CAQUETA AL DIA

CAQUETA AL DIA

Periodismo Independiente.

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Pese a que no aceptó cargos, fue enviada a la cárcel Magdoris García Siscue, vicepresidenta del Concejo Municipal de Puerto Rico, norte de Caquetá, porque presuntamente haría parte de las redes de apoyo de las disidencias de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc.

Diego Peñuela Reina, director seccional de Fiscalías, explicó que el material de prueba obtenido por la entidad da cuenta de que la mujer tendría supuestos nexos con la estructura residual de alias ‘Loco Ferney’.

“Este hombre es cercano a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’. En contra de la cabildante hay indicios que la vincularían al suministro de información sobre los procesos de contratación de la Alcaldía Municipal para que la organización criminal realizara cobros extorsivos e intimidara a los contratistas”.

García Siscue fue capturada durante un procedimiento realizado en un inmueble de la vereda Bajo Londres de esta localidad, diligencia en la que también se buscaba detener a su compañero sentimental, quien es conocido como ‘Pato’, presunto integrante del grupo residual de alias ‘Loco Ferney’.

“El hombre no estaba en la vivienda; sin embargo, en el registro, los investigadores de la Sijín encontraron diversos elementos de prueba y dos armas de fuego que estaban escondidas en una olla. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a la Concejal los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En los municipios de El Doncello, La Montañita y Milán, el programa Colombia Sostenible, adscrito al Fondo Colombia en Paz, cofinancia una iniciativa con la que se busca dar Incentivos a la Conservación y Producción Sostenible, ICOPOS, cuya administración está a cargo de la Corporación Misión Verde Amazonía y con la que se benefician 214 familias rurales que le apuestan a la ganadería sostenible y que han firmado Acuerdos Cero Deforestación como aporte a la sostenibilidad en sus territorios; además, están priorizadas por estar ubicadas en municipios PDET.

El objetivo principal de este trabajo es mejorar la calidad de la leche y aumentar su producción en un 20% al elevar la productividad de 898 a 1077 litros de leche por hectárea por año.

Pablo Andrés Motta, director del proyecto desde la Corporación, explicó que dicha alza se dará como resultado de la implementación de un sistema silvopastoril que integre la regeneración natural con actividades de Pastoreo Racional Voisin, PRV, lo cual alivia la presión sobre la frontera agrícola, pasando de prácticas de ganadería extensiva al uso racional de praderas.

“Con esto se plantea un diseño experimental de ocho potreros, cada uno de una hectárea, con altas cargas instantáneas de animales, (1 día por pradera), para promover la sucesión vegetal con la finalidad de lograr potreros con mayor sombra para los animales, generando más y mejor disposición de alimento de calidad”.

Agregó que este modelo plantea bajar la demanda de fertilizantes químicos para las pasturas, disminuir el requerimiento de riego en épocas de verano, generar capturas de dióxido de carbono reducir sustancialmente la contaminación en fuentes hídricas al restringirse el ingreso directo del ganado.

“Serán intervenidas 1.712 hectáreas y se benefician a 214 pequeños productores y sus familias pertenecientes a la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Generadoras de Oportunidades, Asmego; la Asociación Municipal de Ganaderos del Doncello, Asomugando; y la Asociación de Ganaderos de San Antonio de Getuchá, Asoganadesag, quienes están comprometidos con la conservación ambiental y firmaron Acuerdos Cero Deforestación con los que se proyecta evitar la emisión de 400.000 toneladas de dióxido de carbono en 20 años”.

Finalmente Motta dijo que esta iniciativa ya se socializó a quienes empezarán a trabajar en ella y estará en ejecución hasta principios de 2023.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia condenó a un hombre porque quiso ingresar marihuana en un pollo asado al fuerte militar de Larandia, ubicado al norte del departamento de Caquetá.

El director seccional de Fiscalías, Diego Peñuela Reina, sostuvo que investigadores del CTI de la entidad, en conjunto con miembros del Ejército Nacional, capturaron al sujeto en la ciudad de Florencia.

“Llegaron hasta el barrio La Estrella para poner a disposición de las autoridades a Camilo Andrés Cantillo, quien deberá cumplir una condena a cuatro años de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

La decisión, que quedó en firme, fue motivada por los hechos ocurridos en el año 2018 cuando el hombre ingresó el alcaloide a la unidad militar.

“La intención de Cantillo era que dicha sustancia fuera comercializada en el lugar”, puntualizó el funcionario.

Con el objetivo de contrarrestar el flagelo del narcotráfico, las autoridades de Caquetá reportaron la captura de dos hombres y la incautación de 120 dosis de marihuana, 1.200 galones de gasolina, 2 galones de acetona y 5 de permanganato de sodio.

De acuerdo con el coronel Oscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía, los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Solano y Florencia.

“Estos elementos tenían como destino la inspección de Yurilla, departamento de Putumayo, para la elaboración de narcóticos. El primer operativo se dio en el puerto de Solano, donde los uniformados, en coordinación con las Fuerzas Militares, detuvieron a Luis Alejandro Remisión cuando transportaba, mediante la modalidad de ocultamiento, los insumos sólidos y líquidos antes mencionados en una embarcación”.

El segundo resultado se dio en el barrio Nueva Colombia de la capital caqueteña cuando los policiales realizaban labores de patrullaje, registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos.

“Observaron a un individuo que adoptó un comportamiento extraño y, al registrarlo, le encontraron la marihuana lista para comercializar. Los capturados y las sustancias fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes”.

El alto oficial recordó la importancia de que los ciudadanos informen y denuncien a tipo cualquier alteración del orden público en la región para salvaguardar la vida de los caqueteños.

En Colombia, a los buscadores de desaparecidos les han dado instrucciones de cómo hacerlo, mas no de cómo protegerse de las amenazas e intimidaciones que surgen cuando escudriñan la verdad. Para una madre, cuando pasan los años y no hay respuestas, la única opción es adentrarse en escenarios incómodos y peligrosos. Catorce años después de la desaparición de su hijo, Nohemí Agudelo activa su propia ruta de búsqueda.

Parecía que el único desaparecido que tenía familia en el municipio de Florencia, Caquetá, era Cristian Camilo Josa Agudelo. Nadie reclamaba, nadie lloraba, nadie buscaba; solo se veía a una mujer corriendo desesperada de un lado a otro y temblando de miedo por lo inesperado.

Ella era Nohemí Agudelo, quien hace 14 años temía que lo peor les estaba ocurriendo a su muchacho y a otros hijos del pueblo. No era un sueño, era una pesadilla de la que aún no despierta y con la que afronta una lucha interminable por conocer la verdad.

 

Cada vez que hay un plantón o manifestación para saber qué pasó con las víctimas del conflicto armado, Nohemí Agudelo está ahí con la imagen de Cristian Camilo. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe ‘Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzada’, reporta 3004 víctimas de este fenómeno al 23 de abril de 2018. Muchas son buscadas, otras ni siquiera mencionadas. No obstante, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hay 350 solicitudes. Quienes se dedican a seguir el rastro de sus seres queridos lo hacen bajo anonimato, temen correr la misma suerte. Sus perpetradores aún están en el territorio y ocultan la verdad; escudriñarla los expone a intimidaciones, persecuciones, amenazas y desplazamientos. Nohemí las ha soportado todas, pero insiste en su propósito de encontrar a Cristian. Ha dado a conocer su lucha en los medios de comunicación; quiere que el mundo se entere de que lo sigue buscando hasta debajo de las piedras.

La vida de Nohemí ha estado atravesada por el dolor; también por la valentía y la persistencia. Ella está como el Caquetá: obligada a vivir complejas experiencias de abandono estatal. Este departamento, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registra que el 47 % de la población es víctima de la guerra; el 59 % tiene sus necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, acueducto y vivienda; en promedio, cada familia cuenta con cuatro víctimas de la confrontación armada, y el número de hogares violentados en el marco del conflicto supera los 55 000. Así lo constató la Comisión de la Verdad en julio de 2019 durante la inauguración de la ‘Casa de la verdad de Florencia: territorio seguro para el diálogo’.

Desde el momento en que dejó de ser intendencia para convertirse en departamento, el 15 de diciembre de 1981, Caquetá ha sido una de las zonas más afectadas por la lucha armada en Colombia. Sus pobladores han vivido las horrorosas prácticas del secuestro, las masacres, la extorsión, el ‘boleteo’, las muertes en cautiverio, el reclutamiento ilegal de menores y adultos, el desplazamiento y la desaparición forzada. Estos flagelos destruyen vidas, el tejido familiar y comunitario.

Ser buscadora de desaparecidos en Caquetá, específicamente en Florencia, es una dolorosa misión para Nohemí, que provoca una lenta e inevitable angustia de tanto pensar si sus familiares viven aún, dónde están, si fueron torturados o cuánto sufrimiento soportaron en manos de sus captores. En efecto, los allegados de los desaparecidos enfrentan múltiples penas desde la última vez que los vieron, o cuando denunciaron sus desapariciones y no los atendieron de inmediato; en el momento en que empezó la búsqueda o el día en que se apagó la esperanza de encontrarlos vivos. Pero hay otros dolores que les restan aliento, que surgen cuando dejan de escuchar sus nombres, la indagación no avanza, no les suministran información en los despachos judiciales, la ciudadanía no los acompaña a exigir justicia o reciben amenazas por reclamar verdad.

Con tal de saber qué pasó con su hijo menor, Nohemí ha afrontado todos los vaivenes del dolor. Cuenta que vio a Cristian Camilo por última vez el 28 de agosto de 2006, a las cinco de la tarde, minutos antes de iniciar la labor diaria de venta callejera de arepas, con la que ayudaba al sustento familiar. “A la edad de 17 años desapareció del barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI, en Florencia. Ese día en la mañana un amigo vino a buscarlo, pero como no estaba porque se había ido con su papá a trabajar, le dejó dicho que le ayudara a llevar un portón a la segunda etapa del barrio. A su regreso le di la razón y él salió a cumplir con lo encomendado. Cristian era el encargado de prender el carbón y probar si las arepas estaban bien de sal, pero como se estaba tardando, me tocó hacerlo a mí”. 

 

Nohemí Agudelo es la cara más visible de los desaparecidos en Caquetá, pese a que ha sido amenazada y le tocó irse de Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
 
 
Tras la firma de los acuerdos de paz negociados entre la extinta guerrilla de las Farc-EP y el Gobierno nacional, en noviembre de 2016, se pensaba que lo peor iba a quedar atrás, que vendrían tiempos mejores para cerrar las heridas y seguir adelante, pero no fue así. De acuerdo con fuentes que pidieron mantener sus nombres reservados por razones de seguridad, en 2020, en pleno año de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID–19, hubo siete denuncias de desaparición de personas, que se suman a las 56 existentes, presentadas desde el momento de implementación de dichos acuerdos hasta diciembre de 2019.

A pocos metros de distancia de donde estaba vendiendo arepas, Nohemí alcanzó a ver que un vehículo tipo taxi, con sus ocupantes, hizo un giro inesperado en la esquina de la calle, sin percatarse de que su hijo era uno de los pasajeros. Sin embargo, algunos testigos aseguraron después que el joven no subió obligado, por lo que no despertó sospechas de que algo malo estuviera ocurriendo. Luego apareció la persona que lo había buscado para trasladar el portón. Nohemí le interrogó por Cristian, y le respondió que no tardaba; pero nunca regresó. “Al otro día fui a preguntar por mi hijo. Los vecinos me contaron lo del taxi, cogí su foto y me fui a hablar con el comandante de la Policía de ese entonces, el coronel José Ángel Mendoza Guzmán, para que me ayudara, porque allá tenían a los muchachos de la Ciudadela como lo peor de la ciudad, con fama de drogadictos y atracadores. Él no era así; yo sé qué clase de hijo tenía”.

El oficial, hoy mayor general retirado de la institución, la citó cuatro días después para comunicarle que no había información sobre el paradero de su familiar. Durante 15 días, la desaparición de Cristian fue tema en varios medios de comunicación nacionales, incluyendo la emisora de la Policía en Bogotá. “Allí dije que algo estaba pasando con los muchachos de Caquetá, porque se los estaban llevando, y no sabíamos quiénes eran los autores de este hecho. Yo no puedo decir que fueron las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia o que se trató de un falso positivo, aunque el caso esté ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala Nohemí, quien rompe en llanto al recordar que, tras 14 años de acudir a la institucionalidad encargada del asunto, no sabe nada de ese adolescente de un metro con 75 centímetros de estatura, carácter fuerte y noble a la vez, dedicado a su familia, voluntarioso para hacer los favores que le encomendaban y apegado a ella, a quien siempre le contaba qué iba a hacer o para dónde se dirigía.

“Hablar de él es muy duro; algo le pasó. No estaba enseñado a irse de rumba y durar tres o cuatro días por fuera de la casa, porque nunca lo hacía. Cada cierto tiempo se iba unos 20 días para donde sus abuelos, que vivían en la vereda Aguascalientes, en el municipio de Morelia, a 20 minutos de Florencia. Los acompañaba y volvía”, afirma mientras seca sus mejillas.

Desde hace varios años, Nohemí forma parte de la Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos: Los Que Faltan, que congrega a cerca de 300 familias víctimas de este flagelo en la región. “Mis amigas dicen que sus hijos fueron secuestrados por el frente tal y el comandante tal, pero yo no puedo decir lo mismo porque no sé quién se lo llevó. Yo hablo de un desaparecido, y necesito saber si fue un crimen de Estado, si fueron las AUC o las Farc-EP”, reclama Nohemí.

Un día, en medio de la búsqueda y vía WhatsApp, le llegó una foto en la que comparaban la imagen de Cristian con la de un combatiente de la extinta guerrilla. Aunque físicamente es parecido, su corazón de madre le dice que no es su muchacho. No obstante, necesitaba saber con certeza si su hijo perteneció a este grupo armado. Por ello, el 12 de mayo de 2017, Nohemí viajó hasta el municipio de Mesetas, Meta, en donde se reunió con un excomandante y varios exmiembros de esa estructura. “Les dije que si su organización es tan grande y poderosa como aseguran, que contaran dónde está la gente que fue reclutada. Ellos se incomodaron, me dijeron que no reclutaban. Les alegué que necesitaba saber si estaba vivo o muerto para ir a recogerlo”.

Nohemí regresó a casa sin nuevas pistas, pero retomó la búsqueda mediante redes sociales, aprovechando la firma del acuerdo de paz. Ella cuenta que, por medio de Facebook, les envió solicitud de amistad a varios excombatientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, antiguo comandante del estado mayor de las Farc-EP. “Finalmente, me aceptó la invitación. Le envié la foto del pendón de mi niño con su historia y me contestó ‘tomaré atenta nota’. No respondió nada más. Los guerrilleros me escribían lo mismo: que me iban a ayudar, que iban a investigar, pero nada pasó”.
 
 
 
Pendón con la imagen de Cristian Camilo, la misma que fue enviada por Nohemí a excombatientes de las Farc-EP para que le ayudaran en su búsqueda. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
 
Cuando los exguerrilleros empezaron a recorrer el país haciendo campaña política para llegar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en 2018, Nohemí acudió, junto con un grupo de víctimas, a una manifestación que se daría una vez arribaran los candidatos de la Farc a la ciudad.

Ese 4 de febrero, Iván Márquez llegó a la capital de Caquetá. “Aproveché que el líder guerrillero iba a estar en el polideportivo de la Ciudadela para preguntarle si sabía algo de mi hijo. Además, otras víctimas me habían dicho que hiciéramos un plantón para exigir verdad y justicia. Allí, gritando arengas, estaba un profesor que fue secuestrado por esa guerrilla. Cuando la policía lo iba a detener, yo me metí en medio de ellos, les pedí que miraran la foto plasmada en mi camiseta y el pendón que cargaba, porque esos elementos estaban llenos de verdad y, sobre todo, de dolor. Los uniformados dieron dos pasos atrás y dejaron continuar la manifestación que las víctimas estaban realizando. La comunidad empezó a aglutinarse en los andenes con la idea de reclamarles que, por culpa de los excombatientes, habían perdido sus tierras, familiares y, en muchos casos, habían tenido que salir desplazados a pasar penurias lejos de sus hogares”, relata Nohemí.

En esa ocasión ella expuso nuevamente su caso ante los medios de comunicación locales. De regreso a casa se enteró de que habían atacado el polideportivo con piedras y quemado las banderas políticas del partido Farc. “Mes y medio después, una persona que no se identificó me llamó y preguntó, en tono altanero, qué buscaba, que si quería que me ‘levantaran’. Yo les dije que no estaba diciendo mentiras, sino buscando a mi hijo. La sentencia que recibí fue que abandonara Florencia. Tendría que estar muerta para no buscar a mi hijo, porque callada no me quedaré”, desafía Nohemí.

La madre de Cristian se vio obligada entonces a abandonar el departamento y se fue a vivir a Cali, donde estuvo cuatro meses, tiempo en el que no supo nada de él. En uno de sus sueños, desde una nube, Cristian le pidió que no sufriera más, y cuando emocionalmente se preparaba para atender el llamado divino, el destino le volvió a propinar otro golpe: su hijo Wilmer Josa Agudelo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado en un asalto que las tropas realizaron a un campamento de las disidencias de las Farc en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, el 15 de diciembre de 2018. Dejó una esposa, unos hijos y una familia destrozada. Al año siguiente, el 11 de julio, fue inaugurada la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia.
 
 
Wilmer Josa Agudelo en una de las dedicatorias que le hizo a su mamá durante su carrera militar. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
  
 
Una de las placas que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, unidad donde estaba Wilmer, entregó a sus familiares tras su fallecimiento. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz. 
 
Nohemí, con su otro dolor a cuestas, retornó a Caquetá para buscar la verdad, esa que la Comisión de la Verdad trata de construir investigando por qué la desaparición forzada se enquistó en la región. Esta oficina ha sido artífice de varias reuniones en las que los asistentes contribuyen a estas indagaciones de manera abierta y voluntaria. “Hemos generado encuentros de verdad, no solo para el esclarecimiento, sino para propiciar espacios de diálogo social. No hay limitaciones de público; han participado aproximadamente unas 500 personas interesadas en ayudar a esclarecer los sucesos que trajo el conflicto armado”, explica Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial en Florencia. 
 
                                                                                                                                                                                                 Fernando Cruz Artunduaga, asesor experto de la oficina territorial de la Comisión de la Verdad en Florencia. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.
Un mes antes de que se desatara la pandemia generada por el COVID-19, y ante la falta de información sobre el paradero de su hijo, Nohemí cuenta que se desesperó tanto que interpuso una acción de tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), porque no le respondió un derecho de petición en el que preguntó si el caso de la desaparición forzada de Cristian fue asumido por la justicia transicional o, en caso negativo, se le indicara el procedimiento específico para que se llevara a cabo su pretensión.

El Tribunal para la Paz declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que al momento del fallo logró satisfacer la pretensión de Nohemí en la demanda. En el dictamen le informó también que “la Sala de Reconocimiento investiga los delitos de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por integrantes de las Farc-EP y de la fuerza pública, entre el primero de enero de 1971 y el primero de diciembre de 2016, así como los hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y otros de violencia, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición y homicidio”.

Nohemí espera ahora que la JEP asuma y certifique el caso de su hijo. Ella sabe que no es la única de su departamento que carga una cruz por la desaparición de un ser querido. El equipo territorial en Florencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) lleva cerca de 20 meses realizando su trabajo en el ámbito local, y hoy tiene radicadas alrededor de 350 solicitudes de búsqueda solo en Caquetá, pues también hace presencia en 18 municipios del sur del Huila, poblaciones desde donde se efectúan 230 más.

Su coordinador, Carlos Enrique Zapata Bohórquez, quien a su vez indaga por el paradero de su padre desaparecido, explica que vienen haciendo pedagogía con las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, actores interesados en la búsqueda, y aportantes de información para dar respuesta a las familias que acuden a su oficina. “Hemos hecho dos entregas. En 2018 hicimos la primera, que incluso fue la primera a nivel nacional; mientras que la segunda la hicimos el año pasado con el acompañamiento de la Fiscalía. Estamos trabajando en la búsqueda de información con las entidades del Estado, en fuentes abiertas o con convenios interinstitucionales para determinar qué se ha investigado, dónde puede estar la persona desaparecida y qué acciones han emprendido sus familiares para encontrarla”.
 
 

Los restos mortales de uno de los desaparecidos de Caquetá ya fueron entregados a sus familiares y hoy reposan en el cementerio central de Florencia. Fotografía: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) .

 

Zapata Bohórquez ha conocido de casos en los que tanto hombres como mujeres que se dedican a buscar a sus desaparecidos son objeto de amenazas, torturas y violaciones. “Ciertamente empezaron la búsqueda, la cual los va llevando por ciertos caminos y, a veces, en su afán por encontrar a su ser amado, van hasta donde sea necesario, sin importar las consecuencias. Llegaban a lugares y allí se encontraban con actores armados que los amenazaban y los torturaban. Tanto a mujeres como a hombres los violaban para darles a entender que no buscaran más porque, si lo seguían haciendo, los mataban o les hacían esos vejámenes de nuevo”, señaló el funcionario.

Explicó que quienes acuden a la UBPD contarán con las garantías necesarias para conocer el paradero de sus allegados. Además, tendrán la certeza de que el caso no será archivado, pues la corporación asume el proceso con carácter humanitario y extraoficial, con el compromiso de continuar en el tiempo hasta lograr encontrar a la víctima, ya sea con vida para hacer el respectivo reencuentro o sin vida para hacer entrega de sus restos mortales.

Luego del cese de hostilidades decretado entre el Gobierno nacional y las Farc, se han presentado ante la Fiscalía 63 denuncias de desaparición forzada en 14 de los 16 municipios del departamento. Así lo aseguraron fuentes oficiales que insistieron en mantener sus nombres bajo reserva. Afirmaron también que han abierto siete investigaciones para dar con el paradero de estas personas. En su mayoría, los casos son atribuidos a integrantes de grupos armados ilegales que no brindan datos detallados, mientras que en otros, las víctimas salen de sus casas sin dar información a sus familiares y no regresan. Se han esclarecido tres historias, se han encontrado doce personas vivas y seis cuerpos.

Sin desconocer los esfuerzos institucionales, Nohemí continúa la búsqueda por su cuenta, aunque su corazón le diga de muchas formas que Cristian ya no está vivo. “Cuando recibí la noticia del asesinato de Wilmer, mi otro hijo, sentí el mismo dolor. Ahora, ante la angustia de no saber qué ocurrió con Cristian, y ante el paso del tiempo, algo me dice que está muerto. De todas maneras, seguiré buscándolo, porque uno no se desaparece de la faz de la tierra, algún rastro debe haber”.

 

 

Los hermanos Cristian Camilo (izquierda) y Wilmer Josa Agudelo (derecha) ya no disfrutan del calor de hogar que su madre Nohemí construyó para ellos. Fotografía: Luis Alfonzo Calderón Muñoz.

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Diálogos con la ausencia. Formación virtual para periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de estas organizaciones.

 
 

En compañía de las autoridades militares, eclesiásticas y de policía, regresó al municipio el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina Hernández, luego de ser amenazado por las disidencias de las Farc que operan en esta parte del departamento.

“Casi dos meses después de haber salido de la localidad por amenazas contra mi vida y la de mi familia, regreso con mis seres queridos y el apoyo de la Fuerza Pública para seguir despachando desde el palacio municipal.

Agregó que el pasado 15 de febrero, tuvo que abandonar la localidad tras recibir intimidaciones de parte de alias ‘Robledo’, segundo al mando de las disidencias del frente 62 de las Farc y quien fue neutralizado tras operaciones militares.

“Desde entonces estaba realizado mis labores desde las oficinas de la Asociación de Municipios del Caquetá, Amdelca, en Florencia. De paso, aproveché estos meses para realizar unas gestiones ante el Sistema General de Regalías, donde actualmente se ultiman detalles para la aprobación de grandes proyectos de inversión para nuestro municipio”.

El mandatario explicó que mañana lunes, cuando retome labores desde su despacio, se reunirá con su equipo de gobierno y, posteriormente, agendará encuentros con las comunidades y presidentes de Juntas de Acción Comunal para exponer en qué estado están los proyectos que beneficiarán a la población en general.

“Hoy estamos retornando al municipio con muchas ganas de trabajar y sacar adelante nuestro plan de desarrollo. Quiero agradecer primero que todo a Dios, a mi esposa, a la Fuerza Pública por su acompañamiento y apoyo incondicional. Quiero ratificar que no hemos dejado de trabajar ni un sólo día por nuestra gente y que juntos haremos el cambio”.

 

 

Durante la primera misión en campo que se realizó en Florencia, Caquetá, el programa Rutas PDET del Fondo Europeo para la Paz presentó y socializó los alcances de esta iniciativa y, de paso, se definieron los acuerdos institucionales de trabajo a realizar en la región como, por ejemplo, la importancia de consolidar y fortalecer la cadena láctea en el departamento a partir de ejercicios de mejoramiento en cada uno de sus eslabones.

Diana Cristina Gómez Reyes, coordinadora regional de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, explicó que esto se lograría a partir del desarrollo y la transformación de sistemas silvopastoriles.

“En segundo lugar, potenciar el ejercicio del empresarismo para llegar a nuevos mercados y comercializar cada uno de los productos lácteos que se hacen en el Caquetá. Además, se hace necesario el mejoramiento de la infraestructura vial y el desarrollo de procesos tecnológicos para ayudar a romper las barreras que dificultan que dichos procesos puedan llegar al consumidor final”.

De otro lado, Rafael Torrijos, gerente del Comité de Ganaderos del Caquetá, este tipo de proyectos marcará una diferencia en lo que ha sido la cooperación a nivel local en un sector con tanto potencial de desarrollo como lo es la cadena láctea que se ha venido trabajando desde el gremio.

Al mismo tiempo, las organizaciones sociales y comerciales resaltaron su apoyo y la relevancia que tiene el programa en el territorio. Para Rosemary Betancourth, presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, “estos proyectos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños en el fortalecimiento de las cadenas productivas y el mejoramiento de la infraestructura vial”.

Al encuentro, realizado en la sala de jutas de la Gobernación, asistieron las Alcaldías de los municipios de alta prioridad, el Comité de Ganaderos, la Cámara de Comercio de Florencia, la Mesa Departamental de Competitividad de Caquetá, las empresas comerciales y transformadoras de lácteos y los representantes de organizaciones sociales de los municipios de San Vicente del Caguán, El Paujil y Puerto Rico y las Juntas de Acción Comunal de veredas priorizadas.
 

Por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material en documento público y concierto para delinquir, la Fiscalía General imputó a Pedro Antonio Mila Chaparro, dado que éstos habrían sido cometidos al servicio de la organización delincuencial ‘Los Tramitadores’.

Diego Peñuela Reina, director de Fiscalías en Caquetá, explicó que el hombre fue detenido en Bogotá, donde se realizaron las audiencias preliminares de manera virtual.

“Mila Chaparro cumplía la función de suministrar sustratos para la impresión de licencias e insumos para su trámite. Esto evidencia su aparente vinculación con ‘Los Tramitadores’, organización que se dedicaba a la elaboración, venta y comercialización de licencias de tránsito y de conducción falsificadas; además, estaría integrada por ciudadanos de Florencia y Bogotá”.

Agregó que el implicado, quien no aceptó los cargos imputados, deberá seguir compareciendo al proceso cada vez que sea requerido ante la autoridad competente, y al igual que el resto de los implicados detenidos en diciembre pasado, se le acusará en los próximos días.

“Recordemos que en 2019 las autoridades evidenciaron que en Florencia un grupo de personas elaboraba de manera ilegal los referidos documentos. Posteriormente se logró la plena identificación de los presuntos responsables, quienes estarían comprometidos en, al menos, cinco hechos”.

Los investigadores establecieron que cada formato en blanco costaba alrededor de 20 mil pesos, mientras que por los ya diligenciados cobraban entre 80 mil y 150 mil pesos. Se precisa además que diariamente realizaban entre 10 a 20 trámites.

Cabe resaltar que el pasado 10 diciembre fueron capturadas cuatro personas que, al parecer, trabajarían para esta organización. Se trata de Gerson Andrés Pulido Zambrano, cabeza visible de la organización; Brillid Yised Montano España, compañera sentimental de Pulido Zambrano; Yeison Montano Castillo, hombre de confianza de Pulido Zambrano; y Francy Liliana Mila Suárez, hija de Pedro Antonio Mila Chaparro.

 

Durante la Semana Santa, la Policía Nacional en Florencia realizó la captura de siete personas por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. También, incautó dos armas de fuego ilegales, 2249 gramos de estupefacientes, cuatro celulares avaluados en más de 2 millones de pesos, impuso 86 comparendos por infracciones al tránsito y 182 más por comportamientos contrarios a la convivencia.

El coronel Oscar Lamprea, comandante del Departamento de Policía en Caquetá, explicó que los planes de acción, vigilancia y control de la institución han contribuido a garantizar la seguridad de la comunidad en general, más aún en esta época de recogimiento.

“En el barrio El Centro del municipio de San Vicente del Caguán, fue capturado Edgardo Soto, de 35 años, quien portaba varias dosis de marihuana y de clorhidrato de cocaína que estaban listas para comercializar. Así mismo, en el barrio El Comercio de Puerto Rico, fue detenido por orden judicial Silvio Meneses Zúñiga, de 54 años, debido a que tenía orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al finalizar las audiencias le fue impuesta una condena de 32 meses de prisión en centro carcelario”.

El alto oficial recordó que en el kilómetro 81 de la vía Suaza – Florencia, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte dejó a disposición de las autoridades a Darwin Antonio Barbosa y Nancy Yurley Vanegas, quienes tenían en su poder un arma de fuego ilegal, 82 cartuchos de munición calibre 9 milímetros y un arma traumática con munición.

“Otro operativo llevado a cabo en la etapa 4 del barrio Paloquemado de la ciudad de Florencia, donde Víctor Leonel Beltrán, de 56 años, fue capturado porque poseía un revolver calibre 38 con cinco cartuchos y será procesado por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego o munición. Igualmente, en Curillo, fue aprehendido Sergio David Fernández por el delito de concierto para delinquir agravado y era requerido por el Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín, Antioquia”.

Finalmente el coronel Lamprea dijo que durante los días santos se impusieron 86 comparendos por infracciones a las normas de tránsito y 182 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, especialmente en lo que tiene que ver con el porte de armas blancas, la perturbación a la tranquilidad pública, contaminación ambiental, riñas, consumo de alucinógenos e incumplimiento a las medidas sanitarias impuestas para mitigar el COVID – 19.

Con el fin de implementar iniciativas que promuevan la conservación del medio ambiente y viabilicen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, en Caquetá, con el programa ‘Páramos y Bosques’ de la USAID, socializaron ante comunidades campesinas e indígenas de los municipios de San Vicente del Caguán y Solano la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, REDD+.

Diana Cristina Gómez Reyes, coordinadora de la subregión Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño de la entidad, sostuvo que de ser posible que estas comunidades apliquen esta estrategia, existen cuatro iniciativas para estas localidades.

“Dos de ellas tienen que ver con reactivación económica y están enfocadas en los pagos por servicios ambientales, mientras que las otras dos iniciativas son de ordenamiento rural y uso de la propiedad para poder fortalecer las organizaciones que se tienen allí en el territorio”.

Según la funcionaria, el objetivo de aplicar esta iniciativa es reducir la tala no planificada del bosque, promover un manejo sostenible del mismo e impulsar la transformación de actividades productivas para disminuir la deforestación y mitigar el cambio climático, generando alternativas económicas a largo plazo.

“Reunimos a comunidades de la Zona de Reserva Campesina de la cuenca del río Pato – Valle de Balsillas en San Vicente del Caguán y de los resguardos Puerto Sábalo – Los Monos y Monochoa de Solano para garantizar la conservación del medio ambiente. Cabe resaltar que éstas fueron escogidas a raíz de unas verificaciones como, por ejemplo, del sistema de organización comunitaria, capacidad de gobierno organizada y extensiones de bosques”.

Gómez Reyes enfatizó en que uno de los compromisos es reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques, en la cual los pueblos indígenas son uno de los actores principales para hacer todo el trabajo que se viene desarrollando en el mecanismo especial que se está trabajando con REDD+.

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