El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para conocer detalles y verificar los avances de la ‘Campaña Esparta’, la cual busca golpear la criminalidad organizada en algunas zonas del país, incluido el departamento de Caquetá.

En el encuentro, se definieron acciones para fortalecer el trabajo articulado y, por esta razón, habrá fiscales itinerantes y labores investigativas focalizadas en lavado de activos, narcotráfico y delitos ambientales.

“La afectación a los recursos naturales en algunos departamentos es evidente. Pudimos constatar la pérdida de capa vegetal producto de los cultivos ilícitos y otros fenómenos ilegales, por lo que serán priorizadas algunas zonas”.

Agregó que, en los últimos días, se capturaron 40 personas en el marco de una ofensiva contra la tala de bosque y la minería ilegal, la cual fue realizada en algunos lugares donde la afectación es álgida.

“En San Vicente del Caguán fue capturado Gildardo Toledo Villa, quien sería uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Esta persona, en un predio conocido como El Despecho, supuestamente deforestó 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado”.

El alto funcionario recordó que, en las audiencias de rigor, le fueron imputados los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio.

“Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos, el procesado recibió medida de detención en un sitio distinto al inmueble que ocupaba en el parque natural. Adicionalmente, fue suspendido el registro sanitario, lo que le impedirá la explotación pecuaria”.

La Fiscalía General de la Nación logró, a través de un despacho especializado de la Seccional Caquetá, que un juez de conocimiento condenara a más de cuatro años de prisión a Sory Sayuli Narváez, ya que fue cometió el delito de estafa agravada en concurso con concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Además, tendrá que pagar una multa de 46.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

Según se logró establecer, estas faltas fueron cometidas estando al servicio de una organización delincuencial que usaba una plataforma comercial en internet para estafar a ciudadanos incautos en Bogotá e Ibagué, Tolima.

“A la sentenciada no le fueron concebidos reemplazos penales de la suspensión de la ejecución de la pena y se emitió la respectiva orden de captura para que pague la condena en centro carcelario”, explicó el ente acusador.

El material probatorio recaudado evidenció cómo, la hoy encartada, participó en un grupo delictivo que contactaba a sus víctimas a través de una reconocida plataforma convencional de venta de artículos en internet.

“Una de las maneras como se concretaban los delitos era mediante la adquisición de vehículos que ofrecían a través de la plataforma digital, los cancelaban con cheques falsos y antes de que las personas estafadas se percataran del fraude, los bienes eran comercializados en otras ciudades. De la misma manera, se vendían vehículos adquiridos ilícitamente que luego eran recuperados por las autoridades”.

El caso por el que Narváez fue acusada, tuvo lugar en junio del año 2016 cuya víctima fue un habitante de Caquetá. Según el expediente, el afectado publicó en la plataforma en mención su vehículo para ser vendido.

Eso hizo que fuera contactado por un supuesto interesado, con quien acordó el pago de $18’500.000, suma que fue girada en un cheque que, tres días más tarde, fue reportado como sin fondos, pero el vehículo ya había sido entregado.
“Días después la víctima de la estafa vio como la hoy condenada ofertaba su carro. Este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades”.