El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llegó al municipio de San Vicente del Caguán para hacerle seguimiento al Acuerdo de Los Pozos, el cual se creó luego de la muerte de tres personas en medio de los disturbios generados entre las comunidades e integrantes del entonces ESMAD, hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, por cuenta de los bloqueos que se presentaban en el sector.
Durante su visita, el alto funcionario conversó con representantes de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales, Coscopaas, la cual agrupa a campesinos de Guaviare, Meta, Caquetá y Huila.
Alejandro Pérez, delegado de campesinos del Huila, agradeció la presencia del Ministro y toda la delegación del Gobierno, mientras que Paula Ortiz, líder de la comunidad, manifestó la voluntad de mantener los canales de concertación, dado que las 1.200 familias del asentamiento Cataleya necesitan la urgente intervención del Estado en pro de su bienestar.
“No se necesita la violencia para conversar con el Estado. El Gobierno reconoce la necesidad de mantener los canales de diálogo abiertos, por eso valoramos este espacio y me alegra que aquí hoy hayamos coincidido en que la violencia solo trae más atrasos a nuestras regiones”, dijo Velasco.
Según el Ministro, dicho acuerdo se suscribió con el objetivo de evitar que una tragedia así vuelva a suceder al tiempo que escuchó a líderes de la sociedad civil que aprovecharon el espacio para exponer sus necesidades.
Igualmente Velasco mostró su complacencia por la actitud de los asistentes, quienes expresaron que “lo que ocurrió hace un año, no debió suceder, fue un terrible error” e insistió en que la violencia sólo trae más atrasos a las regiones”.
Al encuentro, asistieron además Lilia Solano, viceministra del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; Carlos de la Torre, delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Felipe Tascón, director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; Christopher Mackie, delegado internacional; y la representante a la Cámara por Bogotá, Tamara Argote.
