JUDICIAL

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Yamileth Alejandra Parra Oliveros fue condenada a cuatro años de prisión por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes.

Diego Peñuela Reina, director de Fiscalías en Caquetá, explicó que ésta decisión se logró a través de un despacho especializado de Florencia y mediante preacuerdo judicial celebrado entre las partes.

“Además se fijó una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El ente acusador, a través de actividades investigativas y la presencia de agente encubierto, logró determinar que la mujer desempeñaba los roles de vendedora de sustancias como cocaína y marihuana, y hacía las veces de campanera al servicio del grupo delictivo ‘Los de la Burra’ o ‘Los del Callejón’”.

De acuerdo con el funcionario, la encartada, junto a 12 personas más, fue detenida en octubre de 2020 y desde esa época se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Cunduy de Florencia.

“Su lugar de injerencia era el sector conocido como El Callejón, ubicado en el barrio San Luis de la capital caqueteña y el sector del Idema. Esta estructura estaba al mando de la pareja conocida con los alias de ‘El Burro’ y ‘La Burra’. A Parra Oliveros no se le concedieron beneficios penales y la decisión quedó en firme”.

Un juzgado del circuito de Belén de los Andaquíes, sur de Caquetá, aprobó el acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación, Víctor Manuel Cuervo Chico y los hermanos Herminso y Hermides Zapata Legro, por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental y daños en los recursos naturales.

El jefe del ente acusador en el departamento, Diego Peñuela Reina, explicó que se hizo una variación de su participación de coautores a cómplices, tras lo cual se pactó una pena de tres años de prisión.

“Los hechos que motivaron esta sentencia tienen su origen en abril de este año cuando los infractores fueron descubiertos en flagrancia mientras realizaban actividades de explotación minera a cielo abierto, de manera irregular y usando maquinaria pesada”.

De paso, sostuvo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Agencia Nacional de Minería, ANM, verificaron que los implicados no contaban con los permisos requeridos para explotar dicho terreno.

“Con esta actuación, causaron una grave afectación a los recursos naturales en la vereda La Sonrisa, zona rural de Albania. Todos estos elementos y la evidencia física recolectada por peritos del CTI, en una labor conjunta con la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y Corpoamazonia, como autoridad ambiental, sirvieron para adelantar las investigaciones respectivas que llevaron a su sentencia”.

 

La Fiscalía General de la Nación en Caquetá adelantó la Cuarta Jornada de Traslados de Escritos de Acusación y Judicialización de Violencia Intrafamiliar. Allí se trasladaron más de 40 escritos por este delito que se desprendieron de las investigaciones que se encuentran concentradas en los municipios de Florencia, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente, Cartagena del Chairá, El Paujil, La Montañita y Milán.

Diego Peñuela Reina, director seccional de la entidad, explicó que la actividad dejó en el primer lugar de esclarecimiento a nivel nacional esta territorial con 43 acusados mediante ley abreviada, aportó la legalización de cinco capturas y una medida de aseguramiento intramuros.

“Tenemos el caso, por ejemplo, de Ismael Patiño Salazar, quien fue enviado a la cárcel luego que la Fiscalía lo acusara por el delito de violencia intrafamiliar agravada del que fue presuntamente víctima su expareja sentimental en El Doncello. Los hechos denunciados empezaron a ocurrir cuando la afectada le manifestó, en junio de 2020, que no quería continuar con él. Al parecer, el hombre la maltrataba física, verbal y psicológicamente”.

Agregó que el hoy asegurado supuestamente se comunicó con la madre de la víctima, en estado de embriaguez, y le dijo que iba a matar a su hija.

“Pese a la advertencia, regresó con su pareja; sin embargo, continuaron los maltratos, según denunció la víctima. Presuntamente el hombre la empujaba contra la pared, la tomaba del cabello para no dejarle heridas ni moretones y así no dejaba huellas de las lesiones”.

Peñuela Reina recordó que se tiene documentado que, sumado a las agresiones físicas y verbales, el procesado le decía que habría pertenecido a un grupo al margen de la ley para intimidarla y atemorizarla. De hecho, esto fue presenciado por la progenitora de la denunciante.

“El último ataque registrado en contra de ella fue el 3 de julio, el cual se daría en medio de gritos, palabras soeces y amenazas en contra de todos sus familiares, incluido el padre de su hijo menor de edad. Posteriormente la habría atacado golpeándola en la cabeza y también ocasionándole heridas en el cuello y brazos”.

Cabe anotar que Patiño Salazar cuenta con dos anotaciones de 2017 y 2018 por el mismo delito bajo la misma conducta y modalidad, pero cometidos contra otra mujer en el departamento del Meta.

Quince años de dolor, sufrimiento y angustia por no saber nada. Quince años en los que no ha parado de buscar a su hijo y no ha encontrado rastro alguno. Quince años en los que las autoridades competentes, si bien conocen el caso, poco han hecho.

Y precisamente esos quince años son los que le pesan en el alma a Nohemí Agudelo, madre de Cristian Camilo Josa Agudelo, quien desapareció el 28 de agosto del 2006, al caer la tarde, en el barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI de Florencia en momentos en que hacía el favor de llevar un portón a la segunda etapa del barrio.

“Mi hijo tenía 17 años. Yo tenía un punto de venta de arepas y él era el que me probaba la sazón. Ese día fue a llevar el portón y, como se estaba demorando, yo probé la sal de las arepas y prendí el carbón”.

Según ella, alcanzó a ver a lo lejos que un taxi, con sus ocupantes, dio media vuelta y se fue. Lo que no percibió era que su hijo iba allí, al parecer, por voluntad propia, ya que los testigos que presenciaron el hecho aseguran que el adolescente no fue empujado ni obligado a abordar el carro.

“A él algo le pasó. Él no estaba enseñado a irse de rumba y durar tres o cuatro días por fuera de la casa porque nunca lo hacía. Hablar de él es muy duro. A los quince días, yo lo tenía sonando en varios medios de comunicación nacionales, incluyendo la Emisora de la Policía en Bogotá”.

Agudelo recuerda que durante todo este tiempo ha acudido a todas las instituciones del caso para poder establecer, a ciencia cierta, qué le pasó a su retoño. De hecho, en cada entidad ha recibido buen trato y la ayuda necesaria, pero aún no hay resultados de la incesante búsqueda.

“Yo lo único que quiero saber es qué pasó exactamente, por qué mi niño no está conmigo. En mi corazón de madre creo que está muerto porque una vez soñé que él, desde una nube, me pedía que no sufriera más por él, que dejara el tema así, pero yo quiero saber dónde está y si me toca ir a recoger sus restos, lo hago”.

Pero el dolor siguió enquistándose en su vida. Infortunadamente su otro hijo, Wilmer Josa Agudelo, quien se desempeñaba como soldado del Ejército Nacional, murió en un asalto que las tropas realizaron a un campamento de las disidencias de las Farc el 15 de diciembre de 2018 en la vereda Candilejas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán.

“Esto también fue muy doloroso, pero sé dónde está mi hijo y puedo ir a llevarle flores. Yo lo único que quiero es que las instituciones encargadas de la búsqueda de personas me ayuden para encontrar alguna pista que me lleve al paradero de Cristian Camilo”.

Las autoridades de Caquetá capturaron a Cristian Andrés González Obando por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones porque sería el presunto responsable del homicidio de José Gabriel Guaca, militar en uso de buen retiro que falleció el pasado 11 de febrero en el barrio Villa del Rey – La Gloria de la ciudad de Florencia. 

Diego Peñuela Reina, director de Fiscalías en la región, explicó que la detención del hombre se dio en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Villa Érica de esta capital. 

“En el lugar fue encontrada un arma de fuego tipo pistola calibre 7,65 mm, un proveedor y 10 cartuchos para la misma, además de 36 cartuchos calibre 9 mm. Así mismo, fue descubierta en flagrancia Daniela Carolina Trujillo Pabón, a quien se le enrostraron cargos por el punible de porte de armas de fuego y deberá seguir compareciendo al proceso”. 

Agregó que se cuenta con suficientes elementos de prueba y evidencia física para vincular a este hombre, conocido con el alias de ‘Negro’ o ‘El Niche’, con el deceso del exmilitar cuando éste se desplazaba por el lugar de los hechos. 

“Allí fue abordado por dos personas que le dispararon desde una moto en repetidas ocasiones, acabando con su vida de manera instantánea”. 

Al término de las audiencias de rigor, le fue impuesta medida de aseguramiento por los delitos ya descritos, los cuales le fueron imputados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá. En los próximos días se presentará escrito de acusación en su contra.

Las autoridades del Huila incautaron material y artefactos explosivos improvisados que presuntamente serían de las disidencias de las Farc y que estaban siendo acumulados en área rural de este departamento para fortalecer sus redes de apoyo y que operan en Caquetá.

El coronel Eduardo Arias, comandante de la Novena Brigada del Ejército, explicó que tropas del Batallón Tenerife neutralizaron las pretensiones de expansión territorial y de fortalecimiento logístico y financiero de los Grupos Armados Organizados Residuales que tienen injerencia en el sur del país.

“En una primera acción, la que se concentró en la vereda San Diego del municipio de Aipe, los soldados ubicaron un cilindro de 40 libras cargado con explosivo de fabricación casera. Al parecer, hacía tres meses había sido oculto entre la maleza por integrantes de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales del Frente Ismael Ruiz. Posteriormente, las labores de inteligencia llevaron a las unidades hasta la vereda Santa Librada de Neiva, donde fue hallado un segundo depósito ilegal, esta vez con 53 kilos de explosivo tipo anfo acondicionados en una caneca plástica y que, según las investigaciones, pertenecería presuntamente al Frente Fernando Díaz que delinque en el departamento del Caquetá”.

Según el alto oficial, los explosivos fueron destruidos controladamente por personal del grupo MARTE del Ejército, contrarrestando de esta manera la amenaza que representa para la población campesina la presencia de éstos elementos en la zona rural.  
 
“Según los análisis, existe por parte de la Segunda Marquetalia, la  intención de fortalecer sus redes de apoyo con el propósito de reactivar el antiguo corredor de movilidad que conecta a los departamentos Huila, Caquetá, Meta y Cundinamarca, buscando así una posición estratégica para sus planes delictivos”.

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