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La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, y líderes de las antiguas Farc, definieron el cronograma de trabajo para que 43 personas en proceso de reincorporación y sus familias se trasladen al municipio de El Doncello, norte de Caquetá, desde el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Normalización, ETCR, Yarí, ubicado en La Macarena, Meta.

El director de la entidad, Andrés Stapper, durante su visita al departamento, explicó que estas familias llegarán al predio San José, el cual cuenta con 70 hectáreas de extensión y fue adquirido por la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

“Allí se construirán viviendas definitivas y se habilitarán proyectos productivos para seguir avanzando en la ruta de reincorporación de las personas que llegarán desde el departamento del Meta y se reubicarán en el departamento del Caquetá. Trabajamos de la mano con la Gobernación del Caquetá y la Alcaldía de El Doncello para que este traslado concertado sea una realidad”.

Igualmente explicó que, con estas acciones, se marca un hito fundamental de este proceso de traslado concertado, pues ya se cuenta con los estudios de prefactibilidad que permitirán iniciar con el diseño de las viviendas.

“También se avanza en los trámites de licencia ambiental con Corpoamazonia y en las tareas de acondicionamiento del territorio, donde se han invertido más de 1.100 millones de pesos. Desde el Gobierno seguiremos garantizando el debido proceso porque tenemos la convicción de que debemos construir sobre lo ya construido. El traslado concertado de estas 138 personas será coordinado por la Fuerza Pública y estará acompañado por organismos internacionales para garantizar todas las condiciones de seguridad”.

La figura de entrega provisional de este predio, significa que la ANT les da a los excombatientes el derecho de uso, explotación y permanencia de estos territorios. Una vez se formalicen los respectivos estudios de prefactibilidad, que definirán cuáles serán las condiciones del proyecto de vivienda definitiva, cada uno de ellos recibirá una escritura individual para que puedan disfrutar de su casa con su familia. El terreno restante se dividirá en porcentajes iguales para que sea empleado en proyectos productivos.

La Unidad para las Víctimas realizó la socialización de la ruta de acompañamiento de retornos y reubicaciones de la comunidad étnica Misak del resguardo El Águila en el municipio de Belén de los Andaquíes. El evento contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Posconflicto de la Alcaldía local, con el objeto de aunar esfuerzos para devolverle a esta población un lugar seguro en donde puedan rehacer su proyecto de vida.

Vanessa Lema, directora encargada de la entidad en Caquetá, explicó que luego de recibido el informe técnico se pudo determinar, de manera preliminar, que de las 100 personas que componían el resguardo solo quedan 70.

“De esas 70, cerca de 50 viven en el polideportivo de Belén, donde se encuentran hace más de año y medio con las carencias propias del desarraigo, incluidas las condiciones irregulares de salubridad. Por eso, en la reunión se informó a los 20 representantes que acudieron, incluidos el gobernador John Jairo Santanilla y la vicegobernadora Marinela Ríos Alvarado, sobre el acompañamiento que se les ofrece y sobre la ruta a seguir para su retorno o reubicación”.

Según la funcionaria, se estableció que los principios fundamentales que deben existir, antes de retornar o reubicar esta comunidad, son los de seguridad (emitido por la Fuerza Pública), dignidad (vivienda, alimentación, salud y seguridad jurídica) y voluntariedad. Garantizados esos principios, se podría proceder al traslado de la comunidad a territorio.

Frente al tema, el gobernador Santanilla sostuvo que no existen las garantías en El Águila para retornar; razón por la cual, solicitan reubicación en Vallejuela 1 y Vallejuela 2, predios cercanos al casco urbano de Belén, donde se sienten más seguros porque hay vías, la Policía hace ronda y tienen servicio de internet.

Así las cosas, se espera que la Alcaldía envíe los documentos a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para la compra de esos terrenos y así poder reubicarse.

La comunidad étnica Misak del resguardo El Águila fue víctima de un ataque por parte de grupos violentos hace año y medio donde fueron asesinados algunos integrantes del resguardo, lo que generó el desplazamiento de la comunidad de su lugar de origen.

Por estos días, la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, está trabajando en la definición del plan de acción que permitirá invertir en los departamentos de Meta y Caquetá un millón de euros provenientes de cooperación internacional.

La directora de la entidad, Ana Cristina Moreno Palacios, explicó que la idea es beneficiar a 660 familias de esta parte del país.

“Esto, a través de la implementación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, PIDAR. Los recursos vienen de un apoyo presupuestario denominado ‘Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz’, el cual existe entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unión Europea y que son gestionados por la Consejería para la Estabilización”.

Agregó que, lo que se busca, es contribuir al acceso integral a los derechos de propiedad de la tierra en dos grandes baldíos de los departamentos en mención.

“Para nosotros es fundamental poder acceder a fuentes externas de financiación. Al final, las ejecutorias dependen de recursos y en el sector público esa siempre es una limitante. Celebramos esta noticia que favorecerá a nuestros productores rurales y, de paso, agradecemos a la Consejería para la Estabilización, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unión Europea porque, de esta manera, continuamos enfocados en la consecución de aliados que permitan seguir construyendo un campo con legalidad, equidad y emprendimiento”.

Según lo que se ha podido establecer, antes de finalizar la vigencia del 2023 serían invertidos estos recursos en su totalidad.

Gracias al trabajo de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en los últimos dos años se ha materializado la entrega de 449 subsidios integrales para que el mismo número de familias adquieran, con los recursos otorgados, un predio de su elección y, además, establezcan un proyecto productivo para su sustento.

Dichos subsidios, otorgados por el Gobierno Nacional, ascienden a los 26.864 millones de pesos, dinero con el que se adquirieron 235 predios en donde hoy, de forma individual o conjunta, estas familias han comenzado establecer sus proyectos.

Myriam Carolina Martínez, directora general de la entidad, explicó que estas ayudas estaban asignadas desde hace casi una década, pero no se habían entregado por trabas en el proceso.

“En el departamento de Caquetá fueron beneficiadas 44 familias que adquirieron 30 predios que suman 1.217 hectáreas y que recibieron un subsidio de 3.240 millones, siendo este departamento uno de las regiones en donde más predios se han comprado para familias campesinas de Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Santander”.

De paso, anticipó que el Ministerio de Agricultura avanza en la reglamentación de un nuevo programa de subsidios para la compra de tierras con proyecto productivo contemplado en el del Decreto Ley 902 y que, una vez esté listo, se podrán adelantar nuevas convocatorias en beneficio de las familias rurales del país.

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