POLÍTICA

POLÍTICA

Treinta y cinco representantes de las Juntas de Acción Comunal de los municipios de Solita, Valparaíso, Curillo, Florencia, Puerto Rico, Morelia y Albania, en el departamento del Caquetá, fueron capacitados en temas como legalización de predios, baldíos y ruta de la restitución de tierras.

Fernando Cuéllar, director de la Unidad de Restitución de Tierras en nuestro departamento, explicó que el curso se denominó ‘El Derecho a la Tierra’.

“Se entregaron herramientas conceptuales a los líderes de las Juntas de Acción Comunal sobre las calidades jurídicas de la propiedad, comprensión de folios de matrículas y ruta de la restitución de tierras, entre otros temas”.

El objetivo, según el funcionario, era ofrecer una guía acertada a las comunidades sobre los aspectos jurídicos de la tierra y formalizaciones, entre otros conceptos sobre la propiedad en Colombia.

“En el espacio de capacitación también se les enseñó a leer los folios de matrícula inmobiliaria y los aspectos a tener en cuenta a la hora de vender o comprar una propiedad. El encuentro también fue la oportunidad para dar a conocer la ruta del proceso de Restitución de Tierras, con el fin de dar claridad sobre quiénes son las personas que pueden acceder a las disposiciones de esta ley de Justicia Transicional”.

De otro lado, José Matiz, líder del corregimiento El Caraño de Florencia, aseguró que la experiencia de este curso es vital porque les permite conocer cómo está organizado el territorio y cómo operan las entidades frente a los temas de tierras, además de acceder a los diferentes beneficios que entrega el Estado.

 

Autoridades pertenecientes al cabildo indígena Nassa Uss se reunieron en la ciudad de Florencia con delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para avanzar en el proceso de reparación colectiva de esta comunidad.

Yhina Paola Lombana López, directora territorial de la entidad, explicó que lo que se buscaba fundamentalmente era analizar los daños e impactos sufridos por este grupo poblacional a causa del conflicto armado que se ensañó en su contra en el año 2008 cuando debieron abandonar el resguardo Nasa Kiwe y Monte Bello, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Rico, norte de Caquetá.

“El encuentro se desarrolló dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva, establecido por el Decreto 4635 de 2011 y que tiene como componente esencial el marco del derecho a la consulta previa, donde se tienen en cuenta las opiniones de la comunidad para llegar a un acuerdo”.

En esta oportunidad se contó con la participación de setenta integrantes de la comunidad entre autoridades, hombres, mujeres, jóvenes y niños.

“La comunidad realizó un recorrido en tres temporalidades: antes de que sucedieran los hechos victimizantes, el conflicto como tal profundizando en los daños que estos generaron al interior del colectivo y el ahora”.

Lombana López enfatizó en que, igualmente, se trabajó por grupos focales de mujeres y hombres para favorecer la expresión de diferentes emociones y sentimientos como dolor, miedo, tristeza y enojo.

“Lo anterior, para fortalecer la confianza y el compromiso frente al proceso de reparación colectiva. Podemos decir que el cabildo indígena Nassa Uss es una comunidad empoderada con el proceso, unida, organizada y con muchos sueños por alcanzar”.

Luego del proceso de caracterización del daño, se continuará con la formulación del Plan de Reparación Integral Colectiva, PIRC, su implementación y cierre.

Un total de 350 millones de pesos fueron entregados a 70 personas de Caquetá como parte de su indemnización por ser víctima del conflicto armado en la región.

Yhina Paola Lombana, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en la región, explicó que cada uno recibió su carta de indemnización administrativa, emitida por la entidad, y que los hace beneficiarios de estos rubros.

“Son indemnizaciones que van desde los tres y hasta los 40 salarios mínimos legales vigentes. La entrega de los recursos está apoyada en el programa de acompañamiento a la adecuada inversión, con el fin de ofrecer posibilidades amplias de utilización del dinero, dentro de las cuales están la creación de alternativas concretas en áreas como educación superior, generación de ingresos y proyectos productivos o acceso a vivienda”.

Agregó que uno de los objetivos de estos dineros es que las personas que fueron afectadas por la ola de violencia que vivió el Caquetá, reconstruyan su proyecto de vida y se pueda mitigar, en parte, el daño por los hechos sufridos.

“Igualmente durante la jornada, las víctimas recibieron un mensaje de dignificación que consiste en un reconocimiento de su condición de víctima, donde se exalta la dignidad, el nombre y el honor del ciudadano afectado por el conflicto”.

De otro lado, Uriel Durán, uno de los beneficiarios, manifestó su interés de invertir su parte en un negocio de gallinas ponedoras para poder conseguir el sustento diario de su familia.

Durante los próximos 14 meses, se ejecutará en el municipio de Solita, sur de Caquetá, un proyecto con el que se busca construir 323 baterías sanitarias en 35 veredas de la localidad.

Diana Cristina Gómez Reyes, coordinadora de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, explicó que ya se realizó el acto simbólico con el que la entidad, junto con la Alcaldía Municipal, Presidentes de Juntas de Acción Comunal y la Unión Temporal Consorcio MAGEL, ejecutarán la iniciativa al poner la primera piedra.

“Las comunidades lo dejaron reflejado en el ejercicio de planeación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Fue una de las necesidades más sentidas para mejorar las condiciones de habitabilidad y, de esta manera, el proyecto fue estructurado por la Administración Municipal, presentado ante el OCAD Paz y hoy ya tenemos una respuesta positiva para dar inicio su ejecución”.

Según la funcionaria, estos trabajos serán ejecutados en un lapso de 14 meses, tiempo para el que se conformó, con representantes de las Juntas de Acción Comunal, un comité de veeduría que se encargará de vigilar cómo avanzan las obras, que los materiales empleados sean de óptima calidad y que el producto a entregar permita el mejoramiento de la calidad de vida de 1.034 personas.

“Se tratarán las aguas residuales y se implementarán sistemas de saneamiento básico en las viviendas rurales dispersas; por eso, constarán de una ducha con un sanitario, un lavamanos, un tanque elevado y un lavadero. Adicionalmente, se instalará un sistema para los vertimientos en un área total de 4,84 metros cuadrados”.

Cecilia Muñoz, propietaria del predio en el que se puso la primera piedra de la obra y beneficiaria de este plan, manifestó su complacencia porque desde hace años venía sufriendo por la ausencia de agua en su vivienda.

En la ciudad de Florencia, se llevó a cabo la primera entrega a nivel país de una casa a una persona en reincorporación. Se trata de Yudy Sánchez, quien cumplió su sueño de ser la propietaria de un predio en suelo urbano, el cual inició hace quince meses con aportes de las diferentes entidades del Estado.

Para tal fin, la mujer ahorró parte de la renta básica otorgada por el Gobierno Nacional y de los recursos que obtuvo del proyecto productivo en el que trabaja para invertirlos en un proyecto de vivienda digna en la capital de Caquetá y convertirse hoy, oficialmente, en propietaria de una casa que consta de dos habitaciones, acabados completos, cocina integral, dos baños, patio de ropas, pisos enchapados y todos los elementos necesarios para comenzar una nueva vida.

“Me siento muy feliz y orgullosa por haber logrado conseguir esta casita, es lo que siempre soñé y con todo el esfuerzo puedo decir ya que es mía. Estoy convencida que con compromiso y responsabilidad sí se pueden alcanzar las metas propuestas e invito a mis compañeros a que se animen a ser propietarios también”.

Gracias a que la Alcaldía de Florencia aportó el lote en el que se construyó la ciudadela donde está ubicada la vivienda; la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, le entregará ocho millones de pesos correspondientes al apoyo económico que reciben las personas en proceso en reincorporación para el desarrollo de proyectos productivos o adquisición de vivienda; el Ministerio de Vivienda le otorgó un subsidio del programa ‘Mi Casa Ya’ y el Fondo Nacional del Ahorro le aprobó un préstamo hipotecario, Sánchez podrá continuar con su tránsito a la legalidad fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR.

Durante el 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por 95 mil millones de pesos a 208 empresas que están bajo su vigilancia al culminar procesos de investigación iniciados entre el 2017 y el 2019.

Para el caso de nuestro departamento, la Electrificadora del Caquetá fue sancionada por partida doble, ya que debe cancelar una multa de 482 millones por fallas en la prestación del servicio y, de paso, recibió una amonestación por no remitir información sobre resultados de vigilancia y auditoria sobre aplicación de medida ‘A Pagar Paga’.

Natasha Avendaño García, superintendente del ramo, explicó que estas sanciones son resultado del ejercicio de supervisión técnica que hace la entidad a las empresas prestadoras y de reclamaciones presentadas por los usuarios.

“En el marco del debido proceso, se definieron los valores de las multas impuestas a cada prestador teniendo en cuenta el tipo de infracción, falla o incumplimiento a la regulación que aplica a los servicios públicos bajo nuestra vigilancia. Nuestro objetivo es que las empresas corrijan las falencias identificadas para garantizar su adecuada gestión, la defensa de los derechos de los usuarios y la competitividad del sector ejerciendo buenas prácticas”.

Agregó que este tipo de castigos se impusieron a las 208 empresas que vigilan y las principales causas son cobros no autorizados, fallas en la medición del consumo, deficiencias en sus reportes de información y otros incumplimientos a la regulación vigente.

“Cabe recordar que, en materia de sanciones no económicas, el año pasado fueron amonestadas seis empresas por no expedir paz y salvo a los usuarios para facilitar el cambio de operador, tener fallas en el reporte de porcentaje de uso de activos en el Sistema de Transmisión Nacional, STN, y no brindar información sobre resultados de vigilancia y auditorías”.

Página 1 de 23

FACEBOOK

INSTAGRAM

Top