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Desde el pasado martes, la “Contraloría Móvil” se encuentra recorriendo varios municipios de Caquetá para atender las quejas, peticiones y reclamos de la ciudadanía; de paso, darle trámite a las denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos púbicos en esta región.

Felipe Córdoba Larrarte, contralor general de la Nación, explicó que esta unidad móvil está viajando por las diferentes regiones del país para acercar los servicios institucionales de la entidad a la comunidad en general e invitarla a convertirse en aliados del control fiscal.

“La “Contraloría Móvil” comenzó su recorrido el pasado martes en el municipio de San Vicente del Caguán y hoy miércoles estuvo visitando la población de Puerto Rico. Mañana jueves, 4 de noviembre, estaremos haciendo presencia en la localidad de El Doncello y el viernes y sábado tendremos nuestra móvil en la ciudad de Florencia”.

El funcionario explicó que los ciudadanos que quieran acercarse a denunciar o realizar peticiones ante la entidad, pueden aprovechar estos días y hacerlo en la “Contraloría Móvil”.

“Además de recibir denuncias, se explicarán las competencias y funciones de la entidad y las diferencias con otros organismos, con el fin de incentivar el control social a los recursos que pertenecen a todos los colombianos. Con esta estrategia la Contraloría busca llegar a muchos sitios del país, para invitar a los ciudadanos a que formen una alianza y se conviertan en guardianes de los recursos públicos en el territorio nacional”.

Córdoba Larrarte recordó, de paso, que la idea también es visitar instituciones educativas para verificar el Plan de Alimentación Escolar, PAE, obras inconclusas, proyectos críticos o elefantes blancos. De la mano de la ciudadanía se verificará su situación y avances.

“Tenemos igualmente una aplicación disponible para teléfonos inteligentes. Para ingresar a ControlApp desde su dispositivo móvil, digite en su navegador la dirección web cfparticipativo.contraloria.gov.co. Una vez allí, podrá iniciar su ejercicio de vigilancia”.

La aplicación está disponible para dispositivos Android a través de la Play Store con el nombre de ControlApp o ingresando al enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.contraloria.cfparticipativo.twa&hl=es_CO&gl=US

La Contraloría General de la República determinó que, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Educación y al 29 de enero del presente año, Florencia y Caquetá no están cumpliendo con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Ante esta situación, el organismo de control realizó un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar esta iniciativa.

“A pesar que las entidades territoriales tienen tiempo máximo de margen de iniciar la entrega en la segunda semana del calendario académico, en Colombia sólo 1 millón 200 mil estudiantes están recibiendo la alimentación escolar. Es por eso que hacemos el llamado a las autoridades locales para que no dejen a sus estudiantes sin la alimentación estipulada”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

De paso recordó que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública y el PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia de la Contraloría y de la ciudadanía en general.

“Tras conocer el reporte nacional, se evidencia que algunas entidades territoriales, que han reportado al Ministerio de Educación el inicio de sus calendarios académicos, vienen desconociendo las indicaciones del programa sobre un margen máximo para iniciar la entrega de la alimentación, que es la segunda semana del calendario académico.

Durante el balance de gestión virtual que entregó la Contraloría General de la República en el departamento del Caquetá, se conoció que la entidad adelantó este año cinco procesos de responsabilidad fiscal considerados como “emblemáticos” y que suman 30.584 millones de pesos.

El primero de ellos es contra la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. por hechos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de compra y venta de energía a través de contratos bilateral y transacciones en la Bolsa de Energía de la vigencia 2017. Como presunto responsable se vinculó a su Gerente por una cuantía de 8.503 millones. 
 
En el segundo caso se involucra a la Gobernación de Caquetá por las aparentes inconsistencias encontradas en el convenio No. 009 de 2013, suscrito con la polémica empresa denominada Assitance International. Como aparentes responsables fueron vinculados el exrepresentante legal de la entidad y varios exsecretarios de Despacho por un valor de 5.671 millones. 
 
Así mismo, se aperturaron dos investigaciones contra el Instituto Nacional de Vías, Invías. La primera por supuestas anomalías en el análisis de los componentes del precio unitario de cinco ítems no previstos en los contratos 850 de 2009 y 1569 de 2009. Como presuntos responsables fueron vinculados los exdirectores del Instituto asesores y supervisores de los contratos, al ex Representante Legal de la entidad y exsecretarios de Despacho por 10.081 millones.

La segunda investigación tiene que ver con unos hechos aparentemente no muy claros que se habrían presentado en el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, en la ejecución del contrato 126 del 2010, el cual se suscribió entre el entonces Instituto Municipal de Obras Civiles de Florencia, IMOC, y la firma CHAMAT ingenieros LTDA. Como presuntos responsables fueron vinculados los contratistas e interventores de la obra por una cuantía superior a los 4.538 millones de pesos. 
 
El quinto y último proceso fue abierto para esclarecer las hipotéticas alteraciones en la ejecución del convenio interadministrativo 0345 de 2011, firmado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, y la Gobernación del Caquetá. Como probables responsables se vincularon a ex Gobernadores del Departamento y un exdirector de la Corporación por una cuantía de 1.791 millones. 

La Contraloría General de la República realizó una auditoria especial para verificar el manejo que se le dieron a recursos públicos que se destinaron a plataformas tecnológicas para mejorar los sectores de educación y salud. En Caquetá, por ejemplo, ya se identificó un ‘elefante blanco virtual’.

En el año 2014, la Gobernación suscribió un contrato para la creación y ejecución de plataformas tecnológicas digitales al servicio de los estudiantes de las entidades educativas públicas. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, contralor general, explicó que la misma situación se presentó en el departamento de Magdalena.

“En Caquetá y Magdalena se pagaron más de 734 millones de pesos y las plataformas no están funcionando. Por tal motivo, ni profesores ni alumnos de estas regiones pueden hacer uso de tales herramientas en momentos que por la pandemia se impone la educación virtual”.

De paso, explicó que dichos elementos son activos estratégicos que, de haber estado al servicio de las comunidades, hubieran permitido superar las barreras del COVID – 19.

“Para el caso de Caquetá, reitero, se hicieron unas inversiones en plataformas educativas que hoy no están funcionando, los estudiantes de esta región no las pueden utilizar y, en algunos casos, tienen que recibir clases virtuales en sus casas, pero las condiciones de conectividad no son las mejores y por medio de un celular”.

El funcionario ratificó que esta situación se constituye en ‘elefantes blancos virtuales’; es decir, donde se paga por un software que nunca se utiliza y que se suman a los ya encontrados en auditorías anteriores, puesto que los estudiantes no tienen cómo recibir sus clases de manera remota cuando ya se había pagado para tener tales herramientas.

De hecho, llama la atención de la Contraloría que en los proyectos auditados durante la existencia de la Delegada Sectorial de TIC en el área de Regalías, se efectúan altas inversiones de recursos para la adquisición de elementos tecnológicos intangibles como softwares, contenidos digitales, plataformas educativas y conectividad a internet, entre otros, los cuales se subutilizan en los períodos de ejecución contractual o, en el peor de los casos, nunca se vuelven a usar después de finalizado el proyecto, atentando así contra el principio de sostenibilidad previstos en la Ley.

Luego de darse las declaraciones del procurador general, Fernando Carrillo; el fiscal general, Francisco Barbosa; y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, sobre la supuesta entrega de contratos a financiadores de la campaña del gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, el mandatario se refirió al tema y dijo que su Administración ha actuado bajo la ley.

“Efectivamente se han efectuado varios contratos, pero todos con el lleno de los requisitos legales. Soy muy respetuoso de los entes de control y estoy presto a entregar la documentación que sea necesaria para aclarar las dudas que tengan frente al actuar de mis funcionarios y el mío propio”.

Agregó que, si bien aún no ha sido notificado de la apertura de estas indagaciones preliminares, continúa su trabajo en pro de las comunidades y en la ejecución de su Plan de Desarrollo para, en parte, mitigar algunas de las necesidades que se tienen.

“Siempre hemos actuado con transparencia y, esta vez, no es la excepción. Reitero la disposición a entregar toda la información que sea necesaria para dar claridad a este tema y demostrar que estamos haciendo las cosas bien y las seguiremos haciendo bien”.

Gasca Trujillo finalmente dijo que la contratación que se ha hecho desde el pasado 1 de enero ha sido sin sobrecostos y apegada a la norma vigente.

 

En el marco de las investigaciones preliminares que adelantan los entes de control respecto a la utilización de los recursos para mitigar la emergencia sanitaria provocada por el COVID – 19 en el país, se conoció en las últimas horas que la Gobernación de Caquetá, nueve Alcaldías, una entidad territorial y un centro de reclusión presuntamente habrían celebrado contratos de manera irregular para tal fin. 

www.caquetaaldia.com conoció que la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo del programa ‘Transparencia para la Emergencia’ que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, ordenó la apertura de un proceso disciplinario contra la Gobernación de Caquetá, adelanta un juicio también disciplinario contra el alcalde de El Doncello, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, realiza pesquisas en ocho municipios más, en el Departamento de Policía en Caquetá y en el centro penitenciario Las Heliconias. 

“La Procuraduría, atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos, durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019”, explicó el jefe del ministerio público, Fernando Carrillo. 

En este apartado, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en la región se tiene que supuestamente la Administración Departamental habría otorgado contratos por 1.600 millones de pesos a aportantes que, en campaña, dieron 157 millones. 

Esta casa editorial conoció que se trataría de un contrato del sector transporte y que, por ahora, está siendo evaluado para establecer si hubo irregularidades en su celebración o no.

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