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La Fiscalía, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá, judicializó a un hombre por su presunta participación en un homicidio que tuvo lugar en el municipio de Cartagena del Chairá el pasado 9 de abril de este año.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora del ente acusador en la región, explicó que Johan Sebastián Leiton Claros se presentó ante la autoridad competente para responder por estos hechos ocurridos a las afueras de un establecimiento comercial donde se expendía licor en horas de la madrugada y al conocer que pesaba una orden de captura en su contra.

“Según las investigaciones, en el lugar se desató un enfrentamiento con armas blancas entre el hoy investigado y Marlon Andrés Devia Candelo, la víctima, quien habría agredido a la hermana de Leiton Claros”.

La Fiscalía le imputó homicidio simple, el cual aceptó haber cometido y, debido a que el procesado no cuenta con antecedentes, un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza la investigación.

Tras conocerse el asesinato de cuatro indígenas adolescentes del pueblo Murui en la comunidad del Estrecho, límites entre Amazonas y Caquetá, las autoridades de la región convocaron un Consejo de Seguridad Ministerial Extraordinario, el cual fue presidido por el Ministerio del Interior a través de la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Clemencia Solano Ramírez, quien estuvo presente también en la crisis generado en el sector de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, donde fueron retenidos cerca de 80 uniformados del Esmad y uno más asesinado en marzo de este año.

Según la funcionaria, se ha establecido la necesidad de una investigación contundente teniendo en cuenta el respeto por las comunidades y sus costumbres.

“Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesita, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto y que haya más presencia del Estado”.

Así mismo, el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, lamentó y rechazó este hecho, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas, especialmente a donde pertenecían estos menores de edad.

“Rechazamos rotundamente estos hechos por personas al margen de la ley y más en las condiciones como fueron masacrados estos niños, delante de las comunidades, delante de sus familiares. Esto no puede seguir pasando en Colombia, ni el Caquetá, hoy el país está de luto”.

Finalmente Carlos Garay Martínez, representante de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, se mostró conmovido por estos hechos y lamentó el escalamiento del conflicto armado en la región.

“Nuestra nueva generación ha sido involucrada en una guerra que no nos corresponde y, por ende, hoy estamos acá con un duelo casi que nacional por la masacre de estos cuatro niños, asesinados en el resguardo Puerto Sábalo – Los Monos en la comunidad indígena de los Estrechos, perteneciente el pueblo Murui”.

Los menores, según su testimonio, fueron reclutados hace un tiempo y, tras emprender la fuga con todo y armamento, regresaron a su comunidad donde solicitaron al cabildo devolver las armas y su retorno inmediato hacia Aracuara para, posteriormente, ser llevados a Bogotá.

“En ese transcurrir de tiempo, llegaron los grupos armados y los menores fueron asesinados delante de la comunidad. Esta es la información que tenemos hasta ahora”.
Al encuentro asistieron la Gobernación del Caquetá, el Ejército y la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la OEA y el Comité Internacional de Derechos Humanos.

La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas 25 bienes, avaluados en más de 10.608 millones de pesos, y que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y Farc.

El director de Justicia Transicional de la entidad, Salomón Strusberg Rueda, aseguró que las actividades investigativas dan cuenta de que las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto de las actividades ilegales.

“En ese sentido, fiscales de la Dirección de Justicia Transicional acudieron ante distintos tribunales de Justicia y Paz y obtuvieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Para el caso del departamento de Caquetá, se tiene la Hacienda ‘La Bonita’, ubicada en el municipio de Morelia. Este bien está conformado por seis predios que superan los 1.214 millones de pesos”.

Agregó que, en las investigaciones, se estableció que estuvieron al servicio del Frente Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC y, en su momento, fueron dispuestos como centro de concentración y coordinación de homicidios y secuestros, entre otras conductas criminales.

En los últimos 39 meses, la Fiscalía ha entregado al Fondo para la Reparación a la Víctimas, para su administración, 1.062 inmuebles avaluados en más de 845.864 millones de pesos.

Una encomienda que llegó a Bogotá desde el municipio de Unión Panamericana, departamento de Chocó, el 9 de septiembre de 2022, prendió las alarmas en una empresa de envíos en la capital de la República.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora de la Fiscalía General en Caquetá, explicó que dicho paquete tenía como destino final la ciudad de Florencia; pero, al ser escaneado por la empresa de envíos, se encontraron 10 cajas con munición.

“Labores de policía judicial establecieron que la remisión del paquete, al parecer, fue hecha por el cabo segundo del Ejército, Luis Diego Tovar Montealegre, integrante de un batallón con sede en Chocó. El ente investigador determinó que el uniformado le habría pedido a una mujer enviar el encargo, presuntamente, para su mamá, quien necesitaba baterías para paneles solares”.

La funcionaria sostuvo que el material de prueba recaudado le permitió a la Fiscalía establecer que posiblemente los destinatarios de la carga serían grupos armados ilegales que delinquen en el oriente del país.

“Los cartuchos pertenecerían al batallón del que hace parte el suboficial, pues al hacer un conteo en la guarnición militar, se constató que faltaban 474 cartuchos calibre 556. El procesado fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía en Caquetá para ser procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos”.

En el desarrollo de las audiencias, Tovar Montealegre aceptó los cargos en su contra y una juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un despacho de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación, seccional Caquetá, logró que le fuera impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario a Eliécer Núñez Ángel, conocido con el alias de ‘Comandante Raúl’ y quien habría participado en el homicidio de un hombre en Cartagena del Chairá.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora de la entidad en el departamento, explicó que el hombre presuntamente haría parte del grupo armado Comandos de Frontera.

“El 28 de julio de 2022, Núñez Ángel junto con otros sujetos que usaban prendas militares, irrumpieron en una vivienda de esa población caqueteña y habrían dado muerte a la víctima, a quien interrogaron por el paradero un miembro de las disidencias de las Farc. Los sujetos se identificaron como miembros del grupo armado Comandos de Frontera”.

Según la información recopilada mediante labores propias de policía judicial, alias ‘Comandante Raúl’ sería quien disparó en repetidas ocasiones contra el hoy occiso.

“El investigado fue detenido por integrantes de la Policía Nacional en cumplimiento a la orden de captura que pesaba en su contra y la Fiscalía lo imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas”.

Alexánder Charry Amaya, taxista de profesión, fue enviado a la cárcel luego de ser capturado porque, al parecer, transportaba 19.820 gramos de base de coca en su vehículo al momento de la detención.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora seccional de Fiscalías en Caquetá, explicó que el hombre supuestamente llevaba en su carro de servicio público 10 paquetes de diferentes tamaños con la sustancia ilícita.

“Su captura se llevó a cabo en un retén ubicado en el sector Cachameras, vía Florencia – La Montañita, la cual fue efectiva por servidores del CTI, la SIJIN y tropas del Batallón de Infantería N 35 Héroes del Güepi”.

Al inspeccionar el automotor, se encontraron que en el capó venía camuflada la sustancia en bolsas plásticas de color negro.

“Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Caquetá lo imputó por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, cargo al que no se allanó”, puntualizó la funcionaria.

William Alexander Buitrago González fue enviado a la cárcel porque sería presunto responsable del secuestro de 48 policías y 36 civiles en el municipio de Solano, sur de Caquetá, a finales del año pasado.

Así lo dio a conocer Nohora Bohórquez Quiroga, directora seccional de Fiscalías en el departamento, quien aseguró que la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, fueron determinantes para que un juez de garantías impusiera medida privativa de la libertad.

“Los hechos ocurrieron entre el 17 y el 20 de noviembre de 2022, cuando fueron secuestrados 48 policías y 36 civiles, estos últimos contratistas para la erradicación de cultivos de matas de coca. Buitrago González, además, habría incitado a aproximadamente 600 campesinos para que impidieran una eventual evacuación de la base donde se encontraban secuestrados”.

Por esta razón, uniformados del GAULA de la Policía Nacional capturaron al hoy recluso, por orden judicial, en la ciudad de Florencia y la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple e instigación a delinquir con fines de secuestro, a los que no se allanó.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Sergio Andrés Duarte Muñoz, alias ‘Checho’, porque supuestamente sería integrante de la estructura Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc y, además, estaría implicado en dos ataques armados en los que murieron integrantes de la Fuerza Pública en Caquetá y Meta.

Luisa Obando Guerrero, delegada para la Seguridad Territorial de la entidad, explicó que esta persona, al parecer, hizo parte del grupo que disparó indiscriminadamente contra un componente de la Armada Nacional que realizaba labores de patrullaje en el municipio de Cartagena del Chairá el 9 de diciembre de 2021.

“En la acción criminal, fueron asesinados dos infantes de marina y uno más quedó herido. Además les habrían sido hurtadas sus armas de dotación. El segundo evento que se le atribuye a alias ‘Checho’, ocurrió el 11 de enero de 2022 en la localidad de Lejanías, Meta. El material de prueba indica que, junto a otros tres hombres, supuestamente atentó contra una patrulla de la Policía Nacional, ocasionándole la muerte a dos patrulleros”.

Según la funcionaria, antes de escapar del lugar habría despojado a las víctimas de las armas de dotación.

Por estos hechos, una fiscal del grupo itinerante de homicidios colectivos le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto agravado. El procesado recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Actualmente, Sergio Andrés Duarte Muñoz permanece privado de la libertad por otros procesos relacionados con el crimen de un firmante de paz y distintas acciones delictivas registradas en Caquetá.

Hasta la vereda Primavera, ubicada en el municipio de Ortega, Tolima, llegaron servidores de policía judicial del CTI y la Sijín para capturar a Andrés Felipe Chaguala Narváez por su presunta participación en un homicidio ocurrido en zona rural de la ciudad de Florencia.

Nohora Bohórquez Quiroga, directora seccional de Fiscalías en Caquetá, sostuvo que el hombre fue imputado por el delito de homicidio agravado y fue presentado ante el Juez Único Promiscuo de Solano, sur de Caquetá.

“Allí, el hoy detenido en un centro carcelario no aceptó los cargos enrostrados por el delegado fiscal, pero fue afectado con medida de aseguramiento intramuros. Chaguala Narváez es señalado de haberle causado la muerte a José Ferney Otavo Otavo el pasado 31 de julio del año 2022, en horas de la noche, cuando se encontraban en un establecimiento público en la vereda Norcasia del corregimiento San Pedro de Florencia y estaban ingiriendo bebidas embriagantes”.

Tras labores investigativas, se pudo establecer que el victimario, al parecer, hirió en repetidas ocasiones con un puñal en el pecho al hoy occiso en medio de un acto de intolerancia.

“El hombre murió camino a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas. El procesado por estos hechos permanecerá en un centro carcelario para cumplir con la medida preventiva mientras avanzan las investigaciones”.

En firme, quedó la sentencia contra Brandon Camilo Díaz Yara, quien fue hallado penalmente responsable de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambos agravados, luego de asesinar a un dragoneante del Inpec el pasado 2 de mayo del 2022 en un establecimiento comercial del barrio Las Avenidas de Florencia.

La directora seccional de Fiscalías en Caquetá, Nohora Bohórquez Quiroga, sostuvo que tras ser vencido en juicio fue condenado a 41 años de prisión en centro carcelario.

“Los hechos ocurrieron en el sector de la Zona Rosa de la ciudad de Florencia cuando Díaz Yara, en compañía de otro sujeto, llegó en una motocicleta de alto cilindraje y disparó en contra de la humanidad de Gentil Guevara Guzmán en repetidas ocasiones, quien se encontraba dormido en una silla de un establecimiento comercial, causándole la muerte de manera instantánea”.

Cabe recordar que por estos mismos hechos, Augusto Alejandro Olaya Flórez y Angie Stefany Arteaga, señalados de haberle hecho seguimiento a la víctima, fueron capturados en agosto del año pasado por su coparticipación con el hoy condenado.

“Al igual que Brandon Camilo Díaz Yara, están siendo investigados por los mismos delitos. Ambos se encuentran en etapa de juicio”.

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