POLÍTICA

POLÍTICA

La Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades administrativas y educativas de Caquetá, al igual que al Ministerio del ramo, dar claridad sobre la situación en la que se encuentra un colegio construido en la vereda El Triunfo, sector Diamante, en San Vicente del Caguán, y que actualmente lleva el nombre de un comandante de un grupo armado ilegal.

Según Carlos Camargo Assis, jefe de esta entidad, no se puede hacer apología al conflicto y, de paso, solicitó que sea aclarado de dónde salió el nombre del lugar y los recursos para su construcción.

“Rechazamos de manera contundente el uso de nombres e identidades de integrantes de estructuras al margen de la ley que han causado graves violaciones a los derechos humanos. Los actores armados ilegales continúan siendo uno de los principales vulneradores de manera sistemática de los derechos de la infancia y la adolescencia con hechos como el reclutamiento, especialmente en el departamento del Caquetá”.

El funcionario recordó que algunas versiones señalan que la obra fue construida con recursos de la comunidad y otras dicen que fue construida por el Estado Mayor Central de las Farc.

“Aseguran que sería entregada en el marco de una mesa de diálogo. En todo caso, se debe dar claridad sobre la situación, evitar desarrollar acciones que promuevan el conflicto armado en relación con el nombre del supuesto colegio, establecer quién manejaría la obra, si entraría o no en funcionamiento y bajo qué parámetros”.

Agregó que situaciones de tal naturaleza contribuyen a normalizar el conflicto armado en entornos protectores, como lo son las instituciones educativas.

“Hacemos un llamado para evitar este tipo de hechos, que adicionalmente pone en riesgo a la comunidad educativa en general”, puntualizó Camargo Assis.

 

Una grave denuncia hizo la directora general encargada del Invías, María Constanza García, quien aseguró que personas inescrupulosas, a través de medios de comunicación del departamento de Caquetá, están convocando a la ciudadanía a presentar hojas de vida para vincularlos laboralmente en contratos que la entidad pudiera adelantar en la región.

Al respecto, la funcionaria precisó que actualmente el Instituto no tiene previsto el inicio de nuevos contratos de obra pública para atender la red vial a cargo en la región.

“Por lo tanto, no se requiere la contratación de personal. Al atender estas convocatorias, los ciudadanos podrían verse incursos en una estafa. Así mismo, hacemos un llamado especial a las personas que tengan documentos relacionados con pautas comerciales que involucren el nombre del Invías para que los hagan llegar a la dirección Territorial de la entidad y, de esta manera, iniciar las acciones legales pertinentes”.

García reiteró que desde el Invías no se realizan llamadas ni se envían correos electrónicos con este tipo de convocatorias; razón por la cual, rechaza todo presunto acto delictivo o de corrupción que intente cualquier persona utilizando el nombre del Instituto.

“En cumplimiento con las normas de transparencia, los procesos de contratación y cualquier información relacionada con el Invías se realiza únicamente a través del canal oficial como la página web www.invias.gov.co”.

 

Una serie de donaciones realizó Prosperidad Social en el municipio de San Vicente del Caguán a 250 hogares, 25 unidades productivas y la Alcaldía local. Las familias recibieron 250 kits consistentes en ropa, calzado, suéteres y otros elementos para el uso personal.

Alrededor de 55.000 unidades de vasos y bolsas plásticas se entregaron como insumos de apoyo a la generación de ingresos de 25 unidades productivas del sector de alimentos y, de paso, la Secretaría de Infraestructura Municipal recibió materiales de construcción con destino a obras locales como 200 unidades de piso de laminado y 181 varillas de hierro corrugadas.

La directora regional de la entidad, Nadia Parra, explicó que todos estos elementos fueron gestionados ante la DIAN y su valor se estima en más de 243 millones de pesos.

“Para la actividad, que se realizó en el Polideportivo del barrio La Victoria, la entidad tuvo como operador aliado a la Diócesis de San Vicente del Caguán, entidad que se encargó del embalaje, bodegaje, y montaje del evento para la entrega de los elementos”.

De acuerdo con la funcionaria, Prosperidad Social gestiona donaciones ante entidades públicas y privadas para complementar los planes, programas y proyectos que ejecuta en función de la superación de la pobreza.

“El objetivo es aprovechar, en favor de la población más vulnerable, elementos provenientes de alijos confiscados por la DIAN. De esta manera, se evita que terminen inutilizados por el deterioro y generando costos de almacenamiento onerosos para el Estado”.

El turismo es uno de los sectores que se fortalece con iniciativas de quienes le apuestan a la paz. Por eso, en la Vitrina Turística de ANATO 2024 firmantes de paz de Caquetá hacen presencia en este importante evento en el stand ‘Territorios Turísticos de Paz’, conformado por cuatro empresas de personas en proceso de reincorporación, dos de ellas provenientes de este departamento.

Uno de estos proyectos es Turismo Integral por la Paz, Turipaz, ubicado en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Agua Bonita en La Montañita, donde se tienen servicios de alojamiento, cabañas ecológicas, senderos de avistamiento de aves, recorridos por cuevas, cascada e historias de la comunidad ahora en proceso de reincorporación.

Esperanza Torres, firmante de paz y representante legal de la empresa, explicó que esta es una oportunidad muy interesante para visibilizar lo que se hace en los territorios.

“Gracias a la estrategia ‘Sello Colombia, Destino de Paz’, podemos mostrar que no sólo somos parte de la firma del Acuerdo, sino que estamos ayudando a mejorar las economías de los territorios y apoyando a las comunidades”.

Junto a ella, están los proyectos Caguán Expeditions de San Vicente del Caguán y Tierra Grata Ecotours SAS de Manaure, Cesar, junto con Cooperativa Multiactiva Nueva Marquetalia, conformada por campesinos, indígenas y firmantes de paz en Tolima.

Por otra parte, la ARN trabaja de la mano con el Viceministerio de Turismo para vincular las iniciativas productivas de las personas en reincorporación a la estrategia ‘Sello Colombia, Destinos de Paz’, la cual tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del turismo en Colombia. En la actualidad, más de 13 proyectos de turismo, liderados por firmantes de paz, cuentan con este sello.

“Este sello en los productos de las y los firmantes de paz, le dan un valor agregado como la reactivación económica en términos de esa promoción del turismo en vincular a los hoteles, el transporte, la gastronomía y todo lo relacionado con este sector. Por otro lado, es un promotor de inclusión social con la llegada de nuevas personas a estas zonas en donde está la reincorporación y puedan tener unos diálogos frente a la construcción de paz e identificar los procesos de reconciliación”, expresó Vanessa Caicedo, asesora de corresponsabilidad de la entidad.

A esta estrategia, el Gobierno nacional le destinará ocho mil millones de pesos, en una primera línea base de inversión para el fortalecimiento de los territorios turísticos de paz en 80 municipios PDET con potencial turístico.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llegó al municipio de San Vicente del Caguán para hacerle seguimiento al Acuerdo de Los Pozos, el cual se creó luego de la muerte de tres personas en medio de los disturbios generados entre las comunidades e integrantes del entonces ESMAD, hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, por cuenta de los bloqueos que se presentaban en el sector.

Durante su visita, el alto funcionario conversó con representantes de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales, Coscopaas, la cual agrupa a campesinos de Guaviare, Meta, Caquetá y Huila.

Alejandro Pérez, delegado de campesinos del Huila, agradeció la presencia del Ministro y toda la delegación del Gobierno, mientras que Paula Ortiz, líder de la comunidad, manifestó la voluntad de mantener los canales de concertación, dado que las 1.200 familias del asentamiento Cataleya necesitan la urgente intervención del Estado en pro de su bienestar.

“No se necesita la violencia para conversar con el Estado. El Gobierno reconoce la necesidad de mantener los canales de diálogo abiertos, por eso valoramos este espacio y me alegra que aquí hoy hayamos coincidido en que la violencia solo trae más atrasos a nuestras regiones”, dijo Velasco.

Según el Ministro, dicho acuerdo se suscribió con el objetivo de evitar que una tragedia así vuelva a suceder al tiempo que escuchó a líderes de la sociedad civil que aprovecharon el espacio para exponer sus necesidades.

Igualmente Velasco mostró su complacencia por la actitud de los asistentes, quienes expresaron que “lo que ocurrió hace un año, no debió suceder, fue un terrible error” e insistió en que la violencia sólo trae más atrasos a las regiones”.

Al encuentro, asistieron además Lilia Solano, viceministra del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; Carlos de la Torre, delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Felipe Tascón, director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; Christopher Mackie, delegado internacional; y la representante a la Cámara por Bogotá, Tamara Argote.

Ciento cincuenta y un familias residentes del área rural de San Vicente del Caguán recibieron el título de propiedad que los acredita como dueños del predio donde habitan y cultivan productos de pan coger y le apuestan a la estabilización del territorio.

Luis Felipe Cadena, desde hace más de 40 años, produce café, frijol, plátano, miel y hortalizas en su finca de la vereda Rovira e integrante de la Asociación Municipal De Colonos del Pato, AMCOP.

“Este título lo estábamos esperando muchos campesinos de las 27 veredas que confirman la Zona de Reserva Campesina Pato – Balsillas para contar con una escritura de nuestra tierra”.

En total son 4.331 hectáreas de tierra que fueron formalizadas con la entrega de 151 títulos de propiedad por parte de la Agencia Nacional de Tierras a familias campesinas de la Zona de Reserva Campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas como parte de la iniciativa Tierras y Territorios Sostenibles por la Paz, en alianza con la Unión Europea.

El director general de la entidad, Juan Felipe Harman, explicó que la titulación beneficia a 66 mujeres y 85 hombres que ahora pasan a ser legítimos dueños de sus tierras gracias y tener mayores garantías para fortalecer la economía campesina de la región.

El apoyo del Fondo Europeo para la Paz ha permitido que la población rural de municipios históricamente afectados por el conflicto cuente con la seguridad jurídica sobre la tierra y que los campesinos obtengan sus títulos de propiedad en cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de Paz firmado en el 2016.

Página 1 de 53

FACEBOOK

Instagram

Top