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Desde hoy los ciudadanos que necesiten obtener el Certificado Catastral Nacional del IGAC, podrán hacerlo sin ningún costo. Según la Resolución 702 del 24 de mayo de 2023, se define la gratuidad de este documento que antes tenía un valor de 17.000 pesos.

Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director general de la entidad, sostuvo que la generación de este documento puede hacerse a través de la tienda virtual en https://tramites.igac.gov.co/geltramitesyservicios/home.seam o en las ventanillas de servicio de las 22 Direcciones Territoriales.

“Junto al certificado catastral nacional, hay otros dos certificados geográficos que se incluyen desde ahora de manera gratuita: el certificado sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales y el certificado de delimitación de áreas de un embalse o cuenca. Desde el IGAC queremos promover el fácil acceso a la información de los colombianos que requieren certificados catastrales para diferentes usos, sin costo alguno y que, en línea, puedan descargarlos de manera sencilla”.

De paso, explicó que el certificado catastral nacional incluye la información física, económica y jurídica de un predio y sirve para conocer la nomenclatura, propietario o poseedor del mismo (información para empresas de servicios públicos o privados), además de su avalúo, área y matrícula (información útil para registradores, notarios y curadores urbanos).

“También sirve para verificar la información de la propiedad con la que se liquidan los impuestos prediales por parte de las Alcaldías Municipales y la declaración de renta que se presenta ante la DIAN. Con este certificado se liquida la libreta militar y matrículas estudiantiles en colegios o universidades públicas, se solicitan subsidios de vivienda con Cajas de Compensación”.

Marulanda Morales recordó igualmente que el certificado sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales es un documento con el que se calcula la longitud de la tubería por la que se transportan hidrocarburos o gas y el área que ocupa en las localidades.

“Quienes solicitan esta información son principalmente empresas operadoras de hidrocarburos. Ese certificado tenía un costo de 42.850 pesos por kilómetro calculado. Así mismo, el certificado de delimitación de áreas de un embalse o cuenca es un documento con el que se calcula el área de proyectos hidroeléctricos para la transferencia de recursos económicos a entidades territoriales o a autoridades ambientales”.

Su valor era de 1.500 pesos por kilómetro cuadrado calculado del área de la cuenca o embalse y era solicitado por entidades como Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales del país y empresas operadoras de hidroeléctricas.

Durante tres días, el departamento de Caquetá será la sede de la primera Gira de Cacao Amazónico Sostenible, un evento en el que se reunirán productores, asociaciones, instituciones y entidades de la sociedad civil dedicadas a la producción y comercialización de cacao países como Ecuador, Perú y otros departamentos de la Amazonía colombiana que propenden por el cultivo del cacao como motor de desarrollo sostenible en la región amazónica.

Wendy Arenas, directora ejecutiva de Alisos, explicó que ésta es una valiosa oportunidad para fortalecer los lazos entre los países productores y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de valor.

“A través del intercambio de conocimientos y experiencias, buscamos impulsar la producción libre de deforestación y fomentar la conservación de nuestros preciosos recursos naturales”.

Según la funcionaria, el propósito de esta misión es proporcionar un espacio de intercambio de experiencias entre los productores de cacao de los tres países participantes con un enfoque en la producción libre de deforestación, postcosecha, fortalecimiento asociativo y vinculación comercial en las organizaciones cacaoteras para promover la implementación de prácticas agroforestales sostenibles que contribuyan a la conservación y reforestación de los bosques amazónicos.

Buscando aumentar la conservación y la proyección de la biodiversidad a través de prácticas agroecológicas, 60 familias de Florencia y Puerto desarrollan desde hace 11 meses un proyecto para, además, conservar 205 hectáreas de bosque primario gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de la USAID con la Red Cacaotera del Caquetá.

Jairo Rodríguez, profesional agroambiental de la Red Cacaotera, explicó que se han visto los cambios en los servicios ecosistémicos locales y avistamiento nuevo de aves.

“Empiezan a aparecer nuevamente teniendo en cuenta que se han dejado zonas en conservación y allí se produce un alimento para estos animales que circundan el medio y que han regresado. Por eso, se diseñan estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales en 1.600 hectáreas de cultivos de cacao y especies maderables que enriquecen la biodiversidad en 205 hectáreas a través de sistemas agroforestales”.

Agregó que, de paso, se conservan otras 205 hectáreas de bosque primario, lo que genera seguridad alimentaria. De hecho, el convenio cuenta con un componente de empalme generacional en el que se vinculan niños y jóvenes a las actividades de monitoreo del bosque y la biodiversidad con manejo de cámaras de foto – trampeo y labores cacaoteras para continuar con las tradiciones familiares, y preservar el legado de los campesinos que ahora le apuestan a un medio de vida sostenible.

Con esta iniciativa, se están protegiendo los cauces de las quebradas La Yuca, La Mochilero, El Lucero y La Holanda, que son afluentes del río Bodoquero, más Las Damas, La Esmeralda, El Silencio, El Sábalo y Montecristo que desembocan en el río Guayas.

José Ignacio Artunduaga del predio Las Delicias en la vereda Damas Arriba, sostuvo que en su predio hay cinco nacederos de agua.

“Tres nacederos tienen un caudal de seis pulgadas y eso es harto para estar tan cerca de donde nacen, caen a un caño que se llama Las Damitas y desemboca en la quebrada La Yuca”.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá, judicializó a un hombre por su presunta participación en un homicidio que tuvo lugar en el municipio de Cartagena del Chairá el pasado 9 de abril de este año.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora del ente acusador en la región, explicó que Johan Sebastián Leiton Claros se presentó ante la autoridad competente para responder por estos hechos ocurridos a las afueras de un establecimiento comercial donde se expendía licor en horas de la madrugada y al conocer que pesaba una orden de captura en su contra.

“Según las investigaciones, en el lugar se desató un enfrentamiento con armas blancas entre el hoy investigado y Marlon Andrés Devia Candelo, la víctima, quien habría agredido a la hermana de Leiton Claros”.

La Fiscalía le imputó homicidio simple, el cual aceptó haber cometido y, debido a que el procesado no cuenta con antecedentes, un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza la investigación.

Tras conocerse el asesinato de cuatro indígenas adolescentes del pueblo Murui en la comunidad del Estrecho, límites entre Amazonas y Caquetá, las autoridades de la región convocaron un Consejo de Seguridad Ministerial Extraordinario, el cual fue presidido por el Ministerio del Interior a través de la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Clemencia Solano Ramírez, quien estuvo presente también en la crisis generado en el sector de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, donde fueron retenidos cerca de 80 uniformados del Esmad y uno más asesinado en marzo de este año.

Según la funcionaria, se ha establecido la necesidad de una investigación contundente teniendo en cuenta el respeto por las comunidades y sus costumbres.

“Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesita, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto y que haya más presencia del Estado”.

Así mismo, el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, lamentó y rechazó este hecho, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas, especialmente a donde pertenecían estos menores de edad.

“Rechazamos rotundamente estos hechos por personas al margen de la ley y más en las condiciones como fueron masacrados estos niños, delante de las comunidades, delante de sus familiares. Esto no puede seguir pasando en Colombia, ni el Caquetá, hoy el país está de luto”.

Finalmente Carlos Garay Martínez, representante de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, se mostró conmovido por estos hechos y lamentó el escalamiento del conflicto armado en la región.

“Nuestra nueva generación ha sido involucrada en una guerra que no nos corresponde y, por ende, hoy estamos acá con un duelo casi que nacional por la masacre de estos cuatro niños, asesinados en el resguardo Puerto Sábalo – Los Monos en la comunidad indígena de los Estrechos, perteneciente el pueblo Murui”.

Los menores, según su testimonio, fueron reclutados hace un tiempo y, tras emprender la fuga con todo y armamento, regresaron a su comunidad donde solicitaron al cabildo devolver las armas y su retorno inmediato hacia Aracuara para, posteriormente, ser llevados a Bogotá.

“En ese transcurrir de tiempo, llegaron los grupos armados y los menores fueron asesinados delante de la comunidad. Esta es la información que tenemos hasta ahora”.
Al encuentro asistieron la Gobernación del Caquetá, el Ejército y la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la OEA y el Comité Internacional de Derechos Humanos.

Asociaciones campesinas e indígenas que agrupan a 170 familias víctimas del conflicto armado de los municipios de San José del Fragua y Belén de Los Andaquíes, serán beneficiarias de una millonaria inversión por parte del Fondo Colombia en Paz para establecer proyectos de conservación del medio ambiente y cultivos de productos de uso lícito en la región.

El anuncio lo hizo Camilo Cetina, director ejecutivo del Fondo, quien aseguró que lo que se busca es consolidar los territorios; por eso, es necesario trabajar de cerca y en conjunto con las comunidades para apostarle a estas iniciativas asociativas.

“El Fondo Colombia en Paz hizo una inversión que supera los dos millones de dólares. Este tipo de proyectos tiene una escala que empieza en pequeño y si somos capaces de seguir apoyando, creo va a generar unos cambios significativos”.

En ese mismo sentido, Deisy Quimbaya, representante de la asociación Proplab de la vereda Las Delicias de Belén de los Andaquíes, sostuvo que la comercialización era uno de los factores que más los afectaba.

“No estábamos organizados y los productos los pagaban muy mal en la cabecera municipal. Por ejemplo, el bulto de plátano era como ellos quisieran pagarlo. Hoy, gracias al apoyo del Fondo Colombia en Paz, estamos organizamos y tenemos aliados comerciales que, cada ocho días, tenemos segura la venta de los productos que cultivamos”.

Este proyecto, denominado oficialmente ‘Castaño de Monte para la Conservación’, consta de la siembra de 17.000 árboles de castaño de monte, 19.000 palmas de asaí y 34.000 plantas de plátano bajo sistemas agroforestales para contribuir en la lucha contra la deforestación en la Amazonia Colombiana; de paso, mejorar su calidad de vida.

Priorizar la seguridad de todas las personas y trabajar de manera conjunta entre la ciudadanía, la Policía Nacional y las empresas de vigilancia, fueron las conclusiones de la reunión que sostuvo el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Manzur, con representantes del sector en el departamento de Caquetá y diversas autoridades locales.

“Estamos en camino de fortalecer las estrategias adelantadas por la Supervigilancia. Una de ellas es la Ruta de la Formalidad y las visitas de seguimiento e inspección junto con otras que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía en general”.

El funcionario, además, realizó un seguimiento a las condiciones laborales del personal operativo, así como el acompañamiento a las empresas de vigilancia en sus necesidades de coordinación y trabajo conjunto con los organismos de seguridad del Estado.

Igualmente sostuvo que es necesario disminuir las cifras que evidencien algún tipo de alteración del orden público y que ponga en riesgo la vida de las comunidades.

“Los asistentes resaltan la imperiosa necesidad de trabajar de manera conjunta entre la ciudadanía, la Policía y las empresas de vigilancia y seguridad privada, pues se ha demostrado que este trabajo es uno de los más efectivos para combatir el crimen. Por esta razón, se pide que se reconozca el papel de aliados de todos los actores en materia de seguridad”.

La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas 25 bienes, avaluados en más de 10.608 millones de pesos, y que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y Farc.

El director de Justicia Transicional de la entidad, Salomón Strusberg Rueda, aseguró que las actividades investigativas dan cuenta de que las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto de las actividades ilegales.

“En ese sentido, fiscales de la Dirección de Justicia Transicional acudieron ante distintos tribunales de Justicia y Paz y obtuvieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Para el caso del departamento de Caquetá, se tiene la Hacienda ‘La Bonita’, ubicada en el municipio de Morelia. Este bien está conformado por seis predios que superan los 1.214 millones de pesos”.

Agregó que, en las investigaciones, se estableció que estuvieron al servicio del Frente Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC y, en su momento, fueron dispuestos como centro de concentración y coordinación de homicidios y secuestros, entre otras conductas criminales.

En los últimos 39 meses, la Fiscalía ha entregado al Fondo para la Reparación a la Víctimas, para su administración, 1.062 inmuebles avaluados en más de 845.864 millones de pesos.

Una encomienda que llegó a Bogotá desde el municipio de Unión Panamericana, departamento de Chocó, el 9 de septiembre de 2022, prendió las alarmas en una empresa de envíos en la capital de la República.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora de la Fiscalía General en Caquetá, explicó que dicho paquete tenía como destino final la ciudad de Florencia; pero, al ser escaneado por la empresa de envíos, se encontraron 10 cajas con munición.

“Labores de policía judicial establecieron que la remisión del paquete, al parecer, fue hecha por el cabo segundo del Ejército, Luis Diego Tovar Montealegre, integrante de un batallón con sede en Chocó. El ente investigador determinó que el uniformado le habría pedido a una mujer enviar el encargo, presuntamente, para su mamá, quien necesitaba baterías para paneles solares”.

La funcionaria sostuvo que el material de prueba recaudado le permitió a la Fiscalía establecer que posiblemente los destinatarios de la carga serían grupos armados ilegales que delinquen en el oriente del país.

“Los cartuchos pertenecerían al batallón del que hace parte el suboficial, pues al hacer un conteo en la guarnición militar, se constató que faltaban 474 cartuchos calibre 556. El procesado fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía en Caquetá para ser procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos”.

En el desarrollo de las audiencias, Tovar Montealegre aceptó los cargos en su contra y una juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

En peligro inminente se encuentra la población civil que habita los corregimientos Balsillas, Guayabal, Guacamayas y Troncales del municipio de San Vicente del Caguán. Así lo advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de dar a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 018 de 2023.

“Con la Alerta Temprana de Inminencia 018 advertimos sobre esta situación de riesgo actual para la población civil ubicada en el área de la cordillera del municipio de San Vicente del Caguán. Es necesario que desde el Estado se impulsen acciones urgentes para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la población civil”,

Agregó que estos en estos cinco corregimientos se determinó que existe una disputa por el control territorial y social entre la Segunda Marquetalia y el denominado Estado Mayor Central. Ésta última incursionó en la región lo que ha generado enfrentamientos entre estas dos disidencias de las antiguas Farc.

“La preocupación por el riesgo aumenta ya que en estos corregimientos existe una Zona de Reserva Campesina, el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, AETCR, Óscar Mondragón y los Resguardos de Altamira y Banderas del Recaibo”.

Este año se han presentado varios hechos víctimizantes. Entre ellos, la desaparición de un hombre de 37 años, el homicidio de una persona y se ha visto la presencia de hombres armados que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc. Todos estos hechos ocurrieron en el mes de mayo.

“La Defensoría del Pueblo también estableció que se han presentado dos enfrentamientos entre estas dos facciones disidentes. El primero ocurrió el 12 de mayo en la vereda Las Perlas y el segundo el 15 de mayo en el sector de la vereda Las Morras. Esto ha generado zozobra en las comunidades. Es necesario que se tomen medidas prontas que eviten el escalamiento de la amenaza, el riesgo de confinamiento, desplazamientos individuales y masivos o la desaparición forzada”.