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Autoridades pertenecientes al cabildo indígena Nassa Uss se reunieron en la ciudad de Florencia con delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para avanzar en el proceso de reparación colectiva de esta comunidad.

Yhina Paola Lombana López, directora territorial de la entidad, explicó que lo que se buscaba fundamentalmente era analizar los daños e impactos sufridos por este grupo poblacional a causa del conflicto armado que se ensañó en su contra en el año 2008 cuando debieron abandonar el resguardo Nasa Kiwe y Monte Bello, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Rico, norte de Caquetá.

“El encuentro se desarrolló dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva, establecido por el Decreto 4635 de 2011 y que tiene como componente esencial el marco del derecho a la consulta previa, donde se tienen en cuenta las opiniones de la comunidad para llegar a un acuerdo”.

En esta oportunidad se contó con la participación de setenta integrantes de la comunidad entre autoridades, hombres, mujeres, jóvenes y niños.

“La comunidad realizó un recorrido en tres temporalidades: antes de que sucedieran los hechos victimizantes, el conflicto como tal profundizando en los daños que estos generaron al interior del colectivo y el ahora”.

Lombana López enfatizó en que, igualmente, se trabajó por grupos focales de mujeres y hombres para favorecer la expresión de diferentes emociones y sentimientos como dolor, miedo, tristeza y enojo.

“Lo anterior, para fortalecer la confianza y el compromiso frente al proceso de reparación colectiva. Podemos decir que el cabildo indígena Nassa Uss es una comunidad empoderada con el proceso, unida, organizada y con muchos sueños por alcanzar”.

Luego del proceso de caracterización del daño, se continuará con la formulación del Plan de Reparación Integral Colectiva, PIRC, su implementación y cierre.

En la ciudad de Florencia, se llevó a cabo la primera entrega a nivel país de una casa a una persona en reincorporación. Se trata de Yudy Sánchez, quien cumplió su sueño de ser la propietaria de un predio en suelo urbano, el cual inició hace quince meses con aportes de las diferentes entidades del Estado.

Para tal fin, la mujer ahorró parte de la renta básica otorgada por el Gobierno Nacional y de los recursos que obtuvo del proyecto productivo en el que trabaja para invertirlos en un proyecto de vivienda digna en la capital de Caquetá y convertirse hoy, oficialmente, en propietaria de una casa que consta de dos habitaciones, acabados completos, cocina integral, dos baños, patio de ropas, pisos enchapados y todos los elementos necesarios para comenzar una nueva vida.

“Me siento muy feliz y orgullosa por haber logrado conseguir esta casita, es lo que siempre soñé y con todo el esfuerzo puedo decir ya que es mía. Estoy convencida que con compromiso y responsabilidad sí se pueden alcanzar las metas propuestas e invito a mis compañeros a que se animen a ser propietarios también”.

Gracias a que la Alcaldía de Florencia aportó el lote en el que se construyó la ciudadela donde está ubicada la vivienda; la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, le entregará ocho millones de pesos correspondientes al apoyo económico que reciben las personas en proceso en reincorporación para el desarrollo de proyectos productivos o adquisición de vivienda; el Ministerio de Vivienda le otorgó un subsidio del programa ‘Mi Casa Ya’ y el Fondo Nacional del Ahorro le aprobó un préstamo hipotecario, Sánchez podrá continuar con su tránsito a la legalidad fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Caquetá le hizo un llamado especial a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad para que se acojan al artículo 140 de la Ley 1448, el cual los exime de prestar el servicio militar obligatorio, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de promulgación de la ley en mención.

Según Yhina Paola Lombana López, directora de la entidad en la región, este proceso debe ser realizado directamente por la víctima del conflicto, a no ser que exista algún caso de fuerza mayor comprobado.

“El proceso es gratuito. Los enlaces de víctimas de los 16 municipios de Caquetá y los profesionales en los puntos de atención de la Unidad tienen instrucciones precisas para apoyar y orientar la inscripción de las víctimas que requieran el acceso a esta medida”.

De paso, recordó que este trabajo se realiza con el Distrito Militar N 43, ubicado en la ciudad de Florencia, para garantizarle este derecho a las jóvenes.

“Todo el procedimiento se realiza a través de la página www.libretamilitar.mil.co. Los documentos se deberán subir a la plataforma seleccionando la exención de la Ley 1448 de 2011 y son el registro civil, la cédula de ciudadanía y una foto 3 x 4 fondo azul con traje formal; posteriormente, debe generar la opción validar y quedará como inscripción registrada”.

Lombana López reiteró que el interesado debe notificar al enlace de la entidad en su localidad sobre la inscripción realizada para que ésta sea remitida al listado de beneficiarios a la Unidad.

“Después de realizar este trámite, el joven deberá consultar la página www.libretamiltar.mil.co, donde le aparecerá que es reservista de segunda clase y podrá descargar su constancia. Igualmente, el ciudadano debe contar con un correo electrónico personal a donde le llegarán las notificaciones del proceso de definición de su situación militar.

Un nuevo golpe a las disidencias que integran la denominada Segunda Marquetalia fue asestado por las autoridades. Se trata de la captura de tres hombres, la aprehensión de un menor de edad y la incautación de importante material de guerra y explosivos.

El coronel Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Novena Brigada del Ejército, acantonada en la ciudad de Neiva, explicó que tropas del Batallón de Infantería N 27 Magdalena y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, permitieron estas importantes acciones.

“Labores de inteligencia daban cuenta del paso por carreteras del Huila de un vehículo en el que se transportaba material ilícito que habría sido sacado del Caquetá y debía ser entregado al GAOr Carolina Ramírez en el departamento de Nariño. Esto conllevó a la instalación de puestos de control para neutralizar los planes de estas estructuras ilegales”.

Por esta razón, en la vereda Resinas del municipio de Guadalupe, sur del vecino departamento, se logra detener la marcha de un carro y de una motocicleta, la cual sería la encargada, presuntamente, de alertar acerca de la presencia de la Fuerza Pública en el corredor vial.

“La inspección minuciosa permitió dejar al descubierto un depósito ilegal debajo de las sillas del vehículo. Allí habían sido acondicionadas 20 granadas de 40 milímetros, un cañón para ametralladora, 29 kilos de pólvora negra, 7.666 cartuchos de 5.56 y 7.72 milímetros, 32 cargadores para fusil M4, cuatro cargadores para fusil galil, 195 estopines y cerca de 11 millones de pesos en efectivo”.

Según el oficial, durante el procedimiento, los sujetos ofrecieron nueve millones de pesos a las unidades para que se les permitiera seguir su tránsito hacia el departamento del Caquetá; sin embargo, los uniformados rechazaron la propuesta y procedieron a materializar las capturas y la aprehensión en flagrancia de las cuatro personas.

“Fueron capturados Ermison Almario Trujillo, de 46 años de edad; Rubén Antonio Alarcón Orozco y Ernesto Ardila Bello, de 51 años de edad, además de un menor de edad. Cabe mencionar que Almario Trujillo al parecer integra la Red de Apoyo de las Estructuras Residuales, RAER, de la compañía Fernando Díaz del GAOr Teófilo Forero. Le figuran anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, lesiones personales y tráfico de estupefacientes. Además, Ardila Bello presenta una anotación judicial por el delito posesión para el procesamiento de narcóticos, es ex integrante de las extintas Farc y actualmente, supuestamente, coordinaría actividades delictivas con Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, uno de los cabecillas principales de la Nueva Marquetalia”.

En Colombia, a los buscadores de desaparecidos les han dado instrucciones de cómo hacerlo, mas no de cómo protegerse de las amenazas e intimidaciones que surgen cuando escudriñan la verdad. Para una madre, cuando pasan los años y no hay respuestas, la única opción es adentrarse en escenarios incómodos y peligrosos. Catorce años después de la desaparición de su hijo, Nohemí Agudelo activa su propia ruta de búsqueda.

Parecía que el único desaparecido que tenía familia en el municipio de Florencia, Caquetá, era Cristian Camilo Josa Agudelo. Nadie reclamaba, nadie lloraba, nadie buscaba; solo se veía a una mujer corriendo desesperada de un lado a otro y temblando de miedo por lo inesperado.

Ella era Nohemí Agudelo, quien hace 14 años temía que lo peor les estaba ocurriendo a su muchacho y a otros hijos del pueblo. No era un sueño, era una pesadilla de la que aún no despierta y con la que afronta una lucha interminable por conocer la verdad.

 

Cada vez que hay un plantón o manifestación para saber qué pasó con las víctimas del conflicto armado, Nohemí Agudelo está ahí con la imagen de Cristian Camilo. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe ‘Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzada’, reporta 3004 víctimas de este fenómeno al 23 de abril de 2018. Muchas son buscadas, otras ni siquiera mencionadas. No obstante, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hay 350 solicitudes. Quienes se dedican a seguir el rastro de sus seres queridos lo hacen bajo anonimato, temen correr la misma suerte. Sus perpetradores aún están en el territorio y ocultan la verdad; escudriñarla los expone a intimidaciones, persecuciones, amenazas y desplazamientos. Nohemí las ha soportado todas, pero insiste en su propósito de encontrar a Cristian. Ha dado a conocer su lucha en los medios de comunicación; quiere que el mundo se entere de que lo sigue buscando hasta debajo de las piedras.

La vida de Nohemí ha estado atravesada por el dolor; también por la valentía y la persistencia. Ella está como el Caquetá: obligada a vivir complejas experiencias de abandono estatal. Este departamento, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registra que el 47 % de la población es víctima de la guerra; el 59 % tiene sus necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, acueducto y vivienda; en promedio, cada familia cuenta con cuatro víctimas de la confrontación armada, y el número de hogares violentados en el marco del conflicto supera los 55 000. Así lo constató la Comisión de la Verdad en julio de 2019 durante la inauguración de la ‘Casa de la verdad de Florencia: territorio seguro para el diálogo’.

Desde el momento en que dejó de ser intendencia para convertirse en departamento, el 15 de diciembre de 1981, Caquetá ha sido una de las zonas más afectadas por la lucha armada en Colombia. Sus pobladores han vivido las horrorosas prácticas del secuestro, las masacres, la extorsión, el ‘boleteo’, las muertes en cautiverio, el reclutamiento ilegal de menores y adultos, el desplazamiento y la desaparición forzada. Estos flagelos destruyen vidas, el tejido familiar y comunitario.

Ser buscadora de desaparecidos en Caquetá, específicamente en Florencia, es una dolorosa misión para Nohemí, que provoca una lenta e inevitable angustia de tanto pensar si sus familiares viven aún, dónde están, si fueron torturados o cuánto sufrimiento soportaron en manos de sus captores. En efecto, los allegados de los desaparecidos enfrentan múltiples penas desde la última vez que los vieron, o cuando denunciaron sus desapariciones y no los atendieron de inmediato; en el momento en que empezó la búsqueda o el día en que se apagó la esperanza de encontrarlos vivos. Pero hay otros dolores que les restan aliento, que surgen cuando dejan de escuchar sus nombres, la indagación no avanza, no les suministran información en los despachos judiciales, la ciudadanía no los acompaña a exigir justicia o reciben amenazas por reclamar verdad.

Con tal de saber qué pasó con su hijo menor, Nohemí ha afrontado todos los vaivenes del dolor. Cuenta que vio a Cristian Camilo por última vez el 28 de agosto de 2006, a las cinco de la tarde, minutos antes de iniciar la labor diaria de venta callejera de arepas, con la que ayudaba al sustento familiar. “A la edad de 17 años desapareció del barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI, en Florencia. Ese día en la mañana un amigo vino a buscarlo, pero como no estaba porque se había ido con su papá a trabajar, le dejó dicho que le ayudara a llevar un portón a la segunda etapa del barrio. A su regreso le di la razón y él salió a cumplir con lo encomendado. Cristian era el encargado de prender el carbón y probar si las arepas estaban bien de sal, pero como se estaba tardando, me tocó hacerlo a mí”. 

 

Nohemí Agudelo es la cara más visible de los desaparecidos en Caquetá, pese a que ha sido amenazada y le tocó irse de Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
 
 
Tras la firma de los acuerdos de paz negociados entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Gobierno nacional, en noviembre de 2016, se pensaba que lo peor iba a quedar atrás, que vendrían tiempos mejores para cerrar las heridas y seguir adelante, pero no fue así. De acuerdo con fuentes que pidieron mantener sus nombres reservados por razones de seguridad, en 2020, en pleno año de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID–19, hubo siete denuncias de desaparición de personas, que se suman a las 56 existentes, presentadas desde el momento de implementación de dichos acuerdos hasta diciembre de 2019.

A pocos metros de distancia de donde estaba vendiendo arepas, Nohemí alcanzó a ver que un vehículo tipo taxi, con sus ocupantes, hizo un giro inesperado en la esquina de la calle, sin percatarse de que su hijo era uno de los pasajeros. Sin embargo, algunos testigos aseguraron después que el joven no subió obligado, por lo que no despertó sospechas de que algo malo estuviera ocurriendo. Luego apareció la persona que lo había buscado para trasladar el portón. Nohemí le interrogó por Cristian, y le respondió que no tardaba; pero nunca regresó. “Al otro día fui a preguntar por mi hijo. Los vecinos me contaron lo del taxi, cogí su foto y me fui a hablar con el comandante de la Policía de ese entonces, el coronel José Ángel Mendoza Guzmán, para que me ayudara, porque allá tenían a los muchachos de la Ciudadela como lo peor de la ciudad, con fama de drogadictos y atracadores. Él no era así; yo sé qué clase de hijo tenía”.

El oficial, hoy mayor general retirado de la institución, la citó cuatro días después para comunicarle que no había información sobre el paradero de su familiar. Durante 15 días, la desaparición de Cristian fue tema en varios medios de comunicación nacionales, incluyendo la emisora de la Policía en Bogotá. “Allí dije que algo estaba pasando con los muchachos de Caquetá, porque se los estaban llevando, y no sabíamos quiénes eran los autores de este hecho. Yo no puedo decir que fueron las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia o que se trató de un falso positivo, aunque el caso esté ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala Nohemí, quien rompe en llanto al recordar que, tras 14 años de acudir a la institucionalidad encargada del asunto, no sabe nada de ese adolescente de un metro con 75 centímetros de estatura, carácter fuerte y noble a la vez, dedicado a su familia, voluntarioso para hacer los favores que le encomendaban y apegado a ella, a quien siempre le contaba qué iba a hacer o para dónde se dirigía.

“Hablar de él es muy duro; algo le pasó. No estaba enseñado a irse de rumba y durar tres o cuatro días por fuera de la casa, porque nunca lo hacía. Cada cierto tiempo se iba unos 20 días para donde sus abuelos, que vivían en la vereda Aguascalientes, en el municipio de Morelia, a 20 minutos de Florencia. Los acompañaba y volvía”, afirma mientras seca sus mejillas.

Desde hace varios años, Nohemí forma parte de la Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos: Los Que Faltan, que congrega a cerca de 300 familias víctimas de este flagelo en la región. “Mis amigas dicen que sus hijos fueron secuestrados por el frente tal y el comandante tal, pero yo no puedo decir lo mismo porque no sé quién se lo llevó. Yo hablo de un desaparecido, y necesito saber si fue un crimen de Estado, si fueron las AUC o las Farc-EP”, reclama Nohemí.

Un día, en medio de la búsqueda y vía WhatsApp, le llegó una foto en la que comparaban la imagen de Cristian con la de un combatiente de la extinta guerrilla. Aunque físicamente es parecido, su corazón de madre le dice que no es su muchacho. No obstante, necesitaba saber con certeza si su hijo perteneció a este grupo armado. Por ello, el 12 de mayo de 2017, Nohemí viajó hasta el municipio de Mesetas, Meta, en donde se reunió con un excomandante y varios exmiembros de esa estructura. “Les dije que si su organización es tan grande y poderosa como aseguran, que contaran dónde está la gente que fue reclutada. Ellos se incomodaron, me dijeron que no reclutaban. Les alegué que necesitaba saber si estaba vivo o muerto para ir a recogerlo”.

Nohemí regresó a casa sin nuevas pistas, pero retomó la búsqueda mediante redes sociales, aprovechando la firma del acuerdo de paz. Ella cuenta que, por medio de Facebook, les envió solicitud de amistad a varios excombatientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, antiguo comandante del estado mayor de las Farc-EP. “Finalmente, me aceptó la invitación. Le envié la foto del pendón de mi niño con su historia y me contestó ‘tomaré atenta nota’. No respondió nada más. Los guerrilleros me escribían lo mismo: que me iban a ayudar, que iban a investigar, pero nada pasó”.
 
 
 
Pendón con la imagen de Cristian Camilo, la misma que fue enviada por Nohemí a excombatientes de las Farc-EP para que le ayudaran en su búsqueda. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
 
Cuando los exguerrilleros empezaron a recorrer el país haciendo campaña política para llegar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en 2018, Nohemí acudió, junto con un grupo de víctimas, a una manifestación que se daría una vez arribaran los candidatos de la Farc a la ciudad.

Ese 4 de febrero, Iván Márquez llegó a la capital de Caquetá. “Aproveché que el líder guerrillero iba a estar en el polideportivo de la Ciudadela para preguntarle si sabía algo de mi hijo. Además, otras víctimas me habían dicho que hiciéramos un plantón para exigir verdad y justicia. Allí, gritando arengas, estaba un profesor que fue secuestrado por esa guerrilla. Cuando la policía lo iba a detener, yo me metí en medio de ellos, les pedí que miraran la foto plasmada en mi camiseta y el pendón que cargaba, porque esos elementos estaban llenos de verdad y, sobre todo, de dolor. Los uniformados dieron dos pasos atrás y dejaron continuar la manifestación que las víctimas estaban realizando. La comunidad empezó a aglutinarse en los andenes con la idea de reclamarles que, por culpa de los excombatientes, habían perdido sus tierras, familiares y, en muchos casos, habían tenido que salir desplazados a pasar penurias lejos de sus hogares”, relata Nohemí.

En esa ocasión ella expuso nuevamente su caso ante los medios de comunicación locales. De regreso a casa se enteró de que habían atacado el polideportivo con piedras y quemado las banderas políticas del partido Farc. “Mes y medio después, una persona que no se identificó me llamó y preguntó, en tono altanero, qué buscaba, que si quería que me ‘levantaran’. Yo les dije que no estaba diciendo mentiras, sino buscando a mi hijo. La sentencia que recibí fue que abandonara Florencia. Tendría que estar muerta para no buscar a mi hijo, porque callada no me quedaré”, desafía Nohemí.

La madre de Cristian se vio obligada entonces a abandonar el departamento y se fue a vivir a Cali, donde estuvo cuatro meses, tiempo en el que no supo nada de él. En uno de sus sueños, desde una nube, Cristian le pidió que no sufriera más, y cuando emocionalmente se preparaba para atender el llamado divino, el destino le volvió a propinar otro golpe: su hijo Wilmer Josa Agudelo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado en un asalto que las tropas realizaron a un campamento de las disidencias de las Farc en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, el 15 de diciembre de 2018. Dejó una esposa, unos hijos y una familia destrozada. Al año siguiente, el 11 de julio, fue inaugurada la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia.
 
 
Wilmer Josa Agudelo en una de las dedicatorias que le hizo a su mamá durante su carrera militar. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
  
 
Una de las placas que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, unidad donde estaba Wilmer, entregó a sus familiares tras su fallecimiento. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz. 
 
Nohemí, con su otro dolor a cuestas, retornó a Caquetá para buscar la verdad, esa que la Comisión de la Verdad trata de construir investigando por qué la desaparición forzada se enquistó en la región. Esta oficina ha sido artífice de varias reuniones en las que los asistentes contribuyen a estas indagaciones de manera abierta y voluntaria. “Hemos generado encuentros de verdad, no solo para el esclarecimiento, sino para propiciar espacios de diálogo social. No hay limitaciones de público; han participado aproximadamente unas 500 personas interesadas en ayudar a esclarecer los sucesos que trajo el conflicto armado”, explica Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial en Florencia. 
 
                                                                                                                                                                                                 Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Un mes antes de que se desatara la pandemia generada por el COVID-19, y ante la falta de información sobre el paradero de su hijo, Nohemí cuenta que se desesperó tanto que interpuso una acción de tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), porque no le respondió un derecho de petición en el que preguntó si el caso de la desaparición forzada de Cristian fue asumido por la justicia transicional o, en caso negativo, se le indicara el procedimiento específico para que se llevara a cabo su pretensión.

El Tribunal para la Paz declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que al momento del fallo logró satisfacer la pretensión de Nohemí en la demanda. En el dictamen le informó también que “la Sala de Reconocimiento investiga los delitos de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por integrantes de las Farc-EP y de la fuerza pública, entre el primero de enero de 1971 y el primero de diciembre de 2016, así como los hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y otros de violencia, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición y homicidio”.

Nohemí espera ahora que la JEP asuma y certifique el caso de su hijo. Ella sabe que no es la única de su departamento que carga una cruz por la desaparición de un ser querido. El equipo territorial en Florencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) lleva cerca de 20 meses realizando su trabajo en el ámbito local, y hoy tiene radicadas alrededor de 350 solicitudes de búsqueda solo en Caquetá, pues también hace presencia en 18 municipios del sur del Huila, poblaciones desde donde se efectúan 230 más.

Su coordinador, Carlos Enrique Zapata Bohórquez, quien a su vez indaga por el paradero de su padre desaparecido, explica que vienen haciendo pedagogía con las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, actores interesados en la búsqueda, y aportantes de información para dar respuesta a las familias que acuden a su oficina. “Hemos hecho dos entregas. En 2018 hicimos la primera, que incluso fue la primera a nivel nacional; mientras que la segunda la hicimos el año pasado con el acompañamiento de la Fiscalía. Estamos trabajando en la búsqueda de información con las entidades del Estado, en fuentes abiertas o con convenios interinstitucionales para determinar qué se ha investigado, dónde puede estar la persona desaparecida y qué acciones han emprendido sus familiares para encontrarla”.
 
 

Los restos mortales de uno de los desaparecidos de Caquetá ya fueron entregados a sus familiares y hoy reposan en el cementerio central de Florencia. Fotografía: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) .

 

Zapata Bohórquez ha conocido de casos en los que tanto hombres como mujeres que se dedican a buscar a sus desaparecidos son objeto de amenazas, torturas y violaciones. “Ciertamente empezaron la búsqueda, la cual los va llevando por ciertos caminos y, a veces, en su afán por encontrar a su ser amado, van hasta donde sea necesario, sin importar las consecuencias. Llegaban a lugares y allí se encontraban con actores armados que los amenazaban y los torturaban. Tanto a mujeres como a hombres los violaban para darles a entender que no buscaran más porque, si lo seguían haciendo, los mataban o les hacían esos vejámenes de nuevo”, señaló el funcionario.

Explicó que quienes acuden a la UBPD contarán con las garantías necesarias para conocer el paradero de sus allegados. Además, tendrán la certeza de que el caso no será archivado, pues la corporación asume el proceso con carácter humanitario y extraoficial, con el compromiso de continuar en el tiempo hasta lograr encontrar a la víctima, ya sea con vida para hacer el respectivo reencuentro o sin vida para hacer entrega de sus restos mortales.

Luego del cese de hostilidades decretado entre el Gobierno nacional y las Farc, se han presentado ante la Fiscalía 63 denuncias de desaparición forzada en 14 de los 16 municipios del departamento. Así lo aseguraron fuentes oficiales que insistieron en mantener sus nombres bajo reserva. Afirmaron también que han abierto siete investigaciones para dar con el paradero de estas personas. En su mayoría, los casos son atribuidos a integrantes de grupos armados ilegales que no brindan datos detallados, mientras que en otros, las víctimas salen de sus casas sin dar información a sus familiares y no regresan. Se han esclarecido tres historias, se han encontrado doce personas vivas y seis cuerpos.

Sin desconocer los esfuerzos institucionales, Nohemí continúa la búsqueda por su cuenta, aunque su corazón le diga de muchas formas que Cristian ya no está vivo. “Cuando recibí la noticia del asesinato de Wilmer, mi otro hijo, sentí el mismo dolor. Ahora, ante la angustia de no saber qué ocurrió con Cristian, y ante el paso del tiempo, algo me dice que está muerto. De todas maneras, seguiré buscándolo, porque uno no se desaparece de la faz de la tierra, algún rastro debe haber”.

 

 

Los hermanos Cristian Camilo (izquierda) y Wilmer Josa Agudelo (derecha) ya no disfrutan del calor de hogar que su madre Nohemí construyó para ellos. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Diálogos con la ausencia. Formación virtual para periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de estas organizaciones.

 
 

Durante tres días, entre el 11 y el 13 de febrero reciente, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, realizó en Florencia una jornada de atención a más de 80 familiares de víctimas de desaparición forzada.

Salomón Strusberg Rueda, director de Justicia Transicional del ente acusador, explicó que en desarrollo de la actividad se les brindó apoyo psicosocial a los asistentes y se tomaron entrevistas, así como muestras biológicas para hacer cotejos en los laboratorios.

“Parte del objetivo de esta jornada se concentró en alimentar y actualizar los sistemas de información de la entidad, así como el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sirdec, para hacer más expeditos estos procesos de identificación y búsqueda. El GRUBE adelantó diligencias de exhumación y recuperó 17 cuerpos de víctimas del conflicto armado en el Cementerio Central de Florencia con el fin de lograr su plena identificación y continuar el proceso de entrega a las familias para dignificar y honrar su memoria”.

Según el funcionario, se realizó la ceremonia de entrega digna de los restos óseos de dos jóvenes de 22 y 23 años a sus familiares. Según las investigaciones, la primera víctima desapareció en el año 1999, mientras que de la segunda se desconocía su paradero desde el 2009.

“Los cuerpos fueron exhumados en el marco de la intervención al cementerio Central de Florencia el 16 de abril de 2018 y el 12 de marzo de 2019, respectivamente. Tras su identificación, se cierra para las familias un ciclo de dolor e incertidumbre”.

Un taller virtual con 49 víctimas, líderes y lideresas de organizaciones defensoras de derechos humanos de Caquetá, adelantó la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Su director, Giovanni Álvarez Santoyo, calificó como fundamental la participación de las víctimas por haber sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia.

“La Jurisdicción Especial para la Paz, en días como hoy, siente una gran satisfacción porque la presencia de ustedes resulta fundamental para la labor que nosotros venimos desarrollando. Tienen una región muy rica en recursos naturales, como muchos otros lugares de nuestra querida Colombia, pero ha sido muy atacada y esquilmada por los grupos al margen de la ley”.

De paso, recordó que este grupo poblacional ha pagado el precio de lo que significa el conflicto de un país, un precio que además no tenían por qué pagar.

Durante la reunión virtual, funcionarios de la Unidad les explicaron a los participantes qué pasos deben seguir para acceder a la JEP y, asimismo, en qué consiste el Programa de Prevención y Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la JEP.

De otro lado, Flor Alba Rojas expresó su satisfacción por el encuentro y dijo que, aunque está de acuerdo con el proceso de paz con las FARC, le preocupa que no se conozca la verdad por parte de la extinta organización ilegal.

“Las víctimas queremos conocer la verdad de todo. Así nuestros familiares estén muertos, que nos los entreguen”. Los familiares de los desaparecidos sentimos a diario ese dolor en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro ser”, enfatizó.

Por su parte, Bernabé Plazas sostuvo que si bien hay personas que están temerosas de decir la verdad ante las autoridades sobre los horrores del conflicto, hay otras que están dispuestas a decirla.

 

Por orden de un juez, 183 hectáreas y 9.977 metros cuadrados que suman tres predios, serán entregados a igual número de familias que salieron favorecidas con fallos de restitución de tierras en el departamento del Caquetá.

Fernando Cuéllar Ramírez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en Caquetá, explicó que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué le reconoció a los demandantes su calidad de víctimas y estableció medidas de reparación integral a las familias afectadas por las acciones beligerantes de los grupos delincuenciales que han operado históricamente en la región.

“Vemos que, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio, el trabajo de la Unidad sigue dando frutos. El Juzgado de Restitución de Tierras ordenó entregar tres predios a familias víctimas de la violencia en los municipios de Florencia y Valparaíso que fueron desplazadas de sus predios”.
Agregó que, con las pruebas aportadas por la entidad, la justicia estableció que existen las condiciones de seguridad para que los tres hogares regresen a sus propiedades y puedan rehacer sus planes de vida.

“Igualmente en la sentencia se ordenaron subsidios para el mejoramiento de vivienda en el caso de las dos restituciones en el casco urbano de Valparaíso y subsidio de vivienda nueva para el predio ubicado en zona rural de Florencia debido a que los grupos delincuenciales quemaron la propiedad”.

El funcionario recordó que para el caso de estos nuevos fallos, los hechos se remontan al ataque que lideraron las FARC en 1997 a la Estación de Policía del municipio de Valparaíso, el cual obligó a los habitantes de las viviendas aledañas a dejar sus propiedades y, para el 2007, la familia que habitaba en zona rural de Florencia, se vio obligada a huir porque hombres de esta organización ilegal los acusaba de ser informantes del Ejército Nacional, situación que los llevó a desplazarse a Fusagasugá, Cundinamarca, y luego viajar a España.

Una preocupante situación reveló la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas en Florencia respecto al engaño que estaría sufriendo este grupo poblacional en la región.

Su directora en Caquetá, Yhina Paola Lombana López, explicó que personas inescrupulosas buscan sacar provecho de los beneficios que reciben los sobrevivientes del conflicto.

“Reiteramos que las rutas de atención y los procesos que adelanta la Unidad son gratuitos. Los trámites para reclamar la indemnización a que tienen derecho no tienen ningún costo y que ninguna organización, fundación o asociación está autorizada para realizar dicho procedimiento”.

De hecho, esta situación fue analizada por la Oficina Jurídica de la entidad y ya se interpusieron las acciones penales correspondientes contra ese tipo de fundaciones y sus representantes legales. 

“Teniendo en cuenta el estado de emergencia que vive el país y el cierre de los puntos de atención y los centros regionales, se ha desarrollado diferentes estrategias de atención para evitar que caigan en el engaño y, de esta manera, avanzar en la notificación. Contamos con el apoyo de las Alcaldías para que los orientadores y notificadores establezcan contacto con las víctimas y los orienten en sus procesos”.

Para el caso de Florencia, se habilitó la línea fija 436 29 46 junto con los números celulares 322 238 59 57 y 310 552 41 91 para que las personas interesadas en adelantar cualquier trámite ante la Unidad lo hagan directamente.

Así mismo, en Cartagena del Chairá se pueden comunicar al 322 328 01 02, en San Vicente del Caguán al 321 475 52 15 y en La Montañita al 311 226 59 45 y al 317 371 20 57.

“No queremos que presuntos delincuentes saquen provecho de estas personas que sufrieron a causa del conflicto y por eso manifestamos nuestra preocupación, tras percatarnos de que individuos malintencionados siguen pidiendo dinero a las víctimas por adelantar trámites. Alertamos a la comunidad frente a este hecho que es un delito”.

Tras el desplazamiento de los indígenas misak en el municipio de Belén de los Andaquíes, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas realizó el acompañamiento respectivo frente a la emergencia humanitaria generada y brindó el apoyo necesario tras ser fallada una acción de tutela fallada a favor de la comunidad.

Yhina Paola Lombana, directora territorial de la entidad en Huila y Caquetá, explicó que la institución implementó medidas de rehabilitación orientadas a población indígena con la realización de mingas de pensamiento con niños y adolescentes para afrontar el dolor, manejo de duelo y fortalecimiento de lazos familiares.

“Así mismo, y pese a la contingencia generada por la emergencia sanitaria que vive el país, se brindaron 86 asistencias técnicas orientadas a 55 municipios en Caquetá y Huila para facilitar la adecuada implementación de la política pública de víctimas en este territorio”.

De paso, la funcionaria explicó que un total de 2.890 millones de pesos fueron utilizado en el pago de atención humanitaria en los departamentos antes mencionados a 5.642 hogares víctimas del conflicto armado para mejorar la calidad de vida de la población objeto y superar muchas dificultades y carencias que venían padeciendo.

“Igualmente, en cuanto a la estrategia con los nuevos Alcaldes y Gobernadores, se realizaron mesas sectoriales que permitieron a las víctimas tener voz en la formulación de sus Planes de Desarrollo, quedando incluidos los aspectos esenciales consagrados de la Ley 1448 de 2011”.

Lombana recordó que en el departamento de Caquetá han llegado 667 notificaciones de reparación administrativa representadas en 538 cartas de indemnización y 129 notificaciones para jóvenes de encargo fiduciario, los cuales ascienden actualmente a 85 beneficiarios con recursos cercanos a los 363 millones debidamente asignados”.

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