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Soldados del Batallón de Infantería N 34 Juanambú, adscritos a la Décima Segunda Brigada del Ejército, en coordinación con técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional, lograron la ubicación de siete pimpinas de cinco galones que, al parecer, contenían un elemento que, por sus características, se asemejaría al anfo, sustancia química de alta potencia que sirve como componente explosivo para realizar minas antipersona o artefactos explosivos improvisados.

El teniente coronel Juan Carlos Urrego Villegas, comandante de esta unidad militar, explicó que el hallazgo se dio en el municipio de Valparaíso, sur de Caquetá.

“El material fue hallado en la vereda El Vergel, municipio de Valparaíso, donde las tropas localizaron cerca de 400 kilogramos de anfo. La sustancia fue destruida de manera controlada en el sitio por especialistas en manejo de estos explosivos”.

Agregó que dicha destrucción se realiza como resultado de la ofensiva que adelanta el Ejército Nacional contra grupos armados organizados que emplean este tipo de explosivos para afectar tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.

“En lo corrido del año 2024, cerca de 17 artefactos explosivos han sido ubicados y destruidos por tropas de la Décima Segunda Brigada”.

En el marco del Plan Ayacucho, los uniformados buscan proteger a la población de estas actuaciones delictivas y continuarán desarrollando operaciones militares que contribuyan a la estabilidad y seguridad del territorio

Unidades del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Júpiter, de la Sexta División del Ejército, lograron que un supuesto integrante de la Estructura 48, Comandos de Frontera, se sometiera a la justicia en la vereda Santa Rosa de Juanambú, municipio de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo.

El general Miller Vladimir Nossa Rojas, comandante de la Sexta División, explicó que el hombre, de 24 años, realizó su entrega voluntaria ante el Batallón de Operaciones Terrestres N 22 que cumple labores de seguridad y vigilancia sobre el área general del Putumayo.

“En el momento de la entrega, el individuo tenía en su poder un fusil AK – 47, cinco proveedores y material de intendencia, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente”.

De acuerdo con el alto oficial, el sujeto manifestó que decidió entregarse ante la unidad militar por la presión causada por el desarrollo de operaciones militares en el departamento de Putumayo; así mismo, por el descontento en la organización armada ilegal por los malos tratos, humillaciones y falta de comunicación con sus familias.

“Este año, se han sometido a la justicia siete integrantes de esta estructura armada ilegal y, así mismo, se han recuperado dos menores, a quienes les fueron restablecidos sus derechos con el apoyo del ICBF”.

Un hombre que movilizaba 36 costales con marihuana, fue capturado en las últimas horas por las autoridades de Caquetá.

Según el general Miller Vladimir Nossa, comandante de la Sexta División del Ejército, los hechos se presentaron en la vía El Paujil – Cartagena del Chairá.

“Continúa la contundencia operacional de nuestros soldados de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, quienes en las últimas horas capturaron un sujeto que movilizaba 36 costales que contenían más de 1.650 kilos de marihuana en un camión que transitaba por el eje vial que comunica el municipio del Paujil con Cartagena del Chairá”.

Agregó que dicha incautación se dio en el momento que las tropas se encontraban adelantando tareas de control territorial a través de un puesto de control, donde el vehículo fue inspeccionado y verificado.

“Así se halló el estupefaciente en cerca de 1.490 paquetes tipo panela que pueden llegar a tener un valor comercial de más de 400 millones de pesos”.

El capturado deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes.

Tropas del GAULA Militar Caquetá, con apoyo de esta unidad militar del Huila, realizaron una operación contra la extorsión en la vereda Alejandría del municipio de Garzón, ubicado en el vecino departamento, donde se presentaron combates de encuentro contra presuntos integrantes de la comisión de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Tornillo’.

El brigadier general Miller Vladimir Nossa Rojas, comandante de la Sexta División del Ejército, acantonada en Florencia, explicó que dicha operación dejó como resultado la neutralización de un sujeto que, al parecer, integraría este grupo armado organizado y la liberación de una persona que se encontraba allí en contra de su voluntad.

“Esta personas estaría siendo extorsionada por este grupo. En el lugar de los hechos, se incautaron dos armas largas, armas cortas, tres minas antipersona, siete minas con sistema de activación, nueve granadas, abundante munición de diferentes calibres, equipos de comunicación, 700 panfletos extorsivos alusivos a este grupo, 50 boletas de citación a personas de distintos gremios de la región y material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares de Colombia”.

De acuerdo con inteligencia militar, estos sujetos estarían citando a miembros de las Juntas de Acción Comunal de la zona, a quienes les realizaban cobros extorsivos, situación que generaba intimidación a los habitantes de esta región del departamento del Huila.

“Durante los enfrentamientos, dos de nuestros soldados resultaron heridos y, de manera inmediata, fueron evacuados hasta el municipio de Garzón para ser atendidos en un centro asistencial, donde se recuperan satisfactoriamente”.

Finalmente el alto oficial sostuvo que el GAULA Militar continuará dando importantes resultados contra la extorsión, debilitando las economías ilícitas de estos grupos armados organizados que delinquen en Caquetá y Huila.

Más de 50 uniformes que tendrían como supuesto destino las disidencias de las Farc, fueron incautados por las autoridades de Caquetá en las últimas horas.

Así lo dio a conocer el teniente coronel de Infantería de Marina Oscar Usme Urueña, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N 31, quien aseguró que los hechos se presentaron en el municipio de Cartagena del Chairá.

“En desarrollo de acciones de presencia y control institucional, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, en las últimas horas en el casco urbano de Cartagena del Chairá se logró la incautación de material de intendencia, el cual era transportado en una embarcación por el río Caguán”.

Según el oficial, en el lugar conocido como Muelle Madera se dio el hallazgo gracias a la experticia del personal que trabaja en la seguridad en este importante corredor fluvial.

“Se procedió a la revisión de la carga, donde se encontraron ocultos entre diferentes elementos, más de 50 uniformes confeccionados de manera artesanal con tela que se asemeja a la que emplea el Ejército Nacional y que, al parecer, iban destinados a la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc”.

La embarcación, material incautado y el hombre que lo transportaba, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el respectivo proceso judicial. El sujeto deberá responder por su presunta responsabilidad en el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

En operaciones conjuntas, las autoridades de Caquetá y Putumayo destruyeron seis laboratorios artesanales para el procesamiento de pasta base de coca y marihuana en esta parte del país para debilitar la cadena del narcotráfico y trabajar en la reducción de efectos ambientales que generan los cultivos ilícitos y el procesamiento de sustancias psicoactivas.

El coronel Ricardo Santos, comandante del Comando Aéreo de Combate N 6, explicó que los hechos se presentaron en los municipios de Puerto Asís y Solano.

“En una operación entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, se destruyeron estos laboratorios para evitar los daños a la fauna y flora que se derivan de estas prácticas como, por ejemplo, la contaminación a fuentes hídricas. Por esta razón, se dispusieron de todas las capacidades para reducir el índice de impactos medioambientales en estas zonas apartadas del país y se incautaron varios elementos para la elaboración de los alucinógenos”.

El alto oficial explicó que dicho decomiso consistió en 480 galones de pasta base de coca, una tonelada de hoja de coca picada, 64.08 kilogramos de marihuana, 90 galones de ACPM, cal, gasolina, herbicidas, insecticidas, abono fertilizante y ácido sulfúrico, entre otros utensilios, los cuales pertenecerían a los Grupos Armados Organizados Residuales, GAOr que delinquen en esta región del país.

De paso, invitó a las comunidades a dar a conocer cualquier hecho que altere el orden público en los departamentos del sur de Colombia, especialmente las afectaciones al medio ambiente.

Un integrante de la Sijín y un cabo del Ejército Nacional fueron judicializados por hechos ocurridos en el municipio de San Vicente del Caguán el 12 de febrero de 2022 y en donde murió una menor de edad y resultó herida una persona en proceso de reincorporación.

La directora de Fiscalías en Caquetá, Nohora Quiroga Bohórquez, explicó que la contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación permitió judicializar a los dos integrantes de la Fuerza Pública.

“Se trata de Jhon Alejandro Quintero Artunduaga y el cabo Alejandro Restrepo Sepúlveda. Ese día, presuntamente, Restrepo Sepúlveda notó una actitud aparentemente sospechosa en el reincoporado Jhon Sebastián Rivas Narváez, quien junto a un compañero de trabajo caminaban por una vía pública del municipio tras culminar sus labores como escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP”.

El material de prueba recaudado determinó que, ante sus sospechas, el cabo alertó a varios integrantes de la Policía, entre ellos al patrullero Quintero Artunduaga, sobre las dudas que tenía sobre las personas con las que acababa de encontrarse.

“Después de esto un grupo de uniformados se dirigió al sitio donde se encontraba la víctima. En vídeos de cámaras de seguridad del lugar, quedó registrado el momento en el que el suboficial del Ejército, sin mediar palabra, habría golpeado por la espalda a Rivas Narváez. Tras la agresión el hombre intentó correr para resguardarse y, en ese momento, el patrullero Quintero Artunduaga le habría disparado en varias ocasiones, hiriéndolo en una pierna”.

De acuerdo con la funcionaria, durante el ataque, una menor de 14 años que se encontraba en un establecimiento comercial de la zona recibió un disparo que habría salido del arma del patrullero. La joven fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales a causa de las heridas.

“El material probatorio recolectado permitió establecer que los procesados, al parecer, no portaban su uniforme de dotación y, en medio de un posible procedimiento ilegal, no les solicitaron a los escoltas documentación para su identificación”.

La Fiscalía imputó al integrante de la Sijín de la Policía Nacional como posible responsable de los delitos de homicidio en calidad de dolo eventual y tentativa de homicidio. El cabo deberá responder por su posible responsabilidad en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Luego de valorar el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un Juez Penal del Circuito de Florencia sentenció a Cristian Johan Castro a una pena de 10 años de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

La directora seccional Caquetá del ente acusador, Nohora Quiroga Bohórquez, explicó que el encartado fue hallado penalmente responsable por realizarle tocamientos de carácter sexual a una menor de nueve años en el año 2018 cuando se desempeñaba como soldado profesional adscrito al Batallón Orgánico contra el Narcotráfico.

“El hombre se encontraba en el fuerte militar de Larandia en la capital de Caquetá. Según relató de la víctima, el hombre la tomó por sorpresa cuando ella patinaba por los corredores cerca a los dormitorios. La niña se encontraba en la base militar acompañando a su padre, quien realizaba allí unas instalaciones eléctricas. Al verla, el entonces soldado la tomó por las mejillas y luego la abrazó y se la llevó cargada a una de las habitaciones, donde la metió a un clóset y la abusó”.

Una vez cometido el hecho, el agresor le advirtió que no le fuera a contar a su padre; sin embargo, la niña de inmediato se fue a contarle a su progenitor lo sucedido.

“El juez ordenó la captura del sentenciado para que cumpla la pena en el centro carcelario que determine el Inpec. Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley”.

Tras conocerse el asesinato de cuatro indígenas adolescentes del pueblo Murui en la comunidad del Estrecho, límites entre Amazonas y Caquetá, las autoridades de la región convocaron un Consejo de Seguridad Ministerial Extraordinario, el cual fue presidido por el Ministerio del Interior a través de la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Clemencia Solano Ramírez, quien estuvo presente también en la crisis generado en el sector de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, donde fueron retenidos cerca de 80 uniformados del Esmad y uno más asesinado en marzo de este año.

Según la funcionaria, se ha establecido la necesidad de una investigación contundente teniendo en cuenta el respeto por las comunidades y sus costumbres.

“Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesita, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto y que haya más presencia del Estado”.

Así mismo, el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, lamentó y rechazó este hecho, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas, especialmente a donde pertenecían estos menores de edad.

“Rechazamos rotundamente estos hechos por personas al margen de la ley y más en las condiciones como fueron masacrados estos niños, delante de las comunidades, delante de sus familiares. Esto no puede seguir pasando en Colombia, ni el Caquetá, hoy el país está de luto”.

Finalmente Carlos Garay Martínez, representante de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, se mostró conmovido por estos hechos y lamentó el escalamiento del conflicto armado en la región.

“Nuestra nueva generación ha sido involucrada en una guerra que no nos corresponde y, por ende, hoy estamos acá con un duelo casi que nacional por la masacre de estos cuatro niños, asesinados en el resguardo Puerto Sábalo – Los Monos en la comunidad indígena de los Estrechos, perteneciente el pueblo Murui”.

Los menores, según su testimonio, fueron reclutados hace un tiempo y, tras emprender la fuga con todo y armamento, regresaron a su comunidad donde solicitaron al cabildo devolver las armas y su retorno inmediato hacia Aracuara para, posteriormente, ser llevados a Bogotá.

“En ese transcurrir de tiempo, llegaron los grupos armados y los menores fueron asesinados delante de la comunidad. Esta es la información que tenemos hasta ahora”.
Al encuentro asistieron la Gobernación del Caquetá, el Ejército y la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la OEA y el Comité Internacional de Derechos Humanos.

Una encomienda que llegó a Bogotá desde el municipio de Unión Panamericana, departamento de Chocó, el 9 de septiembre de 2022, prendió las alarmas en una empresa de envíos en la capital de la República.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora de la Fiscalía General en Caquetá, explicó que dicho paquete tenía como destino final la ciudad de Florencia; pero, al ser escaneado por la empresa de envíos, se encontraron 10 cajas con munición.

“Labores de policía judicial establecieron que la remisión del paquete, al parecer, fue hecha por el cabo segundo del Ejército, Luis Diego Tovar Montealegre, integrante de un batallón con sede en Chocó. El ente investigador determinó que el uniformado le habría pedido a una mujer enviar el encargo, presuntamente, para su mamá, quien necesitaba baterías para paneles solares”.

La funcionaria sostuvo que el material de prueba recaudado le permitió a la Fiscalía establecer que posiblemente los destinatarios de la carga serían grupos armados ilegales que delinquen en el oriente del país.

“Los cartuchos pertenecerían al batallón del que hace parte el suboficial, pues al hacer un conteo en la guarnición militar, se constató que faltaban 474 cartuchos calibre 556. El procesado fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía en Caquetá para ser procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos”.

En el desarrollo de las audiencias, Tovar Montealegre aceptó los cargos en su contra y una juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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