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Una fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Caquetá, le imputó los supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y uso de documento falso, según su responsabilidad, al alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Alfredo Perdomo Losada; su secretaria administrativa, Katherin Chica Floriano; y la contratista Blanca Omaira Hernández Ladino, por presuntas irregularidades detectadas en la contratación para mitigar la pandemia del COVID – 19 durante el año 2020 en esa municipalidad.

De acuerdo con el director de Fiscalías en Caquetá, Diego Peñuela Reina, los hechos materia de investigación ocurrieron entre noviembre y diciembre del año pasado.

“En ese lapso de tiempo, Perdomo Losada, en calidad de alcalde municipal, y Katherin Chica Floriano, como secretaria administrativa, se habrían interesado indebidamente en provecho de Blanca Omaira Hernández Ladino, quien era la representante legal de la Empresa HYM Soluciones Empresariales Zomac. Al parecer, lo actuado tenía como finalidad que se le adjudicara a Hernández Ladino el contrato de compraventa número 366 de 2020, cuyo objeto era la compra de insumos destinados para el desarrollo de acciones en salud pública y el talento humano de la Administración Municipal en el marco de la emergencia sanitaria por $ 85’748.540”.
 
Según los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI, los procesados utilizaron cotizaciones falsas que sirvieron de soporte en los estudios previos, favoreciendo así a la contratista.
 
“De esta manera, habrían vulnerado los principios de selección objetiva y transparencia. Igualmente se estableció que en la ejecución del contrato de compraventa hubo un sobrecosto por 35 millones de pesos”.
 
Peñuela Reina finalmente dijo que ninguno de los procesados aceptó responsabilidad alguna y, la próxima audiencia, será de acusación. 

Por unos aparentes sobrecostos que rondaban los 13 millones de pesos en un contrato para el suministro de mercados a la población, un fiscal de la seccional Caquetá judicializó a Ruddy Jhulieth Imbus Calapzu, secretaria de Integración Social de la Alcaldía de La Montañita, Caquetá.

Según el ente acusador, el contratista Arcenio Narváez Tovar también fue requerido por las autoridades porque presuntamente estaría inmerso en este ilícito.

“La Fiscalía General le imputó cargos a la funcionaria por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, mientras que al contratista le endilgó peculado por apropiación”.

Si bien los investigados no aceptaron su responsabilidad, se pudo establecer que el 8 de abril de 2020, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Integración Social, suscribió con Narváez Tovar el contrato 055, cuyo objeto era el suministro de mercados para la población vulnerable del casco urbano y rural de la localidad.

“Esto con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes con ocasión de la pandemia del Coronavirus. El contrato, por $79.997.576 y una vigencia de dos meses, fue ejecutado en el marco de la calamidad pública decretada por la Alcaldía local. La Secretaría habría aceptado los precios establecidos por el contratista sin tener en cuenta un estudio propio de mercado o análisis de unitarios que evitaran un detrimento patrimonial para la administración pública”.

Así mismo, la Fiscalía General dio a conocer que quien fue favorecido con la adjudicación en su propuesta comercial, presuntamente, aumentó considerablemente el valor unitario de los artículos. De esta manera, al parecer, se generaron sobrecostos por un valor de $13.765.376.

Este jueves, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela; y el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime, anunciaron la puesta en marcha del plan piloto que permitirá el regreso de las visitas tipo entrevista para la Población Privada de la Libertad, PPL, que se encuentra en los 132 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, ERON.

Dichas visitas se realizarán cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y por lo pronto, en diciembre de 2020, tendrían lugar de lunes a domingo.

“Se permitirá únicamente el ingreso de un visitante por cada privado de la libertad y estará prohibido el ingreso de menores de edad y personas con síntomas respiratorios. Así mismo, se adecuarán espacios especiales para cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la pandemia por el COVID – 19”, explicó el funcionario.

De paso, el Inpec reitera que habrá puntos de desinfección y bioseguridad y que profesionales de la salud realizarán tamizajes y entrevistas, manteniendo siempre los procedimientos de seguridad.

“Se espera que la medida pueda ser prorrogada en 2021, teniendo en cuenta los resultados del presente mes”.

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de su programa Visión Amazonía y en coordinación con Corpoamazonia, realizó el pago del Incentivo Forestal Amazónico, IFA, a 33 familias de la vereda Orotuya de Solano, sur de Caquetá, que están comprometidas con la conservación de los bosques.

Según el reporte del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam, estas familias cumplieron con los acuerdos de conservación de 18.358 hectáreas de bosque en sus predios y, por esta razón, accedieron al pago de 59’400.000 pesos correspondiente a dos trimestres.

José Yunis, director de Visión Amazonía, explicó que cada familia recibió un valor de 1’800.000 pesos.

“Estos pagos se realizan de forma trimestral. Los predios que ingresan al programa del IFA deben tener una extensión mínima de 50 hectáreas. El Incentivo Forestal Amazónico es un reconocimiento transitorio, voluntario y complementario al mantenimiento del bosque en pie en los predios ubicados en la zona de baja intervención del arco de la deforestación”.

Cabe recordar que en la vereda Orotuya se construye actualmente el Núcleo de Desarrollo Forestal, NDF Orotuyo, nombre puesto por la comunidad haciendo un reconocimiento al verdadero valor del bosque; ya que, comparativamente hablando, para esta comunidad el bosque “vale oro”.

A través del Decreto 119 del 21 de septiembre de 2020, el alcalde de El Doncello, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, autorizó la implementación de planes pilotos para la apertura de bares y discotecas en su municipio.

Según el mandatario, el mencionado Decreto autoriza el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento público y para la realización de ferias empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud en el marco del desarrollo de estas actividades.

“Los días de servicio para bares y discotecas será de domingo a domingo desde las 3:00 de la tarde y hasta las 10:00 de la noche. Los establecimientos autorizados, bajo ninguna razón, podrán hacer uso del espacio público para el ejercicio de su actividad comercial ni otras relacionadas”.

Así mismo, en caso de que las autoridades administrativas decidan establecer el toque de queda, no podrán brindar atención al público de manera presencial o, en su defecto, no podrá exceder del horario que se establezca por parte del acto administrativo que ordene esta medida restrictiva.

“Del cumplimiento que den los propietarios de estos establecimientos, depende la ampliación del horario para los mismos”.

 

La comunidad Embera Diosa del Chairá del municipio de Cartagena del Chairá recibió de manos del Ejército Nacional dos computadores para que 20 menores de edad recibieran sus clases como parte de las medidas adoptadas para contrarrestar el avance del COVID – 19 en la región.

El teniente coronel Jason Gómez, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N 19 de la Décima Segunda Brigada, explicó que cada equipo consta de pantalla, teclado, CPU y mouse.

“Llegamos a esta comunidad para beneficiar a 20 menores que no tenían cómo continuar con los procesos pedagógicos diseñados por las instituciones educativas en las que están matriculados, debido a las disposiciones sanitarias decretadas para contener la propagación del Coronavirus”.

Agregó que, a través de una campaña realizada por redes sociales, conocieron que los indígenas pedían apoyo a quienes pudieran donar estas herramientas tecnológicas para mitigar sus necesidades.

“Fue así que, tras la gestión realizada, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, le donó al Ejército Nacional los computadores que hoy tienen los menores de esta comunidad”.

 

Con el inicio del aislamiento selectivo a partir de ayer, 1 de septiembre, las autoridades administrativas del municipio de El Doncello decidieron suspender el Pico y Cédula, Pico y Género y Toque de Queda, medidas que se venían aplicando durante el aislamiento obligatorio.

El alcalde local, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, explicó que la decisión se tomó a raíz de la apertura de gran parte de las actividades comerciales en el país.

“Hemos expedido un Decreto en el cual se normalizan la mayoría de las actividades comerciales y se extienden los horarios de atención en los locales y negocios, y se reinician las labores de transporte terrestre desde esta localidad”.

Agregó que al irse normalizando el tema de transporte, habrá más intercambio de personas entre departamentos, lo que incrementaría el riesgo de adquirir el virus.

“Cabe resaltar que las personas que han adquirido el virus tampoco son inmunes, pueden volverse a contagiar y es muy probable que pueda ser más fuerte, por lo que es necesario advertirle a la comunidad que se debe tener mucho cuidado ahora que hay más afluencia de gente en las calles”.

Por esta razón, el mandatario hizo un llamado a la población para que mantengan las medidas de bioseguridad y el auto cuidado.

 

Con proyectos en agro, ganadería e infraestructura, el departamento del Caquetá potenciará su economía en el marco del plan de reactivación económica que se viene tras la emergencia generada por COVID – 19.

Así lo anunció la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en el marco de la Gira Regional realizada en la ciudad de Bogotá, y quien aseguró que lo que se busca con estas obras es llegar a las regiones con compromisos de desarrollo.

“Ante los desafíos enormes que tiene el país con posterioridad a este COVID, nos toca en simultánea ver de qué manera logramos reactivar la economía, generar nuevas condiciones, aprovechar nuevas oportunidades que presenten”.

Una de esas obras tienen que ver con infraestructura vial, especialmente la terminación de la vía Altamira – Florencia, Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico, además de las intervenciones rurales de El Paujil, La Montañita y San Vicente del Caguán junto con la construcción de tres muelles fluviales.

“En el marco de la agenda con el Invías, Caquetá tendrá asignados 506.955 millones de pesos para este tipo de inversiones, que generarían 4.300 empleos y beneficiarían a 900 mil personas de la región”.

La alta funcionaria recordó que se apoyarán a las mujeres ganaderas de Caquetá con financiación, asistencia técnica y en la comercialización de sus productos; de paso, se fortalecerán las medidas de prevención, atención y protección para las mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basada en género.

De otro lado, el gobernador Arnulfo Gasca se refirió a dos iniciativas de la agenda de competitividad departamental y que tienen que ver con el sector lácteo especialmente con la red de frío para el Caquetá y el mejoramiento genético a través de embriones in vitro, que también servirá para la competitividad; sin embargo, la Vicepresidente respondió que hay que ver cómo se pueden mejorar estos aspectos teniendo en cuenta el tema ambiental para asegurar una menor emisión de gases.

Finalmente Ramírez invitó al mandatario seccional a evaluar, de manera conjunta, la ampliación del frigorífico de Florencia, dada la proyección ganadera de nuestra región para que el comercio de ganado no se haga solamente con animales en pie.

El alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Alfredo Perdomo Losada; la secretaria de Inclusión Social de ese municipio, Lina Julieth Osorio Alonso; y el contratista Jairo García Oliveros, fueron judicializados por presuntas irregularidades en contratación. 

Según el ente acusador, a los tres se les imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos en calidad de coautores, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además, a García Oliveros, se le acusó de peculado en calidad de interviniente y se le endilgó el punible de falsedad en documento privado en calidad de autor. 

La investigación adelantada tiene que ver las supuestas irregularidades detectadas en el trámite de un contrato que tenía como fin abastecer a comunidades vulnerables de mercados con los productos básicos de la canasta familiar.

 

El contrato 

Un fiscal de la Seccional Caquetá, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, evidenció que entre el 19 de marzo y 30 de abril de este año, Perdomo Losada, Osorio Alonso y García Oliveros, al parecer, obraron indebidamente en provecho de un tercero para que se le adjudicara el contrato de compraventa N° 122 de 2020, cuya idea era la adquisición de 2.142 mercados, cada uno por 56.000 pesos, para la población vulnerable de San Vicente del Caguán. 

“Tal contratación, que tendría que ejecutarse en 21 días hábiles y un valor de $119.952.000, debía satisfacer y garantizar la seguridad alimentaria en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia. Tanto el burgomaestre, como la Secretaria, intervinieron en razón de sus cargos y sus funciones en la etapa de tramitación y celebración del mismo. Sin embargo, los investigadores descubrieron que ambos le habrían solicitado al contratista que presentara tres cotizaciones, sugiriéndole que en la de su negocio pusiera un precio favorable para adjudicarle el contrato, como en efecto sucedió”, explicó una fuente de la Fiscalía General.    

De esta manera, se presume que se vulneraron los principios de selección objetiva y transparencia, pues ambos funcionarios eran conscientes del interés indebido a favor del contratista.

 

Sobrecostos y mercados no entregados 

En un segundo aspecto, se logró detectar un posible sobrecosto en los precios de los alimentos por cuatro millones 657 mil pesos, dinero del cual se habrían apropiado.  

“Igualmente, los peritos de la Unidad de Administración Pública del CTI de la Seccional Caquetá encontraron que 301 mercados de los 2.142 contratados no fueron entregados y están avaluados en 6.8 millones, dinero del que al parecer también se apoderaron”, recordó la fuente del ente acusador.  

 

Cotizaciones falsas 

Por otra parte, se logró determinar que, en marzo pasado, el contratista supuestamente falsificó una de las cotizaciones diferente a la de su negocio, firmando a nombre de otra persona por valor de $58.000 por mercado. 

“Esto, con el fin de cumplir con unas de las tres cotizaciones que le habrían pedido los funcionarios como requisito para la adjudicación del contrato y que así la suya fuera la de menor costo. Finalmente, los servidores públicos extendieron actas de base de datos de entrega de ayudas humanitarias de la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, donde consignaron que 301 personas recibieron mercado, lo que jamás sucedió”.

 

Ninguno aceptó los cargos. 

Por razones asociadas al COVID – 19, delincuencia, terrorismo y secuestro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a los ciudadanos americanos no viajar a Colombia, haciendo énfasis en algunos departamentos como Caquetá.

La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado luego de clasificar a nuestro país en un nivel de riesgo 4, lo que significa una recomendación federal de no viajar por el alto número de contagiados de Coronavirus y la situación de conflicto armado interno.

De hecho, en el informe de alertas se establece que los viajeros, en territorio nacional, pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, pedidos para quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia debido al COVID – 19.

Así mismo, estipula que por “delitos violentos, incluidos el robo a mano armada y el homicidio” y por “grupos terroristas que están activos en algunas partes” no se debe viajar a Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, mientras que piden reconsiderar destinos como Antioquia, Caquetá, Casanare, Cesar (fuera de Valledupar), Córdoba (fuera de Montería), Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada y Valle del Cauca (fuera del área de Cali y Palmira) por las mismas razones.

Para conocer la alerta en su totalidad, ingrese a https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Colombia.html

 

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