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Veinte años de prisión deberá pagar Verónica Campos Pabón, alias ‘Andrea’, debido a que fue condenada por ser integrante de las disidencias del frente 62 de las Farc, por el asesinato de los líderes sociales Gustavo Montoya Rodríguez y Ronald Rodríguez Zuluaga, además del desplazamiento de una mujer y un menor de edad de la vereda La Despensa de Cartagena del Chairá.

El director de Fiscalías en Caquetá, Luis Alexander Bermeo Barrera, explicó que la Unidad Especial de Investigación del ente acusador logró la condena a esta mujer por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

“Luego de valorar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, el Juzgado 2 Penal Especializado de Florencia declaró a esta mujer responsable de los delitos antes mencionados. Cabe resaltar que, por el desplazamiento forzado de dos personas, entre ellas un menor de edad, hay también orden de captura contra alias ‘Gentil Duarte’, máximo cabecilla de las estructuras disidentes en el oriente del país”.

Agregó que en la entidad estableció que la mujer, de 26 años, era la encargada de realizar vigilancias en el casco urbano de El Doncello y otros municipios del departamento para que las estructuras disidentes realizaran acciones terroristas contra la población y la Fuerza Pública.

“Alias ‘Andrea’ está privada de la libertad desde el 7 de septiembre de 2020, luego de su captura en un procedimiento conjunto del Grupo de Caballería Mecanizado No.12 ‘General Ramón Arturo Rincón Quiñones’ del Ejército y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional”.

Por orden de un juez, 183 hectáreas y 9.977 metros cuadrados que suman tres predios, serán entregados a igual número de familias que salieron favorecidas con fallos de restitución de tierras en el departamento del Caquetá.

Fernando Cuéllar Ramírez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en Caquetá, explicó que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué le reconoció a los demandantes su calidad de víctimas y estableció medidas de reparación integral a las familias afectadas por las acciones beligerantes de los grupos delincuenciales que han operado históricamente en la región.

“Vemos que, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio, el trabajo de la Unidad sigue dando frutos. El Juzgado de Restitución de Tierras ordenó entregar tres predios a familias víctimas de la violencia en los municipios de Florencia y Valparaíso que fueron desplazadas de sus predios”.
Agregó que, con las pruebas aportadas por la entidad, la justicia estableció que existen las condiciones de seguridad para que los tres hogares regresen a sus propiedades y puedan rehacer sus planes de vida.

“Igualmente en la sentencia se ordenaron subsidios para el mejoramiento de vivienda en el caso de las dos restituciones en el casco urbano de Valparaíso y subsidio de vivienda nueva para el predio ubicado en zona rural de Florencia debido a que los grupos delincuenciales quemaron la propiedad”.

El funcionario recordó que para el caso de estos nuevos fallos, los hechos se remontan al ataque que lideraron las FARC en 1997 a la Estación de Policía del municipio de Valparaíso, el cual obligó a los habitantes de las viviendas aledañas a dejar sus propiedades y, para el 2007, la familia que habitaba en zona rural de Florencia, se vio obligada a huir porque hombres de esta organización ilegal los acusaba de ser informantes del Ejército Nacional, situación que los llevó a desplazarse a Fusagasugá, Cundinamarca, y luego viajar a España.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alerta a la ciudadanía para que no se deje engañar por personas inescrupulosas que se hacen pasar como funcionarios de esta cartera para estafar a las familias que fueron afectadas por el conflicto y que están interesadas en adquirir vivienda con el apoyo del Gobierno Nacional.

En días recientes se han reportado denuncias públicas por casos presentados en Piendamó, Cauca; Carmen de Bolívar, Bolívar; Turbo, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca. Por tal motivo, se hace un llamado a las comunidades de estas zonas del país para que estén alertas y eviten ser víctimas de estos engaños.

Según las denuncias, las personas detrás de estos casos recurren a llamadas y documentación falsa para hacerse pasar como funcionarios de este Ministerio y exigir un pago con la promesa de facilitar el acceso a los programas de subsidio. Al parecer, y con el propósito de captar de forma masiva e ilegal dineros de los ciudadanos, estas acciones las han enfocado en contra de asociaciones de víctimas del conflicto.

Jonathan Malagón González, jefe de esta cartera, explicó que ningún funcionario o tercero está autorizado para exigir dinero por el acceso a los programas del Gobierno Nacional.

“La postulación a los mismos es totalmente gratuita y se hace a través de la página web de la entidad, las cajas de compensación, las entidades bancarias o las salas de venta de los proyectos. Reiteramos que toda comunicación vía correo electrónico realizada por esta entidad se hace a través cuentas cuya identificación termina como @minvivienda.gov.co y no se realizan trámites a través de asociaciones o fundaciones, ya que el acceso a los programas se realiza mediante las cajas de compensación y las entidades financieras”.

De paso, reiteró que para el caso del programa ‘Casa Digna Vida Digna’, los beneficiarios son focalizados a través de las Alcaldías Municipales.

“Se le solicita a la ciudadanía que denuncie ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Policía Nacional a aquellas personas que exijan dinero con la promesa de gestionar el acceso a los programas de vivienda del Gobierno Nacional. También pueden dar a conocer estas anomalías escribiendo al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o a través de nuestra cuenta en Twitter @Minvivienda”, explicó Malagón González.

Para que no se deje engañar, el Ministerio invita a quienes deseen adquirir vivienda con subsidios del Gobierno Nacional a que visiten las páginas oficiales como www.micasaya.minvivienda.gov.co, www.minvivienda.gov.co/semillerodepropietarios y www.casadignavidadigna.minvivienda.gov.co

Tras el desplazamiento de los indígenas misak en el municipio de Belén de los Andaquíes, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas realizó el acompañamiento respectivo frente a la emergencia humanitaria generada y brindó el apoyo necesario tras ser fallada una acción de tutela fallada a favor de la comunidad.

Yhina Paola Lombana, directora territorial de la entidad en Huila y Caquetá, explicó que la institución implementó medidas de rehabilitación orientadas a población indígena con la realización de mingas de pensamiento con niños y adolescentes para afrontar el dolor, manejo de duelo y fortalecimiento de lazos familiares.

“Así mismo, y pese a la contingencia generada por la emergencia sanitaria que vive el país, se brindaron 86 asistencias técnicas orientadas a 55 municipios en Caquetá y Huila para facilitar la adecuada implementación de la política pública de víctimas en este territorio”.

De paso, la funcionaria explicó que un total de 2.890 millones de pesos fueron utilizado en el pago de atención humanitaria en los departamentos antes mencionados a 5.642 hogares víctimas del conflicto armado para mejorar la calidad de vida de la población objeto y superar muchas dificultades y carencias que venían padeciendo.

“Igualmente, en cuanto a la estrategia con los nuevos Alcaldes y Gobernadores, se realizaron mesas sectoriales que permitieron a las víctimas tener voz en la formulación de sus Planes de Desarrollo, quedando incluidos los aspectos esenciales consagrados de la Ley 1448 de 2011”.

Lombana recordó que en el departamento de Caquetá han llegado 667 notificaciones de reparación administrativa representadas en 538 cartas de indemnización y 129 notificaciones para jóvenes de encargo fiduciario, los cuales ascienden actualmente a 85 beneficiarios con recursos cercanos a los 363 millones debidamente asignados”.

Cinco familias que por más de dos décadas sufrieron las consecuencias del desplazamiento forzado al que fueron sometidas por las presiones de las Farc y el Bloque Central Bolívar en los municipios de San José del Fragua, Curillo y Morelia, recibieron medidas de atención integral determinadas en fallos de restitución de tierras.

Fernando Cuéllar Ramírez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en Caquetá, se refirió al tema y dijo que ésta es una nueva oportunidad de vida para las familias que han sido afectadas por la violencia en el sur del país.

“Estos nuevos fallos evidencian que la justicia acoge las pretensiones que presenta la entidad en sus demandas y emite las medidas de reparación integral de acuerdo a las actuales condiciones de vida de las familias”.

Así las cosas, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué determinó en tres sentencias la medida de compensación económica o con predio equivalente a las familias que fueron desplazadas de los municipios de San José de Fragua y Curillo, mientras que en las dos sentencias restantes ordenó la restitución de predios en zona rural de Morelia.

“Para el caso de las compensaciones descritas en los fallos, las familias establecerán si desean que la compensación sea económica o con predio equivalente. Si deciden que sea con predio equivalente, la URT tendrá que entregar un predio en similares condiciones al que contaban antes del desplazamiento, debe gestionar el subsidio de vivienda, asignar recursos para el desarrollo de proyecto productivo con asistencia técnica por dos años y promover que las entidades vinculadas en el fallo cumplan con las órdenes de reparación integral establecidas”.

Cuéllar Ramírez recordó que a las familias que ya les fueron restituidos los predios, el despacho estableció la asignación de recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos con asistencia técnica por dos años y la asignación de subsidio de vivienda rural.

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