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Terminaron más de 20 años de incansable búsqueda para una familia en Caquetá. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una acción conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, realizó la entrega digna del cuerpo de un niño que fue reclutado por el Frente 15 de las extintas Farc cuando tenía 14 años y murió en un combate con tan solo 16.

El cuerpo de este menor, y el de otra víctima de reclutamiento, cuyo cuerpo fue entregado en agosto, hacen parte de los 47 cuerpos recuperados por la JEP y la UBPD en el cementerio de la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita, en octubre del 2021.

Por más de veinte años, esta familia campesina no tuvo certeza sobre la suerte y paradero de su ser querido. La última vez que lo vieron fue en septiembre del año 2000, cuando desapareció después de salir a jugar con amigos. Dos años después, escucharon rumores sobre la presunta muerte del niño en las filas del grupo armado ilegal en mención durante un combate.

“Aunque la familia siempre guardó la esperanza de verlo con vida, su cuerpo fue hallado e identificado gracias a las medidas cautelares adoptadas por la Sala de Reconocimiento de la JEP para proteger el cementerio en donde se podrían encontrarse otros cuerpos de víctimas de reclutamiento ilícito. Acompañados de expertos profesionales de la JEP, la familia recibió el cuerpo del menor y recordó los momentos más especiales junto a él. Así mismo, se rindió un homenaje a su memoria reflexionando sobre esos largos años de búsqueda que finalizaron con la inhumación de su cuerpo, según las costumbres y la voluntad de la familia”, explicó la JEP en un comunicado de prensa.

Tras 30 años de incansable búsqueda, una familia en Caquetá recibió los restos de uno de sus seres queridos. Se trata de un joven que, teniendo 15 años, fue reclutado por el frente 15 de las extintas Farc.

Yolima Isabel Jurado Tobías, coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, en Caquetá, explicó que se trata de la primera persona identificada luego de la intervención que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y esta entidad llevaron a cabo en el cementerio de la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita, en octubre del 2021.

“Durante esa diligencia judicial, tras 11 días de trabajo coordinado, los equipos forenses de las dos entidades recuperaron 47 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el conflicto armado, algunas de ellas reclutadas ilícitamente siendo menores de edad”.

Por más de tres décadas, esta familia del suroccidente del país buscó al joven. Su rastro lo perdieron en 1993 cuando la víctima no llegó a su casa después de salir del colegio.

“En la entrega digna, sus seres queridos recordaron los momentos más especiales junto a él y, como homenaje a su memoria, pintaron un árbol con diferentes mensajes”.

Actualmente, la JEP, la UBPD y Medicina Legal, de forma articulada, continúan trabajando en la identificación y, posterior entrega digna, de las víctimas que fueron recuperadas del corregimiento de La Unión Peneya.

Esta acción humanitaria se enmarca en el Plan Regional de Búsqueda Caquetá Centro que cubre los municipios de Florencia, Morelia, Milán, La Montañita y Solano, donde el universo de personas dadas por desaparecidas se estima en 1.980, teniendo en conocimiento a la fecha 313 solicitudes de búsqueda.

La Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, investigará las acciones que miembros de la Fuerza Pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares habrían realizado bajo alianza para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil en varias zonas del país, incluyendo Florencia y la zona del Ariari – Guayabero y Caguán.

Esto, en el marco del Caso 08, el cual investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019. Es decir, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’, victimización de miembros de la Unión Patriótica o que no están siendo investigadas en los casos territoriales.

“Las cifras preliminares de la investigación indican que los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. Al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”, explicó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones identificados, hasta ahora, en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes como crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes, crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares y crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.

“Florencia y la zona del Ariari – Guayabero y Caguán se trata de una de las zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio. Esto habría motivado y servido de narrativa para justificar la estigmatización de sectores sociales, políticos y comunidades completas como auxiliadoras o integrantes de las guerrillas en razón a su rol social o por el hecho de habitar en esos territorios”.

Concluyó la primera intervención que la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas, UBPD, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desarrolló en el cementerio de la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita.

La acción tenía como objetivo recuperar los cuerpos de personas no identificadas y que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado, entre ellos niños presuntamente reclutados ilícitamente por las FARC.

Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la UBPD, reconoció las necesidades de las familias de conocer la suerte y paradero de sus seres queridos; además, el significado que el cementerio tiene para la comunidad como lugar de recepción de cuerpos de personas que perdieron su vida en el contexto del conflicto armado.

“Por eso, hemos hecho un abordaje dignificante para quienes es importante esclarecer la suerte y paradero de las personas dadas por desaparecidas que permita contribuir a la reparación”.

En desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Centro, la entidad abordó 13 puntos de interés forense en bóvedas y fosas individuales bajo tierra donde recuperó 10 cuerpos no identificados que podrían corresponder a excombatientes cuyos familiares desconocen su suerte y paradero.

Igualmente el equipo de la JEP, en el marco del Caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niños en el marco del conflicto armado, abordó 36 puntos de interés forense ubicados en bóvedas, de donde se recuperaron igual número de cuerpos.

“En total, las dos entidades recuperaron 46 cuerpos, algunos de ellos con signos evidentes de violencia. De los hallazgos preliminares, que serán sometidos a un proceso de verificación y corroboración posterior, se encuentran que siete de estos cuerpos podrían corresponder a menores de edad presuntamente reclutados de manera ilícita”.

De otro lado, Lily Rueda Guzmán, magistrada líder del Caso 07, expresó que con estas acciones se busca encontrar la verdad sobre si algunos de los cuerpos corresponden a menores de edad reclutados, lo que pudo haberles ocurrido y entender cómo la comunidad de La Unión Peneya se vio afectada por el reclutamiento de los pequeños.

“Esperamos también poder contribuir a sanar el dolor de las familias afectadas”.

Durante la jornada, las víctimas tuvieron la oportunidad de participar en actividades previas de socialización y pedagogía realizadas por las instituciones con el fin de conocer las entidades que conforman el Sistema Integral y apropiarse de las rutas de atención judiciales y no judiciales creadas para responder a sus demandas de verdad, justicia y reparación.

Los 46 cuerpos recuperados por la UBPD y la JEP fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su plena identificación. Una vez practicados todos los análisis correspondientes, se podrá establecer con precisión las características individuales y antropológicas de los cuerpos recuperados, entre ellas, el rango de edad.

Del 19 al 30 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, realizarán una intervención conjunta en el cementerio de la inspección de la Unión Peneya, municipio de La Montañita, con el fin de recuperar cuerpos no identificados de personas presuntamente desaparecidas en el marco del conflicto armado, entre ellos niños reclutados ilícitamente por las antiguas Farc.

La decisión se tomó luego de analizar el informe “Bajo tierra piden justicia”, presentado a las dos entidades por la RED ADN, donde se plantea la probable existencia de víctimas del conflicto armado que estarían inhumadas en condición de no identificados en el lugar en mención.

Igualmente, atendiendo a los trabajos previamente realizados en la zona por la Unidad de Búsqueda, las dos instituciones sumarán esfuerzos para dar una respuesta rápida y adecuada a los familiares de las víctimas del conflicto, especialmente a aquellos que aún buscan a menores de edad.

“La JEP y la UBPD realizarán las labores necesarias para la recuperación de estos cuerpos, la agilización de su identificación y posterior entrega digna, incluyendo actividades previas de socialización y pedagogía con víctimas, comunidades y actores locales, siempre atendiendo a las diferentes competencias constitucionales y legales de cada institución. Posterior a la actividad forense, los cuerpos recuperados serán entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para las labores de identificación que son de su competencia”, explicaron en un comunicado de prensa.

De hecho, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, visitó la ciudad de Florencia y durante su periplo se reunió con las diferentes autoridades locales para dar a conocer la labor que están desarrollando.

En Colombia, a los buscadores de desaparecidos les han dado instrucciones de cómo hacerlo, mas no de cómo protegerse de las amenazas e intimidaciones que surgen cuando escudriñan la verdad. Para una madre, cuando pasan los años y no hay respuestas, la única opción es adentrarse en escenarios incómodos y peligrosos. Catorce años después de la desaparición de su hijo, Nohemí Agudelo activa su propia ruta de búsqueda.

Parecía que el único desaparecido que tenía familia en el municipio de Florencia, Caquetá, era Cristian Camilo Josa Agudelo. Nadie reclamaba, nadie lloraba, nadie buscaba; solo se veía a una mujer corriendo desesperada de un lado a otro y temblando de miedo por lo inesperado.

Ella era Nohemí Agudelo, quien hace 14 años temía que lo peor les estaba ocurriendo a su muchacho y a otros hijos del pueblo. No era un sueño, era una pesadilla de la que aún no despierta y con la que afronta una lucha interminable por conocer la verdad.

 

Cada vez que hay un plantón o manifestación para saber qué pasó con las víctimas del conflicto armado, Nohemí Agudelo está ahí con la imagen de Cristian Camilo. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe ‘Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzada’, reporta 3004 víctimas de este fenómeno al 23 de abril de 2018. Muchas son buscadas, otras ni siquiera mencionadas. No obstante, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hay 350 solicitudes. Quienes se dedican a seguir el rastro de sus seres queridos lo hacen bajo anonimato, temen correr la misma suerte. Sus perpetradores aún están en el territorio y ocultan la verdad; escudriñarla los expone a intimidaciones, persecuciones, amenazas y desplazamientos. Nohemí las ha soportado todas, pero insiste en su propósito de encontrar a Cristian. Ha dado a conocer su lucha en los medios de comunicación; quiere que el mundo se entere de que lo sigue buscando hasta debajo de las piedras.

La vida de Nohemí ha estado atravesada por el dolor; también por la valentía y la persistencia. Ella está como el Caquetá: obligada a vivir complejas experiencias de abandono estatal. Este departamento, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registra que el 47 % de la población es víctima de la guerra; el 59 % tiene sus necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, acueducto y vivienda; en promedio, cada familia cuenta con cuatro víctimas de la confrontación armada, y el número de hogares violentados en el marco del conflicto supera los 55 000. Así lo constató la Comisión de la Verdad en julio de 2019 durante la inauguración de la ‘Casa de la verdad de Florencia: territorio seguro para el diálogo’.

Desde el momento en que dejó de ser intendencia para convertirse en departamento, el 15 de diciembre de 1981, Caquetá ha sido una de las zonas más afectadas por la lucha armada en Colombia. Sus pobladores han vivido las horrorosas prácticas del secuestro, las masacres, la extorsión, el ‘boleteo’, las muertes en cautiverio, el reclutamiento ilegal de menores y adultos, el desplazamiento y la desaparición forzada. Estos flagelos destruyen vidas, el tejido familiar y comunitario.

Ser buscadora de desaparecidos en Caquetá, específicamente en Florencia, es una dolorosa misión para Nohemí, que provoca una lenta e inevitable angustia de tanto pensar si sus familiares viven aún, dónde están, si fueron torturados o cuánto sufrimiento soportaron en manos de sus captores. En efecto, los allegados de los desaparecidos enfrentan múltiples penas desde la última vez que los vieron, o cuando denunciaron sus desapariciones y no los atendieron de inmediato; en el momento en que empezó la búsqueda o el día en que se apagó la esperanza de encontrarlos vivos. Pero hay otros dolores que les restan aliento, que surgen cuando dejan de escuchar sus nombres, la indagación no avanza, no les suministran información en los despachos judiciales, la ciudadanía no los acompaña a exigir justicia o reciben amenazas por reclamar verdad.

Con tal de saber qué pasó con su hijo menor, Nohemí ha afrontado todos los vaivenes del dolor. Cuenta que vio a Cristian Camilo por última vez el 28 de agosto de 2006, a las cinco de la tarde, minutos antes de iniciar la labor diaria de venta callejera de arepas, con la que ayudaba al sustento familiar. “A la edad de 17 años desapareció del barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI, en Florencia. Ese día en la mañana un amigo vino a buscarlo, pero como no estaba porque se había ido con su papá a trabajar, le dejó dicho que le ayudara a llevar un portón a la segunda etapa del barrio. A su regreso le di la razón y él salió a cumplir con lo encomendado. Cristian era el encargado de prender el carbón y probar si las arepas estaban bien de sal, pero como se estaba tardando, me tocó hacerlo a mí”. 

 

Nohemí Agudelo es la cara más visible de los desaparecidos en Caquetá, pese a que ha sido amenazada y le tocó irse de Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
 
 
Tras la firma de los acuerdos de paz negociados entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Gobierno nacional, en noviembre de 2016, se pensaba que lo peor iba a quedar atrás, que vendrían tiempos mejores para cerrar las heridas y seguir adelante, pero no fue así. De acuerdo con fuentes que pidieron mantener sus nombres reservados por razones de seguridad, en 2020, en pleno año de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID–19, hubo siete denuncias de desaparición de personas, que se suman a las 56 existentes, presentadas desde el momento de implementación de dichos acuerdos hasta diciembre de 2019.

A pocos metros de distancia de donde estaba vendiendo arepas, Nohemí alcanzó a ver que un vehículo tipo taxi, con sus ocupantes, hizo un giro inesperado en la esquina de la calle, sin percatarse de que su hijo era uno de los pasajeros. Sin embargo, algunos testigos aseguraron después que el joven no subió obligado, por lo que no despertó sospechas de que algo malo estuviera ocurriendo. Luego apareció la persona que lo había buscado para trasladar el portón. Nohemí le interrogó por Cristian, y le respondió que no tardaba; pero nunca regresó. “Al otro día fui a preguntar por mi hijo. Los vecinos me contaron lo del taxi, cogí su foto y me fui a hablar con el comandante de la Policía de ese entonces, el coronel José Ángel Mendoza Guzmán, para que me ayudara, porque allá tenían a los muchachos de la Ciudadela como lo peor de la ciudad, con fama de drogadictos y atracadores. Él no era así; yo sé qué clase de hijo tenía”.

El oficial, hoy mayor general retirado de la institución, la citó cuatro días después para comunicarle que no había información sobre el paradero de su familiar. Durante 15 días, la desaparición de Cristian fue tema en varios medios de comunicación nacionales, incluyendo la emisora de la Policía en Bogotá. “Allí dije que algo estaba pasando con los muchachos de Caquetá, porque se los estaban llevando, y no sabíamos quiénes eran los autores de este hecho. Yo no puedo decir que fueron las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia o que se trató de un falso positivo, aunque el caso esté ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala Nohemí, quien rompe en llanto al recordar que, tras 14 años de acudir a la institucionalidad encargada del asunto, no sabe nada de ese adolescente de un metro con 75 centímetros de estatura, carácter fuerte y noble a la vez, dedicado a su familia, voluntarioso para hacer los favores que le encomendaban y apegado a ella, a quien siempre le contaba qué iba a hacer o para dónde se dirigía.

“Hablar de él es muy duro; algo le pasó. No estaba enseñado a irse de rumba y durar tres o cuatro días por fuera de la casa, porque nunca lo hacía. Cada cierto tiempo se iba unos 20 días para donde sus abuelos, que vivían en la vereda Aguascalientes, en el municipio de Morelia, a 20 minutos de Florencia. Los acompañaba y volvía”, afirma mientras seca sus mejillas.

Desde hace varios años, Nohemí forma parte de la Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos: Los Que Faltan, que congrega a cerca de 300 familias víctimas de este flagelo en la región. “Mis amigas dicen que sus hijos fueron secuestrados por el frente tal y el comandante tal, pero yo no puedo decir lo mismo porque no sé quién se lo llevó. Yo hablo de un desaparecido, y necesito saber si fue un crimen de Estado, si fueron las AUC o las Farc-EP”, reclama Nohemí.

Un día, en medio de la búsqueda y vía WhatsApp, le llegó una foto en la que comparaban la imagen de Cristian con la de un combatiente de la extinta guerrilla. Aunque físicamente es parecido, su corazón de madre le dice que no es su muchacho. No obstante, necesitaba saber con certeza si su hijo perteneció a este grupo armado. Por ello, el 12 de mayo de 2017, Nohemí viajó hasta el municipio de Mesetas, Meta, en donde se reunió con un excomandante y varios exmiembros de esa estructura. “Les dije que si su organización es tan grande y poderosa como aseguran, que contaran dónde está la gente que fue reclutada. Ellos se incomodaron, me dijeron que no reclutaban. Les alegué que necesitaba saber si estaba vivo o muerto para ir a recogerlo”.

Nohemí regresó a casa sin nuevas pistas, pero retomó la búsqueda mediante redes sociales, aprovechando la firma del acuerdo de paz. Ella cuenta que, por medio de Facebook, les envió solicitud de amistad a varios excombatientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, antiguo comandante del estado mayor de las Farc-EP. “Finalmente, me aceptó la invitación. Le envié la foto del pendón de mi niño con su historia y me contestó ‘tomaré atenta nota’. No respondió nada más. Los guerrilleros me escribían lo mismo: que me iban a ayudar, que iban a investigar, pero nada pasó”.
 
 
 
Pendón con la imagen de Cristian Camilo, la misma que fue enviada por Nohemí a excombatientes de las Farc-EP para que le ayudaran en su búsqueda. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
 
Cuando los exguerrilleros empezaron a recorrer el país haciendo campaña política para llegar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en 2018, Nohemí acudió, junto con un grupo de víctimas, a una manifestación que se daría una vez arribaran los candidatos de la Farc a la ciudad.

Ese 4 de febrero, Iván Márquez llegó a la capital de Caquetá. “Aproveché que el líder guerrillero iba a estar en el polideportivo de la Ciudadela para preguntarle si sabía algo de mi hijo. Además, otras víctimas me habían dicho que hiciéramos un plantón para exigir verdad y justicia. Allí, gritando arengas, estaba un profesor que fue secuestrado por esa guerrilla. Cuando la policía lo iba a detener, yo me metí en medio de ellos, les pedí que miraran la foto plasmada en mi camiseta y el pendón que cargaba, porque esos elementos estaban llenos de verdad y, sobre todo, de dolor. Los uniformados dieron dos pasos atrás y dejaron continuar la manifestación que las víctimas estaban realizando. La comunidad empezó a aglutinarse en los andenes con la idea de reclamarles que, por culpa de los excombatientes, habían perdido sus tierras, familiares y, en muchos casos, habían tenido que salir desplazados a pasar penurias lejos de sus hogares”, relata Nohemí.

En esa ocasión ella expuso nuevamente su caso ante los medios de comunicación locales. De regreso a casa se enteró de que habían atacado el polideportivo con piedras y quemado las banderas políticas del partido Farc. “Mes y medio después, una persona que no se identificó me llamó y preguntó, en tono altanero, qué buscaba, que si quería que me ‘levantaran’. Yo les dije que no estaba diciendo mentiras, sino buscando a mi hijo. La sentencia que recibí fue que abandonara Florencia. Tendría que estar muerta para no buscar a mi hijo, porque callada no me quedaré”, desafía Nohemí.

La madre de Cristian se vio obligada entonces a abandonar el departamento y se fue a vivir a Cali, donde estuvo cuatro meses, tiempo en el que no supo nada de él. En uno de sus sueños, desde una nube, Cristian le pidió que no sufriera más, y cuando emocionalmente se preparaba para atender el llamado divino, el destino le volvió a propinar otro golpe: su hijo Wilmer Josa Agudelo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado en un asalto que las tropas realizaron a un campamento de las disidencias de las Farc en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, el 15 de diciembre de 2018. Dejó una esposa, unos hijos y una familia destrozada. Al año siguiente, el 11 de julio, fue inaugurada la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia.
 
 
Wilmer Josa Agudelo en una de las dedicatorias que le hizo a su mamá durante su carrera militar. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
  
 
Una de las placas que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, unidad donde estaba Wilmer, entregó a sus familiares tras su fallecimiento. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz. 
 
Nohemí, con su otro dolor a cuestas, retornó a Caquetá para buscar la verdad, esa que la Comisión de la Verdad trata de construir investigando por qué la desaparición forzada se enquistó en la región. Esta oficina ha sido artífice de varias reuniones en las que los asistentes contribuyen a estas indagaciones de manera abierta y voluntaria. “Hemos generado encuentros de verdad, no solo para el esclarecimiento, sino para propiciar espacios de diálogo social. No hay limitaciones de público; han participado aproximadamente unas 500 personas interesadas en ayudar a esclarecer los sucesos que trajo el conflicto armado”, explica Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial en Florencia. 
 
                                                                                                                                                                                                 Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Un mes antes de que se desatara la pandemia generada por el COVID-19, y ante la falta de información sobre el paradero de su hijo, Nohemí cuenta que se desesperó tanto que interpuso una acción de tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), porque no le respondió un derecho de petición en el que preguntó si el caso de la desaparición forzada de Cristian fue asumido por la justicia transicional o, en caso negativo, se le indicara el procedimiento específico para que se llevara a cabo su pretensión.

El Tribunal para la Paz declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que al momento del fallo logró satisfacer la pretensión de Nohemí en la demanda. En el dictamen le informó también que “la Sala de Reconocimiento investiga los delitos de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por integrantes de las Farc-EP y de la fuerza pública, entre el primero de enero de 1971 y el primero de diciembre de 2016, así como los hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y otros de violencia, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición y homicidio”.

Nohemí espera ahora que la JEP asuma y certifique el caso de su hijo. Ella sabe que no es la única de su departamento que carga una cruz por la desaparición de un ser querido. El equipo territorial en Florencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) lleva cerca de 20 meses realizando su trabajo en el ámbito local, y hoy tiene radicadas alrededor de 350 solicitudes de búsqueda solo en Caquetá, pues también hace presencia en 18 municipios del sur del Huila, poblaciones desde donde se efectúan 230 más.

Su coordinador, Carlos Enrique Zapata Bohórquez, quien a su vez indaga por el paradero de su padre desaparecido, explica que vienen haciendo pedagogía con las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, actores interesados en la búsqueda, y aportantes de información para dar respuesta a las familias que acuden a su oficina. “Hemos hecho dos entregas. En 2018 hicimos la primera, que incluso fue la primera a nivel nacional; mientras que la segunda la hicimos el año pasado con el acompañamiento de la Fiscalía. Estamos trabajando en la búsqueda de información con las entidades del Estado, en fuentes abiertas o con convenios interinstitucionales para determinar qué se ha investigado, dónde puede estar la persona desaparecida y qué acciones han emprendido sus familiares para encontrarla”.
 
 

Los restos mortales de uno de los desaparecidos de Caquetá ya fueron entregados a sus familiares y hoy reposan en el cementerio central de Florencia. Fotografía: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) .

 

Zapata Bohórquez ha conocido de casos en los que tanto hombres como mujeres que se dedican a buscar a sus desaparecidos son objeto de amenazas, torturas y violaciones. “Ciertamente empezaron la búsqueda, la cual los va llevando por ciertos caminos y, a veces, en su afán por encontrar a su ser amado, van hasta donde sea necesario, sin importar las consecuencias. Llegaban a lugares y allí se encontraban con actores armados que los amenazaban y los torturaban. Tanto a mujeres como a hombres los violaban para darles a entender que no buscaran más porque, si lo seguían haciendo, los mataban o les hacían esos vejámenes de nuevo”, señaló el funcionario.

Explicó que quienes acuden a la UBPD contarán con las garantías necesarias para conocer el paradero de sus allegados. Además, tendrán la certeza de que el caso no será archivado, pues la corporación asume el proceso con carácter humanitario y extraoficial, con el compromiso de continuar en el tiempo hasta lograr encontrar a la víctima, ya sea con vida para hacer el respectivo reencuentro o sin vida para hacer entrega de sus restos mortales.

Luego del cese de hostilidades decretado entre el Gobierno nacional y las Farc, se han presentado ante la Fiscalía 63 denuncias de desaparición forzada en 14 de los 16 municipios del departamento. Así lo aseguraron fuentes oficiales que insistieron en mantener sus nombres bajo reserva. Afirmaron también que han abierto siete investigaciones para dar con el paradero de estas personas. En su mayoría, los casos son atribuidos a integrantes de grupos armados ilegales que no brindan datos detallados, mientras que en otros, las víctimas salen de sus casas sin dar información a sus familiares y no regresan. Se han esclarecido tres historias, se han encontrado doce personas vivas y seis cuerpos.

Sin desconocer los esfuerzos institucionales, Nohemí continúa la búsqueda por su cuenta, aunque su corazón le diga de muchas formas que Cristian ya no está vivo. “Cuando recibí la noticia del asesinato de Wilmer, mi otro hijo, sentí el mismo dolor. Ahora, ante la angustia de no saber qué ocurrió con Cristian, y ante el paso del tiempo, algo me dice que está muerto. De todas maneras, seguiré buscándolo, porque uno no se desaparece de la faz de la tierra, algún rastro debe haber”.

 

 

Los hermanos Cristian Camilo (izquierda) y Wilmer Josa Agudelo (derecha) ya no disfrutan del calor de hogar que su madre Nohemí construyó para ellos. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Diálogos con la ausencia. Formación virtual para periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de estas organizaciones.

 
 

Un taller virtual con 49 víctimas, líderes y lideresas de organizaciones defensoras de derechos humanos de Caquetá, adelantó la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Su director, Giovanni Álvarez Santoyo, calificó como fundamental la participación de las víctimas por haber sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia.

“La Jurisdicción Especial para la Paz, en días como hoy, siente una gran satisfacción porque la presencia de ustedes resulta fundamental para la labor que nosotros venimos desarrollando. Tienen una región muy rica en recursos naturales, como muchos otros lugares de nuestra querida Colombia, pero ha sido muy atacada y esquilmada por los grupos al margen de la ley”.

De paso, recordó que este grupo poblacional ha pagado el precio de lo que significa el conflicto de un país, un precio que además no tenían por qué pagar.

Durante la reunión virtual, funcionarios de la Unidad les explicaron a los participantes qué pasos deben seguir para acceder a la JEP y, asimismo, en qué consiste el Programa de Prevención y Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la JEP.

De otro lado, Flor Alba Rojas expresó su satisfacción por el encuentro y dijo que, aunque está de acuerdo con el proceso de paz con las FARC, le preocupa que no se conozca la verdad por parte de la extinta organización ilegal.

“Las víctimas queremos conocer la verdad de todo. Así nuestros familiares estén muertos, que nos los entreguen”. Los familiares de los desaparecidos sentimos a diario ese dolor en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro ser”, enfatizó.

Por su parte, Bernabé Plazas sostuvo que si bien hay personas que están temerosas de decir la verdad ante las autoridades sobre los horrores del conflicto, hay otras que están dispuestas a decirla.

 

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