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Treinta y cinco representantes de las Juntas de Acción Comunal de los municipios de Solita, Valparaíso, Curillo, Florencia, Puerto Rico, Morelia y Albania, en el departamento del Caquetá, fueron capacitados en temas como legalización de predios, baldíos y ruta de la restitución de tierras.

Fernando Cuéllar, director de la Unidad de Restitución de Tierras en nuestro departamento, explicó que el curso se denominó ‘El Derecho a la Tierra’.

“Se entregaron herramientas conceptuales a los líderes de las Juntas de Acción Comunal sobre las calidades jurídicas de la propiedad, comprensión de folios de matrículas y ruta de la restitución de tierras, entre otros temas”.

El objetivo, según el funcionario, era ofrecer una guía acertada a las comunidades sobre los aspectos jurídicos de la tierra y formalizaciones, entre otros conceptos sobre la propiedad en Colombia.

“En el espacio de capacitación también se les enseñó a leer los folios de matrícula inmobiliaria y los aspectos a tener en cuenta a la hora de vender o comprar una propiedad. El encuentro también fue la oportunidad para dar a conocer la ruta del proceso de Restitución de Tierras, con el fin de dar claridad sobre quiénes son las personas que pueden acceder a las disposiciones de esta ley de Justicia Transicional”.

De otro lado, José Matiz, líder del corregimiento El Caraño de Florencia, aseguró que la experiencia de este curso es vital porque les permite conocer cómo está organizado el territorio y cómo operan las entidades frente a los temas de tierras, además de acceder a los diferentes beneficios que entrega el Estado.

 

Después de sobrevivir a dos tomas guerrilleras, lideradas por los frentes 48 y 49 de las extintas FARC y recibir amenazas de parte de grupos paramilitares al tratar de recuperar la propiedad que dejaron abandonada para salvar sus vidas, a una familia del municipio de Valparaíso, sur de Caquetá, le fue restituido su predio.

Fernando Cuéllar, director de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en la región, explicó que cuatro hermanos fueron reconocidos como víctimas del flagelo de abandono de tierras; razón por la cual, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué les concedió el derecho a que les devolvieran su posesión.

“El desplazamiento de la familia se dio al no soportar los fuertes hostigamientos de esta guerrilla en los años de 1997 y 1998, quienes se tomaron el casco urbano del municipio de Valparaíso. Esta situación los llevó a refugiarse en la casa de uno de sus vecinos y, posteriormente, desplazarse a la ciudad de Florencia, en donde sufrieron todo tipo de angustias”.

Pasado el tiempo trataron de recuperar la propiedad, pero los paramilitares habían tomado posesión material del predio.

“En mayo del 2017 solicitaron el ingreso al Registro de Tierras Desplazadas y Despojadas. Estaban convencidos que podían demostrar su condición de víctimas y, por esta razón, se les puede devolver la propiedad. Así mismo, se condonaron y exoneraron las deudas que se generaron sobre la propiedad en los años de desplazamiento y no tendrán que pagar derechos notariales; además, se les impartirán y priorizarán medidas de atención en salud, educación y entrega de subsidio de vivienda”, puntualizó Cuéllar.

Con el objetivo de establecer el cronograma que permita avances en el proceso de identificación de predios que han sido solicitados en restitución de tierras y que están ubicados en los 16 municipios de Caquetá, las autoridades locales sostuvieron una reunión en la que se priorizaron las zonas a intervenir, haciendo énfasis en el municipio de Cartagena del Chairá.

Fernando Cuéllar, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en la región, explicó que actualmente se están trabajando en 29 zonas ubicadas en todas las poblaciones.

“Junto con la cúpula militar del departamento, constituimos once zonas que ya fueron aprobadas para su intervención desde el Gobierno Nacional y, de paso, articulamos las acciones para avanzar en las respuestas a las solicitudes de restitución”.

Según el funcionario, ​este trabajo se realizará durante el primer semestre del año, más aún cuando el Consejo Superior de la Judicatura determinó la apertura del Juzgado Civil del Circuito de Restitución de Tierras en la ciudad de Florencia.

“Lo que se busca es agilizar el proceso de respuesta a las demandas que ha presentado la Unidad de Restitución de Tierras con sede en el departamento de Caquetá. Recordemos que desde esta territorial se tienen 29 zonas abiertas en las que se han recibido 3.353 solicitudes, de las cuales se han respondido 2.581”.

La Unidad de Restitución de Tierras en Caquetá solicitó medidas cautelares para disminuir los riesgos generados por el confinamiento, desplazamiento forzado y amenazas que han sufrido los integrantes del Resguardo Indígena El Águila del Pueblo Misak que habita en inmediaciones del municipio de Belén de los Andaquíes, quienes han sido diezmados debido a los continuos hostigamientos, asesinatos selectivos y reclutamiento forzado de niños y adolescentes.

Fernando Cuéllar, director de la entidad, explicó que estas acciones delincuenciales que han perpetrado grupos ilegales que operan en la zona ha reducido la población a 82 personas que integran 12 familias.

“Lo anterior, amenaza la pervivencia de las costumbres culturales, sociales y económicas de esta comunidad que ha sido obliga a desplazarse o a vivir en el confinamiento debido a que no pueden adelantar sus actividades de recolección y caza, así como la visita a sus territorios sagrados”.

Por esta razón, con el fin de mitigar el impacto de la violencia que ha sufrido esta comunidad, se pidió en la medida cautelar adelantar varias acciones que permitan parar este problema.

“Se le solicita a la Unidad Nacional de Protección, UNP, realizar la evaluación de manera inmediata de las condiciones de seguridad, vida e integridad de la comunidad Misak y a varias entidades el diseño e implementación urgente de una estrategia para la prevención del reclutamiento de niños y reducir el riesgo. Así mismo, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantar el proceso para la inscripción en el Registro Único de Víctimas, y a la Gobernación del Caquetá, el municipio de Belén de los Andaquíes y el ICBF disponer de asistencia, atención y ayuda humanitaria de manera perentoria para los integrantes de la comunidad”.

El funcionario recordó que el Ministerio de Cultura debe avanzar en la investigación sobre la cultura y rescate de su tradición oral, utilizando medios de comunicación y herramientas audiovisuales. Igualmente, debe realizar un plan de recuperación, fortalecimiento y autosostenimiento en el tiempo de las prácticas culturales propias, tangibles y no tangibles, que contribuyan a la protección de su lengua.

 

 

Por orden de un juez, 183 hectáreas y 9.977 metros cuadrados que suman tres predios, serán entregados a igual número de familias que salieron favorecidas con fallos de restitución de tierras en el departamento del Caquetá.

Fernando Cuéllar Ramírez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en Caquetá, explicó que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué le reconoció a los demandantes su calidad de víctimas y estableció medidas de reparación integral a las familias afectadas por las acciones beligerantes de los grupos delincuenciales que han operado históricamente en la región.

“Vemos que, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio, el trabajo de la Unidad sigue dando frutos. El Juzgado de Restitución de Tierras ordenó entregar tres predios a familias víctimas de la violencia en los municipios de Florencia y Valparaíso que fueron desplazadas de sus predios”.
Agregó que, con las pruebas aportadas por la entidad, la justicia estableció que existen las condiciones de seguridad para que los tres hogares regresen a sus propiedades y puedan rehacer sus planes de vida.

“Igualmente en la sentencia se ordenaron subsidios para el mejoramiento de vivienda en el caso de las dos restituciones en el casco urbano de Valparaíso y subsidio de vivienda nueva para el predio ubicado en zona rural de Florencia debido a que los grupos delincuenciales quemaron la propiedad”.

El funcionario recordó que para el caso de estos nuevos fallos, los hechos se remontan al ataque que lideraron las FARC en 1997 a la Estación de Policía del municipio de Valparaíso, el cual obligó a los habitantes de las viviendas aledañas a dejar sus propiedades y, para el 2007, la familia que habitaba en zona rural de Florencia, se vio obligada a huir porque hombres de esta organización ilegal los acusaba de ser informantes del Ejército Nacional, situación que los llevó a desplazarse a Fusagasugá, Cundinamarca, y luego viajar a España.

En medio del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria del COVID – 19, el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, anunció que la entidad tendrá implementada, al finalizar el 2020, la demanda electrónica en todas las direcciones territoriales.

Una de las beneficiadas ha sido la de Florencia junto con Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Popayán, Neiva, Cali, Pereira, Cúcuta, Caucasia, Sincelejo y Montería, dejando así 908 demandas que reúnen 1.470 solicitudes de restitución que hoy están en manos de los jueces y magistrados especializados en el tema.

“En Caquetá, con el uso de la tecnología, se han logrado presentar 126 demandas electrónicas, la justicia ha proferido 14 sentencias y se han restituido 370 hectáreas de tierra. Este es un claro ejemplo de modernización del Estado, transformación digital y ratifica el compromiso de restablecer los derechos de las víctimas de la violencia”.

Según el funcionario, dentro de las ventajas de este trabajo digital está que se economiza un promedio de cuatro horas por cada proceso radicado, elimina el uso de papel y disminuye los costos en transporte, impresión y uso de discos por demanda presentada.

En ese mismo sentido, Fernando Cuellar, director de la unidad en Caquetá, sostuvo esta demanda electrónica ha sido una herramienta fundamental en tiempos de pandemia, más aún en esta parte el país que no hay juzgados especializados en restitución de tierras.

“En Caquetá no contamos con juzgados y tribunales de restitución de tierra; por tal razón, la demanda electrónica ha sido una oportunidad para trabajar y dar celeridad a las solicitudes que hacen los reclamantes de tierras que se han visto afectados por la violencia”.

Cinco familias que por más de dos décadas sufrieron las consecuencias del desplazamiento forzado al que fueron sometidas por las presiones de las Farc y el Bloque Central Bolívar en los municipios de San José del Fragua, Curillo y Morelia, recibieron medidas de atención integral determinadas en fallos de restitución de tierras.

Fernando Cuéllar Ramírez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en Caquetá, se refirió al tema y dijo que ésta es una nueva oportunidad de vida para las familias que han sido afectadas por la violencia en el sur del país.

“Estos nuevos fallos evidencian que la justicia acoge las pretensiones que presenta la entidad en sus demandas y emite las medidas de reparación integral de acuerdo a las actuales condiciones de vida de las familias”.

Así las cosas, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué determinó en tres sentencias la medida de compensación económica o con predio equivalente a las familias que fueron desplazadas de los municipios de San José de Fragua y Curillo, mientras que en las dos sentencias restantes ordenó la restitución de predios en zona rural de Morelia.

“Para el caso de las compensaciones descritas en los fallos, las familias establecerán si desean que la compensación sea económica o con predio equivalente. Si deciden que sea con predio equivalente, la URT tendrá que entregar un predio en similares condiciones al que contaban antes del desplazamiento, debe gestionar el subsidio de vivienda, asignar recursos para el desarrollo de proyecto productivo con asistencia técnica por dos años y promover que las entidades vinculadas en el fallo cumplan con las órdenes de reparación integral establecidas”.

Cuéllar Ramírez recordó que a las familias que ya les fueron restituidos los predios, el despacho estableció la asignación de recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos con asistencia técnica por dos años y la asignación de subsidio de vivienda rural.

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