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La Armada de Colombia, durante el desarrollo de operaciones conjuntas y combinadas en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Meta, realizó la incautación de 3.870 galones de combustible entre ACPM y gasolina, los cuales no contaban con la documentación reglamentaria que soportara su legalidad.

El vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, comandante de la Fuerza Naval del Sur, explicó que este combustible sería utilizado en la producción de estupefacientes y, además, comercializado.

“En los municipios de Cartagena del Chairá y Curillo, en el departamento del Caquetá, unidades de la Armada de Colombia de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, incautaron 1.720 galones de combustible entre ACPM y gasolina que eran transportados a bordo de dos embarcaciones y un vehículo tipo camioneta sin los debidos soportes legales que respaldaran los lugares de procedencia y destino, además de exceder la cantidad permitida para su movilización”.

De acuerdo con el alto oficial, sobre el río Guaviare, en área general de Mapiripán, Meta, tropas de su institución realizaron la inspección de una embarcación que remolcaba cuatro botes adicionales, hallando en uno de ellos 207 galones de ACPM y 1.093 galones de gasolina que eran transportados en la ruta San José de Guaviare a Puerto Inírida.

“Finalmente en el sector La Playa en Leticia, Amazonas, unidades adscritas al Grupo de Guardacostas del Amazonas durante actividades de control fluvial y de manera combinada con autoridades del Perú, realizaron la interdicción de una embarcación artesanal que transportaba en su interior 850 galones de gasolina sin los documentos de aduana requeridos.

“En la Amazonía Colombiana, el combustible es transportado de forma ilegal para ser usado en la producción de estupefacientes y para su comercialización. Las operaciones realizadas no dejaron ningún capturado y el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes”.

Una inversión de 13.201 millones de pesos para financiar 13 proyectos productivos en siete municipios de Caquetá y Algeciras, Huila, fue aprobada por el Programa Colombia Sostenible, adscrito al Fondo Colombia en Paz, y que fortalecerá las líneas productivas de cacao, ganadería tipo leche, queso salado picado, café, granadilla y banano.

El anuncio lo hizo Diana Cristina Gómez, coordinadora de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, en la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, quien explicó además que con estos recursos se mejorará la economía de 1.467 pequeños productores y sus familias.

“Llegaremos esta vez a los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán y Algeciras, Huila, con el fin de apostarle a la conservación de la biodiversidad y a la implementación de prácticas productivas sostenibles bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio climático”.

Cabe recordar que siete de las iniciativas que serán financiados buscan fortalecer la línea productiva de la leche cruda para su comercialización a través de la implementación de sistemas silvopastoriles encaminados transformar la ganadería extensiva y tradicional en una ganadería en armonía con el medio ambiente y con medidas de adaptación al cambio climático.

“Estas intervenciones se realizarán en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania, Curillo y Puerto Rico. Igualmente en San Vicente del Caguán se aprobaron otros dos proyectos encaminados a fortalecer la línea productiva del cacao mediante la implementación de sistemas agroforestales. Es importante mencionar que uno de los trabajos también favorecerá a pequeños productores de Puerto Rico”.

Finalmente en Cartagena del Chairá se implementará una idea cuyo objetivo es fortalecer la producción y comercialización de queso picado salado para beneficio de los asociados al Comité Agropecuario Constructores de Paz del Medio y Bajo Caguán.

En un centro médico, se recupera una bebé de 22 meses de edad tras ser aparentemente agredida sexualmente por parte de quien sería su padrastro en zona rural del municipio de Curillo. El anuncio lo hizo el coronel Oscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, quien aseguró que los hechos se conocieron gracias a la denuncia de su abuelo.

“Fue el abuelo quien entregó al presunto agresor a los funcionarios de policía judicial de la Policía Nacional. Por esta razón, el sujeto está siendo procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actualmente está recluido en la cárcel El Cunduy de Florencia mientras se define su situación jurídica, decisión tomada por un juez de la República”.

El lamentable suceso se presentó el pasado martes 5 de octubre en la vereda Bajo Ceilán, a dos horas del casco urbano de Curillo, cuando Elvierth Trujillo Ortiz habría aprovechado que la menor fue dejada bajo su cuidado por parte de la madre.

“Minutos después el abuelo de la afectada llegó a la casa y encontró a la niña sangrando. Inmediatamente acudió a las autoridades denunciando el posible abuso sexual por parte del padrastro y éste fue capturado para ser presentado ante la autoridad que lo requería.

“El hombre, de 25 años, lleva cuatro meses conviviendo con la progenitora de la bebé y también se conoció que, en ocasiones, agredía a su compañera sentimental, pero ésta nunca informó o denunció las agresiones”.

Hasta la vereda La Matecaña del municipio de Curillo, llegaron las autoridades de Caquetá para destruir seis dragas que estarían desarrollando labores de minería ilegal.

El anuncio lo hizo el coronel Oscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, al explicar que la operación fue realizada de manera conjunta con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación.

“Se logró llegar a la vereda La Matecaña para frenar la contaminación de las fuentes hídricas y la destrucción del hábitat natural de miles de especies de fauna y flora debido al ejercicio ilegal de minería que desarrollaban varias personas en seis puntos distintos de la zona selvática de este sector”.

Según el alto oficial, gracias a la información aportada por la comunidad se logró proyectar y desarrollar la operación que terminó con la destrucción de las dragas.

“Con estos operativos y la contribución ciudadana se previene la afectación de las fuentes hídricas y recursos naturales para, de esta manera, proteger y mantener el equilibrio del medio ambiente”.

Ante el juzgado promiscuo municipal de Belén de los Andaquíes, se llevó a cabo audiencia de legalización de captura de Yerman Stiven Torres Sabala, detenido el pasado sábado en Curillo porque es presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General, al término de las audiencias preliminares, el delegado fiscal solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión de manera preventiva, petición que fue avalada por el togado.

“Los hechos motivo de esta decisión ocurrieron porque, al parecer, el implicado estaría al servicio de una organización delincuencial denominada Los Haladores, dedicada al hurto de motocicletas bajo la modalidad halado y que delinque en Florencia”.

Según se conoció en la investigación, Torres Sabala sería el encargado de comprar las motocicletas hurtadas y trasladarlas a municipios de Caquetá como Curillo y San Vicente del Caguán para su respectiva comercialización ilícita.

“El fiscal adscrito al grupo de Estructura de Apoyo, EDA, de la Seccional Caquetá, con el apoyo de la policía judicial, identificó a ocho personas que integrarían el grupo Los Haladores. Siete de sus presuntos integrantes fueron detenidos en septiembre del año pasado y fueron cobijados con medida de aseguramiento, quedando pendiente la captura de Torres Sabala”, puntualizó una fuente del ente acusador.

Ante el juzgado único promiscuo municipal de Curillo, sur de Caquetá, la Fiscalía General de la Nación imputó a César Augusto Quiroga Ariza como presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima su tío.

Esta casa editorial pudo establecer que, si bien el hombre no aceptó los cargos, fue enviado a la cárcel El Cunduy de la ciudad de Florencia.

“Quiroga, de 36 años, fue capturado en el municipio de El Paujil por integrantes del CTI de la Fiscalía General y agentes de la Policía Nacional. Tras analizar los argumentos del fiscal, fue cobijado con medida de detención preventiva porque, al parecer, le ocasionó la muerte a José Noel Quiroga, su tío, en su vivienda ubicada en el barrio El Poblado de Curillo”, explicó el ente acusador.

Así mismo se conoció que el deceso de la víctima se produjo el pasado 5 de julio de 2020 y que la Fiscalía General cuenta con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física para demostrar que el hoy asegurado, en complicidad con otra persona, atacó con arma cortopunzante a su familiar para, presuntamente, hurtarle sus pertenencias.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas llegó hasta el municipio de Curillo, sur de Caquetá, para entregar a las víctimas del conflicto armado herramientas que les permitan fortalecer sus proyectos agrícolas.

Yhina Paola Lombana, directora de la entidad en la región, explicó que esta estrategia obedece a una iniciativa de prevención de la Unidad, la cual fue construida con la participación de la Alcaldía local y las propias víctimas.

“En varias reuniones fueron las mismas comunidades quienes expresaron sus necesidades más apremiantes. La inversión global del proyecto ascendió a cerca de 101 millones de pesos, donde la entidad aportó 51 millones y el municipio de Curillo 50 millones”.

Según la funcionaria, este aporte se realiza en época de pandemia para que las familias afectadas por el conflicto reactiven sus huertas, mejoren su seguridad alimentaria y encuentren un alivio para reactivar su economía.

De otro lado, Elcy Guanga, representante de la Mesa de Víctimas de Curillo, expresó su complacencia con este plan que permitirá a muchas familias reformar su calidad de vida.

“Con este proyecto, las víctimas no se volverán ricas, pero van a mitigar un poco sus necesidades más apremiantes. Por eso recomendamos a nuestra comunidad aprovechar este apoyo al máximo”.

Igualmente se conoció que la Administración Municipal realizará el acompañamiento respectivo a los beneficiarios para hacer un seguimiento estricto a los proyectos que se enfocarán en el cultivo de yuca, plátano, yuca y caña panelera.

Hasta el municipio de Curillo, se desplazó el coronel Oscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, para conocer de primera mano los hechos que sucedieron en esta población y que involucran a un teniente bajo su mando.

Preliminarmente lo que se ha conocido es que ayer lunes, en horas de la tarde, uniformados de la Estación de Policía de Curillo atendieron un requerimiento de una ciudadana que, por su propia denuncia, manifiesta que está siendo amenazada por su expareja sentimental.

“Los policías se dirigen al lugar y, según reportes preliminares, esta persona en estado de exaltación tomó un arma cortopunzante tipo machete y presuntamente intentó agredir a los uniformados”, explicó una fuente.

Así mismo se conoció que, en circunstancias que son materia de investigación, los funcionarios accionaron sus armas de dotación y lesionan al supuesto agresor, quien es trasladado al centro médico de la localidad y estando allí fallece.

“De manera inmediata se aperturan las diligencias disciplinarias y, al mismo tiempo, se están aportando todos los elementos requeridos por la Fiscalía General de la Nacional que adelanta la investigación en el ámbito penal, para establecer exactamente qué fue lo que pasó”.

En la vereda Calle San Juan, zona rural del municipio de Curillo, las autoridades ubicaron y destruyeron nueve dragas con las que se estaba extrayendo oro del río Caquetá y realizando labores de minería ilegal.

El brigadier general Jorge Herrera, comandante de la Sexta División del Ejército, explicó que tropas del Comando Operativo Júpiter y del Batallón de Operaciones Terrestres N 22, en una operación conjunta con el Batallón de Infantería de Marina N 33 de la Armada Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, se logró este importante resultado en pro del medio ambiente.

“Además de las nueve dragas, fueron destruidos 17 motores, motobombas, tres botes artesanales, tubos, nueve rampas con cañones, canecas con mercurio, mangueras, químicos y demás elementos necesarios para llevar a cabo estas actividades con las que se extraía oro del río Caquetá, lo que contaminaba este importante afluente. Sabemos que el material incautado pertenecía a la delincuencia común”.

Según el alto oficial, se procedió igualmente con la captura en flagrancia de dos hombres y una mujer, quienes serían los responsables de desarrollar estas labores.

“Estos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimientos mineros. De esta manera se afectan las finanzas de las estructuras criminales, al tiempo que se impide continuar con el daño ambiental en la región. Sobre la producción ilícita que dejaban estas dragas, se estaría extrayendo alrededor de 1000 gramos de oro al mes, lo que representaba ingresos superiores a los 220 millones de pesos mensuales”.

 

En la vereda Palmeras del municipio de Curillo, sur de Caquetá, tropas del Batallón de Infantería N 35 Juanambú de la Décima Segunda Brigada y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N 6, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, se logró la ubicación y posterior destrucción de cuatro dragas y otros elementos con los cuales se extraía ilegalmente oro del río Caquetá.

El brigadier general Jorge Hernando Herrera Díaz, comandante de la Sexta División del Ejército, explicó que el material incautado pertenecía a las disidencias.

“Al lugar llegaron las tropas para ubicar la zona donde se venían desarrollando actividades de minería ilegal, hallando cuatro dragas para la exploración y explotación ilícita, motores, motobombas, tubos, mangueras, químicos y demás elementos necesarios para llevar a cabo estas actividades que causan un daño significativo a los afluentes hídricos y, desde luego, en las comunidades que viven y se benefician de la pesca”.

Según el alto oficial, semanalmente lograban sacar entre 400 y 500 gramos de oro, lo que representaba ingresos superiores a los 60.000 millones de pesos.

“Estos elementos pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual Carolina Ramírez. Cabe resaltar que, en lo corrido del 2020, se ha logrado la destrucción de 20 dragas y 26 motobombas con las que se adelantan atentados contra los ríos y el ecosistema de esta parte del país por parte de grupos al margen de la ley”.

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