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Durante el año 2022, Colombia registró 81 accidentes con Minas Antipersonal, MAP, y Municiones Sin Explotar, MSE, los cuales generaron 123 nuevas víctimas. Así lo pudo establecer el Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas, UNMAS, en Colombia, tras conocer las estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP.

El mayor impacto lo tuvo la Costa Pacífica, donde se presentaron 72 víctimas, lo que representa que seis de cada 10 víctimas habitan en esta región. Para el caso de Caquetá, se tuvieron dos eventos que dejaron igual número de lesionados que residen en los municipios de San Vicente del Caguán y Solano, donde la Campaña Colombiana contra las Minas viene adelante un importante trabajo en pro de desactivar este tipo de elementos.

“En al menos cinco municipios que habían sido declarados sin sospecha de minas, se registraron nuevos accidentes con MAP/MSE, lo cual podría indicar la instalación de nuevos artefactos explosivos por parte de los Grupos Armados No Estatales”, explicó un documento emitido por UNMAS.

Igualmente dio a conocer que nuestro país cerró la vigencia anterior con 299 poblaciones declaradas libres de minas antipersonal y municiones sin explotar gracias a las operaciones de Desminado Humanitario, DH, desplegadas por las siete organizaciones acreditadas en el país: el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios, BDIAN; Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, BRDEH; Campaña Colombiana Contra Minas, CCCM; el Consejo Danés para los Refugiados, DRC; Humanicemos DH y The HALO Trust, HALO.

Hoy por hoy, estas entidades hacen presencia en el departamento de Caquetá en los municipios de Cartagena del Chairá, Curillo, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, Solano y Solita, siendo esta región una de las más intervenidas para terminar con este flagelo.

Un equipo de Rayos X para las IPS de Puerto Rico y El Doncello, además de unidades de odontología fijas y portátiles, lámparas de fotocurado, doppler fetales, monitores e incubadoras para El Paujil y Cartagena del Chairá, fueron entregados por la Gobernación del Caquetá a la ESE Sor Teresa Adele, la cual tiene injerencia en los municipios antes mencionados.

De acuerdo con el mandatario seccional, con estos implementos se fortalecen los servicios de imágenes diagnósticas, odontología, laboratorio y consulta externa.

“Fortalecer la salud es salvar vidas en el Departamento; por eso, me puse en la tarea con la secretaria de Salud, Lilibet Galván, de buscar los recursos necesarios ante el Ministerio de Salud y hoy, Gloria a Dios, se están viendo los resultados”.

De otro lado, Norma Yanith Torres Montes, gerente de la ESE, manifestó que la comunidad ha recibido con gran satisfacción y entusiasmo estos equipos.

“Los equipos de Rayos X de Puerto Rico llevan más de siete años y el que teníamos en El Doncello había culminado su vida útil, pues tiene alrededor de 17 años y actualmente la tecnología es de punta, situación que va a beneficiar a toda la comunidad”.

Esta entrega de equipos biomédicos se suma a la realizada en días anteriores a la ESE Hospital San Rafael en San Vicente del Caguán y próximamente se hará lo propio en la ESE Rafael Tovar Poveda con sus cuatro municipios en el sur de Caquetá.

En la vereda Las Congas, municipio de El Paujil, las autoridades ubicaron una zona vegetal que estaba siendo talada de manera indiscriminada sin ningún concepto o autorización por parte de la autoridad ambiental. Según el coronel Javier Antonio Castro Ortega, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, el operativo se realizó luego de recibir información ciudadana.

“Gracias a la información suministrada por la comunidad que acudió al Grupo de Carabineros, y en la que aseguraban que algunas personas inescrupulosas estarían talando especies vegetales, se desarrolló un operativo que permitió la inspección del lugar. Al momento de llegar al terreno no encontraron a ninguna persona talando por lo que no se presentaron capturas; sin embargo, se hizo traslado del caso a Corpoamazonia para continuar con las investigaciones y así ubicar a los responsables de este daño ambiental”.

Agregó que con estas labores de tala, se estaba acabando con el hábitat de especies de fauna silvestre y, de paso, se estaba alterando la calidad del suelo de aproximadamente cuatro hectáreas de bosques.

“Según los conceptos de la autoridad ambiental, estas cuatro hectáreas de bosques duran en recuperarse un tiempo aproximado de 10 años. Por ello, hacemos un llamado a los ciudadanos para que cuiden los recursos naturales y, al mismo tiempo, interponer las debidas denuncias del caso cuando se presenten teste tipo de situaciones”.

Desde el pasado jueves, 21 de julio, y hasta el próximo 29 de julio, la Unidad para las Víctimas en Caquetá está entregando cartas de indemnización administrativa a 412 víctimas del conflicto armado por un valor superior a los tres mil quinientos millones de pesos.

Yhina Paola Lombana, directora de la entidad en la región, explicó que los primeros en recibir las cartas, el pasado viernes, fueron 47 personas que habitan en los municipios de El Doncello, La Montañita y El Paujil, quienes recibieron, en conjunto, 413 millones de pesos.

“En Florencia, igualmente, la sede administrativa de la Unidad para las Víctimas entregó 39 cartas por un valor de 178 millones de pesos. Posteriormente, en Curillo, Belén de los Andaquíes y Albania, se reunieron 42 víctimas para recibir 304 millones de pesos”.

De acuerdo con la funcionaria, el próximo miércoles el turno es para San Vicente del Caguán y Puerto Rico, donde se reunirán 64 personas que fueron afectadas por el conflicto armado para recibir 603 millones de pesos.

“Los dos días siguientes, el 28 y 29 de julio, están destinados para Milán, Solita, Valparaíso, Solano y Florencia, con punto de entrega nuevamente en la sede administrativa. En esta oportunidad, 220 personas serán beneficiadas con indemnizaciones por dos mil 25 millones de pesos”.

Lombana recordó que, para estas entregas, la Unidad para las Víctimas concede prioridad a mayores de 68 años a quienes, además, se les presta asesoría financiera para un uso adecuado de los recursos. Ejemplo de esto es Doralith Gaitán, representante legal de la empresa productora y distribuidora Alaska SAS, dedicada a la compra de frutos amazónicos del Caquetá que luego los transforma en helados tipo crema. 

“Doralith  sufrió el desplazamiento en 1992, regresó en 1996 y le mataron a su esposo; por esta razón, se marchó de nuevo para regresar más tarde a luchar por sus ideales.  Estudió Administración de Empresas, se hizo independiente, participó en una convocatoria del Fondo Emprender del Sena y ya le condonaron la deuda. Con la reparación, por parte de la Unidad para las Víctimas, busca terminar de montar el negocio con el que hoy emplea a 80 mujeres vendedoras”.  

Con el fin de devolver los predios de los que fueron despojados los campesinos de Caquetá a causa del conflicto armado, la institucionalidad adelanta las labores necesarias tendientes a lograr esta tarea en el departamento. 

Fernando Cuéllar, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, explicó que los resultados del último Comité Operativo Local de Restitución de Tierras son alentadores.

“Estamos trabajando con la Fuerza Pública para responder a las solicitudes hechas sobre predios abandonados y despojados en el departamento del Caquetá. En esta oportunidad, llegaremos a 38 veredas del municipio de Solano que tienen un área de 124.930 hectáreas y avanzaremos en más de 5.626 hectáreas en El Paujil”. 

Agregó que lo que se busca con este trabajo es afianzar el proceso de atención a los campesinos afectados por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras en las 16 poblaciones de la región.

“Con esta decisión, la Unidad de Restitución de Tierras en Caquetá llegará a 38 veredas de Solano y dar respuesta a las 104 solicitudes de restitución de tierras presentadas desde esta parte de Caquetá, así como avanzar en el trámite administrativo de solicitudes en El Paujil”. 

Actualmente, a nivel local, se han hecho 5.367 solicitudes sobre predios que presuntamente fueron abandonados y/o despojados en medio de la violencia, de las cuales 1.030 han llegado en el presente Gobierno. A la fecha, se han finalizado 3.658 y 1.565 están con trámite vigente, 454 solicitudes han sido presentadas ante la justicia a través de 353 demandas y se han restituido 1.430 hectáreas.

La Agencia de Renovación del Territorio, ART, en la subregión de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, ha hecho importantes inversiones en pro de los habitantes de los 16 municipios del departamento de Caquetá y la población de Algeciras, Huila, las cuales ascienden a los 1.1 billones de pesos y están representadas en 344 proyectos.

Así lo dio a conocer, Diana Cristina Gómez Reyes, directora de la entidad en la región, quien sostuvo que, a nivel nacional, las inversiones superan los 13.4 billones de pesos en el marco de la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque.

“Un monto que no hubiese sido posible en estos territorios sin el esfuerzo, no solo de la ART, sino de todas las entidades del Gobierno Nacional, las autoridades locales, el sector privado, la cooperación internacional y las comunidades. Es mucho el camino que nos queda por recorrer, lo más importante es que fortalezcamos esos grandes avances y logros obtenidos entre todos como equipo de trabajo”.

Agregó que los sectores que mayores sumas de dinero tienen para desarrollar iniciativas son transporte, minas y energía, agricultura, vivienda y educación.

“Algunas de las obras realizadas en Caquetá son el mejoramiento de la vía El Paujil – Cartagena del Chairá, etapas 2 y 3, con la estrategia ‘Obras por Impuestos’ y la inversión de $65.216 millones. Así mismo, se amplió la cobertura con fuentes no convencionales de energía en la zona no interconectada en San Vicente del Caguán con 18.379 millones de pesos y se dotaron de mobiliario escolar para el mejoramiento de los ambientes escolares las instituciones educativas de Caquetá con 5.807 millones de pesos”.

Frente a lo que se viene, la funcionaria explicó que se viene ejecutando la construcción de infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en la zona rural de San Vicente del Caguán con cerca de 20.000 millones de pesos; además, se está desarrollando en los 16 municipios de Caquetá, $5.309 millones, la creación de sistemas agrícolas caucheros resilientes a eventos climáticos extremos, teniendo como fuente de financiación al Fondo Colombia Sostenible.

La Agencia de Renovación del Territorio, ART, en la subregión de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, a través de la Dirección de Información y Prospectiva, Dipro, realizó los Encuentros de Seguimiento Participativo entre los delegados de las comunidades de cada municipio y las Alcaldías locales, para revisar cómo avanzan los proyectos que están en ejecución y de qué manera se realizaron las inversiones en 48 iniciativas que están terminadas, las cuales tuvieron recursos por más de 387 mil millones de pesos.

Luis Froilán Cano Cabrera, delegado de la ciudad de Florencia, explicó que dichas reuniones se desarrollaron entre abril y mayo en todas las localidades del departamento del Caquetá y Algeciras, Huila.

“En estos espacios se les está haciendo un reconocimiento a los liderazgos, estamos empoderados para ejercer este tipo de actividades. El análisis de esta reunión es concretar que estos proyectos tengan un verdadero impacto y que suplan su carácter, que realmente las comunidades reciban la inversión que hace el Gobierno”.

Los 48 proyectos antes mencionados, hacen parte de los sectores de transporte, saneamiento básico, seguridad alimentaria, educación rural y electrificación, y fueron escogidos previamente para su análisis por parte de las comunidades teniendo en cuenta factores como la inversión y el número de beneficiarios.

El objetivo de estos encuentros apunta a garantizar la corresponsabilidad de los actores del territorio en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, incorporando las percepciones e intervenciones de las comunidades en este proceso; y que, a su vez, se replique en las zonas rurales la información sobre el avance de los mismos.

Fiscales de la Unidad Especial de Investigación, UEI, realizaron distintas acciones judiciales en contra de los presuntos responsables de graves agresiones contra líderes comunales y personas en proceso de reincorporación en el oriente y sur occidente del país.

El director de la entidad en Caquetá, Diego Peñuela Reina, explicó que Eduin Chicue Páez, alias ‘Gafas’, sería el victimario, además, de un ciudadano del común.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Eduin Chicue Páez porque, de acuerdo al material recopilado, es el supuesto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El material de prueba indica que alias ‘Gafas’ habría participado en el asesinato de Herlinson Casallas Gutiérrez, un reincorporado de las Farc, y de Oneiro Campo Luligo, ultimado el 2 de julio de 2018 en el municipio de El Paujil”.

Agregó que por hechos ocurridos en Vista Hermosa, Meta, en el mes de enero de 2021, el ente acusador imputó a Noralba Guacheta el delito de desplazamiento forzado.

“Esto, en razón a que se pudo establecer que la mujer estaría vinculada a las presiones ejercidas contra el reincorporado Luis German Serna para que abandonara su lugar de residencia”.

De paso, Peñuela Reina recordó que a la cárcel fue enviado Segundo Eliecer Cabezas Quiñonez, alias ‘Eliécer’, dado que sería el cabecilla del grupo disidente de las Farc conocido como Ariel Aldana.

“Este hombre estaría involucrado en, por lo menos, siete homicidios ocurridos en el municipio de Barbacoas, Nariño, entre el 2018 y 2022. Entre los asesinatos que se le atribuye están el del líder y gestor cultural, Esneider Javier Castillo Ortiz, además de su hermano Stiven Aldair Castillo Ortiz, el 1 de diciembre de 2019. Por estos hechos, alias ‘Eliecer’ fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, porte ilegal de armas de fuego agravado, amenazas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado”.

Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, efectivos del GAULA Élite de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, llegaron hasta el casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá para capturar a alias ‘La Mona’ o ‘Anita’, alias ‘Flaco’ o ‘Yamid’ y alias ‘Cabezón’, quienes eran requeridos mediante orden judicial por la supuesta comisión de varios delitos.

El comandante de esta unidad militar, brigadier general Raúl Hernando Flórez Cuervo, explicó que los dichos delitos tendrían que ver con concierto para delinquir con fines extorsivos, secuestro; fabricación, tráfico y porte de armas; municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión agravada.

“La mujer y los dos sujetos delinquían principalmente en los municipios de Cartagena del Chairá, Solano, Milán, La Montañita, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Serían los encargados de realizar extorsiones a través de llamadas telefónicas y citaciones mediante panfletos a comerciantes, ganaderos y gremios productivos de la región”.

Igualmente estarían dedicados a la comercialización ilegal de la pasta base de coca, desplazamientos, desapariciones y reclutamiento forzado, homicidios selectivos, tráfico de armas de fuego, municiones y/o explosivos.

“Estas personas, presuntamente, asesinaban a quienes se negaban a pagar cobros extorsivos por órdenes de alias ‘Maneto’, quien fungía como cabecilla principal de finanzas del GAO – R Estructura Miller Perdomo”.

Gracias a las labores de investigación, la Policía Nacional propinó un importante golpe a los Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR, que delinquen en el sur del país al capturar a cuatro presuntos integrantes de esta organización.

Según el coronel Óscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, en diligencia de registro y allanamiento realizado en el barrio Villa Angélica de El Paujil fueron detenidas estas personas.

“Se trata de cuatro supuestos integrantes de la Estructura 62 ‘Miller Perdomo’, a quienes se les halló una granada de fragmentación, explosivos, dos armas ilegales tipo pistola, munición, celulares y una motocicleta sin placa”.

Los sujetos, según el alto oficial, corresponden a los nombres de Johan Andrés Serrato Montero, conocido en el mundo delincuencial como ‘Berruga’, jefe de sicarios y encargado de adelantar la ejecución de entrega de material logístico y reclutamiento e ingreso de personas a la estructura; Anderson Gaitán Toro, conocido como ‘Anderson’ y sicario de la estructura; Duberney Otavo Rojas, conocido como ‘Duber’; y Rosario Rojas Parra, conocida como ‘Rosa’, ambos encargados de la red de apoyo a la estructura residual.

“Según las investigaciones, estas personas pretendían atentar contra la vida de los policías que trabajan por la seguridad y protección de los derechos en la zona norte de Caquetá, acción ofensiva que estaría siendo liderada por alias ‘Estaban’ y alias ‘Erika’ quienes recibieron órdenes de alias ‘Calarcá’, cabecilla del GAO-r E – 40, en retaliación a las actividades operacionales realizadas por la Policía Nacional como la neutralización de alias ‘Cipriano’, cabecilla seudopolítico del GAO-r E – 40 y la captura de alias ‘Maneto’, cabecilla de finanzas del GAO-r E – 62”.

El coronel Lamprea recordó que se investiga si los antes mencionados participaron en el homicidio, mediante ‘plan pistola’, de dos policías el pasado 16 de septiembre del presente año en San Vicente del Caguán.

“Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Al finalizar las audiencias un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”.