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Autoridades pertenecientes al cabildo indígena Nassa Uss se reunieron en la ciudad de Florencia con delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para avanzar en el proceso de reparación colectiva de esta comunidad.

Yhina Paola Lombana López, directora territorial de la entidad, explicó que lo que se buscaba fundamentalmente era analizar los daños e impactos sufridos por este grupo poblacional a causa del conflicto armado que se ensañó en su contra en el año 2008 cuando debieron abandonar el resguardo Nasa Kiwe y Monte Bello, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Rico, norte de Caquetá.

“El encuentro se desarrolló dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva, establecido por el Decreto 4635 de 2011 y que tiene como componente esencial el marco del derecho a la consulta previa, donde se tienen en cuenta las opiniones de la comunidad para llegar a un acuerdo”.

En esta oportunidad se contó con la participación de setenta integrantes de la comunidad entre autoridades, hombres, mujeres, jóvenes y niños.

“La comunidad realizó un recorrido en tres temporalidades: antes de que sucedieran los hechos victimizantes, el conflicto como tal profundizando en los daños que estos generaron al interior del colectivo y el ahora”.

Lombana López enfatizó en que, igualmente, se trabajó por grupos focales de mujeres y hombres para favorecer la expresión de diferentes emociones y sentimientos como dolor, miedo, tristeza y enojo.

“Lo anterior, para fortalecer la confianza y el compromiso frente al proceso de reparación colectiva. Podemos decir que el cabildo indígena Nassa Uss es una comunidad empoderada con el proceso, unida, organizada y con muchos sueños por alcanzar”.

Luego del proceso de caracterización del daño, se continuará con la formulación del Plan de Reparación Integral Colectiva, PIRC, su implementación y cierre.

Un total de 350 millones de pesos fueron entregados a 70 personas de Caquetá como parte de su indemnización por ser víctima del conflicto armado en la región.

Yhina Paola Lombana, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en la región, explicó que cada uno recibió su carta de indemnización administrativa, emitida por la entidad, y que los hace beneficiarios de estos rubros.

“Son indemnizaciones que van desde los tres y hasta los 40 salarios mínimos legales vigentes. La entrega de los recursos está apoyada en el programa de acompañamiento a la adecuada inversión, con el fin de ofrecer posibilidades amplias de utilización del dinero, dentro de las cuales están la creación de alternativas concretas en áreas como educación superior, generación de ingresos y proyectos productivos o acceso a vivienda”.

Agregó que uno de los objetivos de estos dineros es que las personas que fueron afectadas por la ola de violencia que vivió el Caquetá, reconstruyan su proyecto de vida y se pueda mitigar, en parte, el daño por los hechos sufridos.

“Igualmente durante la jornada, las víctimas recibieron un mensaje de dignificación que consiste en un reconocimiento de su condición de víctima, donde se exalta la dignidad, el nombre y el honor del ciudadano afectado por el conflicto”.

De otro lado, Uriel Durán, uno de los beneficiarios, manifestó su interés de invertir su parte en un negocio de gallinas ponedoras para poder conseguir el sustento diario de su familia.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Caquetá le hizo un llamado especial a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad para que se acojan al artículo 140 de la Ley 1448, el cual los exime de prestar el servicio militar obligatorio, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de promulgación de la ley en mención.

Según Yhina Paola Lombana López, directora de la entidad en la región, este proceso debe ser realizado directamente por la víctima del conflicto, a no ser que exista algún caso de fuerza mayor comprobado.

“El proceso es gratuito. Los enlaces de víctimas de los 16 municipios de Caquetá y los profesionales en los puntos de atención de la Unidad tienen instrucciones precisas para apoyar y orientar la inscripción de las víctimas que requieran el acceso a esta medida”.

De paso, recordó que este trabajo se realiza con el Distrito Militar N 43, ubicado en la ciudad de Florencia, para garantizarle este derecho a las jóvenes.

“Todo el procedimiento se realiza a través de la página www.libretamilitar.mil.co. Los documentos se deberán subir a la plataforma seleccionando la exención de la Ley 1448 de 2011 y son el registro civil, la cédula de ciudadanía y una foto 3 x 4 fondo azul con traje formal; posteriormente, debe generar la opción validar y quedará como inscripción registrada”.

Lombana López reiteró que el interesado debe notificar al enlace de la entidad en su localidad sobre la inscripción realizada para que ésta sea remitida al listado de beneficiarios a la Unidad.

“Después de realizar este trámite, el joven deberá consultar la página www.libretamiltar.mil.co, donde le aparecerá que es reservista de segunda clase y podrá descargar su constancia. Igualmente, el ciudadano debe contar con un correo electrónico personal a donde le llegarán las notificaciones del proceso de definición de su situación militar.

Después de sobrevivir a dos tomas guerrilleras, lideradas por los frentes 48 y 49 de las extintas FARC y recibir amenazas de parte de grupos paramilitares al tratar de recuperar la propiedad que dejaron abandonada para salvar sus vidas, a una familia del municipio de Valparaíso, sur de Caquetá, le fue restituido su predio.

Fernando Cuéllar, director de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en la región, explicó que cuatro hermanos fueron reconocidos como víctimas del flagelo de abandono de tierras; razón por la cual, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué les concedió el derecho a que les devolvieran su posesión.

“El desplazamiento de la familia se dio al no soportar los fuertes hostigamientos de esta guerrilla en los años de 1997 y 1998, quienes se tomaron el casco urbano del municipio de Valparaíso. Esta situación los llevó a refugiarse en la casa de uno de sus vecinos y, posteriormente, desplazarse a la ciudad de Florencia, en donde sufrieron todo tipo de angustias”.

Pasado el tiempo trataron de recuperar la propiedad, pero los paramilitares habían tomado posesión material del predio.

“En mayo del 2017 solicitaron el ingreso al Registro de Tierras Desplazadas y Despojadas. Estaban convencidos que podían demostrar su condición de víctimas y, por esta razón, se les puede devolver la propiedad. Así mismo, se condonaron y exoneraron las deudas que se generaron sobre la propiedad en los años de desplazamiento y no tendrán que pagar derechos notariales; además, se les impartirán y priorizarán medidas de atención en salud, educación y entrega de subsidio de vivienda”, puntualizó Cuéllar.

La territorial Caquetá de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas realizó una jornada de entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto priorizadas mediante la Resolución 1049 de 2019.

La directora de la entidad en la región, Yhina Paola Lombana, explicó que con esta medida fueron beneficiadas 208 personas por un valor cercano a los 1.400 millones de pesos.

“Las personas favorecidas habitan en los municipios de Florencia, San Vicente del Caguán, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Valparaíso, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Solita, Puerto Rico, Albania, Milán y Curillo”.

De paso, la funcionaria le recordó a las personas que recibieron estos recursos que los trámites ante la Unidad son completamente gratuitos; por lo tanto, no se necesita la utilización de ningún tipo de tramitador.

“En el departamento de Caquetá ya han sido denunciadas varias personas por ese delito. Además, invitamos a las víctimas del conflicto armado a invertir en mejoramiento o compra de vivienda, educación o en proyectos productivos, de tal forma que los favorecidos con esta medida de reparación realicen una buena inversión de su dinero”.

Lombana finalmente dijo que los beneficiarios obedecen a víctimas de delitos como desplazamiento, secuestro y homicidio, entre otros, y fueron priorizados por obedecer a personas mayores de 74 años, con discapacidad o enfermedades catastróficas, pertenecientes a la ruta de atención prioritaria que estipula la Resolución 1049 de 2019.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas llegó hasta el municipio de Curillo, sur de Caquetá, para entregar a las víctimas del conflicto armado herramientas que les permitan fortalecer sus proyectos agrícolas.

Yhina Paola Lombana, directora de la entidad en la región, explicó que esta estrategia obedece a una iniciativa de prevención de la Unidad, la cual fue construida con la participación de la Alcaldía local y las propias víctimas.

“En varias reuniones fueron las mismas comunidades quienes expresaron sus necesidades más apremiantes. La inversión global del proyecto ascendió a cerca de 101 millones de pesos, donde la entidad aportó 51 millones y el municipio de Curillo 50 millones”.

Según la funcionaria, este aporte se realiza en época de pandemia para que las familias afectadas por el conflicto reactiven sus huertas, mejoren su seguridad alimentaria y encuentren un alivio para reactivar su economía.

De otro lado, Elcy Guanga, representante de la Mesa de Víctimas de Curillo, expresó su complacencia con este plan que permitirá a muchas familias reformar su calidad de vida.

“Con este proyecto, las víctimas no se volverán ricas, pero van a mitigar un poco sus necesidades más apremiantes. Por eso recomendamos a nuestra comunidad aprovechar este apoyo al máximo”.

Igualmente se conoció que la Administración Municipal realizará el acompañamiento respectivo a los beneficiarios para hacer un seguimiento estricto a los proyectos que se enfocarán en el cultivo de yuca, plátano, yuca y caña panelera.

Un total de 502 indemnizaciones que suman más de 3.300 millones de pesos, entregó la Unidad para las Víctimas a personas afectadas por el conflicto en varios municipios donde hace presencia la oficina territorial de esta entidad en Caquetá y Huila.

Su directora, Yhina Paola Lombana López, explicó que la inversión en nuestro departamento fue de cerca de 1.650 millones de pesos a través de 278 cartas.

“Las personas indemnizadas corresponden a adultos mayores de 74 años con discapacidad o enfermedades catastróficas y que pertenecen a la ruta de atención prioritaria que estipula la Resolución 1049 de 2019”.

Agregó que su oficina brinda acompañamiento y asesoría para la inversión adecuada de estos dineros a través de unas jornadas especiales en las que dan a conocer la existencia de proyectos productivos o, en su defecto, recomiendan invertir educación y en la adquisición y/o mejoramiento de vivienda.

“Estas entregas se llevaron a cabo de manera presencial; sin embargo, la Unidad para las Víctimas trabaja en el proceso de bancarización de las víctimas del conflicto mediante convenios con entidades bancarias para que los afectados por el conflicto reciban el pago de las indemnizaciones de una forma segura al facilitar la consignación de los recursos”.

 

La Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá, desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los Personeros Municipales y a los coordinadores de Mesas Locales de Participación de Víctimas, en la que socializó el proceso misional que la entidad desarrolla en este departamento y, de paso, fueron resueltas algunas inquietudes de diversa índole.

Para Yhina Paola Lombana López, directora de esta oficina en la región, explicó que estos escenarios de capacitación son un espacio importante para que las víctimas conozcan las herramientas que el Estado dispone para la protección de sus derechos.

“La jornada permitió, además, la formulación de recomendaciones, observaciones y propuestas respecto de los programas y planes dirigidos a las víctimas. Otro de los temas abordados fue lo referente al procedimiento para otorgar la indemnización y el método técnico de priorización, así como la metodología aplicada en el marco de la pandemia”.

Igualmente el proceso de definición de la situación militar de las víctimas del conflicto armado y lo referente a violaciones de los derechos humanos y casos de emergencia, la asistencia y atención humanitaria, las clases de enfoque diferencial, la reparación y la asistencia para los pueblos y comunidades indígenas y las medidas de rehabilitación y reparación integral.

“Los asistentes en general solicitaron a los Personeros todo el compromiso para garantizar una buena atención a las víctimas, teniendo en cuenta que muchos de sus miembros aún son analfabetas y requieren apoyo a la hora de realizar actas y trámites propios”.

La Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas en Caquetá, de la mano con el Ministerio del Interior, realizó en el municipio de Solano el proceso de consulta previa para conocer las afectaciones que causó el conflicto al resguardo paez El Líbano.

Según Yhina Paola Lombana López, directora de la entidad en nuestro departamento, la idea es identificar con precisión los hechos ocurridos para volver esta comunidad sujeto de reparación colectiva.

“Queremos conocer los derechos vulnerados, las afectaciones sufridas por esta comunidad en medio del conflicto armado para iniciar con una hoja de ruta que permita su reparación”.

Agregó que actualmente el trabajo con estas 23 familias que retornaron por sus propios medios a su lugar de origen consiste en construir conjuntamente las actividades o acciones que, a su juicio, repararían el daño que les dejó la guerra y por el que vieron frustrados muchos de sus sueños.

“Las jornadas estuvieron bajo el liderazgo de la gobernadora indígena Graciela Ulcué, quien se mostró agradecida con el trabajo interinstitucional que se viene desarrollando, así como la metodología y el cronograma de trabajo para formular el Plan de Reparación Colectiva”.

Finalmente la funcionaria dijo que estos encuentros fueron apoyados por la Alcaldía de Solano, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Caquetá.

Luego de vivir los rigores del conflicto armado, un grupo de caqueteños decidieron ser ejemplo de resiliencia y crear una empresa para la transformación de productos amazónicos.

Se trata de Agrosolidaria Florencia, la cual se encarga de sembrar y transformar el sacha inchi o maní amazónico que nace también como parte del plan de sustitución de cultivos ilícitos en la región, labores que han permitido ser el sustento económico de estas familias y, de paso, ser la primera planta de transformación agroindustrial de productos forestales no maderables del bosque caqueteño, ya que uno de los objetivos es la protección de la pachamama como territorio de paz.

Cabe recordar que esta semilla es reconocida no sólo por su eficiencia productiva, sino también por sus altos niveles de omegas 3, 6 y 9, haciendo que sea la base de muchos productos que transformados y éstos, a su vez, sean altamente nutritivos y provechosos para la salud a través de diversos snacks que se pueden disfrutar en cualquier momento.

Igualmente en Caquetá también se produce un ají especial conocido como Ají Charapita u Ojo de Pez, transmitido como un alimento usado por las comunidades indígenas del territorio, dado que se da exclusivamente en suelos amazónicos y evita resfriados y mejora las úlceras. Además, lo mezclan con aceite de sacha inchi para dolores musculares y articulares, entre otros.

Por ello, el ají fue priorizado dentro de sus productos para permitirle a diferentes familias contar con un ingreso fijo que no les exige costos de envío y además se manipula de manera artesanal para lograr un proceso que beneficie a mayor parte de la comunidad.

Quienes estén interesados en adquirir estos productos, pueden encontrarlos en Facebook como Agrosolidaria Florencia Caquetá.

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