JUDICIAL

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Gracias a la información entregada por la ciudadanía, las autoridades de Caquetá ubicaron y destruyeron un laboratorio donde se procesaba pasta base de coca que se convertían en cerca de 120 mil dosis al mes, las cuales llegaban no sólo a las calles del departamento sino también a algunos municipios del país.

El anuncio lo hizo el comandante del Departamento de Policía en Caquetá, coronel Oscar Lamprea, quien explicó que este tipo de acciones se realizan con el fin de contrarrestar el flagelo del narcotráfico que azota a la región.

“A través de un trabajo de investigación, en la vereda Topasio del municipio de San Vicente del Caguán, se logró ubicar un laboratorio donde se procesaban mensualmente unas 120 mil dosis que eran vendidas en todo el país”.

Tras un trabajo investigativo realizado por los funcionarios de la Compañía de Antinarcóticos de la Policía, se logró identificar un complejo en el corazón de la selva, donde se procesaba el alcaloide.

“Inmediatamente se realizaron las coordinaciones con el Ejército Nacional para llegar al lugar y neutralizar esta actividad que financia el actuar criminal de grupos al margen de la ley. Al interior del laboratorio, los policías hallaron 18 galones de gasolina mezclada con 9.738 gramos de base de coca, 50 kilos de sustancia solida utilizada para esta elaborar el alucinógeno y 250 kilos de hoja de coca macerada”.

Según el alto oficial, este laboratorio fue destruido, no se presentaron capturas y las diligencias judiciales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de Turno URI por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

 

Luego de dos meses de labores de investigación y seguimiento a las disidencias de las Farc que operan en la región, las autoridades lograron la captura de un hombre y la incautación de más de cinco toneladas de coltán, el cual ocultaban al interior de una bodega en zona rural de Florencia.

El coronel Oscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, explicó que los hechos se dieron en la vereda San Gil de la capital caqueteña.

“Se trata de un supuesto integrante del Grupo Armado Organizado Residual ‘Miller Perdomo’. Gracias al trabajo adelantado en conjunto con la Fiscalía General y Corpoamazonia, se ubicó una bodega clandestina sobre la zona selvática de Florencia donde estaban extrayendo, de una reserva natural, un mineral que hasta el momento era desconocido para las autoridades”.

Agregó que, una vez ubicado el lugar, se coordinó y realizó un operativo interinstitucional con apoyo de la autoridad ambiental que dejó como resultado la detención de una persona y el decomiso del material en mención.

“Según las investigaciones, el mineral fue extraído de una reserva natural por parte de esta organización ilegal, lo que afecta los recursos naturales y pretendían comercializarlo en el exterior debido a su alto valor comercial”.

El alto oficial recordó que este coltán costaría en el mercado 2.220 millones de pesos, dinero que sería utilizado para financiar su accionar criminal y seguir afectando la tranquilidad de la comunidad en general.

“Esta persona y el mineral fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Cabe recordar que con el desarrollo de este operativo, se afecta las finanzas de los grupos criminales que delinquen en el sur del país”.

 

Ante uniformados de la Policía Nacional en Florencia, se presentaron tres personas aduciendo que supuestamente hacían parte de las disidencias del frente 1 de las Farc, las cuales operan en el sur del país.

El subcomandante del Departamento de Policía en Caquetá, coronel Franklin Cruz, explicó que estas personas llegaron hasta las instalaciones del comando para manifestar su voluntad de acogerse a la justicia.

“En las últimas horas, al Comando de Policía Caquetá llegaron tres personas que manifestaban que hacían parte del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 1 ‘Carolina Ramírez’ y que deseaban acogerse a la justicia. Fue así como los funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal Sijín adelantaron todo el proceso para dejarlas ante la autoridad competente”.

Agregó que, tras verificar los antecedentes, encontraron que Duberney Díaz Valencia, conocido como 'Marrano' y con 28 años de edad, presentaba orden de captura vigente expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Montañita por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio. El otro hombre y la mujer no presentaban deudas penales.

“Según informaciones, los dos hombres y la mujer hacían parte de esta estructura bajo las órdenes de los cabecillas conocidos en el argot criminal como ‘Alonso 45’ y ‘Repollo’, quienes lideran acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública en los municipios de Solano y Solita, Caquetá, además de Puerto Leguízamo en Putumayo”.

Finalmente el alto oficial dijo que los sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Díaz Valencia fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Tras obtener las pruebas necesarias para determinar la supuesta responsabilidad que las disidencias del frente 33 de las Farc tendrían en el atentado perpetrado al interior de la Brigada 30 del Ejército Nacional con sede en la ciudad de Cúcuta, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en compañía del ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar, dio a conocer que, por estos hechos, fueron capturadas 10 personas que harían parte de esta organización al margen de la ley.

“El equipo conformado por fiscales especializados, investigadores de la Policía y el CTI, peritos y expertos en diferentes especialidades, obtuvo material de prueba y evidencia técnica que puso al descubierto a una red de este grupo criminal que estaría involucrada en el atentado con el carro bomba a la mencionada unidad militar”.

Agregó que las detenciones se hicieron efectivas en Cúcuta, El Zulia y el corregimiento La Gabarra de Tibú en Norte de Santander y se incautaron dos armas de fuego, 24 cartuchos, 185 millones de pesos, 14 celulares, tres memorias USB, dos discos duros de almacenamiento, una tablet, una minigrabadora, cinco computadores, cinco vehículos e información de relevancia.

“En el carro bomba que dejó 44 heridos estarían involucrados Joaquín Medina Duarte, alias Joaquín, quien habría comprado la camioneta blanca que fue cargada con explosivos y una motocicleta para acompañar y ayudar a escapar al hombre que ingresó el carro bomba a la brigada; Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias El Capi, hijo de alias Joaquín y capitán retirado del Ejército que supuestamente llevó la camioneta hasta Tibú, donde fue acondicionada con explosivos para ser detonada el pasado 15 de junio; y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, sería el motociclista que acompañó todos los traslados de la camioneta, esperó y recogió a alias El Capi frente a las instalaciones de la Brigada 30 luego de dejar abandonado el vehículo. A ellos se les imputó terrorismo agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, daño en bien ajeno agravado y fabricación, tráfico y porte de armas.

“Otros cinco presuntos integrantes de las disidencias del frente 33 que son investigados por este ataque, y que fueron imputados por concierto para delinquir agravado, son Édison Durán Ascanio, alias Ascanio; Vladimir Acosta Pérez, alias Yimmy; Fredy Esteban Maldonado Torrado, alias Pancho; Jhon Freddy Lizarazo Rodríguez, alias El Flaco o Miguel; y Geraldine Fiayo Torrado, alias Geraldine”.

Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los ocho imputados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Durante la realización de un operativo realizado entre el CTI de la Fiscalía, la Policía y la Armada Nacional, fue capturado Luis Alberto Velásquez Bonilla porque, supuestamente, habría incurrido en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. 

El director de Fiscalías en Caquetá, Diego Peñuela Reina, explicó que el hombre sería el presunto responsable de la muerte de un reincorporado y de un civil en el municipio de Solano, sur del departamento.

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alberto Velásquez Bonilla por su aparente responsabilidad en el asesinato de Bonargen Silva Niño, quien se encontraba en proceso de reincorporación, y de Germán Bermúdez Carvajal en la vereda Guadalajara de este municipio”.

De acuerdo con el funcionario, en las audiencias concentradas ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Solano, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, UEI, expuso que existe material probatorio recaudado por el Grupo Itinerante de Caquetá que indica que el crimen habría sido motivado por disputas de tierras.

“Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2017. El hoy procesado, quien no aceptó los cargos, fue detenido mediante orden judicial en el municipio de Solano y fue enviado a la cárcel.

La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Carlos Javier Yanguas Argüello, exsecretario de Transporte y Movilidad de Florencia, por el supuesto delito de abuso de función pública.

Diego Peñuela Reina, director de Fiscalías en Caquetá, explicó que los hechos habrían ocurrido en septiembre del año 2018.

“Según el fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública que lidera el proceso investigativo, el funcionario al momento de los hechos abusó de sus funciones al secuestrar un vehículo tipo taxi que estaba involucrado en un proceso civil”.

Agregó que el auto de trámite con fecha del 3 de julio del mismo año, emitido por un juzgado civil de Florencia, ordenaba oficiar a la Sección de Automotores de la Policía Nacional para que realizara la retención del vehículo y lo dejarán a disposición del juzgado.

“Al momento de realizar el secuestro del bien sujeto a registro, Yanguas Argüello conocía la prohibición de no realizar diligencias de secuestro de bienes sino estaba autorizado o comisionado por autoridad competente”.

Peñuela Reina recordó que al exsecretario de Transporte y Movilidad le era exigible no realizar funciones públicas diversas a las que legalmente le correspondía en el manual de funciones de la entidad en la que laboraba.

“La próxima audiencia será de preparatoria de juicio y se definirá su futuro judicial”.

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