POLÍTICA

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Al municipio de Morelia, llegaron las autoridades civiles y militares de Caquetá para celebrar el ‘Día PDET’, fecha en la que Alcaldes, Gobernadores, empresarios y la cooperación internacional se unieron para reafirmar su compromiso para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales más afectadas por la violencia y la pobreza.

Por esta razón, la vereda Rochela Alta fue el escenario para entregar 2.5 kilómetros de mejoramiento vial.

Diana Cristina Gómez, coordinadora de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, en la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, explicó que con este tipo de iniciativas se permitirá la comercialización de productos agropecuarios y reducirán los tiempos de viaje de los habitantes para su acceso a servicios básicos de educación y salud.

“La obra fue financiada con recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD Paz, con una inversión de 5.145 millones de pesos. De esta manera se busca la reactivación económica de 3.89 habitantes de las veredas Rochela Alta, Rochela Baja, La Virginia y Fuente Hermosa”.

De otro lado, el alcalde de Morelia, Hernán Flórez Cuéllar, sostuvo que los PDET deben ser vistos como una herramienta de desarrollo y que, a través de sus distintas fuentes de financiación, le permite a los mandatarios locales impulsar el desarrollo.

En el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC, la Unidad para las Víctimas concluyó la formación de jóvenes líderes espirituales para miembros de la comunidad Embera Chamí, ubicados en el resguardo Honduras en zona rural de Florencia, Caquetá.

Yhina Paola Lombana López, directora territorial de la entidad, explicó que estas acciones hacen parte de la medida de satisfacción dentro del proceso de reparación colectiva de esta comunidad con participación especial del jaibaná e instructores de música, danza tradicional y pintura provenientes de Risaralda, donde se concentra la mayor cantidad de esta población indígena.

“Venimos acompañando al pueblo indígena embera chamí en un proceso que busca que esta comunidad no pierda su herencia ancestral en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de Renovación del Territorio, ART”.

Con este tipo de ejercicios, los miembros de la comunidad se fortalecen en su capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus objetivos personales y grupales en el marco de los valores asociados a su espiritualidad.

Durante la jornada, se les ayudó a identificar a las personas que continuarán con la formación para llegar a ser jaibaná, cuya influencia trasciende a todo el quehacer de los embera en la medida en que no solo curan a las personas con ayuda de los espíritus y las plantas medicinales, sino también la tierra al limpiarla de plagas y llamando con cánticos a la fertilidad.

Liliana Isama, integrante de la comunidad, recordó que ésta es una forma de aportar a la renovación generacional, promoviendo la medicina ancestral y demás aspectos asociados a su cultura como la danza, la música, el vestuario y la pintura.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Caquetá, continúa acompañando a los 16 municipios PDET de la región en lo que tiene que ver con la educación rural y primera infancia, derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños del departamento.

Por esta razón, ha enfocado sus esfuerzos en la atención de más de 16 mil menores, previniendo la desnutrición y otros riesgos.

Bertulio Cabrera Plazas, director de la entidad en esta parte del país, explicó que en articulación con los entes territoriales se sigue trabajando de manera conjunta para identificar a la población menor de cinco años que aún no ha sido atendida dentro de la oferta institucional en estos municipios.

“Durante la vigencia 2021, el ICBF ha avanzado en la focalización de la población ubicada en zonas rurales y rurales dispersas dadas sus necesidades, haciendo la solicitud para la ampliación de la cobertura en las modalidades de Primera Infancia en los 16 municipios PDET”.

Frente al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, el Instituto ha acompañado a la población y socializado la formulación, implementación y evaluación de los planes municipales y departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, además de la garantía del derecho a la alimentación.

“Adicionalmente se viene ejecutando la modalidad ‘1.000 Días para Cambiar el Mundo’, la cual busca prevenir la desnutrición en niños menores de cinco años, así como en mujeres gestantes con bajo peso, logrando la entrega de 108.270 kilos de bienestarina y 3.532 kilos de alimento para mujer gestante y madre en periodo de lactancia en lo que va corrido del año”.

Un grupo de 26 excombatientes de las Farc provenientes de diferentes municipios del norte del departamento, recibieron durante seis meses una capacitación técnica y académica en temas de piscicultura, lo que les permitió obtener la certificación como operarios en piscicultura por parte del SENA.

Hugo Alejandro Rincón Uribe, coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, en Caquetá, explicó que dicha formación se dio con el objetivo de fortalecer las competencias y habilidades de los exintegrantes de esa organización ilegal.

“Con esto, además, se promueve la empleabilidad a través de iniciativas para la reincorporación social y económica; por esto, seguiremos generando nuevas oportunidades para quienes le siguen apostando a la paz”.

De otro lado, Hedier Espinosa, persona en proceso de reincorporación, sostuvo que con este tipo de iniciativas no sólo van a mejorar su calidad de vida sino que van a fortalecer sus economías familiares.

“Con la siembra de alevinos, queremos que el próximo año, cuando llegue la Semana Santa, podamos comercializar a muy buen precio los peces que hoy estamos criando y aplicando la técnica aprendida”.

Temáticas como construcción y adecuación de estanques; manejo, alimentación y cosecha de peces, fueron abordadas durante la formación, permitiendo de esta manera adquirir habilidades y competencias por parte de quienes avanzan en su proceso de reincorporación para su inclusión en el sector piscícola.

La ceremonia de graduación contó con la participación autoridades locales y representantes de las entidades que apoyaron la formación de las personas en reincorporación.

Concluyó la primera intervención que la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas, UBPD, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desarrolló en el cementerio de la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita.

La acción tenía como objetivo recuperar los cuerpos de personas no identificadas y que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado, entre ellos niños presuntamente reclutados ilícitamente por las FARC.

Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la UBPD, reconoció las necesidades de las familias de conocer la suerte y paradero de sus seres queridos; además, el significado que el cementerio tiene para la comunidad como lugar de recepción de cuerpos de personas que perdieron su vida en el contexto del conflicto armado.

“Por eso, hemos hecho un abordaje dignificante para quienes es importante esclarecer la suerte y paradero de las personas dadas por desaparecidas que permita contribuir a la reparación”.

En desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Centro, la entidad abordó 13 puntos de interés forense en bóvedas y fosas individuales bajo tierra donde recuperó 10 cuerpos no identificados que podrían corresponder a excombatientes cuyos familiares desconocen su suerte y paradero.

Igualmente el equipo de la JEP, en el marco del Caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niños en el marco del conflicto armado, abordó 36 puntos de interés forense ubicados en bóvedas, de donde se recuperaron igual número de cuerpos.

“En total, las dos entidades recuperaron 46 cuerpos, algunos de ellos con signos evidentes de violencia. De los hallazgos preliminares, que serán sometidos a un proceso de verificación y corroboración posterior, se encuentran que siete de estos cuerpos podrían corresponder a menores de edad presuntamente reclutados de manera ilícita”.

De otro lado, Lily Rueda Guzmán, magistrada líder del Caso 07, expresó que con estas acciones se busca encontrar la verdad sobre si algunos de los cuerpos corresponden a menores de edad reclutados, lo que pudo haberles ocurrido y entender cómo la comunidad de La Unión Peneya se vio afectada por el reclutamiento de los pequeños.

“Esperamos también poder contribuir a sanar el dolor de las familias afectadas”.

Durante la jornada, las víctimas tuvieron la oportunidad de participar en actividades previas de socialización y pedagogía realizadas por las instituciones con el fin de conocer las entidades que conforman el Sistema Integral y apropiarse de las rutas de atención judiciales y no judiciales creadas para responder a sus demandas de verdad, justicia y reparación.

Los 46 cuerpos recuperados por la UBPD y la JEP fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su plena identificación. Una vez practicados todos los análisis correspondientes, se podrá establecer con precisión las características individuales y antropológicas de los cuerpos recuperados, entre ellas, el rango de edad.

La Procuraduría General de la Nación instaló la “Mesa de Diálogo Comunitario para la Lucha contra la Deforestación”, la cual compromete a autoridades nacionales, territoriales y tiene como protagonistas a las comunidades y organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare.

En este espacio, la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín Cure, advirtió que estos departamentos merecen especial atención porque concentran más de la mitad de la deforestación en el país con un 56.3%, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, SMByC, y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

“Buscamos reunir a la comunidad con la institucionalidad para generar canales de confianza y crear compromisos frente a las responsabilidades y participación de los actores en este proceso”.

La funcionaria espera que esta estrategia de diálogos, realizada con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC, y el Reino de Noruega, permita tener una hoja de ruta clara para disminuir la deforestación y donde las entidades del orden nacional y territorial se articulen y trabajen con la comunidad para la implementación de las políticas que existen en esta materia.

Por su parte, el representante adjunto de la UNDOC en Colombia, Olivier Inizan, aseguró que la respuesta a este complejo fenómeno “es una acción colectiva que debe tener en cuenta las problemáticas específicas de los territorios, más allá del nivel central”, enfatizando además en que “la participación de las comunidades es una garantía de la viabilidad de las acciones”.

Finalmente, las comunidades y autoridades que participaron en este espacio destacaron la importancia de los diálogos para la construcción de consensos que permitan disminuir la deforestación en Colombia.

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