terna para que se escoja el mandatario que termine el periodo constitucional para el cual Portela Lozada fue elegida.

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Para este lunes a las 4:00 de la tarde se tiene previsto llevar a cabo la audiencia de acusación contra la alcaldesa de la capital de Caquetá, María Susana Portela, por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de 79 viviendas de interés social en un predio aledaño a la Ciudadela Habitacional Siglo XXI.

Por esta razón, la Juez Segunda Penal del Circuito de Florencia, ordenó el traslado de la mandataria hasta esta ciudad ya que está recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en calidad de autora en concurso con los de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de servidor público en el sonado caso de los Concejales Municipales.

Fuentes consultadas por esta casa editorial aseguraron que la decisión se debió a que la ley establece que para este tipo de diligencias el imputado debe estar presente; razón por la cual, Portela Losada deberá comparecer a la sala que disponga el centro de servicios judiciales de los juzgados del circuito de Florencia, quien está siendo investigada porque como Alcaldesa no desplegó las acciones tendientes a desalojar a los ocupantes de un terreno en el que iban a hacerse unas casas para damnificadas por ola invernal.

De hecho, ya le habían ordenado desalojar a los invasores a través de un fallo de acción de tutela pero fue incumplido por parte de la Administración Municipal y, de paso, será llamada a juicio por el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en tanto que no revocó el negocio jurídico como representante del ente territorial.

Diego Rubiano Jiménez, apoderado de Portela Losada, dijo que como ese mismo día se tiene programada la audiencia de control de garantías en la que se definirá si la medida de aseguramiento que se le impuso en agosto pasado por otro proceso, fue ajustada, es probable que la diligencia de acusación sea aplazada.

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por un término de 12 años a María Susana Portela Lozada en su condición de alcaldesa de la ciudad de Florencia por las supuestas irregularidades presentadas en dos licitaciones públicas celebradas en el año 2013.

La primera licitación objeto de cuestionamiento es la 001 de 2013, cuyo objeto era la prestación de servicios de aseo, limpieza y cafetería para el edificio municipal e instalaciones donde funcionan la dependencias de la administración, con elementos de aseo y para las instituciones educativas del municipio sin elementos de aseo.

Dicho proceso licitatorio fue adjudicado por la mandataria, quien además suscribió el subsecuente contrato a pesar de que se establecieron condiciones que restringieron la libre concurrencia de oferentes, pues se exigió una sucursal o agencia abierta o inscrita en Florencia; lo cual, a juicio de la Procuraduría, no constituye un requisito justo, ni proporcionado a las necesidades de la entidad.

A su vez, en dicho proceso se exigió que la citada sucursal o agencia tuviera como mínimo seis años de antigüedad, requisito que a juicio del órgano de control, “(…) resultaría más censurable en la medida que el mismo no aportaría nada a la ejecución cabal del objeto del contrato”.

Respecto de la Licitación 002 de 2013, cuyo objeto era la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para el edificio municipal y demás instalaciones donde funcionan las dependencias y las diferentes instituciones educativas del municipio de Florencia, la Procuraduría estableció que, al igual que el caso anterior, se fijó una condición injustificada y restrictiva.

En este caso en concreto se pidió a los oferentes el certificado de matrícula en el registro mercantil de la agencia en la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, registrada al menos con 10 años de anterioridad al cierre del proceso, y la copia del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la que se autoriza la apertura de la agencia o sucursal de la empresa en Florencia con expedición al menos con 10 años de anterioridad al cierre.

Al respecto, el Ministerio Publico manifestó que Portela, en ejercicio de sus funciones como directora de la actividad contractual, pudo y debió haber adelantado las gestiones necesarias para modificar las condiciones restrictivas que fueron establecidas como requisito habilitante para participar en el proceso.

En la misma decisión, fueron absueltos René Emiro Sánchez Aldana y Olga Patricia Vega Cedeño, quienes fungieron como alcaldes encargados para la época de los hechos.

Finalmente el ente disciplinario advirtió que contra esta determinación de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. 

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Para ayer a las nueve de la mañana estaba programa la audiencia en la que el Juez 42 Penal del Circuito de Bogotá resolvería el recurso de apelación de la medida de aseguramiento decretada por la Juez Séptima Penal Municipal de la capital del país contra la alcaldes de Florencia, María Susana Portela; su esposo, Diego Luis Rojas; los dos ex secretarios de Despacho, Jair Díaz y Nancy Barreto, y nueve Concejales Municipales por supuestos actos de corrupción.

Dicha audiencia debió ser aplazada debido a que el Juez 42 Penal fue designado por el Tribunal Superior de Bogotá como escrutador en las pasadas elecciones del 25 de octubre; razón por la cual, no pudo instalar la diligencia.

Por ahora se desconoce la nueva fecha en la que se decidiría el futuro de los aprehendidos, quienes según las autoridades pactaron la autorización de un polémico endeudamiento de la ciudad de Florencia en una suma que asciende a los 20 mil millones de pesos, hecho que iba en contravía de todos los conceptos jurídicos y fiscales emitidos por las autoridades competentes para tal fin.

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Ante los rumores sobre el nombramiento del director del Icdt, Vicente Mora Duarte, como nuevo alcalde encargado de la ciudad de Florencia, esta casa editorial habló con la gobernadora de Caquetá, Marta Liliana Agudelo Valencia, sobre quien cae la responsabilidad de designar nuevo mandatario.

“Realmente tenemos una sociedad de rumores. Hasta ahora no se ha hecho nombramiento; pero, en el momento oportuno, cuando la norma nos dé la claridad expresa y los conceptos que estamos pidiendo nos otorgue las luces necesarias para actuar, generaremos el nombramiento respectivo”.

Agregó que no ha procedido debido a que ha elevado las consultas necesarias para tal fin y se encuentra a la espera de dichos conceptos.

“Ya se están dando las consultas en instancias como el Juez de Control de Garantías y el Ministerio del Interior, quienes me darán la claridad meridiana sobre el proceso a seguir por parte de la Administración Departamental, dado que a la fecha no hemos recibido notificación de la ejecutoria del proceso judicial”.

Agudelo Valencia explicó que mientras esto no suceda y mientras no tenga los conceptos jurídicos necesarios a la mano tanto para actuar o no, se abstendrá de actuar.

“Lo más conveniente y prudente es hacer las consultas necesarias para dar una solución en términos de legalidad y de la prudencia, lo cual debe caracterizar una actuación de esta magnitud”.

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Nuevamente el magisterio entrará en paro si la Gobernación de Caquetá y la Alcaldía de Florencia no se ponen al día con el incremento salarial correspondiente a este año y su respectivo pago.

José Omar Orozco, directivo de la Asociación de Institutores de Caquetá, Aica, dio a conocer que desde ayer realizan mítines en las plazoletas de estos dos edificios para mostrar su inconformismo con esta situación.

“Iniciamos ayer una serie de mítines reclamando de estos dos entes lo que tiene que ver con el pago del retroactivo salarial, ya que el Gobierno Nacional expidió los decretos desde el 26 y 27 de mayo respectivamente y, a la fecha, dos meses después, no ha sido posible la cancelación del mismo”.

Agregó que, por esta razón, las clases se verán afectadas dado que las autoridades competentes, al hacer caso omiso a la reclamación, desde la semana pasada están notificadas de la anormalidad académica.

“Nosotros le hemos notificado al Gobierno Departamental y Municipal, desde la semana anterior, que si no cancelaban habría anormalidad académica como efectivamente arrancó desde ayer”.

Orozco explicó que hoy y mañana los docentes locales realizarán nuevamente mítines en la puerta de la Alcaldía y la Gobernación, pero a partir del martes arrancan las movilizaciones por las calles de Florencia exigiendo la cancelación de la deuda.

“El llamado es que se pongan a tono con el país; dado que, de los 94 entes certificados que hay en Colombia, sólo cuatro no han pagado el incremento salarial. Los otros 90 ya lo pagaron, no entendemos por qué la demora máxime si la plata está en las arcas. Al magisterio del departamento se le debe desde el mes de enero al mes de mayo todo el incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional que equivale al 4.6%”.

 

 

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Ante los líos judiciales en los que está envuelta la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, la gobernadora de Caquetá, Marta Liliana Agudelo Valencia, deberá nombrar a un mandatario encargado cuando las autoridades competentes le notifiquen la suspensión del ejercicio de sus funciones como burgomaestre local.

“A la fecha no he recibido la ejecutoria del proceso, que es lo que me define a mí el marco de actuación. Seguimos a la espera de cualquier situación que se pueda presentar en el marco de la norma y de lo legal”.

Agudelo Valencia enfatizó en que no sabe cuándo se puede dar dicha notificación y, de paso, que desconoce el procedimiento y cómo se han venido dando las diferentes instancias judiciales que se han venido manejando.

“Inclusive hay unos procesos de apelación a que se tienen derecho, así que no podría decir cuándo se podría estar generando el nombramiento de un Alcalde encargado por parte de la Gobernación”.

Al ser consultada sobre la ingobernabilidad que se vive en Florencia, explicó que actualmente hay alguien en el cargo que está generando las diferentes actuaciones de gobierno y, por ende, administrando la ciudad con las facultades necesarias para tal fin.

“Esperemos que esto suceda y, a partir de ahí, se tomarán las decisiones pertinentes respecto al nombramiento que se debe hacer mientras el Partido de La U envía la terna para determinar quién debe culminar este periodo de gobierno”. 

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Tras conocerse que la Alcaldesa de Florencia y nueve Concejales de la ciudad fueron enviados a la cárcel por supuestos actos de corrupción, la pregunta que se generó fue sobre el futuro de estas personas en sus cargos.

Para el abogado constitucionalista William Sánchez Amaya, tanto la mandataria como los Ediles siguen ostentando la dignidad para la que fueron elegidos hasta que la Fiscalía General de la Nación decida lo contrario.

“Ellos continúan siendo Concejales y ella Alcaldesa porque a la luz del artículo 29 de la Constitución Política prima el principio del debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia. Mientras ellos no hayan sido condenados, se siguen presumiendo como inocentes, pero lo que pasa es que ya perdieron la oportunidad de acogerse a una sentencia anticipada”.

Así mismo explicó que todos irán a juicio, el cual puede durar uno, dos o tres años, pero será la Fiscalía la que decida su suerte.

“Ya se les dictó medida de aseguramiento, ahora toca esperar a que el ente acusador solicite, si tiene a bien, la suspensión del ejercicio de funciones tanto de la Alcaldesa como de los Concejales. Mientras esos oficios no se expidan, Portela Lozada sigue siendo mandataria de los florencianos y los Ediles mantienen su credencial”.

Sánchez Amaya recordó que los abogados de los capturados pueden ‘tumbar’ la decisión de la medida de aseguramiento en las apelaciones y que, según el caso, ésta podrá ser revocada, los detenidos renunciar a su curul o acogerse a beneficios; pero, al mismo tiempo, que hay un concepto del Consejo de Estado en el que se asegura que cuando quede más de una cuarta parte de los Concejales, como en este caso, pueden sesionar y deliberar.

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La Cámara de Comercio de Florencia, en ejercicio del control social a la actividad contractual de las entidades públicas, solicitó a la alcaldesa encargada, Leonilde Polo Chávarro, la terminación unilateral por causales de nulidad del convenio de apoyo suscrito con la corporación Gaia – Aqua para la implementación de programas especiales de educación para jóvenes y adultos.

Eduardo Moya Contreras, presidente de la entidad gremial, aseguró que dicha solicitud está sustentada en que el convenio adolece del vicio de nulidad absoluta que contempla el artículo 44, numeral 2º de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en los artículos 2, 4, 6, 23, 29, 40, 209, 270 de la Constitución Política.

“En la revisión jurídica, la Cámara encontró que se eludieron los procedimientos de selección objetiva y no se justificó un verdadero ánimo de cooperación que debe soportar este tipo de convenios”.

Igualmente se encontró que los aportes del Municipio, sobre los 5.415 millones 684.000 pesos, son del 90% y del cooperante apenas del 10%, lo que conlleva a presumir que la ejecución podría hacerse directamente por la Administración Municipal.

“Otros aspectos presentados tienen que ver con la idoneidad del cooperante, el costeo irregular de las actividades, los errores en la planeación del negocio jurídico y el desconocimiento de las nueve inconsistencias señaladas por la oficina de inspección y vigilancia de la secretaría de educación, previas al inicio del convenio”.

La solicitud de terminación unilateral de este convenio ya se había solicitado a la alcaldesa María Susana Portela desde el 22 de julio sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna.

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