Mostrando artículos por etiqueta: unidad de víctimas

Desde el pasado jueves, 21 de julio, y hasta el próximo 29 de julio, la Unidad para las Víctimas en Caquetá está entregando cartas de indemnización administrativa a 412 víctimas del conflicto armado por un valor superior a los tres mil quinientos millones de pesos.

Yhina Paola Lombana, directora de la entidad en la región, explicó que los primeros en recibir las cartas, el pasado viernes, fueron 47 personas que habitan en los municipios de El Doncello, La Montañita y El Paujil, quienes recibieron, en conjunto, 413 millones de pesos.

“En Florencia, igualmente, la sede administrativa de la Unidad para las Víctimas entregó 39 cartas por un valor de 178 millones de pesos. Posteriormente, en Curillo, Belén de los Andaquíes y Albania, se reunieron 42 víctimas para recibir 304 millones de pesos”.

De acuerdo con la funcionaria, el próximo miércoles el turno es para San Vicente del Caguán y Puerto Rico, donde se reunirán 64 personas que fueron afectadas por el conflicto armado para recibir 603 millones de pesos.

“Los dos días siguientes, el 28 y 29 de julio, están destinados para Milán, Solita, Valparaíso, Solano y Florencia, con punto de entrega nuevamente en la sede administrativa. En esta oportunidad, 220 personas serán beneficiadas con indemnizaciones por dos mil 25 millones de pesos”.

Lombana recordó que, para estas entregas, la Unidad para las Víctimas concede prioridad a mayores de 68 años a quienes, además, se les presta asesoría financiera para un uso adecuado de los recursos. Ejemplo de esto es Doralith Gaitán, representante legal de la empresa productora y distribuidora Alaska SAS, dedicada a la compra de frutos amazónicos del Caquetá que luego los transforma en helados tipo crema. 

“Doralith  sufrió el desplazamiento en 1992, regresó en 1996 y le mataron a su esposo; por esta razón, se marchó de nuevo para regresar más tarde a luchar por sus ideales.  Estudió Administración de Empresas, se hizo independiente, participó en una convocatoria del Fondo Emprender del Sena y ya le condonaron la deuda. Con la reparación, por parte de la Unidad para las Víctimas, busca terminar de montar el negocio con el que hoy emplea a 80 mujeres vendedoras”.  

Como parte del plan de reparación colectiva, habitantes de las 10 veredas del municipio de Belén de los Andaquíes, sur de Caquetá, participaron de una importante jornada de trabajo que la Unidad de Víctimas desarrolló con el objeto de generar la recuperación de actividades comunitarias de integración social que se perdieron con el conflicto.

Yhina Paola Lombana, directora territorial Caquetá de la entidad, explicó que, de paso, se fortalecieron lazos de confianza entre los integrantes del sujeto de reparación colectiva.

“Fue una oportunidad para que los tejedores o líderes comunitarios innatos reconocieran su rol de trabajo durante los tres años del proceso de reparación colectiva; además, de expresar con poesías y otras manifestaciones artísticas, sentimientos de alegría y gratitud por estar ya cobijados con la implementación de las acciones de la Unidad”.

Igualmente sostuvo que, durante el espacio, surgieron relaciones de confianza, apoyo y trabajo en equipo, identificando puntos claves para la planeación y organización de conmemoraciones. Por esta razón, se contó con la participación de pobladores de las 10 veredas que conforman este núcleo del sujeto de reparación colectiva en la zona sur del Caquetá.

“Los tejedores destacaron que se institucionalizó nuevamente la realización del día de la familia, así como el festival ecológico y el encuentro intergeneracional que se van a desarrollar en octubre. Estos eventos tienden a consolidarse en articulación con instituciones como Unidad para las Víctimas, la Alcaldía Municipal, la Personería, Defensa Civil, el Cuerpo Voluntario de Bomberos, la ESE Rafael Tovar Poveda, Ejército Nacional y Policía Nacional.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño junto con la Unidad para las Víctimas le recordaron al país que una de cada tres personas que viven en los 170 municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, han sido víctimas de la violencia y que son ellas quienes están en el centro de todos los esfuerzos de la política de Paz con Legalidad.

De acuerdo con el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, en esta subregión se han invertido 9.500 millones de pesos para reparar a las víctimas.

“Desde 2019 se han ejecutado 12 proyectos de fortalecimiento social y comunitario, aunados a las iniciativas de reparación que se están gestando en el territorio para resarcir el daño que han padecido las comunidades en el marco del conflicto”.

Una de ellas es la medida de reparación colectiva a la comunidad de las veredas Fragua Delicias, La Tortuga y Puerto Torres de la inspección de Puerto Torres, zona rural de Belén de los Andaquíes, donde se implementa un proyecto para el establecimiento de una unidad productiva piscícola comunitaria.

“Luchando con fuerza hemos estado saliendo adelante y con la ayuda de estos proyectos nos apoyan bastante para poder volver a encajar en el camino que veníamos realizando”, expresó Samuel Ramos González, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección de Puerto Torres.

Tres familias del municipio de El Doncello recibieron sus respectivas cartas de indemnización por parte de la Unidad de Víctimas luego de sufrir los rigores de la guerra.

Así lo anunció el enlace local de víctimas, Isabel Cristina Toledo, quien aseguró que esta jornada se adelantó en articulación con la Personería Municipal.

“Efectivamente se hicieron las respectivas entregas de las carta cheques a los beneficiarios que venían en proceso para recibir estas indemnizaciones y que hoy se hicieron efectivas”.

Agregó que dicho documento es un aliciente para la población beneficiada, ya que estaban a la espera de estos recursos que serán invertidos en las necesidades más apremiantes de cada núcleo familiar.

“En la entrega de estas cartas cheque, se les hizo las advertencias y recomendaciones a quienes las recibieron para que aprovechen muy bien estos recursos. Hay que tener en cuenta que hay embaucadores que buscan aprovechar la oportunidad para quitarles el dinero y lo que se busca es que estos dineros sean encaminados a cubrir las necesidad que cada uno tenga y, de paso, mejore su calidad de vida”.

Un balance positivo dejó la realización de la versión 58 de Expo Caquetá, la Feria de Florencia, evento que contó con la participación del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro; su viceministro de Asunto Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero; y el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez.

Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador de Caquetá, mostró su complacencia y destacó el compromiso de quienes hicieron parte de la organización como la Alcaldía de Florencia, el Comité Departamental de Ganaderos y la Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales, Cofema S.A, entre otros.

“Me siento muy orgulloso de representar al departamento como gobernador de los caqueteños. Estoy muy agradecido por quienes brindaron su apoyo en todas las actividades como la subasta ganadera, la cabalgata con más de 400 equinos y la presencia del Gobierno Nacional a través del Ministro de Agricultura y el Director de la Unidad para las Víctimas”.

Agregó que el ‘Concurso de la Vaca Lechera’ ha venido creciendo a pasos agigantados, ya que con el último resultado se confirma, una vez más, que nuestra región es de vocación agropecuaria.

“Con el récord de 91.1 litros de leche en tres ordeños, nos seguimos consolidando como tercera cuenca lechera en el país. Cabe resaltar, además, que este tipo de actividades consolidan la reactivación económica del sector luego de la crisis generada por la pandemia de COVID - 19”.

Finalmente Gasca Trujillo recordó que del 26 al 28 de noviembre se llevará a cabo la feria en el municipio de El Paujil, siendo ésta la última del calendario ferial.

En el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC, la Unidad para las Víctimas concluyó la formación de jóvenes líderes espirituales para miembros de la comunidad Embera Chamí, ubicados en el resguardo Honduras en zona rural de Florencia, Caquetá.

Yhina Paola Lombana López, directora territorial de la entidad, explicó que estas acciones hacen parte de la medida de satisfacción dentro del proceso de reparación colectiva de esta comunidad con participación especial del jaibaná e instructores de música, danza tradicional y pintura provenientes de Risaralda, donde se concentra la mayor cantidad de esta población indígena.

“Venimos acompañando al pueblo indígena embera chamí en un proceso que busca que esta comunidad no pierda su herencia ancestral en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de Renovación del Territorio, ART”.

Con este tipo de ejercicios, los miembros de la comunidad se fortalecen en su capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus objetivos personales y grupales en el marco de los valores asociados a su espiritualidad.

Durante la jornada, se les ayudó a identificar a las personas que continuarán con la formación para llegar a ser jaibaná, cuya influencia trasciende a todo el quehacer de los embera en la medida en que no solo curan a las personas con ayuda de los espíritus y las plantas medicinales, sino también la tierra al limpiarla de plagas y llamando con cánticos a la fertilidad.

Liliana Isama, integrante de la comunidad, recordó que ésta es una forma de aportar a la renovación generacional, promoviendo la medicina ancestral y demás aspectos asociados a su cultura como la danza, la música, el vestuario y la pintura.

La Unidad para las Víctimas realizó la primera acción de implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC, en la inspección de Puerto Torres, municipio de Belén de los Andaquíes, sur de Caquetá.

Yhina Paola Lombana López directora territorial de la entidad, sostuvo que durante los años 2001 y 2002 esta localidad padeció días y noches de horror por cuenta de miembros del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se tomaron el lugar.

“En esta jornada se llevó a cabo una acción de la medida de rehabilitación, la cual hace parte del conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas”.

Fue así como la comunidad se mostró alegre y agradecida por iniciar esta nueva fase que incluyó ejercicios de catarsis para recordar momentos de dolor y sufrimiento; además, hubo espacios para exaltar la resistencia de la comunidad y reflexionar sobre la forma como quieren transformar esos imaginarios colectivos aportando al buen nombre de Puerto Torres y sus gentes, fortaleciendo el tejido social y las relaciones de confianza en el colectivo.

“Los participantes, alrededor de 45 personas entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, plasmaron en carteles algunas ideas de lo que quieren construir con el apoyo de Caquetá, Colombia y el mundo, entre ellas la superación del dolor que dejó la violencia, la libertad de pensar que Puerto Torres es un pueblo tranquilo y que se quiere que sea un centro turístico”.

De esta forma, reflexionando sobre el pasado, el presente y el futuro, los habitantes de esta parte de Caquetá demuestran no solo compromiso por su terruño, sino también que hay una reparación integral al construir un nuevo ideario, muy distante de la imagen heredada por la violencia.

La Unidad para las Víctimas realizó la socialización de la ruta de acompañamiento de retornos y reubicaciones de la comunidad étnica Misak del resguardo El Águila en el municipio de Belén de los Andaquíes. El evento contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Posconflicto de la Alcaldía local, con el objeto de aunar esfuerzos para devolverle a esta población un lugar seguro en donde puedan rehacer su proyecto de vida.

Vanessa Lema, directora encargada de la entidad en Caquetá, explicó que luego de recibido el informe técnico se pudo determinar, de manera preliminar, que de las 100 personas que componían el resguardo solo quedan 70.

“De esas 70, cerca de 50 viven en el polideportivo de Belén, donde se encuentran hace más de año y medio con las carencias propias del desarraigo, incluidas las condiciones irregulares de salubridad. Por eso, en la reunión se informó a los 20 representantes que acudieron, incluidos el gobernador John Jairo Santanilla y la vicegobernadora Marinela Ríos Alvarado, sobre el acompañamiento que se les ofrece y sobre la ruta a seguir para su retorno o reubicación”.

Según la funcionaria, se estableció que los principios fundamentales que deben existir, antes de retornar o reubicar esta comunidad, son los de seguridad (emitido por la Fuerza Pública), dignidad (vivienda, alimentación, salud y seguridad jurídica) y voluntariedad. Garantizados esos principios, se podría proceder al traslado de la comunidad a territorio.

Frente al tema, el gobernador Santanilla sostuvo que no existen las garantías en El Águila para retornar; razón por la cual, solicitan reubicación en Vallejuela 1 y Vallejuela 2, predios cercanos al casco urbano de Belén, donde se sienten más seguros porque hay vías, la Policía hace ronda y tienen servicio de internet.

Así las cosas, se espera que la Alcaldía envíe los documentos a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para la compra de esos terrenos y así poder reubicarse.

La comunidad étnica Misak del resguardo El Águila fue víctima de un ataque por parte de grupos violentos hace año y medio donde fueron asesinados algunos integrantes del resguardo, lo que generó el desplazamiento de la comunidad de su lugar de origen.

En el tambo comunitario del resguardo indígena Honduras de Florencia, como medida de restitución, se hizo entrega de una huerta de plantas medicinales, tipo invernadero, al pueblo Embera Chamí.

La directora encargada de la Unidad de Víctimas en Caquetá, Vanessa Lema Almario, explicó que el acto inaugural incluyó la presentación de 20 integrantes de este colectivo formados en buenas prácticas agrícolas y tuvo la presencia de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM; el Sena y la Alcaldía de Florencia.

“Este convenio se desarrolló con base en las prioridades establecidas por la propia comunidad y autoridades tradicionales, logrando fomentar y mejorar la calidad de vida y pertinencia cultural de estos sobrevivientes del conflicto”.

En ese mismo sentido, el gobernador indígena Norvey Dovigama manifestó que este trabajo es de gran trascendencia para su comunidad porque la huerta fortalecerá la medicina tradicional y espiritual del colectivo; de paso, las nuevas generaciones no perderán el conocimiento ancestral.

Agregó que la idea ahora es afianzar la formación de líderes espirituales dentro del resguardo, ya que actualmente se encuentran sin jaibaná y muchos integrantes del resguardo se están enfermando.

La historia

La resistencia de los Embera Chamí a la presencia guerrillera hizo que fueran desplazados de su resguardo en el año 2005. Por esta razón, pasaron a soportar la discriminación y toda suerte de dificultades hasta que, en 2009, lograron que se restituyera su derecho al territorio con la titulación del resguardo en la vereda San José de Canelos.

En 2013, las condiciones en el territorio restablecido mejoraron de tal forma que se hizo posible vivir con dignidad. Desde entonces, trabajan con esmero en función de su proyecto de vida, allanando el camino para las generaciones venideras.

En la actualidad cada familia cuenta con casa de madera, todas construidas según sus indicaciones y elevadas del piso por respeto a las serpientes. Es importante precisar que 160 personas de esta comunidad llegaron a la capital del Caquetá en condición de desplazamiento; en 2016, el censo reportaba 200 personas y 52 familias.

Dos instituciones educativas de Florencia, una rural y otra urbana, recibieron dotación de mobiliario donado por el programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

Vanessa Lema Almario, directora encargada de la territorial Caquetá de la Unidad para las Víctimas, explicó que esta estrategia es implementada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y que el proyecto logró materializarse gracias a la gestión realizada por la Alcaldía de Municipal y la entidad en mención en el marco del plan de retornos y reubicaciones.

“Las instituciones fueron dotadas con comedores escolares, bibliotecas, tableros, ventiladores, mesas estudiantiles, puestos de trabajo para docentes y sillas que mejoran las condiciones en que alrededor de 700 niños víctimas del conflicto y en condición de discapacidad reciben sus clases”.

Igualmente recordó que la dotación mobiliaria para la escuela de Circasia tiene un valor de 45 millones de pesos, mientras que la sede Los Andes suma 53 millones. Ésta última recibió, además, elementos musicales por valor de seis millones de pesos.

“Las comunidades beneficiadas son las del sector de La Bocana, en zona urbana de Florencia, y la parcelación rural Roncesvalles”.